Cuando Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en 2021, uno de los principios que subrayó en múltiples ocasiones fue su compromiso con la imparcialidad de la justicia. Aseguró que, bajo su mandato, nadie estaría por encima de la ley, incluyendo su propia familia. Sin embargo, al borde de su salida del poder, el presidente rompió con su palabra al conceder un indulto “total e incondicional” a su hijo, Hunter Biden, quien había sido condenado por delitos fiscales y por mentir en un formulario para adquirir un arma. 

Esta decisión ha provocado un aluvión de críticas, tanto desde el interior de su propio partido como desde la oposición republicana, que ya había señalado con insistencia los vínculos sospechosos entre el joven Biden y las empresas extranjeras.

El anuncio fue realizado por la Casa Blanca el domingo por la noche, y detalló que Hunter Biden sería perdonado no sólo por los cargos ya establecidos, sino también por cualquier otro presunto delito cometido entre 2014 y 2024. Este amplio perdón ha sido calificado como uno de los más extensos que se hayan otorgado en la historia reciente de Estados Unidos, y deja claro que cualquier futuro proceso judicial relacionado con su vida personal y profesional está cerrado. 

Biden justificó su decisión alegando que su hijo fue “señalado únicamente por ser mi hijo”, insinuando que las acusaciones contra él fueron instigadas por intereses políticos para dañar su presidencia.

Este giro de Biden ha dejado perplejos a muchos, especialmente cuando el presidente había afirmado en el pasado que no intervendría en los casos judiciales que involucraran a su familia. 

De hecho, en junio de este año, Biden había declarado de manera enfática: “Acato la decisión del jurado. No lo indultaré”. 

Sin embargo, la reciente decisión del mandatario ha dado un giro inesperado, lo que alimenta las críticas sobre el uso del indulto como herramienta política, algo que no es nuevo en la historia de la Casa Blanca, pero que hasta ahora no había llegado tan cerca del núcleo familiar del presidente.

Uno de los argumentos más fuertes utilizados por Biden para justificar el perdón fue el de la politización de la justicia. El presidente alegó que la persecución judicial contra su hijo no fue una cuestión de legalidad, sino de “política cruda”. 

En su comunicado, Biden señaló que los cargos que enfrentaba Hunter surgieron por presiones de sus oponentes políticos en el Congreso, quienes buscaron usar a su hijo como una herramienta para atacarlo. 

Este razonamiento ha sido similar al esgrimido en el pasado por Donald Trump, quien también denunció el uso de la justicia con fines políticos durante su mandato.

Las críticas

Diferentes medios estadounidenses, como Los Angeles Times y The New York Times, y otros importantes de diferentes países, han recogido diferentes reacciones contrarias a la decisión del presidente.

La respuesta republicana no se hizo esperar. Los líderes de la oposición no tardaron en acusar a Biden de hipocresía, argumentando que al indultar a su hijo, el presidente no solo rompió su promesa de no interferir en la justicia, sino que además utilizó el poder presidencial para proteger a su familia de las consecuencias legales. James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, fue uno de los primeros en condenar la medida, tachando a Biden de mentiroso y acusando a la Casa Blanca de usar su influencia para evitar que Hunter enfrentara las consecuencias de sus actos.

Dentro del propio partido demócrata también surgieron voces críticas. De acuerdo a la BBC, el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, expresó su decepción por la decisión de Biden, argumentando que el presidente había puesto los intereses de su familia por encima de los del país. 

“Este es un mal precedente”, afirmó Polis, sugiriendo que este tipo de decisiones podrían ser abusadas por futuros presidentes y empañar la reputación de Biden, especialmente cuando se considera su historial de lucha por la justicia y la transparencia.

Hunter Biden, de 54 años, ha sido una figura controvertida en la política estadounidense desde que su nombre comenzó a asociarse con negocios en Ucrania y China, lo que le valió las constantes acusaciones de corrupción por parte de los republicanos. 

La situación se complicó aún más cuando, en 2018, se descubrió que Hunter había mentido en un formulario para comprar un arma, lo que le habría valido hasta 25 años de prisión. 

Además, su implicación en un caso de evasión fiscal le exponía a una condena de 17 años adicionales. 

El indulto de Biden no solo lo exonera de estos cargos, sino que lo protege de cualquier posible acusación futura durante la próxima década.

