El país obtiene puntaje perfecto de 100/100 en iniciativa legal según el ILIA 2025, respaldado por leyes aprobadas desde la Asamblea Legislativa que la UNESCO reconoce como únicas en América Latina.

Por: Diputada Dania González, presidenta de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, Asamblea Legislativa de El Salvador

Esta semana la UNESCO presentó los resultados de su Metodología de Evaluación de Preparación en Inteligencia Artificial (RAM, por sus siglas en inglés), aplicada a El Salvador en coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA). El informe no es solo un reconocimiento diplomático: es la validación internacional de un proceso legislativo y de política pública que llevamos construyendo con la visión estratégica de país que acompañamos desde la Asamblea Legislativa.

Los números hablan por sí solos. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, El Salvador alcanzó 5.01 estrellas promedio por repositorio en código abierto, casi tres veces el promedio regional de 1.54, posicionándose como el número uno de América Latina en ese indicador. Y el dato que más me enorgullece refuerza ese liderazgo: nuestro país obtuvo 100 sobre 100 en el subindicador de Iniciativa Legal del ILIA 2025, el puntaje más alto posible.

Ese puntaje perfecto no llegó por casualidad.

El marco legal que lo hizo posible

La arquitectura normativa que sustenta este reconocimiento está compuesta por tres pilares que desde la Asamblea Legislativa impulsamos, debatimos y aprobamos: la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Protección de Datos Personales. Juntas, conforman un ecosistema regulatorio que el informe de la UNESCO describe como único en su tipo a nivel regional.

El Salvador es hoy, junto a Perú, uno de los únicos dos países de América Latina con una ley de IA aprobada, reglamentada y vigente. Eso no es un detalle menor: es la diferencia entre aspirar a ser un actor tecnológico relevante y serlo de hecho.

Cuando desde la Asamblea Legislativa trabajamos en estos instrumentos legales, la pregunta central siempre fue la misma: ¿cómo legislamos para que la tecnología sirva a las personas y no al revés? El informe RAM de la UNESCO confirma que esa pregunta fue la correcta, y que las respuestas que encontramos están en la dirección adecuada.

De la ley a la aplicación: la IA ya transforma vidas

Uno de los aspectos más satisfactorios de este reconocimiento es constatar que las leyes que aprobamos desde la Asamblea Legislativa ya están produciendo resultados reales para las familias salvadoreñas. DoctorSV —plataforma de salud digital lanzada en 2025 con Google Cloud y financiada por la CAF— es quizás el ejemplo más elocuente: en apenas cinco meses superó 1.1 millones de inscritos, gestionó más de 1.5 millones de citas médicas y alcanzó un índice de satisfacción del 97% entre la población. No es casualidad que hoy sea reconocida como un referente global en salud digital.

Este resultado confirma algo que el informe RAM viene a refrendar con datos: cuando el marco normativo es sólido, la inversión llega, los servicios se despliegan y los ciudadanos se benefician. El Salvador lo está demostrando.

De la norma a la infraestructura: El Salvador apuesta por una soberanía tecnológica real

El informe destaca la incorporación del primer clúster soberano de chips NVIDIA B300 y la adjudicación del primer cable submarino internacional al país, financiado por la CAF con $145 millones y con operación prevista para 2028. El Salvador es además el único país hispanohablante de América Latina incluido en el programa global Nemotron Personas de NVIDIA.

Esto es soberanía tecnológica en términos prácticos: tener datos propios, infraestructura propia, y marcos legales propios que garanticen que los beneficios de la inteligencia artificial se queden en el país.

El horizonte: que la IA aporte el 20% del PIB en 2031

La Estrategia Nacional de IA 2026, presentada por ANIA, establece tres pilares —soberanía nacional, talento humano y ejecución tecnológica— y fija una meta ambiciosa: que la inteligencia artificial contribuya el 20% del PIB para 2031. El informe estima que la adopción ética de la IA podría generar un impacto económico de hasta $1,229 millones anuales, equivalente a un crecimiento de hasta 3.9% del PIB.

