La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador recordó a abogados y notarios las obligaciones que deben cumplir cuando realizan actividades sujetas a supervisión.

La institución explicó que estas medidas buscan fortalecer la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.

Registros deben conservarse hasta por 15 años

Entre las obligaciones figura el mantenimiento de registros sobre clientes con quienes exista una relación profesional, contractual o comercial.

Los abogados y notarios deben conservar información y documentos que permitan reconstruir las operaciones realizadas.

La documentación puede ser requerida por el ente supervisor, la Unidad de Investigación Financiera, la Fiscalía General de la República u otra autoridad competente.

El plazo de conservación debe alcanzar al menos 15 años para las transacciones ya realizadas.

En esos casos, el periodo comienza desde la fecha de finalización de cada operación.

Para la información reciente, el plazo comienza cuando termina la relación profesional o comercial con el cliente.

Abogados y notarios también deben presentar reportes

La CSJ señaló que los profesionales también deben reportar determinadas operaciones y actividades ante la Unidad de Investigación Financiera.

Entre los informes figuran los reportes de operaciones sospechosas, operaciones tentadas y actividades sospechosas.

También deben presentar reportes sobre operaciones reguladas cuando corresponda, según las obligaciones establecidas en la normativa nacional.

La institución destacó que el reporte de operaciones sospechosas resulta clave para detectar posibles actividades ilícitas.

Este mecanismo permite comunicar operaciones que podrían estar relacionadas con delitos financieros o con el uso ilegal de recursos.

Medidas buscan fortalecer la prevención financiera

La Corte Suprema indicó que continuará proporcionando herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de estas medidas.

La Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción desarrolla estas acciones.

Además, la institución recordó que las obligaciones forman parte de las medidas de prevención que deben aplicar los abogados y notarios sujetos a supervisión.

El contenido divulgado forma parte de una serie informativa sobre las responsabilidades de estos profesionales en materia de prevención financiera.

Colaboradores de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos participaron en un curso sobre control de la gestión estatal.

La capacitación abordó las vías de hecho y la inactividad material de la administración pública. Además, buscó fortalecer las competencias jurídicas del personal que participa en estos procesos.

Capacitación aborda límites de la actuación estatal

El curso tuvo como objetivo profundizar en los mecanismos de control jurisdiccional aplicables a las actuaciones de la administración pública.

También buscó consolidar criterios sobre la legalidad que deben regir las decisiones y actuaciones del Estado.

Durante la jornada, los participantes analizaron herramientas relacionadas con la protección de los derechos de las personas frente a posibles actuaciones administrativas.

El proceso forma parte de la actualización técnica del personal vinculado con la jurisdicción contencioso administrativa.

Sala destaca equilibrio entre poder público y derechos

José Ernesto Clímaco Valiente, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, destacó la importancia de esta jurisdicción.

Según explicó, su función permite mantener un equilibrio entre las potestades de las instituciones públicas y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.

“La administración pública tiene una función esencial y sus decisiones inciden diariamente en la vida, obligaciones y actividades de los ciudadanos”, señaló.

La formación busca aportar herramientas especializadas para evaluar las actuaciones de las entidades estatales conforme al marco legal.

Participan magistrados y personal jurídico

En la actividad también participaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo Vicente Alexander Rivas Romero, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.

El curso reunió a colaboradores de esa Sala y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.

La actualización técnica apunta a modernizar el trabajo jurídico relacionado con el control de la administración pública.

Además, busca reforzar los conocimientos necesarios para atender controversias vinculadas con las actuaciones y omisiones de las instituciones estatales.

Facilitadores judiciales y jueces de paz de la zona occidental recibieron capacitación para identificar personas con posibles necesidades de protección internacional.

El taller busca brindar herramientas prácticas para reconocer perfiles en situación de vulnerabilidad y facilitar su referencia a las instancias correspondientes.

Formación para mejorar la atención comunitaria

La jornada se denominó “Fortalecimiento de capacidades para la identificación y referencia de personas con necesidades de protección”.

La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales organizó la actividad con apoyo de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.

Durante la capacitación, los participantes conocieron conceptos básicos sobre protección internacional y respuesta humanitaria.

Además, abordaron mecanismos para reconocer situaciones que pueden requerir atención y referencia especializada.

El papel de los facilitadores en las comunidades

La formación busca fortalecer el trabajo que los facilitadores judiciales realizan directamente en las comunidades.

Estos colaboradores apoyan el acceso a la justicia, la promoción de los derechos humanos y la prevención de conflictos.

También contribuyen a promover la convivencia pacífica y orientar a personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, destacó la importancia de aplicar lo aprendido.

“Que estos conocimientos se conviertan en conversaciones, orientación, prevención, referencias oportunas y, sobre todo, en ayuda para las personas”, afirmó.

La capacitación busca que los conocimientos adquiridos tengan aplicación directa en las comunidades y mejoren la identificación de personas que puedan necesitar protección.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanzó este viernes un servicio en línea para solicitar testimonios.

La nueva herramienta permite iniciar el trámite de manera remota, sin acudir personalmente a las oficinas de la institución.

El servicio está disponible para la población salvadoreña que reside en el país y para quienes viven en el extranjero.

La plataforma forma parte del proceso de digitalización de servicios del Órgano Judicial.

La plataforma utiliza identificación y código de acceso

Para ingresar al sistema, el usuario debe proporcionar su documento de identidad en el formato establecido.

Después, debe solicitar un código de acceso para completar el proceso de autenticación.

Una vez dentro de la plataforma, podrá gestionar la solicitud del testimonio correspondiente.

El sistema está integrado al servicio de trámites en línea de la Corte Suprema de Justicia.

Acceder al servicio en línea

Qué documentos pueden solicitarse

En el ámbito notarial, un testimonio es una copia certificada o transcripción oficial de un instrumento público.

Estos documentos pueden corresponder a escrituras públicas, testamentos, donaciones y otros actos notariales registrados.

La Sección de Notariado de la CSJ atiende este tipo de solicitudes.

Hasta ahora, estos trámites podían requerir gestiones presenciales o la intervención de representantes, según cada caso.

La medida facilita gestiones desde el extranjero

El nuevo servicio elimina la necesidad de trasladarse físicamente para iniciar la solicitud.

Esto permite que los salvadoreños residentes en otros países puedan gestionar el trámite de manera remota.

La Corte Suprema presentó la plataforma durante un acto oficial.

Un total de 142 profesionales del derecho fueron juramentados este miércoles en El Salvador y quedaron habilitados para ejercer la abogacía en sus distintas ramas.

La ceremonia marcó el ingreso formal de los nuevos abogados al ejercicio profesional. El acto estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

Los profesionales asumieron el compromiso de cumplir las leyes y ejercer la defensa de sus representados con responsabilidad.

Preparación como requisito profesional

Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó la necesidad de mantener una formación jurídica sólida.

El magistrado llamó a los nuevos abogados a fortalecer sus conocimientos sobre teoría del derecho, principios generales y jurisprudencia.

También mencionó la importancia de conocer las decisiones de tribunales nacionales y extranjeros.

“Los exhorto este día a estar preparados con conocimientos sólidos en la teoría del derecho”, afirmó Mejía.

El funcionario vinculó esa preparación con el compromiso asumido durante la juramentación.

Participación de magistrados

En el acto participaron magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y miembros de la Comisión de Abogacía y Notariado.

Entre ellos estuvieron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.

También asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.