Legal
Análisis sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General
El pasado miércoles fue un día trascendental en la historia del país, la Sala de lo Constitucional notificó dos sentencias de inconstitucionalidad y una medida cautelar en un mismo día, hecho que ha generado múltiples opiniones en diferentes sectores del país.
La sentencia que más impactó fue la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General aprobada en 1993, la cual concedía amnistía a personas tanto del gobierno como de la guerrilla que hubiesen cometido delitos políticos, comunes conexos con estos y delitos cometidos antes del 01 de enero de 1992.
Para comprender la magnitud de dicha resolución, entrevistamos a Carlos Guzmán, abogado en libre ejercicio y presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES). El abogado cuestiona la manera en que se han dictado dichas resoluciones y considera que pudiera haber intereses de ciertos sectores.
Vale mencionar que esta entrevista la brindó el Lic. Guzmán, antes de que se conociera la sentencia completa de la Ley de Amnistía General que fue publicada ayer por la tarde (jueves), hasta este momento solo se tenía conocimiento del comunicado de prensa que había publicado la Sala de lo Constitucional.
¿Causa un beneficio la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General?
Efectivamente, la Sala de lo Constitucional hizo saber a través de un comunicado a la nación, que había tomado una decisión en un proceso de inconstitucionalidad que comenzó hace dos años prácticamente y que ahora aborda una decisión.
Para que todo proceso de inconstitucionalidad tome una decisión se necesita de cuatro de cinco votos de magistrados que componen la sala. Esta decisión fue tomada por los magistrados Florentín Meléndez, Sídney Blanco, Rodolfo González y un magistrado suplente, Eliseo Ortiz. Y un voto disidente del magistrado Belarmino Jaime.
Mencionaré tres aspectos relevantes de destacar:
Primero, parto por la forma que fue tomada esta decisión. Me parece extraño que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien a su vez es presidente del Órgano Judicial, que el presidente de la Sala de lo Constitucional no haya integrado para esta decisión tan trascendental para el país, y por lo tanto no haya acudido con su voto, sino que hayan tenido que nombrar a un magistrado suplente, eso ya me parece una situación que llama la atención. Para mí es una llamada de atención, el por qué en una decisión tan trascendental no esté el presidente de la CSJ.
Segunda llamada de atención que yo hago a esto es, ¿cómo es posible que habiendo solicitado ser separado del caso de inconstitucionalidad, uno de los magistrados por estar comprometido o sentir comprometida su imparcialidad en este proceso y precisamente, porque él fue fiscal del caso jesuitas y después fue acusador particular en el caso jesuitas que no es cualquier caso, es el caso quizás más emblemático de todos los que aparecen mencionados en el dictamen de la Comisión de la Verdad, venga la Sala de lo Constitucional y lo reincorpore al proceso? Son cosas que llaman la atención y que la sala deberá aclarar en su momento, por qué razones se dieron estas circunstancias.
Y lo tercero, es que se da esta decisión en momentos antes de que la corte plena tome una decisión sobre otro tema que está muy relacionado, que es sobre la petición del reino de España de la extradición de los militares. Todo esto es bien confuso, incluso hasta oscuro llamaría yo, por qué se da este tema. ¿Cuál era la urgencia para que la sala comunicara esta decisión a la nación sin tener siquiera el texto íntegro de la sentencia?
¿Cree que habría intereses políticos?
Es que no hay otra explicación lógica que podamos abordar, que desde el punto de vista jurídico para mí, está muy claro esto.
Nos podría mencionar ¿qué implicaciones tiene la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General?
La ley de Amnistía como tal, de alguna forma para bien o para mal contribuyó para que el país pasara de la guerra a transitar a un momento de reconciliación, de incorporación y de construir una nueva democracia en el país.
En donde los principales líderes de los dos grupos que se enfrentaron: la fuerza armada de un lado, y por el otro la ex guerrilla pudieran reconciliarse e iniciar una nueva etapa en el país. Hoy declarada inconstitucional, 23 años después, esta ley de amnistía nos pone otra vez en un retroceso, en el momento como si estuviéramos ahora firmando los acuerdos de paz.
Si nos retrocedemos a la firma de los Acuerdos de Paz, ¿habrían firmado, a la luz de saber que cualquiera de los firmantes y de los que participaron, que luego estarían en el banquillo de los acusados? No sé si eso se hubiera dado en la forma en que finalmente se dio en 1992.