Para llegar ahí, el trabajo legislativo es tan importante como el tecnológico. Las leyes no son el final del camino: son la condición de posibilidad para que todo lo demás funcione.

El Salvador ha demostrado que un país pequeño puede liderar cuando toma decisiones correctas con visión de largo plazo. Desde la Asamblea Legislativa, seguiremos siendo parte de esa historia.

Dania González es diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador y Presidenta de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Lideró la aprobación de la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías y la Ley de Tecnologías Robóticas, entre otras iniciativas del ecosistema digital del país.

La abogada, académica y árbitro argentina María Alejandra Pasquet asumió la presidencia de la Federación Interamericana de Abogados durante la clausura de la conferencia anual de la organización realizada en Rosario, Argentina.

La nueva presidenta encabezará el Comité Ejecutivo de una entidad jurídica con sede en Washington D.C., que reúne a abogados, colegios profesionales y organizaciones jurídicas de América, el Caribe y parte de Europa.

La designación se produjo durante un encuentro centrado en los desafíos legales que plantean las nuevas tecnologías y la transformación digital.

Trayectoria reúne experiencia académica y participación internacional

María Alejandra Pasquet desarrolló una carrera vinculada al ejercicio jurídico, la docencia y el arbitraje.

A lo largo de su trayectoria ocupó diferentes cargos dentro de la Federación Interamericana de Abogados. Además, integró varios comités ejecutivos y participó como consejera y expositora en distintos países del continente.

La nueva presidenta reside en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Actualmente dirige la sede regional de Rosario de la Universidad Abierta Interamericana.

También presidió el Instituto de Bioética del Colegio de Abogados de Rosario.

Su formación académica incluye un doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, obtuvo una licenciatura en Gestión y Organización de Instituciones Educativas en la Universidad Austral.

Asimismo, realizó estudios complementarios en instituciones internacionales, entre ellas Harvard Kennedy School.

Tecnología y sistemas judiciales marcaron el debate regional

La conferencia anual de la organización centró gran parte de sus discusiones en el impacto de la tecnología sobre el ejercicio jurídico.

Durante las jornadas, especialistas analizaron temas relacionados con inteligencia artificial, protección de datos personales y transparencia algorítmica.

Además, expertos de distintos países abordaron asuntos vinculados con criminalidad transnacional, deepfakes y transformación digital en sistemas judiciales.

Las mesas de trabajo también examinaron cambios relacionados con arbitraje internacional, derecho penal y administración pública.

Encuentro reunió especialistas de varios países

El foro convocó a abogados, magistrados, académicos y expertos jurídicos de distintas regiones del continente.

Las actividades incluyeron conversatorios y exposiciones sobre derecho constitucional, laboral, internacional y derechos de la mujer.

Los organizadores señalaron que el encuentro busca fortalecer el intercambio de experiencias y promover respuestas jurídicas frente a los cambios tecnológicos que afectan a la sociedad y las instituciones.

El Salvador alcanzó 2.1 millones de visitantes hasta mayo de 2026, según datos presentados por la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur). La institución indicó que la cifra mantiene proyecciones para cerrar el año con 4.2 millones de turistas y visitantes internacionales.

Los datos fueron compartidos por la directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán, durante una entrevista centrada en el desarrollo del turismo de eventos y bodas de destino.

Segmento de celebraciones internacionales gana espacio en el mercado

La funcionaria señaló que el turismo de bodas de destino muestra un crecimiento sostenido. Según explicó, una de cada cuatro bodas se realiza fuera del lugar habitual de residencia de los contrayentes.

Este tipo de actividad mueve distintos servicios relacionados con la organización de eventos. Entre ellos figuran floristerías, servicios de belleza, transporte, guías turísticos y proveedores de logística.

