Legal
Análisis sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General
El pasado miércoles fue un día trascendental en la historia del país, la Sala de lo Constitucional notificó dos sentencias de inconstitucionalidad y una medida cautelar en un mismo día, hecho que ha generado múltiples opiniones en diferentes sectores del país.
La sentencia que más impactó fue la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General aprobada en 1993, la cual concedía amnistía a personas tanto del gobierno como de la guerrilla que hubiesen cometido delitos políticos, comunes conexos con estos y delitos cometidos antes del 01 de enero de 1992.
Para comprender la magnitud de dicha resolución, entrevistamos a Carlos Guzmán, abogado en libre ejercicio y presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES). El abogado cuestiona la manera en que se han dictado dichas resoluciones y considera que pudiera haber intereses de ciertos sectores.
Vale mencionar que esta entrevista la brindó el Lic. Guzmán, antes de que se conociera la sentencia completa de la Ley de Amnistía General que fue publicada ayer por la tarde (jueves), hasta este momento solo se tenía conocimiento del comunicado de prensa que había publicado la Sala de lo Constitucional.
¿Causa un beneficio la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General?
Efectivamente, la Sala de lo Constitucional hizo saber a través de un comunicado a la nación, que había tomado una decisión en un proceso de inconstitucionalidad que comenzó hace dos años prácticamente y que ahora aborda una decisión.
Para que todo proceso de inconstitucionalidad tome una decisión se necesita de cuatro de cinco votos de magistrados que componen la sala. Esta decisión fue tomada por los magistrados Florentín Meléndez, Sídney Blanco, Rodolfo González y un magistrado suplente, Eliseo Ortiz. Y un voto disidente del magistrado Belarmino Jaime.
Mencionaré tres aspectos relevantes de destacar:
Primero, parto por la forma que fue tomada esta decisión. Me parece extraño que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien a su vez es presidente del Órgano Judicial, que el presidente de la Sala de lo Constitucional no haya integrado para esta decisión tan trascendental para el país, y por lo tanto no haya acudido con su voto, sino que hayan tenido que nombrar a un magistrado suplente, eso ya me parece una situación que llama la atención. Para mí es una llamada de atención, el por qué en una decisión tan trascendental no esté el presidente de la CSJ.
Segunda llamada de atención que yo hago a esto es, ¿cómo es posible que habiendo solicitado ser separado del caso de inconstitucionalidad, uno de los magistrados por estar comprometido o sentir comprometida su imparcialidad en este proceso y precisamente, porque él fue fiscal del caso jesuitas y después fue acusador particular en el caso jesuitas que no es cualquier caso, es el caso quizás más emblemático de todos los que aparecen mencionados en el dictamen de la Comisión de la Verdad, venga la Sala de lo Constitucional y lo reincorpore al proceso? Son cosas que llaman la atención y que la sala deberá aclarar en su momento, por qué razones se dieron estas circunstancias.
Y lo tercero, es que se da esta decisión en momentos antes de que la corte plena tome una decisión sobre otro tema que está muy relacionado, que es sobre la petición del reino de España de la extradición de los militares. Todo esto es bien confuso, incluso hasta oscuro llamaría yo, por qué se da este tema. ¿Cuál era la urgencia para que la sala comunicara esta decisión a la nación sin tener siquiera el texto íntegro de la sentencia?
¿Cree que habría intereses políticos?
Es que no hay otra explicación lógica que podamos abordar, que desde el punto de vista jurídico para mí, está muy claro esto.
Nos podría mencionar ¿qué implicaciones tiene la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General?
La ley de Amnistía como tal, de alguna forma para bien o para mal contribuyó para que el país pasara de la guerra a transitar a un momento de reconciliación, de incorporación y de construir una nueva democracia en el país.
En donde los principales líderes de los dos grupos que se enfrentaron: la fuerza armada de un lado, y por el otro la ex guerrilla pudieran reconciliarse e iniciar una nueva etapa en el país. Hoy declarada inconstitucional, 23 años después, esta ley de amnistía nos pone otra vez en un retroceso, en el momento como si estuviéramos ahora firmando los acuerdos de paz.
Si nos retrocedemos a la firma de los Acuerdos de Paz, ¿habrían firmado, a la luz de saber que cualquiera de los firmantes y de los que participaron, que luego estarían en el banquillo de los acusados? No sé si eso se hubiera dado en la forma en que finalmente se dio en 1992.