La sentencia recoge que los casos que aparecen mencionados en la Comisión de la Verdad, dice estos casos deben ser judicializados porque son crímenes de guerra o de lesa humanidad. El que lo diga la CSJ de esta forma, pone en evidencia que estos 32 casos que fueron investigados por la Comisión de la Verdad, que no fueron los únicos, tuvo una serie de casos en su mesa para discutir y finalmente abordó estos 32 y los consideró los más relevantes de todo este conflicto armado sucedido.
¿Quién va a calificar de lesa humanidad en estos casos?
Esto los tiene que calificar un juez, un tribunal que se le someta a consideración estos procesos.
¿Cuándo se incorporó la figura de lesa humanidad en nuestra legislación?
Fue hasta 1998 en el Código Penal y se da una serie de requisitos que debe de contener de ese hecho para que sea calificado de lesa humanidad.
¿Cuál sería el proceso?
Tendrá que pasar una evaluación previa de esa calificación, esto no puede ser de forma automática, particularmente el caso jesuitas, porque ya fue judicializado en El Salvador, varias veces. Por lo tanto, ¿qué pasaría con este caso?, ¿vamos a ir a un doble juzgamiento o triple juzgamiento? Esto no puede ser.
En este caso, debemos de respetar el ordenamiento jurídico y la Constitución de la República prohíbe el doble juzgamiento, ya estas personas fueron juzgadas, casi todas las que aparecen ahí en ese informe de la comisión.
Creemos que el caso jesuitas no tendría mayor relevancia, ni mayor incidencia de esta situación. ¿Pero qué va a pasar con los demás casos? Un familiar de algunas de las víctimas de la guerra ya sea de un lado o de otro, podría solicitar a la Fiscalía General de la República que abra una investigación de este caso porque necesita conocer la verdad.
¿Cómo quedaría la situación de los militares que España pide se extraditen por los asesinatos de los jesuitas?
El argumento central en el proceso de extradición, no es ni por cerca la ley de amnistía. Este tema, lo hemos dejado ahí, como un argumento bastante secundario. Hay otros argumentos que están por encima de esto para declarar el no a la extradición.
Aparte que estos cuatro militares que están detenidos de forma ilegal, ya fueron juzgados. Está el tema de lesa humanidad, este delito no cae en lesa humanidad.
¿Cómo son los delitos contemplados como de lesa humanidad?
Debe reunir distintos requisitos: que el homicidio haya sido ordenado de forma sistemática y esto para nada, y ha sido abordado como si estos militares hayan querido eliminar a la comunidad jesuita del país. Como sí sucedió por el otro lado, con los alcaldes por ejemplo.
Primero, este delito no cabe dentro de la figura de lesa humanidad y por lo tanto debería estar excluido, tiene un periodo de prescripción y este delito ya hubiera prescrito para ser judicializado. La misma FGR ha dicho que debe de denegarse la extradición.
No debería de afectar en absoluto, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía al tema de extradición de los militares del caso jesuitas. Y no debería de tener una incidencia directa el hecho de que la sala haya declarado inconstitucional la ley de amnistía.
Pero hay un tema que hace mención la sala en su resolución y es la reparación civil, estos casos también tendrían aparejada a la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y por lo tanto, la víctima estaría con el derecho a solicitar una indemnización como reparación de ese hecho que ocurrió.
¿Cómo funcionaría esto?
Eso tendrá que decidirlo un tribunal, la cuantía de la indemnización, si es que da a lugar esa cuestión.
Con la eliminación de la ley de amnistía, entra en vigencia la Ley de Reconciliación Nacional, ¿en qué se diferencia de la ley recién eliminada?
Al quedar vigente aquella norma, se le da vida jurídica a la ley de reconciliación. Esta ley que es preámbulo de la ley de amnistía, sirvió de base para que aquellos que estaban alzados en armas, pudieran ingresar al país y reinsertarse a la sociedad, también para que pudieran participar de procesos públicos, políticos y es el principal beneficio que trae esa ley, esa ley, también excluía de alguna forma de una amnistía a aquellos delitos graves que hubieran ocurrido durante el conflicto.
Una diputada del FMLN, dijo que la eliminación de la ley afecta solo al ejército. ¿Quiénes entonces son los afectados?
Ambos bandos. Si hoy, cualquier familiar se sienta afectado porque murió un familiar en la guerra, puede ir a demandar a alguien que lo cometió ya sea del ejército o de la ex guerrilla, aquí nadie está exento de poder ser judicializado por hechos cometidos durante la guerra.
También dijo que no violaron los derechos humanos durante la guerra.
