Legal
Reforma a ley de delitos informáticos fortalece protección a empresas que manejan datos personales en El Salvador
La reciente reforma aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos marca un hito en la protección legal de los actores que procesan o gestionan datos personales. Con esta modificación, empresas, entidades y personas que operan como “controladores” o “procesadores” de datos podrán ser reconocidos legalmente como víctimas directas en casos de fraude informático, incluso si los datos comprometidos no les pertenecen como propietarios.
Protección más allá del titular de los datos
Hasta ahora, la legislación permitía imputar el delito de fraude informático —con penas entre 6 y 10 años— únicamente cuando se demostraba perjuicio directo al propietario de los datos. Sin embargo, esta limitación dejaba fuera a las empresas que custodian, administran o explotan datos personales como parte de sus operaciones.
Con la reforma, se aclara que el delito se configura no solo en perjuicio del titular de los datos, sino también de los actores que los procesan o controlan. Esto incluye a empresas con acceso a sistemas CRM, plataformas de ventas, call centers, servicios blockchain o cualquier sistema que gestione información de terceros.
Además, se establece un agravante para este tipo de conductas: si el delito es cometido por un empleado con acceso autorizado a estos sistemas, la pena podrá elevarse hasta 12 años de prisión.
AmCham: una reforma impulsada por la necesidad del sector
La Cámara Americana de Comercio (AmCham) en El Salvador fue una de las voces más insistentes en la necesidad de esta reforma. Karla Machón, presidenta del Comité de Call Centers de AmCham, advirtió que el uso indebido de datos personales ha afectado gravemente la reputación del país como destino de servicios tercerizados.
“Estimamos que por delitos de este tipo hemos perdido 5,000 empleos en el sector”, indicó Machón, al señalar que la desconfianza generada entre socios internacionales pone en riesgo futuras inversiones.
El sector de Business Process Outsourcing (BPO) representa una de las mayores apuestas económicas del país, con una inversión que supera los $100,000 millones y proyecciones de crecimiento hasta $162,000 millones para 2029, según datos de AmCham.
Más seguridad jurídica, más inversión
Desde la perspectiva del derecho corporativo y la gestión del riesgo empresarial, esta reforma representa un avance relevante. Brinda herramientas legales a las empresas para actuar como querellantes en procesos penales por uso indebido de datos, algo clave en sectores donde la información es un activo crítico.
Aunque la nueva redacción fue motivada por casos ocurridos en call centers, su alcance legal va más allá. Cualquier organización que gestione bases de datos —desde bancos y hospitales hasta empresas de tecnología— podría beneficiarse de este marco jurídico más claro y robusto.
Para las firmas que operan en El Salvador o evalúan establecer operaciones en el país, la reforma envía una señal de que existe voluntad política para proteger el ecosistema digital y reforzar la seguridad jurídica en materia de datos.
Un paso en la dirección correcta
A medida que crecen las preocupaciones sobre ciberseguridad, protección de datos y responsabilidad penal en entornos laborales digitales, El Salvador da un paso importante al reconocer formalmente el papel de los procesadores y controladores como partes legítimas afectadas por delitos informáticos. Para el mundo legal y corporativo, se trata de un cambio sustantivo que fortalece el marco de cumplimiento y protege inversiones claves en la economía digital.
Con información de diario El Mundo
Legal
Corte Suprema inaugura programa que busca fortalecer la prevención de la corrupción en el sistema judicial
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador inauguró la tercera edición del programa “Integridad Pública y Cumplimiento Normativo Anticorrupción”, dirigido a jueces, magistrados y personal judicial de la zona oriental del país.
La actividad fue organizada por la Dirección de Talento Humano Institucional con el objetivo de fortalecer las capacidades para prevenir y combatir la corrupción dentro del Órgano Judicial salvadoreño.
Además, la jornada reunió a funcionarios judiciales encargados de aplicar normas vinculadas con transparencia, ética pública y cumplimiento anticorrupción.
Magistrado expone sobre consecuencias jurídicas y sociales de la corrupción
Durante la inauguración, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, impartió el primer módulo de la capacitación.
El funcionario también coordina la Comisión de Prevención Contra el Lavado de Dinero y Activos del sistema judicial salvadoreño.
