AES El Salvador, la provincial distribuidora energética del país, afirmó que las tarifas de energía eléctrica no han aumentado y en medio de quejas usuarios por “incrementos” en sus facturas recientes, justificó que las alzas responden a mayor consumo debido a la ola de calor.

La compañía explicó que las altas temperaturas y la prolongada ola de calor elevaron el uso de equipos eléctricos en hogares y negocios. Según la empresa, el mayor consumo de aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración provocó el aumento en algunos recibos.

AES indicó que los montos reflejan el consumo registrado en cada inmueble y no un incremento en la tarifa eléctrica. Además, señaló que los precios oficiales continúan sin cambios y son establecidos por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas del Gobierno salvadoreño.

Empresa revisa casos reportados por clientes

La distribuidora aseguró que mantiene un proceso permanente de revisión de reclamos relacionados con cobros considerados excesivos o inconsistencias en la facturación.

Asimismo, informó que algunos casos ya están bajo verificación técnica y administrativa. La empresa agregó que revertirá cobros indebidos si detecta errores en el proceso de medición o facturación.

AES también invitó a los usuarios a utilizar sus canales oficiales de atención y servicios digitales para consultas y reportes sobre el suministro eléctrico.

AES distribuye energía en gran parte de El Salvador

AES El Salvador es filial de AES Corporation, una corporación energética con operaciones internacionales.

La empresa distribuye electricidad mediante las compañías CAESS, CLESA, EEO y DEUSEM. Estas operadoras cubren cerca del 80 % del territorio salvadoreño, incluyendo San Salvador y otras ciudades principales.

La compañía afirmó que continuará desarrollando campañas para promover el uso eficiente y responsable de la energía en hogares y comercios.

El presidente de Nayib Bukele sostuvo este lunes una reunión con el subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Caleb Orr, para analizar oportunidades de inversión y comercio en El Salvador.

Según información oficial, ambos funcionarios abordaron mecanismos para ampliar la cooperación económica y facilitar nuevas inversiones estadounidenses en el país centroamericano.

Además, discutieron cómo el actual panorama económico salvadoreño puede abrir espacios para que empresas de Estados Unidos expandan operaciones y desarrollen proyectos en sectores estratégicos.

Delegación estadounidense evaluará sectores estratégicos

La visita oficial incluye representantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. Además, hay miembros del sector privado.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la delegación evaluará oportunidades de inversión en energía, economía digital, infraestructura de transporte y cadenas de suministro de alta tecnología.

Asimismo, las reuniones buscan fortalecer el comercio bilateral y consolidar alianzas económicas entre Estados Unidos y Centroamérica.

Más de 75 empresas exploran invertir en El Salvador

Las autoridades estadounidenses informaron que más de 75 empresas de Estados Unidos comenzaron a evaluar posibilidades de inversión en El Salvador.

El acercamiento empresarial ocurrió el pasado 30 de abril y contó con participación de funcionarios salvadoreños y estadounidenses.

Según el Departamento de Asuntos Económicos de Estados Unidos, la iniciativa forma parte de una estrategia dirigida a promover la prosperidad compartida y ampliar los vínculos comerciales con mercados emergentes de Centroamérica.

Estados Unidos impulsa cooperación económica regional

El Gobierno estadounidense señaló que la visita forma parte de una agenda orientada al desarrollo económico y la cooperación comercial en la región.

Además, indicó que El Salvador y Estados Unidos representan mercados con potencial de crecimiento para compañías interesadas en expandir operaciones en América Central.

Las autoridades también consideran que sectores como tecnología, logística y energía pueden generar nuevas oportunidades para empresas privadas y proyectos regionales de desarrollo económico.

Comercio e inversión centran la agenda bilateral

La reunión entre Nayib Bukele y Caleb Orr ocurre en un contexto de fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.

La delegación estadounidense, integrada por representantes gubernamentales y socios del sector privado, busca ampliar el intercambio comercial y promover nuevas inversiones en El Salvador.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) prepara el Congreso Industrial de Alimentos y Bebidas, qie desarrara los próximos 27 y 28 de mayo en San Salvador, un evento que reunirá a representantes del sector industrial, ejecutivos y líderes empresariales vinculados a la producción alimentaria.

El encuentro buscará analizar las principales tendencias globales que actualmente transforman la industria de alimentos y bebidas, entre ellas innovación tecnológica, sostenibilidad, digitalización y nuevos hábitos de consumo.

Congreso industrial analizará tendencias globales del sector alimentario

Según los organizadores, el congreso servirá como una plataforma para discutir desafíos y oportunidades que enfrenta la industria alimentaria en mercados internacionales.

Además, el evento incluirá conferencias sobre seguridad alimentaria, personalización de productos y transformación digital aplicada a plantas industriales.