Ya se le olvidó que participó de la guerra, todos sabemos que ellos cometieron graves violaciones a los derechos humanos ahí está el tema de los asesinatos de los alcaldes, de funcionarios, empresarios, una serie de atrocidades.
¿Hasta funcionarios públicos pueden ser procesados?
Nadie se salva, desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario que estuvo en la guerra, no está exento de que se judicialice un caso, en el cual se le atribuya responsabilidad durante el conflicto armado.
¿Cuál será el principal reto?
El principal reto que nos pone a nosotros esta declaratoria de inconstitucionalidad como nación, es encontrar el camino a una verdadera paz. Y que no nos vuelva al pasado.
Lo que debemos encontrar son mecanismos que nos permitan volver a encontrarnos en esta reconciliación y despolarizar a esta sociedad que nos tiene hundidos.
¿Cree que habría cambios en la política por esta anulación?
No lo vislumbro.
Legal
Consejo Nacional de la Judicatura analizará implicaciones legales de la tokenización de activos
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de El Salvador realizará una videoconferencia sobre los efectos legales de la tokenización de activos y los retos que plantea esta tecnología.
La actividad se desarrollará el 28 de agosto de 2026, de 10:00 de la mañana al mediodía.
La conferencia forma parte de las actividades de regulación digital impulsadas por el organismo encargado de apoyar la formación de funcionarios judiciales.
La sesión abordará el marco legal de los activos digitales
La videoconferencia se denomina “Implicaciones jurídicas de la tokenización de activos”.
Durante la jornada, los participantes analizarán el marco legal establecido por la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador.
Además, la actividad abordará la relación entre los activos tokenizados y los derechos de propiedad.
Otro de los temas será el uso de smart contracts, o contratos inteligentes, y su validez dentro del derecho civil.
La sesión busca analizar los desafíos jurídicos que surgen cuando bienes o derechos se representan mediante tokens digitales.
Especialista de la Escuela de Capacitación Judicial dirigirá la actividad
La ponencia estará a cargo de la doctora Reyna Verónica Jaime Bermúdez, capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”.
La actividad está dirigida a analizar los cambios que introduce la tecnología digital en las relaciones jurídicas.
Además, permitirá revisar los posibles efectos de la tokenización sobre la propiedad y los derechos reales.
La inscripción continúa abierta
El Consejo Nacional de la Judicatura habilitó un proceso de inscripción para participar en la videoconferencia.
La actividad se realizará en línea y forma parte de la agenda de formación relacionada con regulación digital (para inscripción: https://tinyurl.com/2y94r4h2)
El encuentro permitirá abordar cómo el marco jurídico salvadoreño responde a nuevas formas de representar activos y ejecutar acuerdos mediante tecnología digital.
La Fiscalía General de la República de El Salvador mantiene una campaña en redes sociales para prevenir y rechazar actos de soborno dentro de la institución.
La entidad señala que la ética y la transparencia forman parte de sus principios. Además, reafirma su compromiso de prevenir prácticas de corrupción en sus procesos internos.
Canal para reportar posibles irregularidades
Como parte de la campaña antisobornos, la Fiscalía invita a informar sobre cualquier intento o acto de soborno relacionado con los procesos de compras públicas.
La institución habilitó el correo avisoantisoborno@fgr.gob.sv para recibir estos reportes. Según el mensaje difundido, la Fiscalía garantiza el anonimato de las personas que presenten una denuncia.
De esta forma, el mecanismo busca facilitar la comunicación de posibles irregularidades sin exponer la identidad de quienes proporcionen información.
Compras públicas bajo vigilancia
La campaña pone especial atención en los procesos de compras públicas, un área en la que pueden surgir intentos de soborno o prácticas contrarias a las normas de transparencia.
La Fiscalía pide a quienes conozcan un caso que utilicen el canal habilitado para comunicarlo. El llamado forma parte de las acciones institucionales para prevenir actos de corrupción.
Además, la entidad mantiene información sobre su política antisoborno en su sitio web oficial.
La Fiscalía promueve la denuncia
Con esta campaña, la Fiscalía busca reforzar el conocimiento de sus mecanismos para reportar posibles actos de soborno. La institución también destaca la importancia de la participación ciudadana para detectar irregularidades.
El mensaje difundido en redes sociales pregunta a los usuarios si conocen algún caso y los remite al correo habilitado.
Su campaña se enfoca en promover controles y canales de denuncia frente a posibles prácticas de corrupción.
