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El voto razonado del Magistrado Murcia contra la corrupción
El 31 de enero del presente año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un acta que limita las facultades investigativas de la Sección de Probidad, al establecer que la sección únicamente podrá investigar el patrimonio, bienes o cuentas bancarias de los funcionarios que han concluido sus cargos públicos hace menos de 10 años.
El acta cuenta con el voto favorable de once de los quince magistrados de la CSJ. Los magistrados que votaron por el acuerdo son: Oscar Alberto López Jeréz, Sergio Luis Rivera Márquez, Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, Elsy Dueñas Lovos, José Roberto Argueta Manzano, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Aldo Enrique Cáder Camilot, Pineda Navas, Marina de Jesús Marenco de Torrento, Roberto Carlos Calderón Escobar y Ovidio Bonilla Flores.
Aunque dentro del acta se constata el voto desfavorable de los magistrados de la Sala de lo Penal Doris Luz Rivas Galindo y Leonardo Ramírez Murcia, únicamente el magistrado razonó su voto en contra del punto del acta «Sección de Probidad debe realizar la investigación del patrimonio de empleados y funcionarios públicos siempre que no hayan transcurrido diez años después del cese en el cargo».
Leonardo Ramírez Murcia es magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde septiembre 2015 y forma parte de la Comisión de Ética y Probidad, comisión que se encarga de coordinar el trabajo, en colaboración con la Sección de Probidad, de la investigación de los funcionarios con indicios de enriquecimiento ilícito. La Comisión de Ética y Probidad está conformada por los magistrados López Jerez, Leonardo Ramírez, Sergio Luis Rivera, Paula Velásquez y Carlos Calderón, únicamente Leonardo Ramírez voto en contra.
En el acta del día 31 de enero de la Sesión de la Corte Suprema de Justicia se lee como el magistrado Ramírez Murcia mantuvo una postura en busca de la interrupción del plazo de la prescripción en los casos que ya se están investigando y fundamenta su voto razonado en el hecho que «aplicar la prescripción sin excepciones, constituye una decisión antijurídica, porque el Derecho es dinámico y por ello deben aplicarse excepciones».
Murcia razona que limitar las facultades investigativas de la Sección de Probidad a únicamente diez años después del cese en el cargo, es una interpretación cerrada del inciso último del artículo doscientos cuarenta de la Constitución, lo que convierte el proceso contra el enriquecimiento ilícito en un mero proceso de literalidad, una oportunidad para seguir encubriendo los casos de corrupción que por razones meramente de tiempo caerán en el olvido y una interpretación de una cláusula de la carta magna contraria a sus fines.
Si se pretende alcanzar los fines de la norma constitucional, la norma primaria y los convenios internacionales contra la corrupción son un todo armónico que están por encima de la literalidad de una sola disposición (…) no considerar ninguna excepción, lo vuelve absoluto, obtuso y poco racional.
Para el magistrado, la Corte Suprema de Justicia debe ser más que un simple aplicador de la ley, su labor comprende la búsqueda de la efectiva realización de los principios que desde el constituyente orientan y dan sustento a los valores supremos consagrados en la Constitución de la República, tales como el bien común, la justicia, la propiedad en función social y la seguridad.
«La simple interpretación literal o letrista de la citada disposición, no es acorde con el conjunto de valores y principios, ni con el sistema de responsabilidad que establece la Constitución, quien pretenda esta interpretación se olvida o desconoce ipso iuris el principio república interés, ne delicta maneant impunita –es interés de la república que no queden impune los delitos–», analiza Ramírez Murcia en su voto razonado.
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Para considerar una interpretación amplia del artículo 240 de la Constitución, Murcia explica que es necesario considerar las disposiciones relativas al orden económico, específicamente atendiendo al inciso primero del artículo 103 de la 3 norma primaria que regula: “Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social”.