Este acto de perdón no es el primero en la historia de Estados Unidos, pero sí es uno de los más llamativos debido a la relación directa entre el presidente y el beneficiario del indulto. Bill Clinton perdonó a su medio hermano Roger Clinton, condenado por posesión de cocaína, y Donald Trump concedió un indulto a su consuegro, Charles Kushner, involucrado en un escándalo de fraude y manipulación de testigos. 

Sin embargo, el indulto de Biden a su hijo ha sido percibido como una decisión que pone en riesgo la integridad del sistema judicial, ya que subraya la fragilidad de las promesas presidenciales de imparcialidad.

Los expertos en derecho constitucional han señalado que el uso de los indultos presidenciales a familiares cercanos podría sentar un peligroso precedente. Aunque el poder de conceder indultos está otorgado por la Constitución, su uso para beneficiar a miembros directos de la familia presidencial podría normalizar el abuso de esta prerrogativa, creando un sistema de “justicia para algunos”. 

Como recordó la historiadora Alexis Coe, la intención de los redactores de la Constitución nunca fue que el indulto se convirtiera en una carta de salida para las familias presidenciales en apuros legales.

En El Salvador también hay indulto 

En la ley salvadoreña, el indulto es una facultad del presidente de la República que le permite perdonar parcial o totalmente la pena impuesta a una persona condenada por un delito, eximiéndola de cumplir la sanción penal. 

La Ley Especial de Ocursos de Gracia es la que rige esta facultad presidencial, además de las amnistías y la conmutación de penas.

El indulto es un perdón o gracia de la condena que impone una sentencia firme ejecutoriada. 

El indulto no puede ser otorgado en ciertos casos, como cuando la persona condenada ha incurrido en delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, desapariciones forzadas o aquellos relacionados con crímenes graves que atentan contra los derechos humanos. Además, la Constitución establece que el indulto debe ser aprobado en los términos y condiciones establecidos por la ley, y su otorgamiento no puede menoscabar el orden público ni las disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos fundamentales.

En cuanto al procedimiento, el indulto puede ser solicitado por el condenado o por terceras personas en su nombre, y el Presidente de la República tiene la potestad de concederlo de manera discrecional.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inició al módulo VI del Programa de Especialización Continua en Justicia Penal Juvenil (PEC), una iniciativa clave en el fortalecimiento del sistema judicial del país. Este módulo, titulado “Sana Crítica y Razonamiento Probatorio”, está enfocado en mejorar las competencias de los funcionarios judiciales en el ámbito de la justicia juvenil.
La formación, que tiene como objetivo potenciar la capacidad de los participantes para aplicar criterios adecuados en la formulación de razonamientos probatorios, se encuentra alineada con los principios fundamentales de la sana crítica.
Según el CNJ, este enfoque busca reforzar las habilidades de los jueces, fiscales y defensores públicos en la evaluación de pruebas y la toma de decisiones en casos juveniles, garantizando así que los fallos sean más justos, equitativos y basados en un análisis sólido de la evidencia.
Este módulo es parte de un esfuerzo continuo por profesionalizar el sistema de justicia en el país, contribuyendo al desarrollo de un marco judicial que respete los derechos de los jóvenes y promueva una justicia más eficaz y especializada.
A través de este tipo de programas, el Consejo Nacional de la Judicatura reafirma su compromiso con la formación continua y el perfeccionamiento de los operadores de justicia, un componente esencial para avanzar hacia un sistema judicial más transparente y competente.

