Legal
Análisis sobre las sentencias de la Sala de lo Constitucional
Entrevista con el Dr. Germán Rivera, abogado, notario y consultor en Derecho Constitucional.
$900 millones y diputados suplentes
Sobre la sentencia de inconstitucionalidad sobre la emisión de 900 millones en bonos. ¿Qué se podría hacer si el Gobierno intenta que se vuelva a aprobar si ya no hay diputados suplentes?
De acuerdo a la sentencia de la Sla, prácticamente el decreto que aprobó los 900 millones al declararse inconstitucional sale del sistema jurídico. Si la Asamblea legislativa quisiera aprobar los 900 millones o cualquier otra cantidad, tendría que someter a un nuevo proceso de aprobación un decreto diferente.
Con respecto a los diputados suplentes, lo que ha dicho la Sala en la sentencia es que actualmente no hay diputados suplentes, será hasta en el 2018 que se elegirán. Las personas que fueron nombradas como diputados suplentes en las elecciones anteriores por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no podrán tener ningún tipo de participación la función legislativa, la Asamblea terminará periodo solo con los 84 diputados propietarios.
¿Por qué?
Entiende la sala que los diputados suplentes no han recibido la legitimación democrática del electorado en virtud de que no fueron elegidos de forma directa según las características del voto previstas en la Constitución de la República.
El sistema legal actual ha permitido que los diputados suplentes aparezcan en una terna que se registra en el TSE pero el elector no los conoce, él elige al diputado propietario por rostro, pero no al suplente.
Bajo esa lógica, si la Asamblea quisiera aprobar un nuevo decreto tendrá que hacerlo con la mayoría calificada de las dos terceras partes o sea 56 votos, pero con diputados propietarios.
¿Cuáles considera que serían las consecuencias de no tener diputados suplentes?
La asamblea está integrado por 84 diputados propietarios, en ese contexto los diputados suplentes solo se integran es en sustitución de diputados propietarios. Lo que va a implicar es que, mientras termina el actual periodo, el propietario tendrá que estar en todas las diferentes comisiones ya sean permanentes o especiales y en el pleno.
Algunos diputados manifestaron que podrían modificar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para redefinir las funciones y atribuciones de los diputados suplentes. ¿Podrían hacerlo?
El tema central es si existe o no existen a partir de la sentencia de la Sala los diputados suplentes. Según la referida sentencia en el actual periodo legislativo no hay diputados suplentes. Eso implica que aunque se reformara el reglamento interno de la Asamblea y se le quisiera asignar algunas labores, podrán continuar en la Asamblea pero con cargos distintos, podrán ser asesores, pues a partir de la sentencia, según la Sala de lo Constitucional, no hay diputados suplentes.
¿Qué debería hacer el TSE para las próximas elecciones? ¿Poner también el rostro de los diputados suplentes? O ¿no es necesario disponer ya, de diputados suplentes?
El mandato que se deriva de la sentencia es que la Asamblea legisle sobre esto, ello implica que deberán hacerse reformas electorales en las que se establezca que en las planillas del próximo proceso electoral estén los diputados propietarios y los diputados suplentes. Eso va a implicar que el elector elija de forma directa y por voto cruzado a diputados suplentes también.
Suspensión del 13 por ciento a la energía eléctrica
Por el momento la sala ha suspendido provisionalmente el aumento del 13 por ciento a la energía ya que el Órgano Ejecutivo pretende regular este tributo, función que es de la Asamblea Legislativa.
¿Por qué el Ejecutivo toma decisiones que no le corresponden?