La agenda también abordará modelos de negocio orientados a mejorar la competitividad y fortalecer las exportaciones del sector.

Biotecnología y nuevos productos marcarán la agenda

Uno de los principales ejes temáticos será la biotecnología y la ciencia aplicada a la producción de alimentos y bebidas.

Durante las jornadas se desarrollarán ponencias sobre fermentación avanzada, probióticos, enzimas industriales y biopreservación.

Asimismo, especialistas debatirán sobre la capacidad de las empresas para incorporar herramientas biotecnológicas sin aumentar riesgos regulatorios.

El congreso también analizará tendencias de consumo como alimentos funcionales, productos plant-based y etiquetas limpias o “Clean Label”.

Además, expertos presentarán metodologías ágiles para reducir el fracaso en el lanzamiento de nuevos productos comerciales.

Industria de alimentos impulsa empleo y exportaciones en El Salvador

La Asociación Salvadoreña de Industriales destacó que el sector de alimentos y bebidas representa el 38 % del Producto Interno Bruto industrial salvadoreño.

Además, la industria genera cerca de 32,000 empleos formales y aporta el 13 % de las exportaciones totales del país.

Actualmente, las empresas del sector exportan alrededor de 170 productos hacia 45 mercados internacionales.

Evento empresarial espera hasta 400 participantes

Los organizadores proyectan la participación de entre 300 y 400 asistentes relacionados con la industria alimentaria y de bebidas.

El evento contará con distintas categorías empresariales orientadas a generación de contactos, lanzamiento de productos y cierre de negocios.

Asimismo, la agenda incluirá espacios enfocados en legislación alimentaria, etiquetado nutricional, cumplimiento ambiental y normativas internacionales de seguridad alimentaria.

La ciudad de Rosario, en Argentina, albergará del 9 al 12 de junio de 2026 la 62ª Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados, uno de los encuentros jurídicos más importantes del continente.

El evento reunirá a abogados, académicos y representantes de instituciones legales de distintos países de América. Además, la conferencia marcará los 86 años de trayectoria de la organización.

La edición de este año llevará como tema central “Universalidad del Derecho en la era de las nuevas tecnologías”.

Conferencia analizará impacto de la tecnología en el derecho

La agenda académica abordará cómo la innovación digital transforma la práctica jurídica y los sistemas legales en la región.

Asimismo, los organizadores buscarán promover debates sobre acceso a la justicia, independencia judicial y modernización del ejercicio profesional.

La Federación Interamericana de Abogados fue fundada en 1940 en Washington D. C. con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas en el continente.

Actualmente, la organización integra colegios de abogados, universidades y juristas de varios países americanos.

Presidente de la FIA destaca relevancia regional del encuentro

El presidente de la Federación Interamericana de Abogados, Edson Antonio Miranda, señaló que la conferencia representa el momento más importante del calendario institucional de la entidad.

Según explicó, el encuentro tendrá un carácter gremial, académico, social y cultural para la abogacía del continente.

Miranda también afirmó que abogados de diferentes países compartirán conocimientos y experiencias durante las jornadas programadas en Rosario.

“El evento, como en las ocasiones anteriores, tiene un carácter gremial, académico, social y cultural, de gran importancia para la Abogacía del Continente Americano. Abogados de distintos países estarán juntos para intercambiar conocimientos y experiencias”, dijo Miranda en su mensaje respecto al evento.

Sede de actividades académicas y asambleas

Las actividades se desarrollarán en espacios como la Universidad Abierta Interamericana y el Holiday Inn Rosario.

El programa incluye la inauguración oficial y la III Cumbre Americana de Colegios de Abogados el 9 de junio.

Posteriormente, los días 10 y 11 de junio se realizarán sesiones de comités especializados sobre derecho comercial, tecnología y otros temas jurídicos.

Finalmente, el 12 de junio se celebrará la Asamblea General de la FIA, la elección del nuevo Comité Ejecutivo y la ceremonia de clausura.

Colegio de Abogados y empresas respaldan la conferencia

La organización del encuentro cuenta con apoyo del Colegio de Abogados de Rosario, la Asociación Argentina de Derecho Procesal y la empresa LexisNexis.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la FIA y presidenta del comité organizador, María Alejandra Pasquet, invitó a los asistentes a participar en las actividades y conocer la ciudad de Rosario.

Además, destacó que la ubicación de la ciudad a orillas del río Paraná permitirá fortalecer vínculos profesionales y académicos entre juristas del continente.
Más información sobre inscripciones y el programa oficial está disponible en IABA.

