Legal
ONU celebra anulación de la Ley de Amnistía
Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas* aplaudieron hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había dejado en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como las violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado interno (1980-1992).
“Esta decisión histórica para el país devuelve la esperanza a las víctimas y la confianza en el sistema legal,” señalaron los expertos al recordar que el conflicto salvadoreño dejó un saldo de 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos, en su mayoría civiles, numerosas víctimas de tortura y mujeres víctimas de violencia sexual, además de un millón desplazados internos y de refugiados en otros países.
“Más de 20 años después del fin del conflicto, esta decisión de la más alta instancia judicial restablece los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia y a una reparación integral,” recalcaron. “Es un ejemplo para el mundo”.
Los expertos de la ONU indicaron que la declaración de inconstitucionalidad refleja las normas y principios del derecho internacional, incluida la prohibición de amnistías para crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Asimismo, expresaron que la decisión de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña recalca el carácter imprescriptible de estos delitos y enfatiza que no podrá invocarse la existencia de la Ley de Amnistía o el tiempo de su vigencia para obstaculizar el derecho a la justicia, la investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de estas graves violaciones.
Los expertos en derechos humanos también explicaron que la Corte exige que se investigue la responsabilidad penal de los ejecutores directos de estos actos, así como aquella de quienes dieron las órdenes.
“Muchas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad siguen plenamente vigentes más de 20 años después de su adopción. Instamos a las autoridades salvadoreñas a aplicar estas recomendaciones que promueven reformas profundas de las instituciones del Estado, incluso la del sistema de justicia”, dijeron.
De igual forma, los expertos independientes instaron a las autoridades judiciales a diligenciar investigaciones prontas, independientes y efectivas y a diseñar una estrategia de persecución penal que tome en cuenta el derecho internacional, las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos y las experiencias comparadas. Insistieron en que se garantice la protección de los testigos y la participación de las víctimas en los procesos judiciales y en las medidas de reparación que les conciernen.
“Esta decisión es también un paso muy significativo en favor del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una señal importante en el marco del reciente pedido de extradición de España de presuntos responsables del asesinato de seis jesuitas españoles y dos salvadoreñas”, concluyeron los expertos.
Los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992 no hacen mención alguna a una amnistía, por el contrario incluyen cláusulas tendientes a combatir la impunidad.
La Ley de Reconciliación Nacional del 23 de enero de 1992 contempla que no gozarán de amnistías “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980…”. Esta disposición, sin embargo, fue derogada mediante la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de 1993 –5 días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad–, negando lo pactado expresamente en los mencionados Acuerdos.
Ahora, no obstante, la decisión de la Sala de lo Constitucional la Corte Suprema de Justicia restablece la vigencia de estas disposiciones de la Ley de Reconciliación Nacional.
(*) Los expertos: Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Mónica Pinto, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; y Alfred de Zayas, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Nota por: Derechos Humanos de la ONU.
Legal
Consejo Nacional de la Judicatura y Corte Suprema de Justicia capacitan a jueces en nueva competencia criminal
El Consejo Nacional de la Judicatura, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, inauguró un programa de formación especializada dirigido a funcionarios judiciales con competencia en materia criminal en El Salvador.
La capacitación se desarrolla a través de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”. Además, busca preparar a jueces y personal técnico ante las recientes reformas a la Ley Orgánica Judicial y los cambios en el sistema penal.
El programa incluye cinco módulos especializados. La primera jornada abordó el tema “Diseño Procesal Penal y Procedimiento Especial en la Competencia de lo Criminal”.
Jornadas abordarán reformas legales y funciones judiciales
Durante el primer módulo, los participantes analizaron las reformas constitucionales relacionadas con la materia penal. También estudiaron la conversión de juzgados, las reglas de transferencia de procesos y las funciones de los tribunales con competencia criminal.
Asimismo, los ponentes explicaron el papel del juez en la dirección del proceso penal y los criterios técnicos para aplicar el nuevo modelo procesal.
La capacitación estuvo a cargo del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Ramón Iván García, y de los magistrados de cámara Salomón Landaverde y Wilfredo Jovel.
Personal técnico recibió preparación previa en todo el país
Antes del inicio oficial del programa, el Consejo Nacional de la Judicatura desarrolló actividades formativas para secretarios, colaboradores y personal técnico judicial.
