Judicial
Condena a expolicías y exmilitares deja penas de hasta 540 años por homicidio y robo agravado
Un tribunal contra el crimen organizado dictó condena a expolicías en El Salvador con penas de hasta 540 años de prisión. Los procesados integraban una banda dedicada a homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
El fallo lo emitió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. La resolución incluye a 11 personas, entre expolicías, exsoldados y civiles.
El tribunal encontró responsabilidad penal en múltiples delitos. Entre ellos destacan homicidio agravado y robo agravado en perjuicio de particulares y empresas.
Principales condenas por homicidio agravado y robo
El tribunal condenó a Roberto Carlos García Martínez a 540 años de prisión. Además, sentenció a Francisco Eduardo Ramírez Vicente a 216 años.
Ambos lideraban la estructura criminal. Las autoridades los vinculan directamente con varios hechos delictivos.
Por su parte, los otros nueve implicados recibieron penas entre cinco y 173 años. Todos enfrentaron cargos por los mismos delitos.
Casos probados durante el juicio
Durante el proceso, el tribunal analizó 11 casos de homicidio agravado. También evaluó 21 casos de robo agravado.
Las investigaciones establecieron que las víctimas eran atacadas durante asaltos. En varios casos, los agresores cometieron homicidios cuando las personas se resistían.
Estructura operaba a nivel nacional
Según el fallo, la banda operaba en distintas zonas del país. Sin embargo, registró mayor actividad en Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel.
Además, los imputados atacaban cooperativas y negocios. Entre los objetivos figuraban empresas de venta de motocicletas.
Los civiles dentro de la estructura proporcionaban información. Con ello, facilitaban los robos y ubicaban a las víctimas.
Uso de experiencia institucional para delinquir
El tribunal determinó que algunos integrantes aprovecharon su experiencia como agentes de seguridad. Esto les permitió ejecutar los delitos con mayor planificación.
El juez calificó los hechos como graves. También señaló que las acciones afectaron la seguridad pública.
