Legal
Análisis sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General
El pasado miércoles fue un día trascendental en la historia del país, la Sala de lo Constitucional notificó dos sentencias de inconstitucionalidad y una medida cautelar en un mismo día, hecho que ha generado múltiples opiniones en diferentes sectores del país.
La sentencia que más impactó fue la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General aprobada en 1993, la cual concedía amnistía a personas tanto del gobierno como de la guerrilla que hubiesen cometido delitos políticos, comunes conexos con estos y delitos cometidos antes del 01 de enero de 1992.
Para comprender la magnitud de dicha resolución, entrevistamos a Carlos Guzmán, abogado en libre ejercicio y presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES). El abogado cuestiona la manera en que se han dictado dichas resoluciones y considera que pudiera haber intereses de ciertos sectores.
Vale mencionar que esta entrevista la brindó el Lic. Guzmán, antes de que se conociera la sentencia completa de la Ley de Amnistía General que fue publicada ayer por la tarde (jueves), hasta este momento solo se tenía conocimiento del comunicado de prensa que había publicado la Sala de lo Constitucional.
¿Causa un beneficio la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General?
Efectivamente, la Sala de lo Constitucional hizo saber a través de un comunicado a la nación, que había tomado una decisión en un proceso de inconstitucionalidad que comenzó hace dos años prácticamente y que ahora aborda una decisión.
Para que todo proceso de inconstitucionalidad tome una decisión se necesita de cuatro de cinco votos de magistrados que componen la sala. Esta decisión fue tomada por los magistrados Florentín Meléndez, Sídney Blanco, Rodolfo González y un magistrado suplente, Eliseo Ortiz. Y un voto disidente del magistrado Belarmino Jaime.
Mencionaré tres aspectos relevantes de destacar:
Primero, parto por la forma que fue tomada esta decisión. Me parece extraño que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien a su vez es presidente del Órgano Judicial, que el presidente de la Sala de lo Constitucional no haya integrado para esta decisión tan trascendental para el país, y por lo tanto no haya acudido con su voto, sino que hayan tenido que nombrar a un magistrado suplente, eso ya me parece una situación que llama la atención. Para mí es una llamada de atención, el por qué en una decisión tan trascendental no esté el presidente de la CSJ.
Segunda llamada de atención que yo hago a esto es, ¿cómo es posible que habiendo solicitado ser separado del caso de inconstitucionalidad, uno de los magistrados por estar comprometido o sentir comprometida su imparcialidad en este proceso y precisamente, porque él fue fiscal del caso jesuitas y después fue acusador particular en el caso jesuitas que no es cualquier caso, es el caso quizás más emblemático de todos los que aparecen mencionados en el dictamen de la Comisión de la Verdad, venga la Sala de lo Constitucional y lo reincorpore al proceso? Son cosas que llaman la atención y que la sala deberá aclarar en su momento, por qué razones se dieron estas circunstancias.
Y lo tercero, es que se da esta decisión en momentos antes de que la corte plena tome una decisión sobre otro tema que está muy relacionado, que es sobre la petición del reino de España de la extradición de los militares. Todo esto es bien confuso, incluso hasta oscuro llamaría yo, por qué se da este tema. ¿Cuál era la urgencia para que la sala comunicara esta decisión a la nación sin tener siquiera el texto íntegro de la sentencia?
¿Cree que habría intereses políticos?
Es que no hay otra explicación lógica que podamos abordar, que desde el punto de vista jurídico para mí, está muy claro esto.
Nos podría mencionar ¿qué implicaciones tiene la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General?
La ley de Amnistía como tal, de alguna forma para bien o para mal contribuyó para que el país pasara de la guerra a transitar a un momento de reconciliación, de incorporación y de construir una nueva democracia en el país.
En donde los principales líderes de los dos grupos que se enfrentaron: la fuerza armada de un lado, y por el otro la ex guerrilla pudieran reconciliarse e iniciar una nueva etapa en el país. Hoy declarada inconstitucional, 23 años después, esta ley de amnistía nos pone otra vez en un retroceso, en el momento como si estuviéramos ahora firmando los acuerdos de paz.
Si nos retrocedemos a la firma de los Acuerdos de Paz, ¿habrían firmado, a la luz de saber que cualquiera de los firmantes y de los que participaron, que luego estarían en el banquillo de los acusados? No sé si eso se hubiera dado en la forma en que finalmente se dio en 1992.
