La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que en el último año ha brindado atención psicológica a 10,668 personas, reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud mental de la población.
“En el último año hemos atendido 10,668 personas en el área de atención psicológica. Para más información, comunícate con nuestro Centro de Atención Virtual, CAVAL, al 2231-9484”, informó la institución a través de un mensaje en redes sociales.
La PGR es una institución clave en la protección de los derechos de los ciudadanos, brindando asesoría y asistencia legal gratuita a quienes lo necesiten. Históricamente, ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de personas en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a la justicia y promoviendo el respeto a los derechos humanos.
Además de su labor legal, la PGR también ha incorporado servicios de apoyo psicológico con el objetivo de atender a quienes enfrentan situaciones de crisis emocional o requieren acompañamiento en procesos judiciales que afectan su salud mental.
“En la Procuraduría te ayudamos a que cuides de tu salud mental”, reiteró la institución, invitando a la ciudadanía a hacer uso de los servicios de atención psicológica disponibles.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, y el procurador general, René Gustavo Escobar, firmaron un convenio de cooperación tecnológica con el objetivo de mejorar la administración de justicia en el país. 

El acuerdo busca impulsar el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito judicial.

Entre los puntos más destacados del convenio, se encuentra la interoperabilidad de sistemas, que permitirá una mayor integración entre las plataformas de ambas instituciones. 

Asimismo, se promoverá el desarrollo de audiencias y diligencias judiciales por videoconferencia, lo que contribuirá a agilizar los procesos judiciales y facilitar el acceso a la justicia.

Este acuerdo interinstitucional tiene como fin optimizar los recursos disponibles, garantizando al mismo tiempo el respeto al debido proceso y aumentando la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial. 

Con esta iniciativa, se espera que la implementación de nuevas herramientas tecnológicas haga más ágil y transparente la administración de justicia en el país.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Héctor Nahun Martínez García, y la directora para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la CSJ, Claudia María Orozco Aguilar, fueron ponentes en un conversatorio titulado “Descripción de la buena práctica. Aplicación preferente de la Convención Interamericana contra la Corrupción sobre la figura de asilo”.
Durante sus intervenciones, ambos funcionarios destacaron la implementación de buenas prácticas por parte de la CSJ en dos casos específicos, donde se aplicó de manera preferente el artículo 6, literales A y B de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Esta decisión, coincidieron, subraya el compromiso de El Salvador con la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional en este ámbito.
El magistrado Martínez resaltó la importancia de esta práctica, afirmando: “Esta buena práctica representa un hito para la jurisprudencia que se genera desde la Corte Suprema de Justicia, especialmente en materia de cooperación internacional. Como poder judicial, tomamos una decisión aplicando las convenciones y demostramos el compromiso que el Estado salvadoreño tiene, siendo un ejemplo para los demás países de la región”, explicó.
El conversatorio, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), concluyó con la entrega de diplomas a los participantes, una actividad en la que también participó el magistrado Martínez. Estos espacios tienen como objetivo fomentar que los servidores públicos se conviertan en agentes de cambio y multiplicadores del conocimiento adquirido en la lucha contra la corrupción.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, encabezó la inauguración de la tercera edición del curso “Aplicación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción, sus Mecanismos de Seguimiento y otros Estándares Internacionales”.
Este evento, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), está dirigido a operadores de justicia involucrados en la aplicación de normativas anticorrupción.
El curso tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la implementación de convenciones internacionales contra la corrupción y sus mecanismos de supervisión.
Además, se abordará el funcionamiento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la aplicación de las 40 Recomendaciones del GAFI en el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Durante su intervención, Mejía destacó la relevancia de la ética en la administración pública y citó el derecho a la buena administración, reconocido en la Constitución y en la Ley de Procedimientos Administrativos.
“No puede haber una buena administración si no está regida por principios éticos y las normativas internacionales. Por ello, este tipo de formación es esencial para nuestros servidores públicos”, subrayó.
Por su parte, el presidente del TEG, Néstor Castaneda Soto, enfatizó la importancia de la formación en la prevención de la corrupción.
“Este curso es fundamental para fortalecer nuestras estrategias y políticas en la lucha contra este fenómeno. Es un esfuerzo que responde a las exigencias de las convenciones internacionales y promueve la cooperación interinstitucional”, señaló.
A la inauguración asistieron destacadas autoridades del ámbito judicial y gubernamental, entre ellos el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez, quien participa como ponente; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; y Karina Burgos, asesora jurídica del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y experta titular de El Salvador ante el Comité de Expertos del MESICIC.
También estuvieron presentes miembros del pleno del TEG y representantes de diversas instituciones estatales.
Este curso refuerza el compromiso del Estado con la capacitación continua de los operadores de justicia, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para aplicar las normas internacionales en la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética en la gestión pública.

Regresa el concurso interuniversitario sobre competencias para juicios orales en su XVIII edición 

El Consejo Nacional de la Judicatura anunció el regreso del Concurso Interuniversitario sobre Competencias para Juicios Orales, en su XVIII edición, una oportunidad única para los estudiantes de Derecho de diversas universidades del país para poner a prueba sus habilidades en audiencias orales.

Este evento, que se ha convertido en un referente en la formación de futuros abogados, busca fortalecer las destrezas de los participantes en la gestión y exposición de casos en el marco de juicios orales. 

En esta nueva edición, la temática central estará enfocada en los delitos contra las mujeres cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, un tema de gran relevancia en el contexto actual, marcado por el creciente uso de plataformas digitales.

La competencia, que se desarrollará en diversas fases, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una plataforma para mejorar su capacidad de argumentación y defender derechos en el contexto de la justicia penal. 

Además, les permitirá acercarse al mundo real de los procesos judiciales, enfrentándose a situaciones que requieren habilidades jurídicas, oratorias y de trabajo en equipo.

El período de inscripción está abierto del 17 al 31 de marzo, brindando a los estudiantes la oportunidad de formar parte de esta prestigiosa competencia. 

Las inscripciones se podrán realizar a través de la Escuela de Capacitación Judicial «Dr. Arturo Zeledón Castrillo», encargada de coordinar todo el proceso.

Participar en este concurso no sólo representa una oportunidad para reforzar las capacidades técnicas, sino también para destacar en el ámbito profesional, adquiriendo experiencia invaluable en el ejercicio de la oralidad, una de las áreas más cruciales del derecho actual.