La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró improcedente una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.

Cuatro ciudadanos solicitaron al tribunal que invalidara la norma, al considerar que permite la grabación unilateral de llamadas telefónicas y que esto vulnera derechos constitucionales como el honor y la intimidad.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios para abrir un proceso de control constitucional.

La resolución

La decisión quedó registrada en la resolución 57-2025, firmada por los magistrados Henry Alexander Mejía, Luis Suárez Magaña, Elsy Dueñas, Héctor Nahum Martínez y Ramón Iván García.

El tribunal emitió el fallo el 13 de marzo de 2026.

Según el documento, la demanda carecía de un contraste normativo debidamente argumentado, requisito indispensable para analizar una posible inconstitucionalidad.

Los magistrados indicaron que los demandantes no explicaron con claridad cómo la norma impugnada vulnera los derechos al honor o a la intimidad personal.

Qué establece el artículo cuestionado

El recurso buscaba invalidar el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.

Esta disposición establece que la grabación de telecomunicaciones autorizada por uno de los participantes de la comunicación no se considera una intervención ilegal.

Además, la ley señala que esas grabaciones pueden utilizarse como prueba en procesos judiciales, siempre que cumplan con las reglas generales de valoración de prueba.

Argumentos presentados por los demandantes

Los ciudadanos argumentaron que el artículo vulnera el artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho al honor y a la intimidad personal.

También afirmaron que la grabación unilateral de llamadas podría facilitar abusos o manipulaciones que afecten estos derechos.

No obstante, la Sala concluyó que la demanda no explicó de forma concreta cómo la norma produce esas supuestas vulneraciones.

El artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones se mantiene vigente y sin cambios.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó el Sistema de Gestión de Casos de Violencia Intrafamiliar (SIGEVI), una herramienta tecnológica diseñada para modernizar la atención judicial en procesos relacionados con violencia intrafamiliar.

El sistema busca mejorar la gestión de casos, fortalecer el seguimiento judicial y apoyar la toma de decisiones mediante datos y análisis en tiempo real. Además, permite registrar de forma integral cada proceso y facilitar el acceso a información clave para jueces y personal judicial.

El presidente de la CSJ, Henry Mejía, participó en la presentación junto con magistrados de distintas Salas y funcionarios del Órgano Judicial.

Sistema busca mejorar la evaluación de riesgo y medidas de protección

El SIGEVI incorpora herramientas para realizar una evaluación técnica automatizada del nivel de riesgo en los casos de violencia intrafamiliar.

Con esta información, el sistema puede generar sugerencias de medidas de protección y apoyar a los tribunales en la toma de decisiones.

Asimismo, la plataforma permite dar seguimiento oportuno a los casos y producir estadísticas judiciales en tiempo real, lo que facilita el análisis de información y la planificación institucional.

Durante la presentación, Mejía señaló que la herramienta permitirá contar con un mecanismo uniforme para valorar las medidas de protección en los diferentes tribunales del país.

Plataforma busca reducir revictimización de las víctimas

Otro objetivo del sistema es mejorar la atención a las víctimas y evitar la repetición innecesaria de entrevistas.

El SIGEVI centraliza la información en una base de datos única y fortalece la trazabilidad de los casos. De esta manera, el sistema busca reducir la revictimización y mejorar la coordinación entre dependencias judiciales.

Además, incluye herramientas de visualización territorial que permiten analizar los casos por zonas y detectar patrones relacionados con la violencia intrafamiliar.

Apoyo institucional y cooperación internacional

El desarrollo del sistema contó con el impulso de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia y el apoyo de la Misión Internacional de Justicia (IJM).

La representante de IJM, Raquel Campos de Guevara, destacó que la herramienta busca fortalecer el proceso de toma de decisiones judiciales en casos de violencia intrafamiliar.

También explicó que la plataforma representa un avance en la modernización del sistema judicial y en el uso de tecnología para mejorar la atención a las víctimas.

Plan piloto en sedes judiciales

El proyecto inicia con un plan piloto en 12 sedes judiciales, donde se evaluará el funcionamiento del sistema y su impacto en la gestión de casos.

Durante esta fase, las autoridades medirán el nivel de riesgo en cada caso, revisarán la aplicación de medidas de protección y analizarán los resultados del sistema.

Posteriormente, las experiencias obtenidas servirán para ajustar la plataforma y ampliar su implementación en el sistema judicial.

Con esta iniciativa, la CSJ busca fortalecer la respuesta institucional ante la violencia intrafamiliar, mejorar el acceso a la justicia y optimizar la gestión de los procesos judiciales relacionados con este tipo de delitos.

La Embajada de Estados Unidos felicitó a las autoridades de El Salvador y al sector privado por los avances en la prevención del lavado de dinero y activos. El reconocimiento se produjo tras una actividad de capacitación dirigida a fortalecer el sistema antilavado del país.

“Felicitamos a las autoridades salvadoreñas y al sector privado por avanzar en este esfuerzo. Nos complace seguir ayudándoles a través de actividades clave como esta”, indicó la sede diplomática estadounidense.

Además, la embajada señaló que estas iniciativas permiten que las instituciones cuenten con herramientas y conocimiento para enfrentar delitos complejos como el lavado de dinero.

Fiscalía participa en programa de capacitación antilavado
La actividad forma parte del Programa de Capacitación y Fortalecimiento en Medidas de Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.