La ciberocupación (cybersquatting), entendida como el registro o uso malicioso de nombres de dominio con el propósito de vulnerar derechos de propiedad intelectual, ha sido objeto de una regulación específica y robusta en El Salvador. La Ley de Propiedad Intelectual, promulgada mediante el Decreto 66/2024, dedica su Capítulo IV del Libro IV a la protección jurídica en entornos digitales, estableciendo las bases para un abordaje legal integral que va más allá de la mera infracción civil.

Disposiciones Clave en la Ley de Propiedad Intelectual y su Marco Normativo

La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) establece el fundamento primario para combatir la ciberocupación, proporcionando mecanismos específicos y expeditos.

Artículos 316 y 317 (Vínculo con Signos Distintivos): 

La normativa vincula explícitamente el registro de nombres de dominio con los derechos de propiedad intelectual preexistentes. El Artículo 317 prohíbe el registro de un nombre de dominio que genere confusión de origen empresarial o que busque un aprovechamiento indebido de la notoriedad de un signo distintivo. Esta disposición faculta a la entidad administradora de dominios, SVNet, a denegar o cancelar dichos registros ilícitos, actuando bajo la autoridad regulatoria del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI).

Artículos 318 y 319 (Mecanismos de Solución de Controversias): La LPI prioriza la solución extrajudicial y administrativa, lo cual agiliza el proceso para los titulares de derechos. El Artículo 318 remite a la Política Uniforme de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP) de ICANN, un estándar internacional que permite a los titulares de marcas salvadoreñas perseguir y recuperar dominios genéricos (.com, .net, .org) registrados en cualquier parte del mundo. Por su parte, el Artículo 319 permite al ISPI establecer medios alternativos de resolución, fortaleciendo el marco conciliatorio.

Artículos 322 y 323 (Protección de Títulos de Obras y Pseudónimos): La ley amplía la protección más allá de los signos distintivos, abarcando los títulos de obras protegidas y los pseudónimos de autores o artistas. Esto asegura que la fama y reputación, que son elementos del derecho de autor y conexos, también estén resguardadas contra la usurpación en el entorno digital.

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Análisis Interdisciplinario con otras leyes

Aunque la LPI aborda la ciberocupación como una infracción administrativa, la legislación salvadoreña permite que el hecho ilícito se persiga en múltiples esferas del derecho, dependiendo de la naturaleza y gravedad del acto.

Esfera Penal: El Código Penal y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos proveen el marco punitivo. El Artículo 229 del Código Penal sanciona la violación de distintivos comerciales mediante el uso de un nombre de dominio que utilice marca de terceros que no haya autorizado su uso, lo que constituye una tipificación penal directa de la conducta central de la ciberocupación. Adicionalmente, si el ciberocupa utiliza técnicas informáticas para cometer fraude o manipular sistemas, la Ley de Delitos Informáticos permite la persecución del Fraude Informático (Art. 11), el Acceso Indebido a Sistemas Informáticos (Art. 4) o la Manipulación de Datos (Art. 10), garantizando que el medio tecnológico empleado para el ilícito también sea castigado.

Esfera Mercantil: La Ley de Propiedad Intelectual en su Capítulo V del Libro IV define y regula los actos de competencia desleal, que incluye la ciberocupación cuando el propósito es generar confusión o engaño con la actividad de un competidor. Esto permite a los titulares de derechos, además de solicitar la cancelación del dominio, iniciar acciones civiles para reclamar daños y perjuicios por las conductas desleales.

Esfera de Ciberseguridad: La Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información se enfoca en la prevención y resiliencia. Si la ciberocupación conduce a una amenaza cibernética (ej., phishing o malware), las empresas están obligadas a reportar el incidente a la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), lo que permite una respuesta coordinada y de mitigación de riesgos en una etapa temprana, complementando la acción reactiva de las otras leyes.

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Vínculo con la Ley de Comercio Electrónico

La Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónica y Mensajes de Datos (Decreto 86/2024) también se entrelaza con la ciberocupación. Esta ley busca dar validez jurídica a las transacciones y comunicaciones digitales. Cuando un ciberocupa utiliza un dominio ilícito para realizar actividades comerciales, la Ley de Comercio Electrónico puede ser aplicada para cuestionar la validez de los mensajes de datos, contratos o transacciones realizadas en ese sitio web fraudulento. Esto debilita la posición del ciberocupa y fortalece la de la víctima, ya que la ley exige la integridad y no repudio de los mensajes de datos, elementos que el sitio fraudulento no puede garantizar.

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Contingencias con la Ley de Protección de Datos Personales

La Ley de Datos Personales se enfoca en proteger la información personal de los individuos. Esto genera una contingencia directa con la ciberocupación, especialmente en el contexto del registro de dominios.

Acceso público a la información de registrantes: La Ley de Propiedad Intelectual, en su Artículo 320, exige que la entidad administradora de dominios mantenga una base de datos pública y precisa de los contactos de los registrantes. Por otro lado, la Ley de Protección de Datos Personales establece que los datos personales solo pueden ser tratados con el consentimiento expreso del titular (Art. 7). Esto crea un conflicto potencial.

