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El Salvador sanciona a 530 funcionarios por faltas éticas desde la entrada en vigor de la ley
El Salvador ha sancionado a 530 funcionarios y empleados públicos por infringir la Ley de Ética Gubernamental, según el informe más reciente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la institución encargada de supervisar la conducta ética de los servidores públicos.
El reporte detalla que el tribunal impuso 615 multas desde que comenzó a aplicar la ley hasta el 31 de julio de 2026. Las sanciones abarcan casos de conflicto de interés, doble remuneración estatal y uso indebido de recursos públicos.
Las infracciones más frecuentes
La falta más común fue realizar actividades privadas durante la jornada laboral, salvo las autorizadas por la ley. El TEG detectó 94 casos de esta conducta.
En segundo lugar figuró la participación en asuntos donde existía conflicto de interés propio o de familiares cercanos, con 64 infracciones.
Además, el tribunal registró 47 casos de funcionarios que recibieron más de una remuneración proveniente del presupuesto estatal mientras desempeñaban funciones en el mismo horario.
El caso más reciente
La sanción más reciente recayó sobre una directora regente de la entonces alcaldía de Tepetitán, en el departamento de San Vicente, quien también trabajaba como médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El TEG determinó que percibía dos remuneraciones del Estado y le impuso multas de 730 y 1,095 dólares el 25 de marzo de 2026.
Educación y municipalidades encabezan el listado
El Ministerio de Educación acumuló 25 funcionarios sancionados, la cifra más alta entre las instituciones públicas analizadas entre 2007 y 2026.
Le siguieron la alcaldía de Ilopango con 15 sanciones, la Asamblea Legislativa con 13, el Hospital Nacional Rosales con 11, el ISSS con 11, el Órgano Judicial con 11, el Ministerio de Agricultura con 10 y la Policía Nacional Civil con nueve casos.
En conjunto, las alcaldías registraron 103 sanciones, mientras que los hospitales públicos, el Ministerio de Salud y el ISSS sumaron 42 casos, de acuerdo con el informe oficial del Tribunal de Ética Gubernamental.