En este marco, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General participó en un Mentoring Camp enfocado en la prevención del lavado de activos.

Según la institución, el proceso busca fortalecer las capacidades técnicas y analíticas de los participantes. También pretende mejorar la evaluación de riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Participaron abogados, notarios y representantes institucionales
La capacitación reunió a 40 abogados y notarios que forman parte de los llamados sujetos obligados en la prevención de estos delitos.

Entre los asistentes también participaron tres profesionales de la Fiscalía General. Ellos forman parte del proceso formativo enfocado en reforzar el sistema antilavado en El Salvador.

Asimismo, la actividad contó con el apoyo de la organización internacional Global Financial Integrity (GFI), especializada en análisis financiero y prevención de flujos ilícitos.

Capacitación incluye análisis de riesgos y reportes de operaciones sospechosas
El Mentoring Camp se desarrolló en dos jornadas de trabajo. Durante ese tiempo, los participantes realizan ejercicios guiados y evaluados.

Las sesiones se centran en la aplicación de mejores prácticas internacionales. También incluyen análisis de riesgo y elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Estos reportes son una herramienta clave en la detección temprana de posibles casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Finalmente, las autoridades señalaron que el proceso formativo busca fortalecer el sistema antilavado salvadoreño y mejorar la coordinación entre instituciones públicas y profesionales del sector privado.

Abogados y notarios en el libre ejercicio de la profesión participaron en una capacitación especializada sobre prevención del lavado de dinero y elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La jornada buscó fortalecer las capacidades del sector legal dentro del sistema antilavado de El Salvador.

La actividad, denominada Mentoring Camp: Mejores prácticas de prevención del blanqueo de capitales (AML Compliance) y elaboración de Reporte de Operaciones Sospechosas, fue organizada por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en coordinación con la Unidad de Investigación Financiera y con apoyo técnico de Global Financial Integrity.

Capacitación para mejorar la prevención del lavado de activos

El encuentro reunió a profesionales del derecho con el objetivo de fortalecer la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Durante la jornada, especialistas presentaron herramientas prácticas para mejorar la elaboración de reportes de operaciones sospechosas. Además, abordaron métodos para identificar riesgos financieros dentro del ejercicio profesional.

Las autoridades señalaron que la capacitación busca mejorar la calidad de los reportes y fortalecer los mecanismos de detección temprana de operaciones irregulares.

Rol de abogados y notarios en el sistema antilavado

Los participantes analizaron el papel de los sujetos obligados dentro del sistema de prevención de delitos financieros.

En ese contexto, las mesas de trabajo abordaron buenas prácticas para implementar sistemas de prevención y cumplimiento. También revisaron modelos de control aplicables a la práctica legal.

Este enfoque permitió identificar oportunidades de mejora en los procesos de verificación y reporte de operaciones sospechosas.

Programa de fortalecimiento institucional

La actividad se desarrolló como parte del Programa de Capacitación y Fortalecimiento en Medidas ALA/CFT para Supervisores y Supervisados.

Con este programa, las instituciones buscan fortalecer la actualización normativa y mejorar la coordinación entre entidades que integran el sistema antilavado en el país.

En el evento participó la directora para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos de la Corte Suprema de Justicia, Gabriela López Herrera, junto con funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera y otros invitados del sector legal.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una alerta dirigida a la comunidad jurídica sobre mensajes fraudulentos que solicitan códigos de verificación para acceder al sistema SNE.

Según la institución, personas desconocidas envían mensajes a través de WhatsApp con el objetivo de obtener códigos de verificación bajo el argumento de habilitar notificaciones del sistema judicial.

El Órgano Judicial explicó que estos mensajes buscan engañar a los usuarios y obtener información que permita tomar control de cuentas o realizar acciones fraudulentas.

Advertencia a usuarios del sistema SNE

La advertencia se dirige especialmente a los usuarios del Sistema de Notificación Electrónica (SNE), utilizado para notificaciones y servicios vinculados al sistema judicial.

La Corte Suprema indicó que detectó intentos de fraude mediante solicitudes de códigos de verificación enviados por mensajería instantánea.

Por ello, la institución pidió a los usuarios no compartir códigos de verificación que no hayan solicitado a través de canales oficiales.

Además, recordó que el Órgano Judicial nunca pedirá enviar códigos de verificación por WhatsApp ni por otros medios informales.

Riesgo de fraude y control de cuentas

La institución explicó que compartir un código de verificación puede permitir que terceros tomen control de una cuenta de mensajería.

Este tipo de fraude digital suele utilizarse para suplantar identidades o acceder a información personal.

Por esa razón, el Órgano Judicial pidió a los usuarios actuar con cautela ante cualquier mensaje sospechoso que solicite datos personales o códigos de seguridad.

Asimismo, recomendó verificar siempre el origen de los mensajes antes de responder o compartir información.

Canales oficiales para consultas y reportes

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador también recordó que las consultas sobre el sistema SNE deben realizarse únicamente mediante sus canales oficiales de atención.

Los usuarios pueden reportar mensajes sospechosos o solicitar información a través del teléfono 2231-8359 o mediante el correo institucional csj.ddti.sne@oj.gob.sv

Además, el organismo reiteró que su sitio web oficial, Órgano Judicial de El Salvador, publica información actualizada sobre servicios y comunicaciones institucionales.