Además, Durán afirmó que estas actividades extienden el tiempo de permanencia de los visitantes y generan consumo adicional en diferentes sectores económicos.

Gasto promedio cambia según el tipo de viaje

Corsatur estima que un visitante internacional gasta entre 150 y 200 dólares durante su estadía en el país.

Sin embargo, la institución señaló que el gasto diario aumenta en el caso de las bodas de destino. Según los cálculos presentados, este segmento alcanza alrededor de 400 dólares por día.

La proyección incluye gastos asociados a hospedaje, recreación, alimentación y contratación de servicios vinculados a eventos.

Organización del sector aparece como uno de los retos

La directora ejecutiva de Corsatur indicó que uno de los desafíos pendientes consiste en ordenar y fortalecer la oferta de servicios.

En ese sentido, mencionó la necesidad de crear registros y listados de profesionales que participan en la industria de eventos y bodas.

La funcionaria sostuvo que estos mecanismos permitirían identificar proveedores y facilitar la coordinación de servicios especializados.

Actividades complementarias amplían la experiencia de los visitantes

Corsatur señaló que las bodas de destino requieren servicios adicionales antes y después de la ceremonia principal.

Entre las actividades mencionadas figuran recorridos turísticos, recreación y experiencias culturales. También destacó el uso de tecnología audiovisual, traducción simultánea y sistemas de transporte para grupos.

Según la institución, estos elementos forman parte de una cadena de servicios que acompaña la experiencia de los visitantes internacionales.

La Fiscalía General de El Salvador acusó a 563 presuntos cabecillas de la pandilla Barrio 18 por miles de delitos acumulados. El caso incluye homicidio, extorsión, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La acusación se dirige contra cabecillas de una estructura considerada una de las más violentas del país. El proceso ya ingresó al sistema judicial especializado en crimen organizado.

Más de 14 mil imputaciones en un solo expediente judicial

La Fiscalía presentó un total de 14,488 imputaciones contra los acusados. Los delitos se habrían cometido desde el año 2012, según el expediente oficial.

El proceso fue remitido al Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado en San Salvador. Esta instancia analiza casos de estructuras criminales de alto impacto.

Entre los cargos aparecen rebelión y pertenencia a organizaciones terroristas. También se incluyen homicidios, extorsiones y tráfico de drogas.

División interna dentro de la estructura criminal

El expediente fiscal identifica dos grandes grupos dentro de los acusados. Un total de 275 pertenecen a la facción conocida como “sureños”.

Otros 288 integran el grupo denominado “revolucionarios”, según la investigación. Ambos sectores habrían operado dentro de la misma estructura del Barrio 18.

La Fiscalía sostiene que estas divisiones mantuvieron actividad criminal coordinada durante varios años. Además, señala a líderes con capacidad de ordenar operaciones desde distintos niveles.

Cabecillas señalados por homicidios y redes de extorsión

Entre los acusados figura Carlos Alberto Rivas Barahona, conocido como “Chino Tres Colas”. Las autoridades lo identifican como jefe histórico de la facción sureños.

También aparece César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”. Se le vincula con una masacre ocurrida en Antiguo Cuscatlán en 2006.

Otro nombre es Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”. La Fiscalía lo señala por dirigir una red de extorsión contra vendedores y menores de edad.

Asimismo, el expediente incluye a Óscar René Moreira Palacios, conocido como “El Pollo”. Las autoridades lo ubican como jefe en el sector de La Campanera, en Soyapango.

Investigación vincula crecimiento criminal con periodo de tregua

La Fiscalía relaciona parte del fortalecimiento de estas estructuras con la llamada “tregua entre pandillas”. Este periodo ocurrió en administraciones anteriores.

El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó que las pandillas habrían ampliado su capacidad operativa en ese contexto.

Las autoridades señalan que el objetivo del proceso es individualizar responsabilidades penales. Cada acusado deberá responder por los delitos que se le atribuyen.