Legal
El Salvador impulsa el desarrollo económico y jurídico en congreso de Derecho Privado, Arbitraje e Inversión
El Primer Congreso Salvadoreño de Derecho Privado, Arbitraje e Inversión reunió a profesionales del sector legal para analizar las tendencias normativas que impactan el desarrollo económico de la región.
La organización profesional Abogados Red coordinó el foro académico con el objetivo de brindar herramientas prácticas ante los cambios del derecho mercantil y corporativo.
Durante la jornada, especialistas locales e internacionales abordaron temas clave para el fortalecimiento del marco regulatorio e impulsaron un espacio de reflexión técnica.
El encuentro buscó promover el intercambio de conocimientos para dinamizar el clima de negocios y la certeza jurídica.
El Poder Judicial respalda el espacio de intercambio jurídico
La Corte Suprema de Justicia participó en la la actividad con la presentación de su presidente, Henry Alexander Mejía, y magistrados de diversas salas. El máximo tribunal apoyó la iniciativa como un mecanismo directo para capacitar de forma continua a los administradores de justicia del país.
En sus palabras de apertura, el titular de la institución judicial llamó a transformar las ponencias en herramientas útiles para el progreso del país. El funcionario destacó la urgencia de fomentar el diálogo entre las dependencias del Estado y los distintos sectores sociales.
Exposiciones magistrales fortalecen la resolución de disputas comerciales
El programa del simposio incluyó la presentación de estudios comparados a cargo de altas autoridades judiciales.
La magistrada de la Sala de lo Civil, Lidia Patricia Castillo Amaya, impartió una ponencia enfocada en las tendencias del recurso de casación civil en Iberoamérica.
Asimismo, representantes de las salas de lo Constitucional, Civil y Penal asistieron al debate técnico para actualizar los criterios jurisprudenciales en materia mercantil y contractual.
Estas ponencias brindaron insumos clave para consolidar un sistema de justicia moderno y dar respuestas oportunas a las demandas del mercado.
Legal
¿Interesado en realizar el examen de notariado? La Corte Suprema le recuerda a los abogados los requisitos para la prueba
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ya promociona el examen de notariado 2026. La evaluación está dirigida a abogados que buscan ejercer la función pública del notariado.
La institución publicó los requisitos que deberán cumplir los profesionales interesados. Además, recordó que los aspirantes deben contar con las condiciones técnicas necesarias para realizar la prueba.
Estos son los requisitos para participar
Para realizar el examen de notariado 2026, los aspirantes deben cumplir varias condiciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia.
Entre los requisitos se encuentran los siguientes:
- Ser salvadoreño o centroamericano, según las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley de Notariado.
- Ser abogado autorizado.
- No estar suspendido ni inhabilitado para ejercer la profesión.
- Poseer la nueva Tarjeta de Identificación de Abogacía.
- Contar con equipo de cómputo con cámara y micrófono.
- Mantener una conexión estable a internet durante toda la evaluación.
- Disponer de una velocidad mínima de internet de 10 megabits por segundo.
- Además, la Corte Suprema recomienda revisar toda la información oficial antes de iniciar el proceso de inscripción.
La prueba se realiza en modalidad virtual
El Examen de Notariado, también conocido como Prueba de Suficiencia para el Ejercicio de la Función Pública del Notariado, evalúa los conocimientos de los abogados que buscan obtener el fiat de notario.
Desde 2021, la evaluación se desarrolla de manera virtual. Asimismo, los aspirantes deben completar previamente un simulacro obligatorio.
La prueba aborda contenidos relacionados con legislación notarial, derecho civil, derecho mercantil y formalidades aplicables a los actos jurídicos.
La nota mínima histórica para aprobar la evaluación se sitúa en 7.0 sobre 10.0.
Los resultados recientes muestran una alta exigencia
Los resultados de las últimas ediciones reflejan un bajo porcentaje de aprobación.
En 2021 aprobó el 1.78 % de los participantes. En 2022, el porcentaje llegó al 7.93 %.
Después, la aprobación alcanzó el 5.67 % en 2023 y el 10.26 % en 2024. En 2025, el resultado volvió a bajar hasta el 5.33 %.
Así, el promedio histórico de aprobación durante la modalidad virtual se mantiene alrededor del 5 % al 6 %.
Más de 7,000 abogados realizaron la prueba en 2025
La edición de 2025 se realizó los días 6 y 7 de diciembre. Según los datos presentados ante la Corte Plena, 9,505 abogados iniciaron el proceso.
Sin embargo, 7,496 profesionales llegaron a la evaluación tras cumplir con el simulacro previo.
