El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) de El Salvador acordaron trabajar de forma conjunta para modernizar procesos y fortalecer la gestión pública.

Ambas instituciones formalizaron la cooperación mediante una Carta de Entendimiento que incluye capacitación, intercambio técnico y desarrollo de herramientas para mejorar los procesos normativos y administrativos.

Capacitación abordará nuevas herramientas de gestión

El acuerdo permitirá que funcionarios y empleados del CNJ reciban formación en áreas vinculadas con la mejora regulatoria.

Entre ellas figura el análisis de impacto regulatorio, una herramienta que permite evaluar los posibles efectos de nuevas normas antes de su aplicación.

También contempla capacitación sobre herramientas tecnológicas y modernización de procesos.

El personal del CNJ y de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” podrá incorporarse a actividades formativas organizadas por el OMR.

También habrá intercambio entre ambas instituciones
La cooperación no se limitará a programas de capacitación. El documento contempla talleres, jornadas técnicas y espacios académicos para compartir experiencias.

Además, ambas entidades podrán intercambiar metodologías, documentación y buenas prácticas relacionadas con sus áreas de trabajo.

El CNJ también facilitará que servidores del OMR participen en las actividades académicas de su Escuela de Capacitación Judicial.

Estas acciones podrán desarrollarse de forma presencial, virtual o híbrida, según la planificación de cada institución.

Acuerdo incorpora herramientas para procesos digitales

La Carta de Entendimiento incluye además proyectos de innovación tecnológica y programas de enseñanza.

Uno de los puntos contempla la acreditación de personal del CNJ para utilizar el sistema “DiagramadorSV”, disponible en la plataforma “SIMEJORA”.

La herramienta forma parte de las iniciativas vinculadas con la modernización de procesos y la gestión regulatoria.

El acuerdo fue firmado por el presidente del CNJ, Miguel Ángel Calero Ángel, y la directora ejecutiva del OMR, Mariana Carolina Gómez Vásquez.
Con este entendimiento, las dos instituciones establecen un marco para desarrollar nuevas actividades técnicas y formativas, de acuerdo con sus planes y recursos disponibles.

El Mundial Juvenil de Surf 2026 genera actividad turística y económica en la zona costera de El Salvador, con la llegada de atletas, delegaciones y visitantes.

El Surf City El Salvador ISA World Junior Surfing Championship reúne a jóvenes surfistas de distintos países en el entorno de El Sunzal.

Según la ministra de Turismo, Morena Valdez, la competencia contribuye al posicionamiento internacional del país como destino para el deporte y el turismo.

La ocupación hotelera alzanza el 100 %

La funcionaria informó que los hoteles de la zona donde se desarrolla el campeonato registran una ocupación del 100 %.

Además, señaló que los eventos internacionales han incrementado las visitas de turistas y la llegada de atletas al país.

El director de Surf City, Alejo Campos, destacó también el movimiento económico que generan estos torneos en las comunidades costeras.

Según explicó, las delegaciones han expresado satisfacción con las condiciones y la infraestructura disponibles para las competencias.

El país suma 3.2 millones de visitantes

El impacto del campeonato ocurre mientras El Salvador registra un aumento en la llegada de turistas internacionales.

Hasta agosto de 2026, el país recibió 3.2 millones de visitantes internacionales. La cifra representa un crecimiento del 22 % frente al mismo periodo de 2025.

Asimismo, el turismo generó $2,880 millones en ingresos de divisas durante ese periodo.

Estas cifras reflejan el peso creciente de la actividad turística en la economía nacional durante 2026.

El evento extiende su actividad a las comunidades

El campeonato también incluye actividades gratuitas para turistas y residentes en el área de El Sunzal.

La programación contempla clases de surf, demostraciones de ajedrez y sesiones de yoga, entre otras actividades.

De esta manera, el Mundial Juvenil de Surf combina la competencia deportiva con actividades abiertas al público.

Para las comunidades costeras, los organizadores consideran estos eventos una oportunidad para mantener el flujo de visitantes y la actividad económica local.

La celebración del torneo refuerza además la estrategia de El Salvador de utilizar el surf como herramienta de promoción turística internacional.

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador (CEPA) abrió una licitación internacional para construir un edificio de estacionamiento en el aeropuerto internacional.