Ramírez Murcia entiende que la corrupción no genera ni es en sí función social, por el contrario, se encuentra al margen de la Constitución y no puede defenderse ni tolerarse bajo ningún argumento, así sea, bajo el amparo de constitucionalidad o de legalidad. Por tanto, es necesario establecer crear excepciones sobre la prohibición de estudiar casos con más de diez años y así evitar dejar en la impunidad muchos casos que ameritan la investigación patrimonial por una cuestión de literalidad.
Las excepciones que proponía el magistrado son:
a) Puede y debe investigarse, aunque hayan transcurrido los diez años desde que el funcionario cesó en el cargo, siempre y cuando el expediente se haya abierto o iniciada la investigación dentro de los diez años después del cese de sus funciones y por circunstancias de la dinámica de trabajo de la CSJ o por negativa de terminar la investigación ya iniciada y posteriormente someterlo a corte plena para su conocimiento y, que por cualquier razón no haya decisión;
b) Cuando habiendo prescrito intermedie solicitud de ciudadano independiente de la Corte, quien solicite conocer la situación financiera del funcionario de quien se sospecha se ha enriquecido ilícitamente, haciendo uso de la Unidad de Acceso a la Información Pública institucional o del IAIP o a través de escrito dirigido a la CSJ, y;
c) Por haberse diferido la sustanciación o la decisión del caso por circunstancias imprevistas provenientes de acontecimientos fortuitos –incendio, inundaciones, terremoto u otra catástrofe de la naturaleza que afecte la recolección de información o el resguardo de expedientes, etc.–
En el voto razonado se lee como el magistrado Murcia consideraba posible la existencia de intervención de la CSJ por querer favorecer a uno o varios exfuncionarios que estén involucrados en hechos de corrupción ocultando los expedientes dentro de la burocracia de la institución y esperando su archivo, con la finalidad de burlar la justicia salvadoreña. Volviendo el combate a la corrupción como una acción meramente superficial al limitarse las facultades de control desde la Sección de Probidad.
Es necesario decir que en el año dos mil diecisiete se concluyeron algunos casos sin ser debatidos en corte plena, y se fueron rezagando o demorando al grado tal que cuando éstos pasaron al pleno para su respectivo examen y decisión, se alegaba por algunos Magistrados de aquella conformación de corte, que los mismos ya habían prescrito, a pesar del conocimiento que los referidos casos podrían ser investigados bajo la Jurisdicción Especializada de Extinción de Dominio.
Dentro de los exfuncionarios beneficiarios con la prescripción de sus procesos de investigación y su consecuente archivo, Murcia menciona a: María Eugenia Brizuela de Ávila, Juan José Daboub Abdalah, Carlos Mauricio Duque González, Francisco Guillermo Flores Pérez, Miguel Ernesto Lacayo Argüello, Edgar Ramiro Mendoza Jerez, Ruy César Miranda González, Enrique Molins Rubio, Aldo Vinicio Parducci, Carlos Quintanilla Smith, Mauricio Ramos Fallas, Guillermo Alfredo Sol Bang y Flavio Villacorta Ibarra. Algunos de ellos, investigados por petición hecha por ciudadanos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo, ya no es factible aplicarles la Ley de Enriquecimiento Ilícito en caso de concluirse la investigación.
Como último argumento para votar en contra, Ramírez Murcia expone los magistrados están ignorando la existencia de normativa internacional que regula el combate contra la corrupción como son la Convención Interamericana Contra la Corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción normas de ius cogens, es decir, norma de derecho internacional vinculante para nuestro país.
Ese contexto, constituye un imperativo categórico hacer uso del control difuso de convencionalidad que tiene por objeto realizar un examen de compatibilidad entre las normas nacionales, y la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a fin de darles aplicación efectiva a los referidos instrumentos internacionales.
Por último y a manera de conclusión, Murcia considera que la decisión de la mayoría de Corte Plena no responde a un genuino y real interés de combatir la corrupción dadas las circunstancias materiales y objetivas que se pueden presentar, dejando muchos casos en la impunidad.