El 23 de noviembre de 2024 entraron en vigor la Ley para la Protección de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información.
Ambas buscan regular y mejorar la protección de datos en el país, aunque se aplican de manera diferente a la población y a las instituciones del Estado.
Las disposiciones de estas leyes se hicieron públicas 8 días antes, el 15 de noviembre, y comenzaron a regir de inmediato.
La Ley para la Protección de Datos Personales afecta a todos los individuos y entidades, tanto públicas como privadas, que manejen datos personales.
Según esta ley, los sujetos obligados deben nombrar un delegado de protección de datos personales. Este será el encargado de gestionar las solicitudes relacionadas con los derechos de los titulares de datos, como la rectificación, cancelación o acceso a la información.
Los sujetos obligados tendrán un plazo de 6 meses, hasta mayo de 2025, para implementar las medidas de protección de datos personales que serán establecidas por la nueva Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE).
En este sentido, la ACE tendrá hasta febrero de 2025 para elaborar las políticas y procedimientos necesarios para garantizar la seguridad de los datos personales y facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares.
Por otro lado, la Ley de Ciberseguridad, que también entró en vigor el 23 de noviembre, se centra en las instituciones públicas y sus obligaciones para proteger la privacidad de los ciudadanos dentro de los sistemas informáticos del Estado.
Esta obliga a las instituciones gubernamentales a contar con planes de ciberseguridad aprobados por la ACE y a seguir sus lineamientos y directrices. La ACE será la encargada de supervisar la implementación de estas medidas y de imponer sanciones en caso de incumplimiento.
La creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) es uno de los principales componentes de ambas leyes. La ACE tendrá 90 días, hasta el 21 de febrero de 2025, para desarrollar los protocolos, normativas y procedimientos que guiarán la implementación de las leyes. El presidente de la República será responsable de nombrar al director de la ACE, quien a su vez designará a un director de Protección de Datos Personales. Esta agencia tendrá la facultad de sancionar a quienes infrinjan las normativas relacionadas con los datos personales.
El nombramiento de delegados de protección de datos ha sido uno de los puntos más criticados por organizaciones no gubernamentales, que señalan que esta obligación puede resultar especialmente onerosa para las pequeñas y microempresas en un contexto económico difícil.
Los delegados tendrán que gestionar las solicitudes de los ciudadanos relacionadas con el manejo de sus datos personales, lo que incrementaría los costos operativos de muchas empresas, según estas organizaciones.
En cuanto a la ley de ciberseguridad, se señala que la ACE tendrá la capacidad de imponer sanciones a las instituciones públicas que no cumplan con las regulaciones establecidas.
La agencia también será responsable de resolver cualquier controversia que surja respecto al tratamiento de datos personales en las instituciones del Estado, un proceso que podría incluir la clasificación y desclasificación de datos sensibles.

La Procuraduría General de la República (PGR) promueve un servicio innovador para facilitar el acceso de la población a diversos trámites legales. Los salvadoreños que enfrenten dificultades para movilizarse a las 18 sedes que la institución tiene a nivel nacional pueden recibir atención directa en su vivienda.
Este servicio es gratuito y está especialmente dirigido a quienes necesitan gestionar trámites como la solicitud de cuota alimenticia para personas mayores o realizar gestiones notariales.
Este modelo de atención busca acercar los servicios de la Procuraduría a aquellos que por razones de salud, edad avanzada o cualquier otra limitación no pueden trasladarse a las oficinas de la institución.
De esta manera, la Procu, como muchos llaman a la institución, ofrece una alternativa cómoda y accesible para que los ciudadanos puedan resolver sus necesidades legales sin la necesidad de desplazarse, garantizando la inclusión de todos los sectores de la población.
La PGR destacó que, además de la solicitud de cuota alimenticia para personas mayores, el servicio a domicilio también está disponible para quienes requieran asesoría legal o la realización de otros trámites notariales.
La medida responde a la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que existan barreras físicas que impidan el acceso a estos servicios.

La magistrada Elsy Dueñas Lovos, miembro de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), inauguró el II seminario internacional titulado “Sistemas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas: Los archivos históricos y las herramientas científicas al servicio de la búsqueda de las personas desaparecidas en Iberoamérica”.
El organizado por la CSJ, a través del SNFJ, la Procuraduría de Derechos Humanos, CNB Conabúsqueda, la UNODC, con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz, tiene como objetivo contribuir a una sociedad más justa y equitativa, promoviendo el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada.
En su intervención, la magistrada Dueñas destacó la relevancia del seminario, subrayando que se abordarán temas cruciales como el manejo y conservación de archivos históricos, una herramienta fundamental en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Además, destacó la importancia de las bases de datos científicas y genéticas, que, gracias a los avances en la ciencia y la tecnología, han convertido a estas herramientas en instrumentos poderosos para la identificación de personas desaparecidas.
El seminario, que se desarrollará a lo largo de 3 jornadas, contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de Iberoamérica.
Las temáticas abordadas incluirán el uso de archivos históricos y bases de datos en la búsqueda de desaparecidos, el papel de la investigación forense y las bases de datos genéticos, así como los avances y buenas prácticas en la colaboración entre instituciones para resolver estos casos.
A la inauguración del seminario asistieron importantes autoridades, como los magistrados de la CSJ, Héctor Nahun Martínez y José Ángel Pérez Chacón de la Sala de lo Constitucional, y José Fernando Marroquín Galo de la Sala de lo Contencioso Administrativo. También estuvieron presentes jueces que implementan el SNFJ, el director del Instituto de Medicina Legal, Pedro Hernán Martínez, y Benjamín Chicas, jefe de la Unidad Coordinadora de Facilitadores Judiciales, entre otros representantes de países iberoamericanos.