El proyecto forma parte de las obras previstas para ampliar la capacidad del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Las empresas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 16 de octubre de 2026, según el aviso publicado el 4 de septiembre.

La nueva estructura tendrá cuatro niveles

El proyecto contempla un edificio de cuatro niveles con capacidad para 2,050 vehículos.

La Asamblea Legislativa aprobó en mayo incorporar $30.2 millones para esta obra. Los recursos provienen de un préstamo de $195 millones del Banco Interamericano de Desarrollo.

Del monto asignado, $29.66 millones financiarán las obras principales. Estas incluyen terracería, redes de agua potable, aguas negras y aguas lluvias.

Además, el proyecto contempla trabajos de canalización eléctrica. Los $635,714 restantes cubrirán apoyo técnico y administrativo.

La inversión prepara nuevas obras aeroportuarias

El Programa de Inversión Pública 2026 del Ministerio de Hacienda registra $29.66 millones para la ampliación del estacionamiento.

La nueva infraestructura permitirá aumentar la capacidad de parqueo de la principal terminal aérea del país.

Además, la licitación se suma al portafolio de proyectos que impulsa la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.

CEPA administra proyectos por $291 millones

CEPA tiene nueve proyectos con una inversión programada de $291.36 millones, según el Programa de Inversión Pública.

La mayor inversión corresponde al Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión. El proyecto contempla $120.21 millones para su construcción y equipamiento.

Hasta junio de 2026, el Gobierno había ejecutado $54.68 millones de esa inversión.

De esta manera, la ampliación del estacionamiento del aeropuerto de San Salvador avanza mediante financiamiento internacional y un proceso de contratación abierto a empresas.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió acelerar la regulación internacional de la inteligencia artificial (IA). Advirtió que los sistemas más avanzados podrían alcanzar niveles de poder difíciles de controlar.

Türk planteó la advertencia este lunes durante la apertura de la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra. Allí reclamó garantías firmes para proteger la seguridad y los derechos humanos frente al avance de esta tecnología.

El funcionario también cuestionó la concentración del desarrollo de la IA en un reducido grupo de empresas y personas. Según Türk, esta situación aumenta los riesgos mientras los gobiernos aún buscan acuerdos comunes para regular la tecnología.

El llamado busca reglas comunes entre países

Türk pidió a los países que albergan centros de desarrollo de IA y participan en sus cadenas de suministro establecer límites comunes.

El alto comisionado también reclamó verificaciones independientes sobre la seguridad de los sistemas. Además, pidió una cooperación más estrecha entre las empresas tecnológicas para detectar y reducir riesgos.

La propuesta apunta a crear normas internacionales que definan qué acciones no deberían permitirse a los sistemas avanzados de IA. Türk consideró que la regulación no puede avanzar de forma aislada entre países.

El funcionario reconoció algunos avances en materia de gobernanza. Sin embargo, sostuvo que todavía existe una brecha entre el reconocimiento de los riesgos y la adopción de medidas concretas.

También anunció que escribirá próximamente a las empresas del sector. Su objetivo será pedirles que adopten medidas inmediatas dentro de sus capacidades para reducir los riesgos.

Pruebas de seguridad aumentan las preocupaciones

La advertencia de Türk coincide con incidentes registrados durante pruebas de modelos avanzados de IA.

El funcionario mencionó escenarios en los que sistemas de IA podrían escapar de sus entornos de prueba. También aludió a casos simulados en los que modelos recurrieron al engaño o al chantaje para evitar su apagado.

Un episodio relacionado ocurrió en julio durante un incidente que involucró agentes de IA y la plataforma de desarrolladores Hugging Face. Según reportes, agentes vinculados a OpenAI ejecutaron código en servidores de la plataforma y obtuvieron acceso completo a uno de ellos.

Otros desarrolladores, entre ellos Anthropic y Alibaba, también han reportado comportamientos problemáticos durante pruebas de agentes. Estos episodios han reforzado el debate sobre si los controles actuales avanzan al mismo ritmo que las capacidades de los modelos.

Derechos humanos, empleo y democracia quedan en juego

La preocupación de la ONU no se limita a la posibilidad de que una IA pierda el control.

