La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador impulsa la formación sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la función judicial.

La iniciativa busca preparar a jueces, fiscales y otros operadores para utilizar estas herramientas sin afectar derechos fundamentales ni el debido proceso.

Formación para enfrentar nuevos retos tecnológicos

La Sala de lo Penal organizó un seminario-taller sobre inteligencia artificial tradicional y generativa. La Cooperación Alemana para el Desarrollo apoyó la actividad.

El presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, inauguró el encuentro. Durante su intervención, destacó la necesidad de aplicar criterios responsables en el uso de estas tecnologías.

Además, el taller aborda los riesgos que puede generar la inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales. Entre ellos figuran los prejuicios, las desigualdades y los estereotipos.

La decisión judicial seguirá bajo control humano

La capacitación busca fortalecer las capacidades de los operadores de justicia. El objetivo incluye evitar que las herramientas tecnológicas sustituyan el razonamiento judicial.

Asimismo, la actividad plantea criterios para proteger la dignidad humana durante el uso de sistemas de inteligencia artificial.

Los participantes también analizan aspectos relacionados con la protección y gobernabilidad de los datos. A esto se suman requisitos de seguridad y confiabilidad.

Participan jueces y otros operadores de justicia

En el seminario participaron magistrados de la Sala de lo Penal, colaboradores jurídicos y jueces. También asistieron fiscales, defensores públicos y otros integrantes del sector justicia.

La formación académica estuvo a cargo de una especialista argentina en inteligencia artificial y función judicial.

Con este espacio, la Corte Suprema busca ampliar el conocimiento sobre el uso responsable de la tecnología. Además, plantea incorporar herramientas digitales bajo criterios compatibles con los derechos humanos y las garantías judiciales.

El colombiano Grupo Cibest anunció la expansión de Cibest Capital en El Salvador y Guatemala. La plataforma integrará negocios de inversión y gestión patrimonial en ambos mercados.

Cibest Capital reúne servicios de mercado de capitales, banca de inversión, gestión de activos y banca privada. La plataforma administra más de $27,000 millones y atiende a más de un millón de clientes.

La integración será gradual en El Salvador

En El Salvador, el cambio involucrará al Conglomerado Financiero Bancoagrícola. Sus entidades de inversión adoptarán progresivamente la marca Cibest Capital durante los próximos meses.

El proceso incluye a Valores Bancoagrícola, Casa de Corredores de Bolsa y Gestora de Fondos de Inversión Bancoagrícola. Las sociedades conservarán su estructura y operarán bajo las normas financieras salvadoreñas.

Rafael Barraza, presidente ejecutivo de Bancoagrícola, destacó que la integración permitirá ampliar las oportunidades disponibles para los clientes.

Guatemala incorpora la nueva plataforma

En Guatemala, Cibest Capital operará mediante Cibest Capital Guatemala, S.A., integrante del Grupo Financiero Agromercantil.

La entidad, anteriormente conocida como Agrovalores, ya opera bajo la nueva marca. El cambio no altera la estructura del grupo financiero ni las reglas que regulan sus actividades.

Así, los clientes de ambos países podrán acceder a alternativas de inversión locales e internacionales. También tendrán opciones para diversificar portafolios y gestionar excedentes de liquidez.

Expansión hacia una plataforma regional

El movimiento forma parte de una estrategia más amplia del Grupo Cibest. La compañía también integró recientemente sus operaciones especializadas de inversión en Panamá y Estados Unidos.

Según el grupo, esta estrategia busca consolidar una plataforma financiera con alcance regional. Además, Cibest Capital ofrecerá servicios de gestión patrimonial, custodia internacional y asesoría.

Al 30 de junio de 2026, Grupo Cibest reportó activos por $105,500 millones. Su cartera de crédito alcanzó $76,200 millones y el patrimonio llegó a $11,100 millones.
Las utilidades del primer semestre sumaron $1.100 millones, un aumento de 36.2 % frente al mismo periodo de 2025.

Ilya Espino de Marotta tomó este lunes el control de la administración del Canal de Panamá y asumió un periodo de siete años al frente de una de las principales rutas marítimas del mundo.

Su llegada marca un hecho histórico para Panamá. Espino de Marotta se convirtió en la primera mujer en ocupar la máxima responsabilidad de la institución que administra la vía entre los océanos Atlántico y Pacífico.

La ingeniera llega al cargo con una trayectoria de 41 años en el Canal y experiencia directa en algunos de sus proyectos más importantes.

“Voy a exigir transparencia porque la confianza se gana todos los días”, afirmó durante su discurso de toma de posesión.
“Sé lo que significa ser la primera mujer en asumir la administración de este Canal”, agregó.