Desde la perspectiva de los hechos el Órgano Ejecutivo quiere fondos y para ello posiblemente se pudo haber hecho una interpretación de la Ley de Electricidad, la cual fue emitida por la Asamblea Legislativa y en la que se determina los cargos. Ahora bien, en este caso, se produjo una reforma al reglamento de la ley y ahí se establece otro cargo, pero hay una diferencia, esta reforma al reglamento no va por la Asamblea. La discusión es si debía o no ir a la Asamblea Legislativa el tema de ese cargo; desde mi perspectiva creo que sí, porque en el fondo son tributos los que se regulan, son cargas económicas que va a pagar el usuario y esto implica un fondo para el Estado. Ese tributo es un impuesto por sus características.
El decreto dice que es para programas sociales pero luego creo que hay tres versiones más, que es para mejorar la producción energética, para energía renovable, la otra versión es que es para el subsidio,, pero el decreto señala que es para programas sociales. Eso implica quién lo va a recibir, cuándo lo va a recibir y en qué cantidad lo va a recibir.
Entonces, viene la Sala admite la demanda y decreta la medida cautelar de suspensión mientras se evalúa si existe o no la inconstitucionalidad que le ha planteado el demandante.
¿Cuál considera que es el principal argumento de la sala para declarar esta suspensión?
El elemento principal en la demanda es que este es un impuesto y que por lo tanto debió ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
¿Los funcionarios que decretaron el aumento desconocieron alguna jurisprudencia constitucional al respecto?
Creo que pudo haber sido una interpretación extensiva de lo que era la Ley de Electricidad y Comunicaciones y entender que en ella ya estaba previsto un cargo de ese tipo. Y por lo tanto, hicieron la reforma al reglamento.
Posiblemente no se entró en un debate muy profundo de estos temas que ya la sala ha señalado, posiblemente sí lo hicieron y no le quisieron atender.
Ley de Amnistía General
¿Qué implicaciones tiene que la Ley de Amnistía General sea declarada inconstitucional y que entre en vigencia la Ley de Reconciliación Nacional?
Hay que irnos un poco atrás. No es la primera demanda que se presentaba en contra de La ley de Amnistía. Ya en el año 2000 la Sala emitió una sentencia en la que si bien dijo que no era inconstitucional establecía ya unos ciertos aspectos que señalaban debían ser llevados a la vía ordinaria y que allí se determinaría si aplicaba o no la ley de amnistía.
Discrepo completamente con el pronunciamiento de un exmagistrado que dice que el año 2000 se declaró constitucional la ley de amnistía y que por lo tanto ya no se podía conocer, no es cierto. El proceso de inconstitucionalidad como tal no tiene por objeto declarar si una norma es constitucional o no, sino declarar si existe o no la inconstitucionalidad que fue alegada. En ese caso, se desestimó la inconstitucionalidad alegada.
Cuando la Sala dice que no existe la inconstitucionalidad alegada, queda la posibilidad de presentar nuevas demandas a futuro, claro ahora dijo la Sala es inconstitucional según los argumentos planteados y por lo tanto, se expulsa toda la ley y se da reviviscencia a la Ley de Reconciliación Nacional.
Visto el texto de la sentencia, visto los alcances, esta sentencia definitivamente genera mucha preocupación en diferentes sectores pero también genera mucha aceptación en otros.
El tema es bien delicado sobretodo si evaluamos los alcances del informe de la Comisión de la Verdad y de las personas que posiblemente pudieran estar involucradas, en los casos ahí mencionados, aspectos que son tomados como elementos esenciales en la sentencia por la Sala.
¿Quiénes serían los afectados?
En todo caso si se llegara a procesar a alguien, si se evaluara la posibilidad de procesarles por la Fiscalía General de la República (FGR) y si se tratara de actuales funcionarios con nombre y apellido, tendrá que ir ante la Asamblea Legislativa e iniciarles el antejuicio porque son funcionarios que a estas alturas tienen fuero constitucional y la Asamblea determinará si procede o no desaforarlo o esperar que termine el periodo y cuando termine, los podría procesar, pero mientras tanto no es un tema que ya mañana van a aparecer los procesos en la vía ordinaria respecto de esos funcionarios, sin fuera el caso.