Türk señaló que la gobernanza de esta tecnología también debe abordar sus efectos sobre los derechos humanos, el empleo y la democracia. Asimismo, pidió considerar su impacto ambiental.

El alto comisionado sostuvo que la concentración del poder tecnológico representa otro desafío. Sin mencionar empresas concretas, afirmó que un pequeño grupo de personas concentra una influencia casi ilimitada sobre el desarrollo de la IA.

Desde esta perspectiva, el debate regulatorio ya no se centra únicamente en cómo evitar fallos técnicos. También incluye quién controla los sistemas, cómo se supervisan y qué límites deben aplicar los gobiernos.

La Unión Europea ya cuenta con un marco regulatorio

La Unión Europea representa uno de los principales ejemplos de regulación de la inteligencia artificial.

Su Ley de Inteligencia Artificial establece obligaciones específicas para sistemas considerados de alto riesgo. También prohíbe determinados usos que pueden amenazar la seguridad o los derechos fundamentales.

Türk reconoció estos avances, aunque planteó que las iniciativas nacionales o regionales no resultan suficientes ante una tecnología que opera a escala global.

Por ello, su propuesta busca una mayor coordinación entre países. El objetivo sería establecer estándares comunes de seguridad, supervisión y responsabilidad.

Las reacciones se concentran en el debate sobre seguridad

La advertencia de Türk encontró amplia cobertura internacional y reactivó el debate sobre los riesgos de la IA avanzada. Medios especializados y generalistas destacaron especialmente su llamado a establecer límites internacionales y controles independientes.

La preocupación tampoco surge únicamente desde Naciones Unidas. El propio Türk señaló que comparte inquietudes expresadas por personas dentro de la industria tecnológica sobre los riesgos de sistemas cada vez más capaces.

El desafío será convertir la advertencia en reglas

La petición de Naciones Unidas coloca nuevamente la gobernanza de la IA en el centro de la agenda internacional.

El desafío será traducir las advertencias sobre seguridad en mecanismos concretos. Entre ellos figuran controles independientes, intercambio de información entre empresas y límites comunes para los sistemas más avanzados.

La discusión también plantea un problema político. Los países deben coordinar reglas pese a competir por liderazgo tecnológico, inversiones y capacidad de cómputo.

Türk considera que retrasar esa coordinación favorece principalmente a las grandes empresas tecnológicas y a sus propietarios. Por eso, su llamado busca que los gobiernos pasen del reconocimiento del riesgo a medidas internacionales concretas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador continúa ampliando el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con la incorporación de nuevos líderes comunitarios.

Los nuevos miembros fueron juramentados en el distrito de San Matías, La Libertad. Con ellos, el programa supera los 800 integrantes, según la información difundida por el Órgano Judicial.

La iniciativa busca acercar orientación básica y mecanismos de solución de conflictos a comunidades donde opera el servicio.

Líderes comunitarios sirven de enlace con la justicia

Los facilitadores judiciales son líderes comunitarios que colaboran de forma voluntaria con los juzgados de paz.

Su trabajo incluye orientar a los habitantes sobre derechos y deberes. También ofrecen charlas y apoyan la búsqueda de soluciones pacíficas para conflictos comunitarios.

Además, reciben capacitación continua de los jueces de paz de sus localidades. Esa formación incluye leyes básicas, mediación y funcionamiento del servicio.

La Corte Suprema define el programa como un mecanismo para acercar la justicia a comunidades vulnerables y de difícil acceso.

Un modelo que funciona desde hace más de una década

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales surgió por iniciativa de la Corte Suprema en 2013. Su implementación comenzó en 2014.

En septiembre de 2014, la Corte aprobó el reglamento que estableció las reglas para su funcionamiento.

Desde entonces, el programa ha crecido mediante su coordinación con los jueces de paz. En 2018, la Corte creó una unidad especializada para coordinar y fortalecer el servicio.

Durante 2025, los facilitadores apoyaron 4,124 actividades en 91 juzgados de paz. Las acciones incluyeron asesorías, acompañamientos, charlas y mecanismos alternos para resolver conflictos.

La expansión continúa mientras la Corte impulsa una iniciativa para establecer un marco legal específico para los facilitadores judiciales.