La Fiscalía General de El Salvador acusó a 563 presuntos cabecillas de la pandilla Barrio 18 por miles de delitos acumulados. El caso incluye homicidio, extorsión, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La acusación se dirige contra cabecillas de una estructura considerada una de las más violentas del país. El proceso ya ingresó al sistema judicial especializado en crimen organizado.

Más de 14 mil imputaciones en un solo expediente judicial

La Fiscalía presentó un total de 14,488 imputaciones contra los acusados. Los delitos se habrían cometido desde el año 2012, según el expediente oficial.

El proceso fue remitido al Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado en San Salvador. Esta instancia analiza casos de estructuras criminales de alto impacto.

Entre los cargos aparecen rebelión y pertenencia a organizaciones terroristas. También se incluyen homicidios, extorsiones y tráfico de drogas.

División interna dentro de la estructura criminal

El expediente fiscal identifica dos grandes grupos dentro de los acusados. Un total de 275 pertenecen a la facción conocida como “sureños”.

Otros 288 integran el grupo denominado “revolucionarios”, según la investigación. Ambos sectores habrían operado dentro de la misma estructura del Barrio 18.

La Fiscalía sostiene que estas divisiones mantuvieron actividad criminal coordinada durante varios años. Además, señala a líderes con capacidad de ordenar operaciones desde distintos niveles.

Cabecillas señalados por homicidios y redes de extorsión

Entre los acusados figura Carlos Alberto Rivas Barahona, conocido como “Chino Tres Colas”. Las autoridades lo identifican como jefe histórico de la facción sureños.

También aparece César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”. Se le vincula con una masacre ocurrida en Antiguo Cuscatlán en 2006.

Otro nombre es Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”. La Fiscalía lo señala por dirigir una red de extorsión contra vendedores y menores de edad.

Asimismo, el expediente incluye a Óscar René Moreira Palacios, conocido como “El Pollo”. Las autoridades lo ubican como jefe en el sector de La Campanera, en Soyapango.

Investigación vincula crecimiento criminal con periodo de tregua

La Fiscalía relaciona parte del fortalecimiento de estas estructuras con la llamada “tregua entre pandillas”. Este periodo ocurrió en administraciones anteriores.

El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó que las pandillas habrían ampliado su capacidad operativa en ese contexto.

Las autoridades señalan que el objetivo del proceso es individualizar responsabilidades penales. Cada acusado deberá responder por los delitos que se le atribuyen.

La Fiscalía General presentó una acusación formal contra 563 presuntos integrantes y cabecillas de la pandilla Barrio 18 ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Según informó el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, los procesados enfrentan cargos relacionados con 14,488 delitos acumulados desde 2012. Entre las acusaciones figuran rebelión y pertenencia a organización terrorista, una figura penal que actualmente puede ser castigada con cadena perpetua.

El caso constituye uno de los procesos judiciales más amplios impulsados contra estructuras criminales en el país y reúne hechos investigados durante más de una década.

Investigación reúne a integrantes de dos facciones rivales

De acuerdo con la Fiscalía, el proceso incluye a 275 acusados vinculados a la facción Sureños y a 288 señalados como miembros de la facción Revolucionarios.

Las autoridades sostienen que ambos grupos formaban parte de estructuras criminales con capacidad para coordinar operaciones en distintas zonas del territorio salvadoreño.

Además, la acusación agrupa múltiples expedientes y hechos delictivos atribuidos a los procesados durante varios años.

Expediente incorpora ataques de alto impacto

Entre los hechos incluidos en la acusación figura la masacre de San Juan Opico, uno de los casos de violencia más recordados en el país. Este crimen dejó 11 fallecidos, en 2016.

Asimismo, la Fiscalía atribuye a algunos de los acusados la participación en un ataque con coche bomba contra el Ministerio de Seguridad.

El expediente también incorpora atentados contra el Centro Judicial Isidro Menéndez y contra instalaciones policiales, según la información presentada por el Ministerio Público.

Autoridades señalan planes contra instituciones estatales

La acusación también incluye delitos relacionados con el tráfico de armas y granadas.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, esos artefactos presuntamente estaban destinados a ejecutar ataques contra sedes del sistema de justicia.

Las autoridades sostienen que estas acciones buscaban afectar el funcionamiento de instituciones encargadas de la seguridad y la persecución del delito.

La Fiscalía General continuó la fase de alegatos finales en el proceso judicial contra 485 presuntos cabecillas de la pandilla MS-13, considerado el juicio masivo más grande en la historia del país.

La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según la acusación, los procesados enfrentan más de 47,000 imputaciones por delitos presuntamente cometidos entre 2012 y 2022.

Durante la jornada, los fiscales profundizaron en la teoría de los aparatos organizados de poder, una estrategia jurídica con la que buscan demostrar la responsabilidad de quienes, según la acusación, dirigían la estructura criminal desde las calles y los centros penitenciarios.

Ministerio Público expone origen y expansión de la estructura

Como parte de los argumentos, la Fiscalía presentó información sobre la evolución de la MS-13 desde su formación y el crecimiento de su organización en El Salvador.

Además, detalló que la estructura estaba integrada por 32 programas nacionales, dos programas en el extranjero y 230 clicas o células operativas.

El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó que esta etapa constituye una de las partes centrales del caso.