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Applaudo y Google exponen estrategias de transformación digital para el sector público en el Tech Summit 2024
En el evento se presentaron mejores prácticas de transformación digital a más de 100 funcionarios de gobierno.
Applaudo, líder en transformación digital en Centroamérica, y Google Cloud Latinoamérica llevaron a cabo el Google x Applaudo Tech Summit 2024. El evento, que reunió a más de 100 líderes del sector público de El Salvador, se centró en compartir mejores prácticas de transformación digital que impactan la gestión pública a nivel global.
El Tech Summit contó con la presencia de destacados funcionarios, como el subsecretario de Innovación, Denis Pocasangre, y Federico Apostolo, director de Inversiones de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest).
Ambas instituciones apoyan las iniciativas de transformación digital del Estado para beneficiar a la ciudadanía salvadoreña.
Durante el evento, se presentaron ponencias de alto nivel sobre la implementación de soluciones tecnológicas en la administración pública.
Temas destacados incluyeron la atención ciudadana mediante inteligencia artificial, el uso de biometría en el sector gubernamental, el caso de éxito de Estonia en Gobierno Digital, así como avances en salud digital y análisis de datos.
César Bendeck, CEO de Applaudo, destacó: “Creemos que la tecnología puede mejorar no solo la eficiencia de los gobiernos, sino también la calidad de vida de los ciudadanos. Este Tech Summit es una plataforma para dar a conocer soluciones innovadoras y encontrar oportunidades para continuar transformando digitalmente el sector público de El Salvador”.
El evento también exploró cómo las tecnologías emergentes están redefiniendo el futuro de la administración pública y su aplicación en diversas instituciones.
La colaboración entre Applaudo y Google Cloud se ha traducido en una serie de eventos y talleres destinados a informar y capacitar a las audiencias sobre el potencial impacto de la transformación digital.
Un ejemplo notable de su trabajo conjunto es el proyecto “El Salvador Maps”, implementado por Applaudo en colaboración con Google Cloud, que ha mejorado la accesibilidad y eficiencia en el uso de información geoespacial en el país.
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“She is My Boss” expande sus horizontes a Centroamérica con historias de mujeres inspiradoras
La serie abordará sobre la vida de Silvia Bruni y Fermina Cárdenas, dos salvadoreñas con una amplia trayectoria en sus campos laborales.
La serie documental “She is My Boss” ha llegado a Centroamérica con una nueva temporada que promete iluminar las vidas de mujeres excepcionales en la región. En esta tercera entrega, la serie destacará las historias de dos destacadas salvadoreñas: Silvia Bruni, vicepresidenta de Riesgos de Bancoagrícola, y Fermina Cárdenas, directora de Relaciones Corporativas de Grupo Cassa.
Silvia Bruni, quien ingresó a Bancoagrícola en 1997 como jefa de Análisis Financiero, ha escalado posiciones hasta convertirse en la primera mujer en integrar el Comité Ejecutivo del banco como vicepresidenta de Riesgos. Además de su carrera en el sector financiero, Silvia ha acumulado una amplia experiencia en organismos internacionales y el sector privado.
En sus palabras, Silvia expresa su entusiasmo por el impacto de “She is My Boss”, agradeciendo a la serie por ofrecer una plataforma para compartir historias de mujeres que, como ella, desafían las expectativas y abren caminos para otras.
“He sido muy afortunada de pertenecer a una empresa que promueve la diversidad, la equidad y la igualdad. Es un honor para mí ser parte de este grupo de mujeres, y que podamos inspirar a más niñas y mujeres a que todas podemos soñar en grande”, afirma Bruni.
Por otro lado, Fermina Cárdenas ha tenido una carrera diversa que abarca medios de comunicación, el ámbito político y el sector agroindustrial.
Su compromiso con el desarrollo sostenible la llevó a estudiar un posgrado en Desarrollo Sostenible y Participación Ciudadana en la Universidad Autónoma de Barcelona.