La representación legal de la FIFA en El Salvador alertó sobre el aumento de transmisiones no autorizadas de partidos del Mundial 2026 y de actividades comerciales que utilizan la imagen del torneo sin licencia.

Carlos Enrique Castillo, socio y director de la firma Romero Pineda, que representa a la FIFA en el país, explicó en una entrevista exclusiva con Derecho y Negocios que bares, restaurantes y otros negocios no pueden utilizar las señales del Mundial con fines comerciales sin contar con una autorización específica.

Según el abogado, la señal disponible para hogares está destinada al uso privado y domiciliar. Por ello, utilizarla para atraer clientes o generar ingresos requiere una licencia comercial otorgada por el operador autorizado.

“Lo que no se puede es divulgar un evento privado y monetizarlo o sacarle lucro a favor personal”, afirmó.

Negocios pueden obtener permisos para exhibir los partidos

Castillo señaló que los establecimientos interesados en transmitir encuentros del Mundial pueden solicitar una licencia comercial a los operadores que poseen los derechos de transmisión.

El representante legal indicó que la alternativa existe y permite realizar estas actividades dentro del marco legal.

Sin embargo, advirtió que quienes utilicen las transmisiones sin autorización se exponen a multas y otras sanciones previstas por la legislación salvadoreña.

Además, recordó que la normativa mercantil contempla consecuencias para las sociedades que desarrollen actividades ilícitas de forma comprobada.

Vigilancia tecnológica detecta emisiones no autorizadas

La FIFA y sus representantes utilizan herramientas tecnológicas para identificar retransmisiones ilegales y posibles infracciones relacionadas con los derechos audiovisuales del torneo.

De acuerdo con Castillo, los sistemas actuales permiten rastrear desvíos de señal, captaciones no autorizadas y emisiones realizadas a través de plataformas digitales.

Una vez detectadas, las transmisiones pueden ser reportadas y suspendidas mediante los mecanismos previstos por la ley y por los proveedores de servicios digitales.

El abogado aseguró que estas acciones ya se realizan en El Salvador y en otros países que forman parte de la organización del Mundial 2026.

Venta de productos falsificados también genera preocupación

La vigilancia no se limita a las transmisiones deportivas. La representación legal de la FIFA también monitorea la comercialización de camisetas, balones, stickers, álbumes y otros artículos relacionados con el torneo.

Según Castillo, cualquier producto que utilice marcas, imágenes o elementos protegidos sin una licencia oficial constituye una infracción a los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, explicó que agencias de publicidad, distribuidores autorizados y particulares envían reportes constantes sobre posibles irregularidades detectadas en redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

Cuando se identifica una publicación relacionada con mercancía presuntamente ilegal, los responsables pueden solicitar su retiro ante las plataformas digitales correspondientes.

Autoridades coordinan acciones de control

El representante legal destacó la participación de varias instituciones salvadoreñas en la protección de los derechos asociados al Mundial.

Entre ellas mencionó a la Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual de la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Aduanas, el Instituto de la Propiedad Intelectual y la Defensoría del Consumidor.

Según explicó, estas entidades pueden actuar ante posibles delitos relacionados con la piratería, la falsificación de productos y el uso indebido de marcas registradas.

Además, indicó que ya existen casos en los que se han emitido advertencias formales a personas y negocios señalados por infringir derechos vinculados al torneo.

Llamado a cumplir la normativa vigente

Castillo hizo un llamado a los comerciantes y emprendedores para que regularicen sus actividades y eviten exponerse a sanciones.

El abogado sostuvo que obtener una licencia para transmitir los partidos o comercializar productos autorizados resulta menos costoso que enfrentar procesos legales.

También insistió en que el Mundial es un evento privado cuyos derechos de explotación comercial están protegidos por contratos y normas de propiedad intelectual.

“Disfrutemos de un evento privado de manera responsable”, concluyó.