La sentencia recoge que los casos que aparecen mencionados en la Comisión de la Verdad, dice estos casos deben ser judicializados porque son crímenes de guerra o de lesa humanidad. El que lo diga la CSJ de esta forma, pone en evidencia que estos 32 casos que fueron investigados por la Comisión de la Verdad, que no fueron los únicos, tuvo una serie de casos en su mesa para discutir y finalmente abordó estos 32 y los consideró los más relevantes de todo este conflicto armado sucedido.
¿Quién va a calificar de lesa humanidad en estos casos?
Esto los tiene que calificar un juez, un tribunal que se le someta a consideración estos procesos.
¿Cuándo se incorporó la figura de lesa humanidad en nuestra legislación?
Fue hasta 1998 en el Código Penal y se da una serie de requisitos que debe de contener de ese hecho para que sea calificado de lesa humanidad.
¿Cuál sería el proceso?
Tendrá que pasar una evaluación previa de esa calificación, esto no puede ser de forma automática, particularmente el caso jesuitas, porque ya fue judicializado en El Salvador, varias veces. Por lo tanto, ¿qué pasaría con este caso?, ¿vamos a ir a un doble juzgamiento o triple juzgamiento? Esto no puede ser.
En este caso, debemos de respetar el ordenamiento jurídico y la Constitución de la República prohíbe el doble juzgamiento, ya estas personas fueron juzgadas, casi todas las que aparecen ahí en ese informe de la comisión.
Creemos que el caso jesuitas no tendría mayor relevancia, ni mayor incidencia de esta situación. ¿Pero qué va a pasar con los demás casos? Un familiar de algunas de las víctimas de la guerra ya sea de un lado o de otro, podría solicitar a la Fiscalía General de la República que abra una investigación de este caso porque necesita conocer la verdad.
¿Cómo quedaría la situación de los militares que España pide se extraditen por los asesinatos de los jesuitas?
El argumento central en el proceso de extradición, no es ni por cerca la ley de amnistía. Este tema, lo hemos dejado ahí, como un argumento bastante secundario. Hay otros argumentos que están por encima de esto para declarar el no a la extradición.
Aparte que estos cuatro militares que están detenidos de forma ilegal, ya fueron juzgados. Está el tema de lesa humanidad, este delito no cae en lesa humanidad.
¿Cómo son los delitos contemplados como de lesa humanidad?
Debe reunir distintos requisitos: que el homicidio haya sido ordenado de forma sistemática y esto para nada, y ha sido abordado como si estos militares hayan querido eliminar a la comunidad jesuita del país. Como sí sucedió por el otro lado, con los alcaldes por ejemplo.
Primero, este delito no cabe dentro de la figura de lesa humanidad y por lo tanto debería estar excluido, tiene un periodo de prescripción y este delito ya hubiera prescrito para ser judicializado. La misma FGR ha dicho que debe de denegarse la extradición.
No debería de afectar en absoluto, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía al tema de extradición de los militares del caso jesuitas. Y no debería de tener una incidencia directa el hecho de que la sala haya declarado inconstitucional la ley de amnistía.
Pero hay un tema que hace mención la sala en su resolución y es la reparación civil, estos casos también tendrían aparejada a la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y por lo tanto, la víctima estaría con el derecho a solicitar una indemnización como reparación de ese hecho que ocurrió.
¿Cómo funcionaría esto?
Eso tendrá que decidirlo un tribunal, la cuantía de la indemnización, si es que da a lugar esa cuestión.
Con la eliminación de la ley de amnistía, entra en vigencia la Ley de Reconciliación Nacional, ¿en qué se diferencia de la ley recién eliminada?
Al quedar vigente aquella norma, se le da vida jurídica a la ley de reconciliación. Esta ley que es preámbulo de la ley de amnistía, sirvió de base para que aquellos que estaban alzados en armas, pudieran ingresar al país y reinsertarse a la sociedad, también para que pudieran participar de procesos públicos, políticos y es el principal beneficio que trae esa ley, esa ley, también excluía de alguna forma de una amnistía a aquellos delitos graves que hubieran ocurrido durante el conflicto.
Una diputada del FMLN, dijo que la eliminación de la ley afecta solo al ejército. ¿Quiénes entonces son los afectados?
Ambos bandos. Si hoy, cualquier familiar se sienta afectado porque murió un familiar en la guerra, puede ir a demandar a alguien que lo cometió ya sea del ejército o de la ex guerrilla, aquí nadie está exento de poder ser judicializado por hechos cometidos durante la guerra.
También dijo que no violaron los derechos humanos durante la guerra.
