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El Salvador aprueba la 53a. prórroga del régimen de excepción y reporta 92,740 capturas
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la 53a. prórroga del régimen de excepción, con 57 votos a favor (de 60 posibles), por lo que las medidas extraordinarias continuarán vigentes del 30 de julio al 28 de agosto de 2026.
La iniciativa recibió el respaldo de la bancada oficialista y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra, mientras que los legisladores del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no participaron en la sesión.
Según la solicitud enviada por el Ejecutivo y firmada por el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Adolfo Muñoz, la extensión permitirá mantener las operaciones de seguridad contra las pandillas y otras estructuras criminales.
La prórroga mantiene suspendidas tres garantías constitucionales: el derecho de las personas detenidas a ser informadas de las razones de su captura y a contar con asistencia legal inmediata, el límite de 72 horas para la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
Gobierno informa sobre capturas y reclutamiento de menores
En el documento, el Gobierno reportó 92,740 capturas desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, lo que representa 260 detenciones más que las informadas un mes antes.
Además, afirmó que las autoridades han identificado casos de menores de edad involucrados en el reclutamiento de otros jóvenes para integrarlos a pandillas, así como en delitos relacionados con armas de fuego y drogas. También señaló que han recopilado evidencia digital que, según el Ejecutivo, demuestra la continuidad de mecanismos de coordinación entre organizaciones criminales.
Mientras el Gobierno sostiene que el régimen ha contribuido a la reducción de los homicidios y asegura haber acumulado 1,275 días sin asesinatos durante la actual administración, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos mantienen denuncias por presuntas capturas arbitrarias, malos tratos y muertes de personas bajo custodia estatal.
