Abogado venezolano propone cambios estructurales para reconstruir el sistema judicial

El abogado constitucionalista Rafael Veloz García planteó que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela debe incluir cambios estructurales para evitar que el sistema judicial reproduzca sus problemas actuales.

En medio de los cambios políticos y económicos impulsados por Estados Unidos y acordados por el gobierno de transición venezolano, Veloz sostuvo que sustituir magistrados no garantiza por sí mismo una transformación institucional. Por ello, propuso establecer mecanismos de transparencia, selección por mérito y control ciudadano.

El planteamiento surge mientras la abogacía venezolana debate el proceso para designar a 32 magistrados y sus suplentes. Según Veloz, los cambios también deben alcanzar a los tribunales que atienden directamente a los ciudadanos.

Veloz García es primer vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, con sede en Madrid, España. También fue presidente de la Federación Interamericana de Abogados y de la Federación de Abogados de Venezuela. Además, se acompañó como diputado nacional en 2015 y coordina el Programa de Organización Ciudadana.

Selección de magistrados incluiría audiencias públicas

Entre las propuestas figura abrir las postulaciones y seleccionar candidatos mediante criterios de mérito.

Veloz también planteó transparentar las credenciales de los aspirantes y realizar audiencias públicas con los candidatos finalistas.

En esas sesiones, los postulantes deberían explicar su visión sobre la independencia judicial. También tendrían que exponer su trayectoria y posibles conflictos de interés.

El abogado señaló que un magistrado no debe representar al sector que lo postuló. Tampoco debe actuar en función del gobierno de turno.

Prouesta plantea revisar los casos pendientes

Otro eje contempla elaborar un inventario de los principales problemas acumulados por el sistema judicial.

La revisión incluiría pasivos judiciales y de derechos humanos, según el planteamiento. También abarcaría decisiones internacionales pendientes de cumplimiento.

Veloz mencionó además las víctimas que esperan reparación y los procesos que llevan períodos extraordinariamente prolongados.

La propuesta busca identificar estos casos antes de iniciar una nueva etapa institucional.

Trazabilidad y reparto de expedientes entre las medidas

El abogado propuso crear un sistema público de trazabilidad de los expedientes judiciales.

La herramienta permitiría consultar datos como la fecha de ingreso, el tribunal y el juez asignado. También mostraría actuaciones, decisiones y tiempo transcurrido.

Además, planteó establecer reglas objetivas y auditables para distribuir los casos. Las excepciones tendrían que quedar documentadas.

Otra medida consiste en publicar las sentencias en una base de datos pública y consultable.

También plantea un plan contra el retardo judicial

Veloz propuso crear un Plan Nacional contra el Retardo Judicial para atender los procesos con demoras extraordinarias.

La iniciativa no buscaría acelerar decisiones de forma indebida. Su objetivo sería evitar que el retraso prolongado termine afectando el acceso a la justicia.

El planteamiento también incluye un mecanismo para denunciar instrucciones indebidas contra jueces. Las denuncias podrían referirse a presiones políticas, económicas o jerárquicas.

A esto se sumaría un régimen disciplinario para diferenciar la independencia judicial de conductas como corrupción o abuso.

La reforma también alcanzaría a los tribunales inferiores

Veloz sostuvo que la transformación no debería concentrarse en el Tribunal Supremo de Justicia.

Según su propuesta, el ciudadano entra en contacto principalmente con tribunales territoriales y de instancia.

Por ello, planteó concursos para el ingreso y ascenso de jueces. También propuso garantías de estabilidad y criterios objetivos para ocupar esos cargos.

El abogado agregó que la autonomía administrativa y presupuestaria resulta necesaria para reducir posibles presiones sobre el Poder Judicial.

Medirían los resultados después de la renovación

La propuesta también contempla mecanismos para comprobar si las reformas producen resultados.

Uno de ellos consiste en revisar casos seleccionados de forma aleatoria y mediante criterios objetivos. El análisis permitiría evaluar los tiempos de respuesta y la ejecución de las decisiones.

También permitiría verificar el cumplimiento de obligaciones internacionales pendientes. Además, serviría para evaluar las condiciones de independencia judicial.

Veloz planteó crear un registro público para seguir la ejecución de las medidas. El sistema indicaría qué se prometió, quién debe ejecutarlo y qué avances existen.

Asimismo, propuso evaluaciones independientes a los seis y 12 meses.

Abogados acuerda participar en la selección judicial

Las propuestas coinciden con una decisión adoptada en una asamblea de organizaciones de abogados celebrada el 3 de septiembre en Caracas.

Según Veloz, la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los colegios estatales acordaron actuar conjuntamente durante el proceso de designación de magistrados.

El gremio también prevé postular candidatos al Comité de Postulaciones Judiciales y a la Comisión de Revisión de Credenciales.

Además, los colegios estatales facilitarían apoyo a los aspirantes considerados idóneos. La iniciativa contempla trabajar con sindicatos judiciales, estudiantes, profesores de Derecho y representantes académicos.

El planteamiento incorpora así a distintos sectores de la abogacía en el proceso de renovación judicial.

Para Veloz, el desafío consiste en que la designación de nuevos magistrados dé paso a una transformación más amplia del sistema.