El presidente de la Asamblea Legislativa, el oficialista Ernesto Castro, considera que la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que permitiría que los cambios constitucionales sean aprobados por una sola legislatura en lugar de dos (como hasta este momento) podría ser ratificada hacia finales de 2024 o a principios de 2025.

Castro explicó que, aunque aún no han comenzado formalmente con el proceso de ratificación, la Asamblea se tomará el tiempo necesario para evaluar la reforma.

“Nosotros en su momento dijimos que no íbamos a hacer esto apresuradamente, que tomaríamos el tiempo necesario. Aún no hemos comenzado, pero cuando lo hagamos será de cara a la población», afirmó.

El 29 de abril de 2024, durante la última sesión de la legislatura anterior, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma al artículo 248, que establece que las reformas constitucionales ya no necesitarían ser ratificadas por una segunda legislatura.

En su lugar, una reforma podría ser validada por la misma Asamblea Legislativa si obtiene el apoyo de las tres cuartas partes de los diputados, es decir, 45 de 60 votos.
A pesar de que la reforma fue acordada, Castro indicó que aún no han discutido específicamente qué aspectos de la Constitución podrían modificarse una vez que la ratificación esté en marcha.

“No hemos hablado de ningún tema aún», señaló el presidente legislativo.
En cuanto a la ratificación, Castro aseguró que el proceso será «totalmente abierto a la prensa», como sucedió con otros temas importantes durante la legislatura anterior.

Es importante destacar que, para que la reforma al artículo 248 entre en vigor, debe ser ratificada por la nueva Asamblea Legislativa (2024-2027) con el respaldo de al menos 40 votos (dos tercios de los diputados). Este paso es fundamental, ya que, por el momento, el contenido de la reforma no tiene validez constitucional.

Por último, el artículo 248 también establece que no podrán reformarse ciertos aspectos fundamentales de la Constitución, como la forma y sistema de gobierno, el territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

En este último punto, la Sala de lo Constitucional ya ha emitido una interpretación sobre la alternabilidad, que fue modificada en septiembre de 2021 tras la elección de la nueva Sala, luego de la destitución de la anterior.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche de este martes una nueva prórroga del régimen de excepción, que se extenderá por 30 días más, consolidándose como uno de los pilares de la política de seguridad pública del gobierno de Nayib Bukele.

La medida fue ratificada con 57 votos a favor, de un total de 60 diputados, mientras que los tres opositores fueron los únicos en rechazarla: Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra, y los dos legisladores de Arena se abstuvieron.

El régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, ha permitido al gobierno llevar a cabo un operativo de gran escala contra las pandillas, con más de 83,100 detenciones, según datos oficiales.

La prórroga, sin embargo, mantiene suspendidos tres derechos constitucionales fundamentales: la garantía de defensa, el plazo máximo de detención y la privacidad de las telecomunicaciones.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la necesidad de la medida, argumentando que la suspensión de estos derechos es crucial para continuar con las operaciones de seguridad y el monitoreo de las pandillas.

Villatoro explicó que las autoridades siguen detectando comunicaciones entre miembros de grupos criminales a través de tecnologías, lo que requiere la vigilancia constante de redes sociales y otros medios.

“El monitoreo de las comunicaciones es indispensable para desarticular las estructuras criminales. Las pandillas siguen utilizando diversos recursos tecnológicos para reorganizarse y atacar a la sociedad. La suspensión de estos derechos permite que las autoridades puedan seguir avanzando con las labores operativas y los cercos de seguridad en las comunidades”, aseguró el ministro.

Preocupación por un posible retroceso

El gobierno también advirtió que, de no erradicarse por completo las pandillas, el país podría enfrentar un retroceso en los avances logrados en la lucha contra la violencia.

Según el Ministerio de Seguridad, las estructuras criminales persisten en su intento de reagruparse mediante tácticas como el reclutamiento de menores y el uso de mujeres para ocultar sus actividades.

Estos esfuerzos, explicó Villatoro, subrayan la necesidad de continuar con las medidas extraordinarias.

Con la proximidad de las vacaciones de fin de año, muchas familias salvadoreñas se preparan para viajar al extranjero. En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un llamado a los padres de familia que planean salir del país con sus hijos, para que recuerden la importancia de contar con la autorización migratoria correspondiente, especialmente si uno de los progenitores no podrá acompañar al menor o si se desconoce el paradero de alguno de ellos.

Según la normativa vigente, cuando un niño, niña o adolescente desea salir del país acompañado de uno de los padres o de un tercero, es obligatorio obtener una autorización migratoria de salida.

Esta autorización, que se tramita con un documento notarial, es un requisito fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, así como para evitar posibles situaciones de secuestro parental o traslado ilegal de niños.