Las jornadas se realizaron en las zonas occidental, central, paracentral y oriental del país. Según las autoridades, el objetivo fue fortalecer conocimientos sobre la normativa vigente y mejorar la aplicación de las nuevas disposiciones legales.
Además, las instituciones buscan unificar criterios de trabajo en los tribunales que ahora tienen competencia en materia criminal.
Autoridades destacan coordinación institucional en reforma judicial
El acto inaugural reunió a magistrados de distintas salas de la Corte Suprema de Justicia y a representantes del Consejo Nacional de la Judicatura.
El presidente de la Corte Suprema, Henry Alexander Mejía, destacó el trabajo técnico realizado por las comisiones de enlace entre ambas instituciones para diseñar el programa académico.
Por su parte, el magistrado Alejandro Antonio Quinteros Espinoza explicó que los contenidos fueron elaborados por especialistas en derecho penal, derecho constitucional y razonamiento probatorio.
Las autoridades señalaron que el programa busca fortalecer la calidad de la administración de justicia y responder a los retos derivados de las reformas judiciales aprobadas recientemente en El Salvador.
Legal
Corte Suprema inaugura programa que busca fortalecer la prevención de la corrupción en el sistema judicial
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador inauguró la tercera edición del programa “Integridad Pública y Cumplimiento Normativo Anticorrupción”, dirigido a jueces, magistrados y personal judicial de la zona oriental del país.
La actividad fue organizada por la Dirección de Talento Humano Institucional con el objetivo de fortalecer las capacidades para prevenir y combatir la corrupción dentro del Órgano Judicial salvadoreño.
Además, la jornada reunió a funcionarios judiciales encargados de aplicar normas vinculadas con transparencia, ética pública y cumplimiento anticorrupción.
Magistrado expone sobre consecuencias jurídicas y sociales de la corrupción
Durante la inauguración, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, impartió el primer módulo de la capacitación.
El funcionario también coordina la Comisión de Prevención Contra el Lavado de Dinero y Activos del sistema judicial salvadoreño.
En su exposición, Martínez García abordó las definiciones y consecuencias de la corrupción desde perspectivas jurídicas, éticas y sociales.
Asimismo, explicó herramientas básicas para interpretar y aplicar correctamente las disposiciones legales relacionadas con el combate a la corrupción.
“El propósito de esta ponencia es facilitarles competencias y herramientas básicas para que sepan interpretar y aplicar adecuadamente las disposiciones de la ley”, expresó el magistrado durante la actividad.
Programa analiza normas internacionales contra la corrupción
La capacitación también incluyó el estudio de disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
De esta manera, el programa busca reforzar el conocimiento sobre estándares internacionales vinculados con transparencia institucional, prevención de delitos y cumplimiento normativo.
Las autoridades judiciales señalaron que este tipo de jornadas forma parte de los esfuerzos para fortalecer la integridad pública dentro de las instituciones del sistema de justicia.
Además, la iniciativa pretende mejorar las prácticas internas relacionadas con la ética judicial y la prevención de actos irregulares.
Legal
Consejo Nacional de la Judicatura realiza charla sobre inteligencia artificial aplicada al Derecho
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) desarrolló este viernes la jornada académica “Una aproximación a la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho”, enfocada en el uso de nuevas tecnologías dentro del sistema judicial y administrativo.
La actividad reunió a magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y de Paz, además de personal jurídico de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y representantes de otras instituciones vinculadas al organismo.
Durante la jornada, los participantes conocieron aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y analizaron su impacto en la administración de justicia.
CNJ destaca impacto de la inteligencia artificial
El consejero propietario Santos Guerra Grijalba señaló que estos espacios académicos permiten fortalecer el conocimiento tecnológico del funcionariado judicial.
Además, explicó que la capacitación ayuda a comprender el alcance de la inteligencia artificial en procesos legales y administrativos.
Según indicó el funcionario, las nuevas herramientas digitales pueden apoyar distintas tareas relacionadas con el análisis jurídico y la gestión institucional.
Participaron jueces, magistrados y personal jurídico
En la actividad participaron magistrados de distintas competencias judiciales, jueces de Paz y de Primera Instancia, así como personal especializado de instituciones que mantienen acuerdos de cooperación con el Consejo Nacional de la Judicatura.
El organismo explicó que estas jornadas buscan actualizar conocimientos y promover el intercambio académico sobre tecnologías aplicadas al Derecho.