A su regreso a El Salvador, se dedicó a proyectos comunitarios y actualmente contribuye al desarrollo económico, ambiental y social a través de Grupo Cassa. Fermina resalta la importancia de la serie para crear espacios de diálogo y compartir experiencias: “Mi deseo es contribuir a un diálogo honesto desde la historia que me ha tocado vivir e incidir positivamente en las vidas de otras mujeres, especialmente de las jóvenes”.
La serie «She is My Boss», producida por LA7EM, una productora colombiana enfocada en el empoderamiento femenino, ha comenzado la grabación de su tercera temporada en septiembre en Guatemala.
La nueva temporada también visitará Costa Rica y Panamá, contando con las historias de mujeres como María Antonieta del CID, Mónica Nájera, Erica Sirk y Aimeé Sentmat.
A través de estos relatos, la serie busca inspirar y motivar a mujeres en toda la región a alcanzar sus metas y contribuir a una sociedad más justa y equitativa.
El contexto global en el que surge esta serie es preocupante. En 2023, alrededor de 2,700 millones de mujeres enfrentan restricciones legales que limitan su libertad de elección laboral, con 69 economías que imponen leyes restrictivas y 43 sin legislación contra el acoso sexual en el trabajo.
En respuesta, «She is My Boss» se presenta como una herramienta poderosa para visibilizar las luchas y logros de mujeres valientes.
Para aquellos interesados en seguir de cerca las historias de estas inspiradoras mujeres, los episodios de la serie están disponibles en www.sheismyboss.com y en el canal de YouTube de LA7EM.
La tercera temporada promete ofrecer relatos impactantes que celebran el espíritu indomable de mujeres que trabajan día a día por un mundo mejor.
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Construirán el edificio más alto de Santa Elena con 27 niveles
La torre habitacional estará lista para el año 2027 y la inversión es superior a los $45 millones.
El desarrollo inmobiliario en El Salvador continúa expandiéndose con el anuncio de la construcción de Origin Santa Elena, el edificio más alto de esta zona exclusiva de Antiguo Cuscatlán.
La empresa Sforma, parte de INGN Holding del Grupo Regalado, comenzará la construcción en noviembre de 2024.
Con una inversión de más de $45 millones, el proyecto contará con 27 niveles, tres de ellos destinados a estacionamientos, y se espera que esté terminado en el primer trimestre de 2027.
Origin Santa Elena ofrecerá 106 apartamentos dirigidos a un segmento de mercado medio y alto, con precios que inician en los $280 mil.
Los apartamentos tendrán entre 101 y 350 metros cuadrados y estarán distribuidos en cuatro modelos diferentes, con opciones de dos y tres habitaciones.
Todos los apartamentos contarán con terrazas y vistas, y su diseño modular se irá haciendo más esbelto a medida que el edificio se eleva, aumentando la privacidad en los niveles superiores.
El edificio ha sido diseñado por la firma guatemalteca Shoarq y adaptado por arquitectos salvadoreños.
Entre las amenidades que ofrecerá el complejo destacan una piscina infinita con carril de nado de 25 metros, una terraza social para 45 personas, una cocina compartida, un gimnasio y un espacio de trabajo colaborativo.
Marcela Velasco, gerente comercial de Sforma, resaltó que el diseño del edificio permitirá un control eficiente de la luz solar gracias a elementos que generan sombras, asegurando que el sol no será un problema para los residentes.
Además, Julio Segovia, CEO de Sforma, destacó que este es el primer desarrollo residencial del grupo en más de 20 años, con el cual buscan conectar a los residentes con su origen y mejorar su calidad de vida.
Se espera que la construcción de Origin Santa Elena genere unos 700 empleos y que la mitad de las unidades ya están reservadas debido al éxito de la preventa.
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Capacítate en las implicaciones teóricas y prácticas de la Ley de Procedimientos Administrativos
Bajo el objetivo de ofrecer una visión especializada del articulado de la Ley de Procedimientos Administrativos, con un enfoque centrado en la práctica, interpretación y relación con otros cuerpos legales que regulan las relaciones de la administración pública con la población, Derecho y Negocios anuncia el curso especializado “Estudio Exegético De La Ley De Procedimientos Administrativos”.