La sentencia recoge que los casos que aparecen mencionados en la Comisión de la Verdad, dice estos casos deben ser judicializados porque son crímenes de guerra o de lesa humanidad. El que lo diga la CSJ de esta forma, pone en evidencia que estos 32 casos que fueron investigados por la Comisión de la Verdad, que no fueron los únicos, tuvo una serie de casos en su mesa para discutir y finalmente abordó estos 32 y los consideró los más relevantes de todo este conflicto armado sucedido.
¿Quién va a calificar de lesa humanidad en estos casos?
Esto los tiene que calificar un juez, un tribunal que se le someta a consideración estos procesos.
¿Cuándo se incorporó la figura de lesa humanidad en nuestra legislación?
Fue hasta 1998 en el Código Penal y se da una serie de requisitos que debe de contener de ese hecho para que sea calificado de lesa humanidad.
¿Cuál sería el proceso?
Tendrá que pasar una evaluación previa de esa calificación, esto no puede ser de forma automática, particularmente el caso jesuitas, porque ya fue judicializado en El Salvador, varias veces. Por lo tanto, ¿qué pasaría con este caso?, ¿vamos a ir a un doble juzgamiento o triple juzgamiento? Esto no puede ser.
En este caso, debemos de respetar el ordenamiento jurídico y la Constitución de la República prohíbe el doble juzgamiento, ya estas personas fueron juzgadas, casi todas las que aparecen ahí en ese informe de la comisión.
Creemos que el caso jesuitas no tendría mayor relevancia, ni mayor incidencia de esta situación. ¿Pero qué va a pasar con los demás casos? Un familiar de algunas de las víctimas de la guerra ya sea de un lado o de otro, podría solicitar a la Fiscalía General de la República que abra una investigación de este caso porque necesita conocer la verdad.
¿Cómo quedaría la situación de los militares que España pide se extraditen por los asesinatos de los jesuitas?
El argumento central en el proceso de extradición, no es ni por cerca la ley de amnistía. Este tema, lo hemos dejado ahí, como un argumento bastante secundario. Hay otros argumentos que están por encima de esto para declarar el no a la extradición.
Aparte que estos cuatro militares que están detenidos de forma ilegal, ya fueron juzgados. Está el tema de lesa humanidad, este delito no cae en lesa humanidad.
¿Cómo son los delitos contemplados como de lesa humanidad?
Debe reunir distintos requisitos: que el homicidio haya sido ordenado de forma sistemática y esto para nada, y ha sido abordado como si estos militares hayan querido eliminar a la comunidad jesuita del país. Como sí sucedió por el otro lado, con los alcaldes por ejemplo.
Primero, este delito no cabe dentro de la figura de lesa humanidad y por lo tanto debería estar excluido, tiene un periodo de prescripción y este delito ya hubiera prescrito para ser judicializado. La misma FGR ha dicho que debe de denegarse la extradición.
No debería de afectar en absoluto, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía al tema de extradición de los militares del caso jesuitas. Y no debería de tener una incidencia directa el hecho de que la sala haya declarado inconstitucional la ley de amnistía.
Pero hay un tema que hace mención la sala en su resolución y es la reparación civil, estos casos también tendrían aparejada a la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y por lo tanto, la víctima estaría con el derecho a solicitar una indemnización como reparación de ese hecho que ocurrió.
¿Cómo funcionaría esto?
Eso tendrá que decidirlo un tribunal, la cuantía de la indemnización, si es que da a lugar esa cuestión.
Con la eliminación de la ley de amnistía, entra en vigencia la Ley de Reconciliación Nacional, ¿en qué se diferencia de la ley recién eliminada?
Al quedar vigente aquella norma, se le da vida jurídica a la ley de reconciliación. Esta ley que es preámbulo de la ley de amnistía, sirvió de base para que aquellos que estaban alzados en armas, pudieran ingresar al país y reinsertarse a la sociedad, también para que pudieran participar de procesos públicos, políticos y es el principal beneficio que trae esa ley, esa ley, también excluía de alguna forma de una amnistía a aquellos delitos graves que hubieran ocurrido durante el conflicto.
Una diputada del FMLN, dijo que la eliminación de la ley afecta solo al ejército. ¿Quiénes entonces son los afectados?