Si no fueran funcionarios y fueran personas que no tuvieran ningún fuero, habrá que evaluar la posibilidad de si en la vía ordinaria el fiscal va a presentar estas acusaciones y ver si cuenta con las prueba, etc. El Fiscal ha dicho que acatará la sentencia.
Es una situación bastante compleja y es en la vía ordinaria donde se determinará si ese caso por el cual está siendo procesada una persona, es de delitos de lesa humanidad.
En todos estos casos habrá que cumplir a plenitud con un proceso conforme a la constitución, no se va a procesar a alguien y decir es culpable simplemente. Hay que desvirtuar la presunción de inocencia y establecer la culpabilidad de esa persona.
Por otro lado, hay que tener claro que la Sala deja abierto la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que van más allá de la responsabilidad penal, pues pudiera tratarse de personas que consideraron según el informe de la comisión de la verdad, pero que ya fallecieron. Podrán buscar indemnizaciones en esos casos.
Primero hay que conocer el contenido de la sentencia, evaluarla técnicamente y hay que razonarla de manera objetiva no con pasionismos, la sentencia es de la sala y hay que acatarla por su carácter vinculante, art. 183 Cn.
¿Se verá afectada la situación de los militares que España está pidiendo sean extraditados?
Una vez que la Sala declara inconstitucionalidad la ley de Amnistía se abre la posibilidad para que estos casos se conozcan en El Salvador. El caso jesuitas está entre ellos.
Al haberse declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y haberse establecido que esos casos no han prescrito, se abre toda la vía para que sean procesados en El Salvador.
Yo creo que la Corte Suprema podría ahora negar la extradición considerando que van a ser procesados en el país. Pero algunos, otros no. Ahí se va a evaluar quienes pudieran ser juzgados y quiénes no. Porque si fueron juzgados y fueron condenados y luego amnistiados y no cumplieron las penas en aquel entonces, tienen que cumplir las penas ahora. Pero los que no fueron procesados, podrán ser procesados.
Y si en el país no se hace nada, ya hay jurisprudencia de la Sala que no hay que perder de vista, que cuando la fiscalía no ejerza la acción penal las víctimas pueden ir de manera directa a la vía ordinaria.
Si se diera el caso, de que en la vía ordinaria tampoco se da la posibilidad y se niega todo acceso a la justicia. Uno se pudiera preguntar, ¿en este caso cabría la posibilidad del Tribunal Penal Internacional o no? Que ese es otro escenario posible. No hay que perderlo de vista.
Téngase en cuenta que se ha ratificado la jurisdicción del tribunal y se ha dicho que no es con efecto retroactivo: Será un tema de debate, si internamente el país no hace nada en estos casos que pasará. El tema es sumamente complejo.
Legal
Simple Legal Consulting (SLC) presenta su oferta a bufetes e inversionistas salvadoreños interesados en Costa Rica
Imagen principal: Herman Duarte, fundador de Simle Legal Consulting, en la oficina de la firma en Lindora, Costa Rica. Fotografía: @TimelessbyFernando.
Con una práctica consolidada y una nueva oficina en Lindora, Costa Rica, la firma boutique fundada por el abogado salvadoreño (y ahora también, costarricense) Herman Duarte ofrece asesoría integrada para clientes privados, familias, empresarios e inversionistas interesados en residir, diversificar activos o desarrollar negocios en el país.
Simple Legal Consulting (SLC) inicia una nueva etapa desde su sede en Futura Business & Plaza, en Lindora. La oficina amplía la capacidad de una práctica que atiende decisiones migratorias, inmobiliarias, corporativas, bancarias y patrimoniales para clientes con
intereses en Costa Rica. Su apertura, reseñada por Forbes Centroamérica, no constituye el comienzo de la firma, sino la expresión visible de una organización construida durante años, cliente por cliente y asunto por asunto.