Ya se le olvidó que participó de la guerra, todos sabemos que ellos cometieron graves violaciones a los derechos humanos ahí está el tema de los asesinatos de los alcaldes, de funcionarios, empresarios, una serie de atrocidades.
¿Hasta funcionarios públicos pueden ser procesados?
Nadie se salva, desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario que estuvo en la guerra, no está exento de que se judicialice un caso, en el cual se le atribuya responsabilidad durante el conflicto armado.
¿Cuál será el principal reto?
El principal reto que nos pone a nosotros esta declaratoria de inconstitucionalidad como nación, es encontrar el camino a una verdadera paz. Y que no nos vuelva al pasado.
Lo que debemos encontrar son mecanismos que nos permitan volver a encontrarnos en esta reconciliación y despolarizar a esta sociedad que nos tiene hundidos.
¿Cree que habría cambios en la política por esta anulación?
No lo vislumbro.
Legal
Simple Legal Consulting (SLC) presenta su oferta a bufetes e inversionistas salvadoreños interesados en Costa Rica
Imagen principal: Herman Duarte, fundador de Simle Legal Consulting, en la oficina de la firma en Lindora, Costa Rica. Fotografía: @TimelessbyFernando.
Con una práctica consolidada y una nueva oficina en Lindora, Costa Rica, la firma boutique fundada por el abogado salvadoreño (y ahora también, costarricense) Herman Duarte ofrece asesoría integrada para clientes privados, familias, empresarios e inversionistas interesados en residir, diversificar activos o desarrollar negocios en el país.
Simple Legal Consulting (SLC) inicia una nueva etapa desde su sede en Futura Business & Plaza, en Lindora. La oficina amplía la capacidad de una práctica que atiende decisiones migratorias, inmobiliarias, corporativas, bancarias y patrimoniales para clientes con
intereses en Costa Rica. Su apertura, reseñada por Forbes Centroamérica, no constituye el comienzo de la firma, sino la expresión visible de una organización construida durante años, cliente por cliente y asunto por asunto.
Una organización con rumbo claro
Duarte trabajó durante 5 años en Batalla Abogados, 3 años en Fundación Igualitxs, antes de fundar SLC en 2021. Es graduado de ESEN, obtuvo un LL.M. en International Commercial Arbitration Law en Stockholm University y cursó un MSc en Human Rights and Politics en la London School of Economics como becario Chevening. Esa combinación de experiencia empresarial, estrategia jurídica y comprensión humana terminó dando forma a una firma enfocada en clientes privados.
Hoy SLC trabaja con personas, familias y empresarios de Estados Unidos, Canadá, de países europeos y América Latina. La firma ha acompañado cientos de procesos migratorios y ha ampliado su práctica hacia inversión inmobiliaria, estructuración corporativa, cumplimiento, documentación bancaria y solución de controversias. La confianza en esta nueva etapa no descansa en una promesa de éxito, sino en una propuesta probada, procesos ordenados y claridad sobre el cliente al que la organización desea servir.
Perseverar también significa corregir
La evolución no fue lineal. Duarte ensayó distintos proyectos, conceptos y modelos de práctica legal. Algunos no encontraron suficiente mercado y otros tuvieron que cambiar. La enseñanza empresarial fue decisiva: perseverar no significa repetir indefinidamente una idea
que no funciona. Significa conservar el propósito, escuchar lo que la gente necesita y ajustar la oferta sin renunciar a la ética
“Hoy sabemos quiénes somos, qué ofrecemos y a quién queremos ayudar.
Esa claridad nos permite mirar el futuro de SLC con seguridad”.Confianza, inversión y movilidad: Costa Rica como plataforma complementaria
Para empresarios y familias salvadoreñas, Costa Rica puede representar una segunda residencia (basta ver el Grupo Poma como tiene operaciones igual o hasta más fuertes en el país como un termómetro de ser un gran lugar para invertir), una jurisdicción complementaria o una base para nuevos proyectos. La oportunidad requiere planificación, documentación y cumplimiento; y Simple Legal Consulting (SLC) esta disponible para ayudarle.
El interés empresarial en Costa Rica tiene una base concreta. Según el Ministerio de Comercio Exterior, el país superó los US$5.000 millones en inversión extranjera directa durante 2025 por segundo año consecutivo, con actividad relevante en zonas francas, turismo, inmobiliario y empresas del régimen definitivo.
Para Duarte, esta posibilidad no compite con la modernización de El Salvador. Permite que sus empresarios piensen regionalmente y evalúen cómo diversificar una parte de sus proyectos o patrimonio, de la mano con una firma con profesionales honrados, técnicos y profesionales.