En su exposición, Martínez García abordó las definiciones y consecuencias de la corrupción desde perspectivas jurídicas, éticas y sociales.
Asimismo, explicó herramientas básicas para interpretar y aplicar correctamente las disposiciones legales relacionadas con el combate a la corrupción.
“El propósito de esta ponencia es facilitarles competencias y herramientas básicas para que sepan interpretar y aplicar adecuadamente las disposiciones de la ley”, expresó el magistrado durante la actividad.
Programa analiza normas internacionales contra la corrupción
La capacitación también incluyó el estudio de disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
De esta manera, el programa busca reforzar el conocimiento sobre estándares internacionales vinculados con transparencia institucional, prevención de delitos y cumplimiento normativo.
Las autoridades judiciales señalaron que este tipo de jornadas forma parte de los esfuerzos para fortalecer la integridad pública dentro de las instituciones del sistema de justicia.
Además, la iniciativa pretende mejorar las prácticas internas relacionadas con la ética judicial y la prevención de actos irregulares.
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Consejo Nacional de la Judicatura realiza charla sobre inteligencia artificial aplicada al Derecho
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) desarrolló este viernes la jornada académica “Una aproximación a la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho”, enfocada en el uso de nuevas tecnologías dentro del sistema judicial y administrativo.
La actividad reunió a magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y de Paz, además de personal jurídico de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y representantes de otras instituciones vinculadas al organismo.
Durante la jornada, los participantes conocieron aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y analizaron su impacto en la administración de justicia.
CNJ destaca impacto de la inteligencia artificial
El consejero propietario Santos Guerra Grijalba señaló que estos espacios académicos permiten fortalecer el conocimiento tecnológico del funcionariado judicial.
Además, explicó que la capacitación ayuda a comprender el alcance de la inteligencia artificial en procesos legales y administrativos.
Según indicó el funcionario, las nuevas herramientas digitales pueden apoyar distintas tareas relacionadas con el análisis jurídico y la gestión institucional.
Participaron jueces, magistrados y personal jurídico
En la actividad participaron magistrados de distintas competencias judiciales, jueces de Paz y de Primera Instancia, así como personal especializado de instituciones que mantienen acuerdos de cooperación con el Consejo Nacional de la Judicatura.
El organismo explicó que estas jornadas buscan actualizar conocimientos y promover el intercambio académico sobre tecnologías aplicadas al Derecho.
Además, el CNJ mantiene iniciativas de formación para fortalecer capacidades técnicas dentro del sistema judicial salvadoreño.
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Corte Suprema y Consejo de la Judicatura inauguran programa de formación especializada para servidores judiciales en materia criminal
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inauguraron el Programa de Formación Especializada para Servidores Judiciales con Competencia en lo Criminal.
La iniciativa está dirigida a magistrados, jueces, secretarios y colaboradores judiciales que integrarán las nuevas sedes especializadas en materia criminal.
Las jornadas académicas iniciaron de forma simultánea en la Escuela de Capacitación Judicial Dr. Arturo Zeledón Castrillo y en Santa Ana. Además, las actividades para la zona oriental comenzarán este jueves en San Miguel.
El programa forma parte de un trabajo coordinado entre la Corte Suprema de Justicia y el CNJ. También participaron expertos en derecho penal, derecho constitucional y derecho procesal penal.
Cinco módulos especializados
La formación especializada contempla cinco módulos principales. Entre ellos destacan el diseño procesal penal, el derecho penal sustantivo y el razonamiento probatorio en materia criminal.
Asimismo, el programa abordará temas como evidencia digital, operaciones encubiertas, litigación oral y ejecución de la pena perpetua. También incluirá contenidos sobre audiencias judiciales, redacción de sentencias y protección de víctimas vulnerables.
Según las autoridades, el objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de los operadores judiciales ante las recientes reformas constitucionales y legales.
Reformas penales impulsan nueva estructura judicial
Durante el acto inaugural, el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, afirmó que las reformas procesales y constitucionales generaron nuevas competencias jurisdiccionales para
delitos graves.
Entre esos mencionó homicidio, feminicidio, violación y otros casos que afectan bienes jurídicos fundamentales.