Una organización con rumbo claro
Duarte trabajó durante 5 años en Batalla Abogados, 3 años en Fundación Igualitxs, antes de fundar SLC en 2021. Es graduado de ESEN, obtuvo un LL.M. en International Commercial Arbitration Law en Stockholm University y cursó un MSc en Human Rights and Politics en la London School of Economics como becario Chevening. Esa combinación de experiencia empresarial, estrategia jurídica y comprensión humana terminó dando forma a una firma enfocada en clientes privados.
Hoy SLC trabaja con personas, familias y empresarios de Estados Unidos, Canadá, de países europeos y América Latina. La firma ha acompañado cientos de procesos migratorios y ha ampliado su práctica hacia inversión inmobiliaria, estructuración corporativa, cumplimiento, documentación bancaria y solución de controversias. La confianza en esta nueva etapa no descansa en una promesa de éxito, sino en una propuesta probada, procesos ordenados y claridad sobre el cliente al que la organización desea servir.
Perseverar también significa corregir
La evolución no fue lineal. Duarte ensayó distintos proyectos, conceptos y modelos de práctica legal. Algunos no encontraron suficiente mercado y otros tuvieron que cambiar. La enseñanza empresarial fue decisiva: perseverar no significa repetir indefinidamente una idea
que no funciona. Significa conservar el propósito, escuchar lo que la gente necesita y ajustar la oferta sin renunciar a la ética
“Hoy sabemos quiénes somos, qué ofrecemos y a quién queremos ayudar.
Esa claridad nos permite mirar el futuro de SLC con seguridad”.Confianza, inversión y movilidad: Costa Rica como plataforma complementaria
Para empresarios y familias salvadoreñas, Costa Rica puede representar una segunda residencia (basta ver el Grupo Poma como tiene operaciones igual o hasta más fuertes en el país como un termómetro de ser un gran lugar para invertir), una jurisdicción complementaria o una base para nuevos proyectos. La oportunidad requiere planificación, documentación y cumplimiento; y Simple Legal Consulting (SLC) esta disponible para ayudarle.
El interés empresarial en Costa Rica tiene una base concreta. Según el Ministerio de Comercio Exterior, el país superó los US$5.000 millones en inversión extranjera directa durante 2025 por segundo año consecutivo, con actividad relevante en zonas francas, turismo, inmobiliario y empresas del régimen definitivo.
Para Duarte, esta posibilidad no compite con la modernización de El Salvador. Permite que sus empresarios piensen regionalmente y evalúen cómo diversificar una parte de sus proyectos o patrimonio, de la mano con una firma con profesionales honrados, técnicos y profesionales.
Residencia y movilidad
Evaluación de opciones migratorias como rentista, inversionista, pensionado o nómada digital, además de planificación documental, presentación, seguimiento y coordinación de las etapas necesarias para establecerse en Costa Rica. Un plan B nunca viene mal.
Inversión inmobiliaria y patrimonial
Debida diligencia sobre propiedades, titularidad, gravámenes, planos, situación municipal, contratos y cierres. La planificación patrimonial se estructura conforme a la legislación aplicable, las obligaciones fiscales y los deberes de transparencia. Una guía de compra puede verse en su website.
Expansión corporativa y cumplimiento
Constitución de sociedades con tan solo llenar un formulario, contratos, permisos, gobierno corporativo y mantenimiento legal. El objetivo es que la estructura sirva al negocio y se mantenga lista para operar, invertir o sostener activos.
Banca y origen de fondos
Apoyo en la preparación documental y coordinación con entidades bancarias, contadores y otros profesionales. Toda apertura o
transacción permanece sujeta a las políticas de conocimiento del cliente y aprobación de cada institución.
Una contraparte para abogados salvadoreños
SLC también puede actuar como asesor local en Costa Rica para firmas y abogados salvadoreños cuyos clientes necesitan apoyo migratorio, inmobiliario, corporativo, bancario o contencioso. La coordinación busca respetar la relación profesional de origen, mantener informado al asesor remitente y resolver localmente lo que exige conocimiento del sistema costarricense.