Ambos bandos. Si hoy, cualquier familiar se sienta afectado porque murió un familiar en la guerra, puede ir a demandar a alguien que lo cometió ya sea del ejército o de la ex guerrilla, aquí nadie está exento de poder ser judicializado por hechos cometidos durante la guerra.
También dijo que no violaron los derechos humanos durante la guerra.
Ya se le olvidó que participó de la guerra, todos sabemos que ellos cometieron graves violaciones a los derechos humanos ahí está el tema de los asesinatos de los alcaldes, de funcionarios, empresarios, una serie de atrocidades.
¿Hasta funcionarios públicos pueden ser procesados?
Nadie se salva, desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario que estuvo en la guerra, no está exento de que se judicialice un caso, en el cual se le atribuya responsabilidad durante el conflicto armado.
¿Cuál será el principal reto?
El principal reto que nos pone a nosotros esta declaratoria de inconstitucionalidad como nación, es encontrar el camino a una verdadera paz. Y que no nos vuelva al pasado.
Lo que debemos encontrar son mecanismos que nos permitan volver a encontrarnos en esta reconciliación y despolarizar a esta sociedad que nos tiene hundidos.
¿Cree que habría cambios en la política por esta anulación?
No lo vislumbro.
Legal
Corte Suprema de Justicia de El Salvador pone en línea nuevas leyes y reformas del Diario Oficial para la comunidad jurídica e interesados
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador puso a disposición en línea un nuevo boletín de legislación con leyes, reformas y ordenanzas publicadas recientemente en el Diario Oficial de El Salvador.
El documento reúne la normativa publicada entre el 19 de enero y el 13 de febrero de 2026. Además, permite consultar el texto completo de cada ley y reforma a través del portal jurídico del Órgano Judicial.
Acceso digital a leyes y reformas en El Salvador
El boletín fue elaborado por el Departamento de Documentación Judicial del Órgano Judicial. Su objetivo es facilitar el acceso a nuevas leyes, reformas legales y normativa vigente en El Salvador.
Los usuarios pueden ingresar al portal de jurisprudencia https://bit.ly/4snD7XR y seleccionar cada normativa. Luego, el sistema redirige al texto completo con las reformas aplicadas.
Este servicio digital busca apoyar a abogados, estudiantes de derecho y ciudadanos que necesitan consultar legislación actualizada para análisis jurídico o trámites legales.
Además, la plataforma centraliza la información publicada en los diferentes números del Diario Oficial.
Reformas legales y normativa destacada del boletín
El boletín de legislación incluye varias reformas legales y nuevas disposiciones publicadas durante el período.
Entre las principales destacan:
Reformas a la Ley de Compras Públicas.
Reformas al decreto que establece el régimen de excepción en El Salvador.
Reformas al acuerdo que declara estado de emergencia zoosanitaria por el gusano barrenador del ganado.
Reformas al acuerdo de alerta zoosanitaria por la peste porcina africana.
Reglamento de establecimientos de alimentos y bebidas regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria.
También se publicaron diversas ordenanzas municipales relacionadas con tasas, exenciones de multas e impuestos locales.
Nuevas instituciones y acuerdos internacionales
El boletín también incorpora leyes que crean nuevas instituciones y acuerdos internacionales.
Entre ellas sobresalen:
Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, cuya vigencia inicia el 10 de abril de 2026.
Reformas a la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.
Acuerdo de comercio recíproco entre El Salvador y Estados Unidos.
Ley de creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República.
Estas disposiciones forman parte de la actualización normativa publicada en los últimos números del Diario Oficial.
Consulta en línea desde el portal del Órgano Judicial
La información está disponible en el portal de jurisprudencia del Órgano Judicial. Desde allí, los usuarios pueden acceder al boletín de legislación y al texto completo de cada normativa.
Además, el Departamento de Documentación Judicial mantiene canales de contacto para consultas. Los ciudadanos pueden solicitar información mediante correo electrónico o vía telefónica.
Con esta herramienta digital, la Corte Suprema facilita el acceso público a leyes, reformas legales y normativa vigente en El Salvador, centralizando la información oficial en un solo portal jurídico.