El magistrado señaló que el nuevo modelo penal exige preparación técnica y coordinación institucional permanente. Además, destacó que la capacitación judicial busca mejorar la calidad de las decisiones judiciales y fortalecer la seguridad jurídica.
En el evento participaron magistrados de distintas salas de la Corte Suprema, autoridades del CNJ y representantes de la Escuela de Capacitación Judicial.
Las instituciones indicaron que el programa contribuirá al fortalecimiento de una justicia penal especializada, moderna y eficiente
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Notarios: no olviden que el trámite de sus sellos es en línea, dice la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a los notarios que deben tramitar por primera vez su sello a través de su plataforma oficial en línea.
La institución indicó que el proceso debe realizarse en el sistema digital habilitado para abogados y notarios. Además, reiteró que el trámite cumple pasos específicos y requisitos obligatorios.
Este recordatorio busca ordenar el proceso y garantizar que los notarios cumplan con la normativa vigente.
Pasos para solicitar el sello de notario por primera vez
Según la Corte, el proceso inicia en el Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados y Notarios.
El usuario debe ingresar con su número de DUI y contraseña.
Luego, el solicitante debe seleccionar la opción de trámite de autorización de sellos. En ese apartado, debe completar los datos requeridos en la solicitud.
Posteriormente, debe adjuntar en formato digital la constancia de publicación en el Diario Oficial del acuerdo que lo acredita como notario.
Plazo de respuesta y descarga de autorización
La Corte informó que la autorización estará disponible en un plazo de tres días hábiles. Esto aplica siempre que no existan observaciones en la solicitud.
Después, el usuario puede verificar el estado del trámite en la opción de consulta. Para ello, debe ingresar nuevamente su número de DUI.
Una vez aprobada, la autorización debe descargarse y guardarse en una memoria USB. La institución aclaró que este documento no debe imprimirse.
Uso del documento y validación final
La autorización emitida tiene validez para una sola elaboración de sellos notariales. Por tanto, el solicitante debe presentarla en formato digital en la imprenta correspondiente.
Finalmente, el notario debe asistir a una cita para registrar su sello y firma. Este proceso se realiza en el libro de la Oficialía Mayor.
La sede indicada es el Palacio Judicial, ubicado en el Centro de Gobierno en San Salvador.
Corte refuerza cumplimiento de requisitos
Con este aviso, la Corte busca que los notarios sigan el procedimiento establecido sin errores.
Además, promueve el uso de herramientas digitales para agilizar los trámites.
El organismo reiteró que cumplir cada paso evita retrasos y observaciones en la solicitud.
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Procuraduría General acredita 28 nuevos mediadores de conflictos y refuerza servicios de resolución
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores de conflictos. Ellos apoyarán la resolución pacífica de disputas sin acudir a procesos judiciales.
La institución informó que los mediadores trabajarán en distintas sedes del país. Su función será facilitar el diálogo y promover acuerdos entre las partes.
Mediación busca evitar procesos judiciales
La PGR impulsa la mediación como una herramienta para resolver conflictos de forma rápida. Este mecanismo evita que los casos escalen al sistema penal.
El procurador general, René Escobar, destacó la importancia de este proceso. Señaló que la mediación promueve una sociedad más justa y pacífica.
Además, explicó que este enfoque transforma los conflictos en oportunidades de entendimiento. Por ello, la institución fortalece su equipo con nuevos profesionales.
Cobertura nacional con nuevos mediadores
Con esta acreditación, la PGR suma 388 mediadores en todo el país. Estos atienden en la sede central y en 18 procuradurías auxiliares.
Los nuevos mediadores serán asignados a oficinas en San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango. Así, la institución amplía su cobertura territorial.
Alta demanda de servicios de mediación
Durante el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación recibió 4,023 casos. Las personas buscaron apoyo para resolver conflictos patrimoniales y familiares.
También se registraron disputas vecinales, cuotas alimenticias y custodias. Estos casos reflejan la demanda de soluciones rápidas y accesibles.
Mediación promueve acuerdos sostenibles
La procuradora especializada, Jeanneth Marconi, explicó el impacto del programa. Indicó que la mediación facilita acuerdos duraderos entre las partes.
Asimismo, destacó que este mecanismo reduce costos y tiempos. También fortalece el acceso a la justicia mediante el diálogo y la comprensión mutua.
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