SLC ofrece reuniones de cortesía, que pueden agendar automáticamente en este enlace: Reunión con Herman Duarte.
El apellido como responsabilidad
La cultura de la firma también está vinculada con las raíces de Duarte. En la familia Duarte Schlageter, explica, conservar el apellido significa cuidar la palabra y responder por la calidad del propio trabajo. Su abuelo Rolando Duarte le inculcó que la honradez no es una declaración, sino una conducta diaria.
Duarte reconoce esa misma ética en sus padres, hermano, tíos, primos y familiares, y considera que ejercer en otro país aumenta la responsabilidad de proteger ese buen nombre, y justamente eso lo ha motivado a no tirar la toalla, y tener esa esperanza que aunque hoy este oscuro, mañana vuelve a salir el sol. La esperanza es lo último que se pierde.
“En nuestra familia, el apellido no es un privilegio. Es la responsabilidad de ser honrados, cumplir la palabra y hacer bien el trabajo”.
Legal
Capacitan a operadores de justicia para fortalecer el abordaje de la violencia digital contra las mujeres
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inauguró este lunes un proceso de formación especializado sobre el abordaje de la violencia digital contra las mujeres desde un enfoque de derechos humanos.
La capacitación se desarrolla en coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y cuenta con el apoyo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
Además, la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, por medio de su Unidad de Género, impulsa la iniciativa para fortalecer las capacidades de los operadores judiciales.
El programa está dirigido a personal de Juzgados de Paz, de Familia, especializados en violencia contra las mujeres, así como de Niñez y Adolescencia.
Formación incorpora medidas de protección y autocuidado digital
Durante la inauguración, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, señaló que el proceso busca dotar a los operadores de justicia de herramientas para mejorar la atención de las víctimas.
Según explicó, la capacitación incluye contenidos sobre autocuidado digital, protección efectiva de las personas afectadas y actuaciones judiciales con enfoque técnico y centrado en la dignidad humana.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer una justicia más eficiente y orientada a garantizar los derechos de las personas frente a las nuevas formas de violencia que surgen en los entornos digitales.
Magistrados e instituciones respaldan la iniciativa
En la actividad participaron magistrados de las salas de lo Constitucional, lo Civil, lo Penal y lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
También asistieron representantes del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, así como de ORMUSA.
Las instituciones, de acuerdo a la información oficial, buscan fortalecer la respuesta del sistema judicial ante los casos de violencia digital contra las mujeres y promover la aplicación de estándares de derechos humanos en las decisiones judiciales.
Legal
Corte Suprema de Justicia capacita a personal de Psicología para fortalecer la atención psicosocial y familiar
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador realizó una jornada de capacitación dirigida al personal de Psicología que trabaja en los Juzgados de Familia, los Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia y los Centros de Atención Psicosocial.
La actividad buscó fortalecer las capacidades de los profesionales mediante el entrenamiento “Fortalecimiento de herramientas educativas para la atención psicosocial y familiar”, con el objetivo de mejorar la atención que brindan a las personas usuarias del sistema judicial.
Formación busca mejorar la respuesta ante casos sociales complejos
Durante la inauguración participó el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Miguel Elías Martínez Cortez.
El funcionario explicó que la iniciativa pretende dotar al personal de herramientas educativas prácticas, accesibles y de fácil aplicación. Además, indicó que estos recursos complementarán el trabajo que realizan diariamente en los distintos espacios de atención.
Según el magistrado, el propósito es ofrecer una respuesta más eficiente y ajustada a las necesidades de las personas que acuden a los servicios del Órgano Judicial.
Entrenamiento aborda prevención, derechos humanos y educación en valores
La capacitación reforzó las acciones de orientación, acompañamiento e intervención que desarrolla el personal de Psicología con personas que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar y otros desafíos sociales.