De ese grupo, 418 abogados aprobaron la prueba. La cifra representó el 5.33 % de quienes realizaron el examen.
En contraste, 6,971 profesionales no alcanzaron la nota requerida. La calificación promedio general fue de 4.22.
La nota más alta registrada alcanzó 9.0.
La Universidad de El Salvador obtuvo el mayor número de profesionales aprobados. En total, 121 de sus graduados superaron la evaluación de 2025.
Dónde consultar la información oficial
La Corte Suprema de Justicia indicó que los interesados deben consultar la información correspondiente dentro de su Expediente Electrónico Único de Abogados.
También puso a disposición el portal institucional para conocer los detalles del proceso y los requisitos de inscripción.
Los abogados interesados en realizar el examen de notariado 2026 deben verificar directamente la información oficial antes de completar su registro.
Más información: servicios.csj.gob.sv
Legal
El Salvador cierra primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario con agenda de regulación y salud
El Salvador concluyó este miércoles el Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario, centrado en innovación, regulación y nuevos desafíos para el sistema de salud.
El encuentro fue organizado por la Superintendencia de Regulación Sanitaria y reunió a expertos nacionales e internacionales.
La actividad abordó temas jurídicos, científicos y tecnológicos relacionados con la regulación sanitaria y el derecho a la salud.
Además, participaron autoridades de la Corte Suprema de Justicia y especialistas en distintas áreas vinculadas con el sector.
Autoridades judiciales destacan el vínculo entre ciencia y justicia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, participó en el congreso.
También asistió el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez.
Mejía señaló que el encuentro permitió ampliar el diálogo sobre el derecho sanitario y sus nuevos desafíos.
Además, destacó la importancia de acercar a los administradores de justicia a los avances científicos, tecnológicos y regulatorios.
Según el magistrado, la Corte Suprema continuará promoviendo alianzas para responder a las nuevas realidades del sector sanitario.
La inteligencia artificial entra en el debate regulatorio
Durante el congreso, Mejía moderó un panel sobre el uso de software como dispositivo médico.
Expertos analizaron las implicaciones y desafíos que plantea esta tecnología dentro del ámbito sanitario.
La agenda también incluyó temas relacionados con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Asimismo, los especialistas abordaron la regulación de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y productos veterinarios.
Estos temas reflejan el alcance que las autoridades buscan dar al derecho sanitario en El Salvador.
La regulación sanitaria busca ampliar su alcance
El superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García, planteó la necesidad de consolidar el derecho sanitario como una disciplina.
Según García, esta área involucra tanto a profesionales del derecho como a especialistas del sector salud.
También señaló que las conclusiones del congreso podrían contribuir a futuras reformas sanitarias.
El funcionario explicó que la regulación debe proteger el derecho a la salud de toda la población.
Por ello, planteó ampliar el enfoque más allá de la relación entre médicos y pacientes.
Medicamentos, alimentos y dispositivos forman parte del debate
García señaló que la regulación sanitaria incluye productos y actividades que pueden influir en la salud pública.
Entre ellos mencionó medicamentos, cosméticos, productos higiénicos y dispositivos médicos.
También incluyó alimentos, bebidas, tabaco, alcohol e insumos de uso agropecuario.
Además, destacó la regulación de productos y dispositivos destinados al ámbito veterinario.
“Es necesario que El Salvador redefina qué debemos entender por derecho sanitario, pero también redefinir los principios, porque al derecho sanitario no únicamente le corresponde regular la relación médico – paciente, le corresponde regular el derecho a la salud de la población y el derecho a la salud es la regulación de todos los productos que inciden en la salud, todos los establecimientos, todas las actividades desde medicamentos cosméticos, higiénicos, dispositivos médicos de uso humano, de uso veterinario, alimentos, bebidas, tabaco, alcohol y insumos de uso agropecuario”, dijo García.
El funcionario sostuvo que estos sectores requieren normas para garantizar una protección integral de la salud.
El congreso busca fortalecer el sistema regulatorio
El encuentro reunió a especialistas de distintas áreas para compartir conocimientos y experiencias.
Además, la organización planteó fortalecer capacidades y establecer nuevas alianzas en materia de regulación sanitaria.
La agenda incluyó participación nacional e internacional en temas científicos, jurídicos y tecnológicos.
Según García, uno de los objetivos consiste en definir con mayor precisión el alcance del derecho sanitario.
Las conclusiones del congreso podrían servir como referencia para futuras acciones y propuestas dentro del sistema regulatorio salvadoreño.
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