Solución: La Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), de conformidad con la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, puede colaborar en el establecimiento de protocolos que permitan el acceso a la información de los registrantes de dominios. Esta función no es de mediación, sino de coordinación técnica y regulatoria para asegurar que el acceso a los datos personales sea gestionado por las autoridades competentes (como la Fiscalía o la Policía) de forma controlada y segura, facilitando la investigación sin menoscabar el derecho a la protección de los datos.

Registro de dominios con datos personales ilícitos: Si un ciberocupa registra un dominio utilizando datos personales obtenidos de manera fraudulenta, el acto ilícito se amplía. Esto ya no es solo una infracción de propiedad intelectual, sino también una violación de la Ley de Datos Personales. La víctima de la ciberocupación puede utilizar las herramientas de la Ley de PI para recuperar el dominio, mientras que la persona cuyos datos fueron utilizados ilegalmente puede invocar sus derechos ARCO-POL para solicitar la eliminación de su información.

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Contingencias con la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial

La recién aprobada Ley de Fomento a la IA busca impulsar la innovación, pero también establece principios de seguridad, ética y protección de datos.

• Uso indebido de IA en la ciberocupación: 
• La inteligencia artificial generativa puede usarse para crear sitios web, logotipos y contenidos de forma masiva. Un ciberocupa podría usar una herramienta de IA para generar cientos de dominios fraudulentos de forma rápida. La Ley de IA establece que el uso de los sistemas debe ser ético y responsable (Art. 4). Un titular de derechos podría denunciar el uso de IA para fines ilícitos, buscando que la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) intervenga y establezca salvaguardas.
• Análisis de datos para ciberocupación: La IA se basa en el análisis de grandes volúmenes de datos. Un ciberocupa podría utilizar la IA para analizar el comportamiento de los consumidores y la notoriedad de las marcas, identificando dominios que no están registrados y que podrían ser aprovechados. La Ley de IA exige que el uso de datos personales en el desarrollo de IA cumpla con la Ley de Protección de Datos Personales. Esto significa que si un sistema de IA se utiliza para un fin ilícito, se puede sancionar no solo al ciberocupa, sino también al proveedor del servicio si no cumplió con las medidas de seguridad y protección de datos.

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El Papel Concurrente de las Instituciones frente a la Ciberocupación

La legislación salvadoreña establece un sistema de responsabilidades compartidas para combatir la ciberocupación, lo que requiere un proceso conjunto entre las instituciones.

1. Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI): Actúa como el ente regulador y de arbitraje administrativo, siendo el primer punto de contacto. Su función es tramitar los procedimientos de solución de controversias y arbitrar disputas de nombres de dominio conforme a la LPI.
2. Fiscalía General de la República (FGR): Es el único ente con la facultad de investigar y perseguir delitos penales. La FGR recibe las denuncias, utiliza la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal (Artículo 229) para imputar cargos.
3. Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE): No actúa como mediador, sino como un ente técnico-investigativo. Su rol, bajo la Ley de Ciberseguridad, es la de la coordinación técnica y regulatoria para asegurar que el acceso a datos sea gestionado por las autoridades competentes (como la Fiscalía o la Policía) de forma controlada y segura, evitando la divulgación pública indiscriminada.

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Conclusión Final: Un Ecosistema Jurídico Complejo y Activo contra la Ciberocupación en El Salvador

El análisis integral de la ciberocupación en El Salvador revela un entramado jurídico que va mucho más allá de una simple infracción de propiedad intelectual. La legislación nacional ha evolucionado para establecer un sistema de protección robusto y con múltiples capas, permitiendo a los titulares de derechos abordar el problema desde diversas esferas legales de forma simultánea.

La Ley de Propiedad Intelectual es el pilar central de este sistema. Ofrece una vía ágil y especializada para la cancelación administrativa del dominio y la reclamación de daños por actos de competencia desleal. Este enfoque se complementa con el Código Penal, que sanciona con prisión la violación de distintivos comerciales a través del uso de nombres de dominio, criminalizando directamente la conducta en su esencia.

En suma, aunque no exista una única ley que lo abarque todo, la interconexión de estas normativas crea un escudo jurídico integral. Un titular de derechos puede iniciar una acción administrativa bajo la Ley de PI, una demanda civil por daños y, si los hechos lo justifican, una denuncia penal. Este enfoque holístico garantiza que las víctimas de la ciberocupación en El Salvador dispongan de un abanico completo de herramientas para proteger sus activos intangibles y asegurar que los infractores enfrenten las consecuencias adecuadas en cada ámbito de la ley.