Como parte del programa, los participantes recibieron formación en tres áreas. La primera correspondió a “El camino a la felicidad”, enfocada en educación en valores.
La segunda capacitación fue “Unidos por los derechos humanos”, orientada a promover el conocimiento de los derechos fundamentales.
Finalmente, el personal participó en el programa “La verdad sobre las drogas”, dirigido a fortalecer las estrategias de prevención del consumo de sustancias.
Con esta jornada, la Corte Suprema de Justicia busca ampliar las competencias técnicas de los equipos de Psicología que brindan atención psicosocial y familiar en las distintas dependencias judiciales del país.
Legal
Corte Suprema y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo firman convenio para modernizar el sistema judicial
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un convenio de cooperación para impulsar la transformación y modernización del sistema de justicia del país mediante el uso de tecnología, innovación y fortalecimiento institucional.
El acuerdo busca promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para mejorar la gestión judicial y acelerar los procesos de digitalización dentro del Órgano Judicial.
Prioriza herramientas digitales para agilizar procesos
Como parte de la cooperación, ambas instituciones trabajarán en proyectos orientados a la digitalización de expedientes y la modernización de la gestión documental.
Además, desarrollarán iniciativas para fortalecer los sistemas internos del Órgano Judicial con el propósito de optimizar los procesos administrativos y mejorar la prestación de los servicios de justicia.
Las acciones también contemplan el intercambio de experiencias y metodologías que contribuyan a modernizar la administración judicial.
Iniciativa ampliará el acceso a la justicia en zonas alejadas
El convenio incluye apoyo al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, un programa que busca acercar los servicios de justicia a comunidades de difícil acceso.
Con este respaldo, las instituciones pretenden fortalecer la atención a la población mediante mecanismos que faciliten la orientación y el acceso a los servicios judiciales en diferentes territorios del país.
Cooperación refuerza el desarrollo institucional
La Corte Suprema de Justicia y el PNUD señalaron que el convenio reafirma el compromiso de ambas entidades con el fortalecimiento institucional del sistema judicial salvadoreño.
Según las instituciones, la cooperación contribuirá a consolidar una administración de justicia más moderna, eficiente, transparente, inclusiva y cercana a la ciudadanía mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos y el fortalecimiento de las capacidades del Órgano Judicial.
Legal
Corte Suprema y Corte de Cuentas lanzan diplomado para fortalecer la formación de jueces penales
Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR) pusieron en marcha el programa especializado en interpretación y valoración probatoria del proceso de fiscalización de la CCR, dirigido a funcionarios judiciales de la jurisdicción penal.
El diplomado tiene como objetivo reforzar las competencias técnicas y prácticas para analizar e interpretar los procesos de fiscalización, con énfasis en las auditorías gubernamentales.
Además, busca proporcionar herramientas especializadas que contribuyan a una administración de justicia más técnica y fundamentada.
La formación se desarrollará durante cuatro meses
El programa académico comprende cinco módulos que se impartirán entre julio y octubre de 2026.
Las jornadas abordarán aspectos relacionados con la interpretación y valoración de la prueba derivada de los procesos de fiscalización, una materia que las instituciones consideran relevante para el trabajo de los operadores de justicia en el ámbito penal.
La iniciativa forma parte de un convenio de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas.
Autoridades destacan el trabajo conjunto entre ambas instituciones
Durante la inauguración, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, afirmó que el diplomado representa uno de los resultados del acuerdo de cooperación suscrito entre ambas entidades.
Según el magistrado, el proyecto busca fortalecer la formación continua de jueces y personal técnico para contribuir a una justicia más eficiente, técnica y objetiva.
En el acto participaron los magistrados de la Sala de lo Penal Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, Sandra Luz Chicas de Fuentes y Roberto Carlos Calderón Escobar. También asistió el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Salvador Sosa, junto con representantes y personal técnico de ambas instituciones.
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