Legal
Corte Suprema presenta avances para combatir el lavado de dinero y fortalecer los controles profesionales
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador presentó avances en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con nuevas herramientas para supervisar las actividades de abogados y notarios.
El informe fue dado a conocer durante una actividad por el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, organizada con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de Canadá.
Supervisión basada en riesgos para abogados y notarios
Entre los avances figura la implementación de un modelo de supervisión basado en riesgos para los profesionales sujetos a obligaciones preventivas.
La CSJ destacó la identificación de abogados y notarios que deben cumplir estas disposiciones. También precisó las actividades profesionales sujetas a supervisión mediante un instrumento técnico.
Además, presentó los resultados de una evaluación sectorial de riesgos y una medición del nivel de desarrollo de los sistemas de prevención.
La institución también elaboró herramientas para evaluar, clasificar y priorizar las labores de supervisión. A esto se suma una guía virtual y materiales educativos sobre las obligaciones legales.
Capacitación y cooperación institucional
Durante la actividad, el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, señaló que la supervisión debe acompañarse de orientación y capacitación para los profesionales.
El funcionario destacó la importancia de que abogados y notarios conozcan sus responsabilidades y adopten medidas preventivas en sus actividades.
El modelo también contempla riesgos relacionados con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según la CSJ, las medidas buscan establecer una supervisión diferenciada y proporcional, conforme a los estándares internacionales y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En el encuentro participaron la embajadora de Canadá, Mylène Paradis; el fiscal general, Rodolfo Antonio Delgado Montes; y la jefa de la UNODC, Nayelly Loya, entre otras autoridades.