Un estudio exegético consiste en un método de hermenéutica jurídica que se basa en hacer una paráfrasis directa del texto; es tomar casi textualmente lo que dice la ley, y así aplicarlo a otros cuerpos normativos haciendo mención de la doctrina mas representativa y de los pronunciamientos jurisprudenciales que se tienen hasta el momento.
El seminario se realizará de manera virtual en la plataforma Zoom con una duración de 15 horas de capacitación continúa, estas serán divididas en cinco sesiones de dos horas y media de 6:30 P.M a 9:00 P.M y una de 9:30 A.M a 12:00 P.M, del cuatro al catorce de julio.
El curso especializado “Estudio Exegético De La Ley De Procedimientos Administrativos” ofrecerá un estudio profundo tomando de referencia la doctrina y las líneas jurisprudenciales más representativa hasta el momento.
Temario a desarrollar:
- Normas generales y empleo de las nuevas tecnologías
- Régimen jurídico del acto administrativo
- Invalidez del acto administrativo
- Régimen de la administración y del servidor público
- Regulación de la responsabilidad patrimonial
- Procedimiento administrativo
- Potestad sancionadora
- Potestad normativa
Dirigido a servidores públicos, gerentes de departamentos legales de empresas, áreas jurídicas de instituciones públicas, abogados en el libre ejercicio, colaboradores judiciales, estudiantes de derecho y para cualquier interesado en comprender las implicaciones teóricas y prácticas de la Ley de Procedimientos Administrativos.
El costo de inversión: $65.00. Pero de inscribirse antes del 10 de junio recibe un descuento de 25%. Así también, se cuenta con descuentos para estudiantes en nivel de licenciatura y empleados públicos.
El pago puede realizarse por medio de depósito o transferencia a cuenta del Banco de América Central, a nombre de Editorial DyN, S.A, de C.V. #200851947, o por medio, de compra directa con tarjeta de crédito o débito en la aplicación Descuentazo. Para más información escribirnos al correo comunicaciones@derechoynegocios.net o al WhatsApp 7587 8312.
La Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) entró en vigencia el año pasado; sin embargo, aún existen zonas de confusión dentro de los abogados y de la propia administración pública, esta actividad vendría a aclarar el funcionamiento de dicha normativa.
Derecho y Negocios se prepara para entregar los Premios DyN de este año, en virtud de ello ya se han publicado las bases de participación que todas las firmas deben completar para participar y lograr obtener uno los premios a entregar.
Esto durante la celebración de su decimo segunda gala de aniversario. Reconocidas firmas serán galardonadas por su desempeño laboral durante el presente año, a la vez, se reconocerá la trayectoria de empresarios y personas jurídicas de El Salvador.
Las bases pasan por un riguroso proceso evaluativo realizado por la firma auditora KPMG, en el cual se asegura la transparencia y objetividad de todo el proceso.
Los premios reúnen a reconocidos abogados, empresarios, diplomáticos, funcionarios y más; así también, a las firmas legales más influyentes a nivel nacional, quienes compiten por obtener uno de los codiciados premios que se entregarán esa noche.
Este año Premios DyN serán divididos en 12 categorías:
- Firma en Derecho Corporativo
- Firma en Derecho Bancario y Financiero
- Firma en Litigios
- Firma en Propiedad Intelectual
- Firma del Año
- Firma Legal Especializada
- Firma Más Valorada Por Sus Clientes
- Firma con Mayor Crecimiento
- Firma en Derecho Tributario
- Departamento Legal Empresarial
- Proyección Profesional
- Abogada del Año
En la misma noche se entregarán reconocimientos a diferentes personalidades por su labor para el país durante el presente año, divididos en las categorías: Empresario Más influyente del Año, Trayectoria Empresarial del Año, Funcionario Más destacado del Año, Institución Pública Más Destacada del Año, Fundación Más Destacada del Año.
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