¿Cuándo es necesario solicitar la autorización?

La autorización migratoria es necesaria en los siguientes casos:

• Si el niño, niña o adolescente viaja solo o acompañado solo por uno de los progenitores: En caso de que uno de los padres no pueda acompañar al menor, o si el menor será acompañado por una persona distinta a sus padres, se deberá gestionar la autorización para permitir que el menor pueda salir del país.

• Si el paradero de uno de los progenitores es desconocido: Si uno de los padres está ausente o no se tiene conocimiento de su paradero, también será necesario tramitar la autorización para que el menor pueda viajar.

La Procuraduría advierte que el proceso de solicitud de autorización migratoria debe realizarse con anticipación, ya que puede implicar la recopilación de documentación adicional y la verificación de la situación legal del menor.

Es importante recordar que este procedimiento busca prevenir situaciones de riesgo para los menores y asegurar que su salida del país se realice de manera legal y conforme a la normativa vigente en El Salvador.

Lo que dice Migración y Extranjería

Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería informó que los documentos necesarios para que un menor de 18 años viaje sin la compañía de uno o ambos padres se requiere pasaporte vigente y en buen estado, además de la autorización de salida del país elaborada por un notario autorizado.

“Garantiza un viaje seguro y sin contratiempos cumpliendo con los requisitos que establece nuestra ley”, dijo la entidad pública.

La Comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para ratificar un convenio internacional firmado por 52 países. Este acuerdo busca mejorar la efectividad en el cobro de cuotas alimenticias para niños y otros miembros de la familia a nivel global.

La ratificación oficial del «Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia y su protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias» se llevará a cabo en la próxima sesión plenaria, programada para el martes.

Con este convenio, la Procuraduría General de la República (PGR) se convertirá en la autoridad central encargada de gestionar directamente las solicitudes de cuotas alimenticias con sus contrapartes en otros países, en lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el responsable actualmente.

El acuerdo consta de 65 artículos y 2 anexos.

La ratificación por parte de El Salvador incluirá una reserva sobre el apartado 3 del artículo 44, así como una declaración relacionada con el uso de la lengua oficial en las comunicaciones, excluyendo el uso del francés o inglés.

Durante la presentación del convenio, una representante de la Cancillería destacó que este acuerdo representa un avance significativo en el compromiso de construir una sociedad más justa, protegiendo a los más vulnerables y asegurando que la justicia trascienda fronteras.

Entre los beneficios mencionados se incluyen procesos simplificados que reducirán tiempos y costos para las familias salvadoreñas, asistencia jurídica gratuita, garantía de seguridad alimentaria, incluso en el extranjero, y la posibilidad de coordinar la ejecución de resoluciones alimenticias.

La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, afirmó que el convenio proporcionará la asesoría legal necesaria para niños que lo requieran.

Por su parte, el diputado Raúl Chamagua, también de Nuevas Ideas, resaltó que este convenio soluciona el «limbo» en que quedaban las pensiones alimenticias cuando uno de los padres se mudaba al extranjero. Chamagua calificó el acuerdo como una «deuda» del Estado salvadoreño que no había sido abordada por administraciones anteriores, a pesar de que el acuerdo original data de 2007.

Finalmente, Figueroa expresó su confianza en que cuentan con los elementos necesarios para aprobar el convenio y solicitó a Chamagua que se preparen los proyectos para su votación.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una “Ley de ciberseguridad y seguridad de la información”. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio para vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad en las instituciones públicas.

El proyecto, presentado el 15 de octubre, fue recibido por el pleno de la Asamblea el 30 de octubre y ha sido asignado a la Comisión de Seguridad Nacional, que se reunirá el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.

La ley propone la creación de una Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director general será nombrado por el presidente de la República.

La propuesta tiene como objetivo establecer principios y políticas que regulen la protección de la información estatal, ante el creciente riesgo de compromisos a la confidencialidad e integridad de los sistemas informáticos de las entidades gubernamentales.

Villatoro advirtió sobre la «amenaza de ciertos comportamientos» que ponen en peligro el bienestar de la ciudadanía y la continuidad de las funciones del Estado. Entre las atribuciones de la nueva agencia se incluyen la facultad de requerir información a las entidades estatales en caso de incidentes de ciberseguridad y la creación de un Registro

Nacional de Amenazas e Incidentes. Asimismo, se prevé la posibilidad de sancionar a empleados o funcionarios por infracciones, que pueden ir desde despidos hasta multas que oscilan entre uno y 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta.

La ley también contempla sanciones severas para quienes obstaculicen las medidas de ciberseguridad o presenten información incorrecta a la agencia.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Gobierno para mitigar los riesgos cibernéticos y garantizar la seguridad de la información en el sector público.