Residencia y movilidad
Evaluación de opciones migratorias como rentista, inversionista, pensionado o nómada digital, además de planificación documental, presentación, seguimiento y coordinación de las etapas necesarias para establecerse en Costa Rica. Un plan B nunca viene mal.
Inversión inmobiliaria y patrimonial
Debida diligencia sobre propiedades, titularidad, gravámenes, planos, situación municipal, contratos y cierres. La planificación patrimonial se estructura conforme a la legislación aplicable, las obligaciones fiscales y los deberes de transparencia. Una guía de compra puede verse en su website.
Expansión corporativa y cumplimiento
Constitución de sociedades con tan solo llenar un formulario, contratos, permisos, gobierno corporativo y mantenimiento legal. El objetivo es que la estructura sirva al negocio y se mantenga lista para operar, invertir o sostener activos.
Banca y origen de fondos
Apoyo en la preparación documental y coordinación con entidades bancarias, contadores y otros profesionales. Toda apertura o
transacción permanece sujeta a las políticas de conocimiento del cliente y aprobación de cada institución.
Una contraparte para abogados salvadoreños
SLC también puede actuar como asesor local en Costa Rica para firmas y abogados salvadoreños cuyos clientes necesitan apoyo migratorio, inmobiliario, corporativo, bancario o contencioso. La coordinación busca respetar la relación profesional de origen, mantener informado al asesor remitente y resolver localmente lo que exige conocimiento del sistema costarricense.
SLC ofrece reuniones de cortesía, que pueden agendar automáticamente en este enlace: Reunión con Herman Duarte.
El apellido como responsabilidad
La cultura de la firma también está vinculada con las raíces de Duarte. En la familia Duarte Schlageter, explica, conservar el apellido significa cuidar la palabra y responder por la calidad del propio trabajo. Su abuelo Rolando Duarte le inculcó que la honradez no es una declaración, sino una conducta diaria.
Duarte reconoce esa misma ética en sus padres, hermano, tíos, primos y familiares, y considera que ejercer en otro país aumenta la responsabilidad de proteger ese buen nombre, y justamente eso lo ha motivado a no tirar la toalla, y tener esa esperanza que aunque hoy este oscuro, mañana vuelve a salir el sol. La esperanza es lo último que se pierde.
“En nuestra familia, el apellido no es un privilegio. Es la responsabilidad de ser honrados, cumplir la palabra y hacer bien el trabajo”.
Legal
Capacitan a operadores de justicia para fortalecer el abordaje de la violencia digital contra las mujeres
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inauguró este lunes un proceso de formación especializado sobre el abordaje de la violencia digital contra las mujeres desde un enfoque de derechos humanos.
La capacitación se desarrolla en coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y cuenta con el apoyo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
Además, la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, por medio de su Unidad de Género, impulsa la iniciativa para fortalecer las capacidades de los operadores judiciales.
El programa está dirigido a personal de Juzgados de Paz, de Familia, especializados en violencia contra las mujeres, así como de Niñez y Adolescencia.
Formación incorpora medidas de protección y autocuidado digital
Durante la inauguración, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, señaló que el proceso busca dotar a los operadores de justicia de herramientas para mejorar la atención de las víctimas.
Según explicó, la capacitación incluye contenidos sobre autocuidado digital, protección efectiva de las personas afectadas y actuaciones judiciales con enfoque técnico y centrado en la dignidad humana.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer una justicia más eficiente y orientada a garantizar los derechos de las personas frente a las nuevas formas de violencia que surgen en los entornos digitales.
Magistrados e instituciones respaldan la iniciativa
En la actividad participaron magistrados de las salas de lo Constitucional, lo Civil, lo Penal y lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
También asistieron representantes del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, así como de ORMUSA.
Las instituciones, de acuerdo a la información oficial, buscan fortalecer la respuesta del sistema judicial ante los casos de violencia digital contra las mujeres y promover la aplicación de estándares de derechos humanos en las decisiones judiciales.
Legal
Corte Suprema de Justicia capacita a personal de Psicología para fortalecer la atención psicosocial y familiar
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador realizó una jornada de capacitación dirigida al personal de Psicología que trabaja en los Juzgados de Familia, los Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia y los Centros de Atención Psicosocial.
La actividad buscó fortalecer las capacidades de los profesionales mediante el entrenamiento “Fortalecimiento de herramientas educativas para la atención psicosocial y familiar”, con el objetivo de mejorar la atención que brindan a las personas usuarias del sistema judicial.