Legal
Órgano Judicial de El Salvador fortalece la transparencia con certificación internacional ISO 37001
El Órgano Judicial recibió este 3 de marzo la certificación internacional ISO 37001:2016. Este distintivo avala su Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) y refuerza la integridad en la gestión pública.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía, aseguró que la entidad consolidó sus esfuerzos institucionales. La obtención de esta norma técnica busca fortalecer la transparencia y la confianza de los ciudadanos.
Durante el evento, Mejía calificó la jornada como un día importante para la justicia salvadoreña. “Hemos obtenido la certificación cumpliendo la norma ISO 37001”, afirmó el funcionario. Además, el presidente reconoció el mérito de todo el personal involucrado en este proceso de mejora.
Entrega oficial del certificado de calidad
La directora del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), Yanira Colindres, entregó el documento oficial. El OSN pertenece al Consejo Nacional de Calidad y supervisó las semanas intensas de evaluación.
Colindres destacó que este reconocimiento representa el fruto de un trabajo arduo y colaborativo. “Para nosotros es un triunfo estrechar estas alianzas con las instituciones del Estado”, señaló la directora. Por su parte, el Órgano Judicial reiteró su compromiso de mantener una cultura de cero tolerancia al soborno.
Alcance y modernización institucional
La certificación ISO 37001:2016 abarca diversos niveles dentro de la estructura judicial. El sistema implementado comprende procesos de dirección, áreas clave y servicios de apoyo técnico. Por consiguiente, la institución garantiza controles eficaces en todos sus niveles operativos.
En el acto participaron figuras clave de la administración de justicia:
Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, magistrado de la Sala de lo Penal.
Fernando Galo, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Integrantes del Comité de la Función de Cumplimiento.
Prevención de la corrupción y futuro del sistema
Con este avance, el Órgano Judicial acelera su modernización institucional. La implementación de políticas alineadas con estándares internacionales previene prácticas corruptas de forma sistemática.
Asimismo, las autoridades confirmaron que el trabajo apenas comienza. La institución debe ahora mantener y auditar estos controles de manera permanente. Esta estrategia asegura que la prevención del soborno sea un pilar fundamental en la administración de justicia salvadoreña.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) juramentó a 125 abogados durante febrero, quienes quedaron oficialmente habilitados para ejercer la profesión en El Salvador, conforme a la normativa que regula la abogacía y la defensa técnica de los derechos.
El acto fue presidido por el titular de la CSJ, Henry Alexander Mejía, quien encabezó la ceremonia en la que se reiteró el compromiso institucional con un sistema judicial basado en principios de integridad, ética, transparencia y probidad.
La toma de protesta estuvo a cargo del magistrado Vicente Alexander Rivas Romero, quien dirigió el juramento mediante el cual los nuevos profesionales del Derecho asumieron la responsabilidad de ejercer la abogacía conforme a los lineamientos legales vigentes.
Participación de la Comisión de Abogacía y Notariado
En la ceremonia participaron los integrantes de la Comisión de Abogacía y Notariado de la CSJ: los magistrados José Ernesto Clímaco Valiente, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez. También asistió el jefe de la Sección de Investigación Profesional, Rubén Atilio Meléndez.
De acuerdo con la institución, este tipo de actos forma parte del proceso formal que autoriza a los graduados en Ciencias Jurídicas a ejercer como abogados, una vez cumplidos los requisitos académicos y administrativos establecidos por la ley.
Más de 1,800 abogados juramentados en 2025
La CSJ juramentó alrededor de 1,800 abogados en 2025, según datos institucionales. La cifra refleja el flujo constante de nuevos profesionales que se integran al sistema jurídico nacional.
En El Salvador se estima que existen aproximadamente 42,000 abogados activos, lo que posiciona a la abogacía como una de las profesiones con mayor presencia en el ámbito académico y profesional del país.
La juramentación representa el paso final para que los nuevos abogados puedan ejercer la representación legal y la defensa técnica ante tribunales y otras instancias administrativas, contribuyendo así al funcionamiento del sistema de justicia salvadoreño.
La Corte Suprema de Justicia reiteró que el ejercicio de la abogacía implica una responsabilidad ética y profesional orientada a la protección de los derechos de la ciudadanía y al fortalecimiento del Estado de derecho.
Legal
Sistema antilavado se fortalece tras mentoring camp coordinado por Corte Suprema y la Unidad de Investigación Financiera
El Sistema Antilavado de El Salvador sumó un nuevo esfuerzo de articulación institucional tras la clausura de un mentoring camp enfocado en mejorar la coordinación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La iniciativa fue impulsada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en conjunto con la Unidad de Investigación Financiera (UIF), y contó con asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI).