Además, el CNJ mantiene iniciativas de formación para fortalecer capacidades técnicas dentro del sistema judicial salvadoreño.
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Corte Suprema y Consejo de la Judicatura inauguran programa de formación especializada para servidores judiciales en materia criminal
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inauguraron el Programa de Formación Especializada para Servidores Judiciales con Competencia en lo Criminal.
La iniciativa está dirigida a magistrados, jueces, secretarios y colaboradores judiciales que integrarán las nuevas sedes especializadas en materia criminal.
Las jornadas académicas iniciaron de forma simultánea en la Escuela de Capacitación Judicial Dr. Arturo Zeledón Castrillo y en Santa Ana. Además, las actividades para la zona oriental comenzarán este jueves en San Miguel.
El programa forma parte de un trabajo coordinado entre la Corte Suprema de Justicia y el CNJ. También participaron expertos en derecho penal, derecho constitucional y derecho procesal penal.
Cinco módulos especializados
La formación especializada contempla cinco módulos principales. Entre ellos destacan el diseño procesal penal, el derecho penal sustantivo y el razonamiento probatorio en materia criminal.
Asimismo, el programa abordará temas como evidencia digital, operaciones encubiertas, litigación oral y ejecución de la pena perpetua. También incluirá contenidos sobre audiencias judiciales, redacción de sentencias y protección de víctimas vulnerables.
Según las autoridades, el objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de los operadores judiciales ante las recientes reformas constitucionales y legales.
Reformas penales impulsan nueva estructura judicial
Durante el acto inaugural, el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, afirmó que las reformas procesales y constitucionales generaron nuevas competencias jurisdiccionales para
delitos graves.
Entre esos mencionó homicidio, feminicidio, violación y otros casos que afectan bienes jurídicos fundamentales.
El magistrado señaló que el nuevo modelo penal exige preparación técnica y coordinación institucional permanente. Además, destacó que la capacitación judicial busca mejorar la calidad de las decisiones judiciales y fortalecer la seguridad jurídica.
En el evento participaron magistrados de distintas salas de la Corte Suprema, autoridades del CNJ y representantes de la Escuela de Capacitación Judicial.
Las instituciones indicaron que el programa contribuirá al fortalecimiento de una justicia penal especializada, moderna y eficiente
Legal
Notarios: no olviden que el trámite de sus sellos es en línea, dice la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a los notarios que deben tramitar por primera vez su sello a través de su plataforma oficial en línea.
La institución indicó que el proceso debe realizarse en el sistema digital habilitado para abogados y notarios. Además, reiteró que el trámite cumple pasos específicos y requisitos obligatorios.
Este recordatorio busca ordenar el proceso y garantizar que los notarios cumplan con la normativa vigente.
Pasos para solicitar el sello de notario por primera vez
Según la Corte, el proceso inicia en el Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados y Notarios.
El usuario debe ingresar con su número de DUI y contraseña.
Luego, el solicitante debe seleccionar la opción de trámite de autorización de sellos. En ese apartado, debe completar los datos requeridos en la solicitud.
Posteriormente, debe adjuntar en formato digital la constancia de publicación en el Diario Oficial del acuerdo que lo acredita como notario.
Plazo de respuesta y descarga de autorización
La Corte informó que la autorización estará disponible en un plazo de tres días hábiles. Esto aplica siempre que no existan observaciones en la solicitud.
Después, el usuario puede verificar el estado del trámite en la opción de consulta. Para ello, debe ingresar nuevamente su número de DUI.
Una vez aprobada, la autorización debe descargarse y guardarse en una memoria USB. La institución aclaró que este documento no debe imprimirse.
Uso del documento y validación final
La autorización emitida tiene validez para una sola elaboración de sellos notariales. Por tanto, el solicitante debe presentarla en formato digital en la imprenta correspondiente.
Finalmente, el notario debe asistir a una cita para registrar su sello y firma. Este proceso se realiza en el libro de la Oficialía Mayor.
La sede indicada es el Palacio Judicial, ubicado en el Centro de Gobierno en San Salvador.
Corte refuerza cumplimiento de requisitos
Con este aviso, la Corte busca que los notarios sigan el procedimiento establecido sin errores.
Además, promueve el uso de herramientas digitales para agilizar los trámites.
El organismo reiteró que cumplir cada paso evita retrasos y observaciones en la solicitud.
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