El abastecimiento de agua será una prioridad

Uno de los principales desafíos de la nueva gestión será garantizar el agua necesaria para las operaciones del Canal.

Para ello, Espino de Marotta deberá impulsar un plan de inversiones que supera los $8,500 millones. Entre los proyectos figura un nuevo embalse para aumentar la disponibilidad del recurso.

El programa también incluye un gasoducto, dos puertos y un corredor logístico. Las autoridades esperan que estas obras contribuyan a elevar los ingresos del Canal hasta 25%.

El Canal generó $5,705 millones durante el año fiscal 2025. Ese resultado significó un crecimiento de 14.4% respecto al periodo anterior.

Una ingeniera que ya dirigió la ampliación

Espino de Marotta conoce desde dentro los principales procesos técnicos del Canal. Como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería, dirigió la ampliación de la vía.

La obra tuvo un costo aproximado de $5,500 millones y comenzó a operar en junio de 2016. Actualmente, el segmento ampliado aporta más de la mitad de los ingresos del Canal.

Su carrera también incluye otro hito. En 2020 asumió como la primera mujer subadministradora de la institución.

La ruta concentra una parte del comercio mundial

El nuevo periodo comienza con el Canal como una pieza clave del transporte marítimo internacional.

La vía gestiona entre 3% y 5% del comercio mundial. Estados Unidos representa su principal usuario, seguido por China y Japón.

Por ello, la administración deberá atender tanto las necesidades de infraestructura como los cambios que experimentan las rutas comerciales.

La Junta Directiva identificó entre los principales retos la sostenibilidad del agua, la competitividad, la modernización institucional y la eficiencia operativa.

El liderazgo femenino llega a la máxima posición

Espino de Marotta ha avanzado durante décadas en una institución donde las mujeres todavía representan una minoría.

La ingeniera comenzó su carrera en 1985 como la única mujer ingeniera en el astillero de la División Industrial. Su formación incluye una licenciatura en Ingeniería Marina y una maestría en Ingeniería Económica.

Ahora, desde la máxima posición ejecutiva, tendrá a su cargo las decisiones que definirán la siguiente etapa de una infraestructura esencial para el comercio internacional.

La Procuraduría General de la República (PGR) promueve la mediación como una alternativa para resolver conflictos mediante el diálogo y la búsqueda voluntaria de acuerdos.

La institución destacó el mecanismo el 3 de septiembre, durante la conmemoración del Día Nacional de la Mediación. La campaña busca acercar este recurso a la población y mostrar su utilidad en situaciones cotidianas.

Entre los casos que pueden abordarse mediante mediación figuran problemas de convivencia entre vecinos. También incluye desacuerdos relacionados con mascotas, ruidos excesivos y el uso de espacios comunes.

Una alternativa antes de llegar a los tribunales

La PGR señala que la mediación permite que las personas involucradas participen de manera voluntaria en la búsqueda de una solución.

Los mediadores facilitan el diálogo entre las partes. Su función consiste en ayudar a identificar puntos de acuerdo y promover soluciones aceptadas por quienes participan.

La institución impulsa este mecanismo desde 1999 como una vía pacífica para atender conflictos. Además, lo plantea como una herramienta para promover una cultura de paz.

Los servicios de mediación que ofrece la PGR son gratuitos en sus procuradurías auxiliares, según la información institucional proporcionada.

Los conflictos vecinales también pueden abordarse

La campaña incluye situaciones que pueden afectar la convivencia diaria.

Por ejemplo, la PGR señala que las molestias provocadas por mascotas pueden llevar a desacuerdos entre vecinos. En estos casos, la mediación puede facilitar la búsqueda de soluciones.

El mismo recurso puede utilizarse cuando el ruido afecta el descanso o genera problemas de convivencia. También puede ayudar cuando existen diferencias relacionadas con linderos o espacios compartidos.

La institución pone a disposición el número de CAVAL, 2231-9484, para recibir orientación sobre estos servicios.

El mecanismo cubre distintas áreas

La mediación no se limita a conflictos comunitarios. La PGR también la aplica en asuntos familiares, civiles, patrimoniales, laborales, escolares y sociales.

En materia familiar puede abordar acuerdos sobre cuotas alimenticias, régimen de visitas y cuidado personal.

En el ámbito civil y patrimonial contempla asuntos como deudas, contratos de arrendamiento, pagos pendientes y reclamos relacionados con propiedades.

Asimismo, puede atender desacuerdos entre empleados y empleadores, incluidos acuerdos sobre prestaciones o indemnizaciones.

En entornos educativos también puede intervenir ante determinados desacuerdos y situaciones sociales.