Intercambio técnico para mejorar la lucha contra el lavado de dinero
Durante tres jornadas de trabajo, autoridades supervisoras participaron en mesas técnicas orientadas a reforzar el Sistema Antilavado.
El encuentro promovió el análisis de buenas prácticas, así como la revisión de mecanismos de cooperación y flujos de trabajo entre instituciones. Además, los equipos identificaron áreas de mejora para aumentar la eficacia en la prevención y detección de delitos financieros.
Las discusiones se centraron en medidas relacionadas con Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). En consecuencia, los participantes revisaron procesos internos y compartieron experiencias aplicables a sus respectivas entidades.
Coordinación interinstitucional como eje central
La actividad priorizó la coordinación entre autoridades supervisoras y entidades vinculadas al control financiero.
Según los organizadores, el intercambio permitió fortalecer la articulación institucional frente a estructuras vinculadas al lavado de activos. También facilitó la construcción de rutas de trabajo más claras y eficientes.
Este tipo de espacios técnicos busca optimizar la respuesta del Estado ante operaciones sospechosas y mejorar la capacidad de supervisión del sistema financiero.
Participación de magistrados y autoridades técnicas
En las jornadas participaron magistrados integrantes de la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos.
Entre ellos asistieron Héctor Nahun Martínez García, magistrado de la Sala de lo Constitucional y coordinador de la comisión, y Lidia Patricia Castillo, magistrada de la Sala de lo Civil.
También intervino Gabriela López Herrera, directora para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos de la CSJ, junto a otros invitados especiales vinculados al sistema de control financiero.
Parte de un programa de capacitación en medidas ALA/CFT
El mentoring camp se desarrolló en el marco del Programa de Capacitación y Fortalecimiento en medidas ALA/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador.
Este programa forma parte del compromiso institucional por mantener actualizado el Sistema Antilavado y elevar sus estándares de cumplimiento.
Legal
CNJ invita a videoconferencia sobre uso de inteligencia artificial en la redacción de resoluciones judiciales
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) invitó a profesionales del Derecho a participar en una videoconferencia sobre el uso de inteligencia artificial en la redacción judicial.
La actividad se desarrollará el 25 de febrero de 2026, de 10:00 a.m. a 12:00 m.
El evento forma parte de las acciones de capacitación que promueve la institución para fortalecer la calidad técnica de las resoluciones judiciales.
Metodologías para redactar resoluciones claras y efectivas
La videoconferencia lleva por título “Metodologías para Redactar Resoluciones Judiciales Claras y Efectivas: más allá del hipérbaton y los circunloquios”.
El enfoque combina técnicas tradicionales de redacción jurídica con herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al proceso judicial.
Durante la jornada, los participantes conocerán cómo integrar herramientas de IA en la redacción de resoluciones.Además, abordarán el uso de sistemas tecnológicos para detectar inconsistencias, mejorar la coherencia y realizar revisiones técnicas del texto bajo criterios profesionales.
El objetivo es promover decisiones judiciales más claras, precisas y comprensibles.
Importancia de la inteligencia artificial en el trabajo jurídico
La inteligencia artificial gana espacio en los sistemas judiciales modernos.
Estas herramientas permiten analizar grandes volúmenes de información en menos tiempo.
También ayudan a identificar errores formales, contradicciones y fallas estructurales en documentos jurídicos.
En el ejercicio profesional, la IA facilita la redacción de escritos, la revisión normativa y la organización de argumentos.
Sin embargo, el CNJ subraya que la tecnología complementa el criterio humano, pero no lo sustituye.
Por ello, la formación busca que jueces y abogados utilicen la IA con responsabilidad y bajo estándares éticos.
Ponente y respaldo académico
La conferencia será impartida por Alexisir Evenor Arguera Álvarez. El expositor se desempeña como técnico metodólogo de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”.
La actividad se enmarca en la labor académica que impulsa el CNJ para modernizar la función jurisdiccional.
Inscripción y participación
El Consejo Nacional de la Judicatura habilitó un enlace para inscripción en línea:
https://tinyurl.com/2j5ywev6
La institución invitó a jueces, magistrados, abogados y estudiantes de Derecho a participar en esta capacitación virtual.
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