Según explicó, la institución busca demostrar cómo pequeños grupos territoriales evolucionaron hasta conformar una organización con presencia en todo el país y una estructura de mando definida.

Acusación incluye delitos atribuidos durante una década

La Fiscalía sostiene que varios acusados ejercían funciones de dirección y mantenían control sobre las operaciones de la organización.

Posteriormente, los alegatos abordarán delitos como rebelión, homicidios, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de personas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la presentación de argumentos y pruebas se extenderá durante aproximadamente dos semanas.

Exposición se desarrollará por regiones del país

La programación contempla analizar los casos según las zonas donde operaban los distintos grupos señalados por la acusación.

La Fiscalía iniciará con estructuras de la zona occidental y luego avanzará hacia las regiones central, metropolitana, paracentral y oriental.

Tras concluir los alegatos de las partes, el tribunal evaluará las pruebas incorporadas al proceso antes de emitir una resolución sobre las responsabilidades penales atribuidas a los acusados.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 254 integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) a penas que alcanzan los 85 años de prisión, informó la Fiscalía General de la República.

Según la institución, los condenados pertenecían a la célula conocida como “Park View Locos Salvatruchos”, que delinquió entre 2013 y 2022 en más de la mitad del departamento de Cabañas. Las autoridades sostienen que el grupo mantenía bajo amenazas a habitantes de distintas comunidades de esa zona.

Entre los sentenciados figura Eugenio Morales, identificado por las autoridades con el alias de “Little Pesadilla”. El tribunal le impuso una condena de 85 años de cárcel por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y posesión de droga con fines de tráfico.

Fiscalía destaca funciones dentro de la estructura

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones determinaron que los miembros de la organización cumplían distintas tareas para someter el control territorial y facilitar actividades delictivas en varias localidades de Cabañas.

Además, la institución señaló que la sentencia se emitió después de una audiencia única que se extendió durante más de un mes y medio. Durante ese período, los fiscales presentaron pruebas para sustentar las acusaciones contra los procesados.

Cambios legales permiten juzgamientos colectivos

La condena se desarrolló bajo el modelo de audiencia única abierta, incorporado tras una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado. Este mecanismo permite procesar a estructuras criminales completas dentro de un mismo expediente judicial.

La normativa establece que los acusados pueden comparecer en distintas etapas del proceso, según su presunta participación y jerarquía dentro de la organización.

La reforma surgió en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador. Esta medida, impulsada por el Gobierno para combatir a las pandillas, acumula casi 93,000 capturas. 

La Fiscalía General de la República mantiene abiertos varios procesos colectivos contra integrantes de la pandilla MS-13 en tribunales especializados contra el crimen organizado, incluyendo el proceso masivo más grande de la historia del país, en la que procesan a casi 500 cabecillas de la sangrienta agrupación.

Uno de los casos más recientes involucra a 200 presuntos miembros de la estructura criminal que operaba en el departamento de Chalatenango, al norte de El Salvador.

Entre los acusados figura José Alberto Zamora, señalado por las autoridades como corredor de clica y supuesto responsable de ordenar homicidios y extorsiones en esa zona.

La Fiscalía sostiene que también procesa a 21 cabecillas y a otros pandilleros con distintos rangos dentro de la organización criminal.

Capturas ocurrieron durante el régimen de excepción

Las autoridades informaron que los imputados fueron detenidos en diferentes fechas y puntos del país durante la aplicación del Régimen de Excepción.

Esa medida extraordinaria entró en vigor en marzo de 2022 para combatir a las pandillas y amplió las facultades de captura y detención.

La Fiscalía presentó pruebas ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador para buscar condenas por homicidios, extorsiones y otros delitos atribuidos a la MS-13.

Otro proceso reúne a 90 acusados por delitos de 2012

Además, este martes comenzó otro juicio colectivo contra 90 presuntos integrantes de la misma pandilla.

El caso se relaciona con delitos cometidos en 2012 en Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera, municipios ubicados en el departamento de Cabañas.

Según la acusación fiscal, entre los procesados hay un corredor de programa, tres corredores de clica y tres corredores de base.

La lista también incluye presuntos colaboradores, observadores y miembros con funciones de vigilancia y apoyo logístico dentro de la estructura criminal.

La Fiscalía busca condenas por agrupaciones ilícitas y tráfico de drogas.

Megajuicio contra 486 cabecillas sigue sin sentencia

En paralelo, continúa el megajuicio contra 486 presuntos líderes de la MS-13, considerado uno de los procesos penales más grandes en la historia reciente de El Salvador.

El juicio inició a finales de abril de 2026 en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado y todavía no tiene fecha de conclusión.

Durante las audiencias, la Fiscalía ha presentado audios interceptados, videos y testimonios que, según la acusación, muestran órdenes emitidas por la llamada “ranfla nacional” de la pandilla.

El Ministerio Público atribuye a los acusados cerca de 47,000 delitos, incluidos aproximadamente 29,000 homicidios, bajo el criterio de responsabilidad de mando.

Muchos de los procesados participan en las audiencias mediante videoconferencias desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT.

El gobierno del presidente Nayib Bukele ha presentado estos juicios como una estrategia histórica contra las pandillas.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el formato masivo de los procesos judiciales.