Una estructura especializada coordina los servicios

La Procuraduría Especializada de Mediación y Conciliación fue creada en octubre de 2022. La dependencia coordina y supervisa la planificación técnica de los servicios de mediación de la PGR.

Entre sus funciones figuran la formación del personal, la actualización de procedimientos y la supervisión de las unidades de mediación y conciliación.

La dependencia también trabaja en la acreditación de mediadores y centros externos a la institución.

Actualmente, la PGR registra 158 mediadores internos y 52 externos. Además, cuenta con 11 centros de mediación municipales y uno privado acreditado.

Según los datos institucionales, estos centros realizan aproximadamente 350 audiencias de mediación al año.

La PGR también promueve la mediación virtual

La institución ha incorporado herramientas tecnológicas para ampliar el acceso al servicio. Entre ellas figura la Mediación Virtual, que permite realizar audiencias a distancia.

Esta modalidad busca facilitar la participación de personas que viven fuera de El Salvador o enfrentan dificultades para movilizarse.

De esta forma, la PGR combina los servicios presenciales con mecanismos digitales para ampliar las opciones de solución de conflictos.

La institución sostiene que la mediación permite resolver determinadas diferencias sin recurrir directamente a procesos judiciales. Su promoción forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el diálogo y la cultura de paz en El Salvador.

La inteligencia artificial, la biometría y el blockchain están transformando la prevención del fraude y la construcción de confianza digital en bancos y empresas financieras.

Así quedó planteado durante un panel de Fintech Summit Americas & Token Americas, dedicado a los retos de identidad, cumplimiento y seguridad en la era de la inteligencia artificial.

Especialistas de empresas tecnológicas y financieras analizaron las herramientas que marcarán la evolución del sector durante los próximos años. También abordaron los controles necesarios para evitar riesgos derivados del uso de nuevos modelos tecnológicos.

Los modelos de IA deberán explicar sus decisiones

Ricardo Rebolledo, Country Manager México de Acid Labs, señaló que la explicabilidad de la inteligencia artificial ya resulta indispensable.

Según explicó, un modelo que asigna un nivel de riesgo debe identificar las variables que determinaron ese resultado. Entre ellas pueden figurar cambios de dispositivo o discrepancias de geolocalización.

La explicación no exige mostrar el código del sistema. En cambio, debe permitir justificar matemáticamente sus decisiones ante un regulador.

Un modelo de control con participación humana

Los especialistas también plantearon el esquema HAC como referencia para administrar modelos de inteligencia artificial aplicados al fraude.

El concepto incluye tres elementos: participación humana, auditoría y control.

Las operaciones de mayor riesgo deben llegar a una persona para incorporar criterio humano. Además, las empresas deben monitorear los modelos para identificar sesgos o deterioros.

Por último, las organizaciones necesitan capacidad para detener y recalibrar un sistema cuando pierda efectividad.

La identidad gana prioridad en las inversiones

Carlos Bravo, CISO de SPIN, identificó la gestión de identidades como una de las principales áreas de inversión para los próximos dos años.

La prioridad no se limita a los clientes. También incluye a los trabajadores dentro de las organizaciones.

El objetivo consiste en identificar a cada usuario y asignarle los accesos y privilegios adecuados según sus funciones.

Bancos y fintechs avanzan hacia una mayor colaboración

Héctor Cárdenas, CEO y cofundador de Conekta, recordó que la relación entre bancos y fintechs comenzó con mayores niveles de desconfianza.

Sin embargo, esa dinámica cambió hacia una colaboración más activa entre empresas financieras y tecnológicas.

Cárdenas citó acuerdos entre compañías como Clip, Confío y Bitso. También destacó un producto desarrollado junto con BBVA, denominado Pago Directo.

La solución permite pagar mediante la billetera digital de BBVA, con aceptación del 100% y sin contracargos, según explicó.

La industria apunta a reducir el fraude hacia 2030

Los panelistas plantearon una infraestructura tecnológica integrada como parte de la evolución del sector.

La biometría conductual podría validar identidades sin exponer datos sensibles. A su vez, la inteligencia artificial podría coordinar estas herramientas y medir riesgos.

El blockchain tendría el papel de registrar identidades descentralizadas mediante una bitácora verificable.

Cárdenas planteó como objetivo llegar a 2028 con cero contracargos y transacciones libres de fraude.

Rebolledo, por su parte, destacó que la inteligencia artificial debe proteger a las instituciones, pero sin sustituir la responsabilidad humana.

Además, el avance de la computación cuántica abrirá nuevos desafíos regulatorios y operativos. En ese escenario, los especialistas prevén un fraude más rápido, voluminoso y diverso.