Formación busca mejorar la respuesta ante casos sociales complejos
Durante la inauguración participó el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Miguel Elías Martínez Cortez.
El funcionario explicó que la iniciativa pretende dotar al personal de herramientas educativas prácticas, accesibles y de fácil aplicación. Además, indicó que estos recursos complementarán el trabajo que realizan diariamente en los distintos espacios de atención.
Según el magistrado, el propósito es ofrecer una respuesta más eficiente y ajustada a las necesidades de las personas que acuden a los servicios del Órgano Judicial.
Entrenamiento aborda prevención, derechos humanos y educación en valores
La capacitación reforzó las acciones de orientación, acompañamiento e intervención que desarrolla el personal de Psicología con personas que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar y otros desafíos sociales.
Como parte del programa, los participantes recibieron formación en tres áreas. La primera correspondió a “El camino a la felicidad”, enfocada en educación en valores.
La segunda capacitación fue “Unidos por los derechos humanos”, orientada a promover el conocimiento de los derechos fundamentales.
Finalmente, el personal participó en el programa “La verdad sobre las drogas”, dirigido a fortalecer las estrategias de prevención del consumo de sustancias.
Con esta jornada, la Corte Suprema de Justicia busca ampliar las competencias técnicas de los equipos de Psicología que brindan atención psicosocial y familiar en las distintas dependencias judiciales del país.
Legal
Corte Suprema y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo firman convenio para modernizar el sistema judicial
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un convenio de cooperación para impulsar la transformación y modernización del sistema de justicia del país mediante el uso de tecnología, innovación y fortalecimiento institucional.
El acuerdo busca promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para mejorar la gestión judicial y acelerar los procesos de digitalización dentro del Órgano Judicial.
Prioriza herramientas digitales para agilizar procesos
Como parte de la cooperación, ambas instituciones trabajarán en proyectos orientados a la digitalización de expedientes y la modernización de la gestión documental.
Además, desarrollarán iniciativas para fortalecer los sistemas internos del Órgano Judicial con el propósito de optimizar los procesos administrativos y mejorar la prestación de los servicios de justicia.
Las acciones también contemplan el intercambio de experiencias y metodologías que contribuyan a modernizar la administración judicial.
Iniciativa ampliará el acceso a la justicia en zonas alejadas
El convenio incluye apoyo al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, un programa que busca acercar los servicios de justicia a comunidades de difícil acceso.
Con este respaldo, las instituciones pretenden fortalecer la atención a la población mediante mecanismos que faciliten la orientación y el acceso a los servicios judiciales en diferentes territorios del país.
Cooperación refuerza el desarrollo institucional
La Corte Suprema de Justicia y el PNUD señalaron que el convenio reafirma el compromiso de ambas entidades con el fortalecimiento institucional del sistema judicial salvadoreño.
Según las instituciones, la cooperación contribuirá a consolidar una administración de justicia más moderna, eficiente, transparente, inclusiva y cercana a la ciudadanía mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos y el fortalecimiento de las capacidades del Órgano Judicial.
Legal
Corte Suprema y Corte de Cuentas lanzan diplomado para fortalecer la formación de jueces penales
Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR) pusieron en marcha el programa especializado en interpretación y valoración probatoria del proceso de fiscalización de la CCR, dirigido a funcionarios judiciales de la jurisdicción penal.
El diplomado tiene como objetivo reforzar las competencias técnicas y prácticas para analizar e interpretar los procesos de fiscalización, con énfasis en las auditorías gubernamentales.
Además, busca proporcionar herramientas especializadas que contribuyan a una administración de justicia más técnica y fundamentada.
La formación se desarrollará durante cuatro meses
El programa académico comprende cinco módulos que se impartirán entre julio y octubre de 2026.
Las jornadas abordarán aspectos relacionados con la interpretación y valoración de la prueba derivada de los procesos de fiscalización, una materia que las instituciones consideran relevante para el trabajo de los operadores de justicia en el ámbito penal.
La iniciativa forma parte de un convenio de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas.
Autoridades destacan el trabajo conjunto entre ambas instituciones
Durante la inauguración, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, afirmó que el diplomado representa uno de los resultados del acuerdo de cooperación suscrito entre ambas entidades.
Según el magistrado, el proyecto busca fortalecer la formación continua de jueces y personal técnico para contribuir a una justicia más eficiente, técnica y objetiva.
En el acto participaron los magistrados de la Sala de lo Penal Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, Sandra Luz Chicas de Fuentes y Roberto Carlos Calderón Escobar. También asistió el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Salvador Sosa, junto con representantes y personal técnico de ambas instituciones.
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