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Noticias

Más de 50 organizaciones sociales se pronuncian contra Ley de Agentes Extranjeros

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Ayer, más de 50 organizaciones sociales emitieron un comunicado en el que señalan preocupación por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros por parte de la Asamblea Legislativa.

Según el comunicado, la normativa representa un potencial obstáculo para la continuidad de múltiples programas e iniciativas, «cuyos beneficios llegan de forma eficiente y oportuna a la población que más lo necesita», señalan.

Esto al considerar que la normativa cuenta con conceptos jurídicos indeterminados, imposición de restricciones, el establecimiento de sanciones e impuestos prohibitivos y la falta de claridad en los sujetos obligados y motivos de sanción, «dejan al descubierto una propuesta ambigua».

«Las organizaciones que trabajamos, desde diversas aristas, ejecutando programas sociales, brindando asistencia humanitaria, acompañamiento y cooperación para la defensa de los derechos humanos, promoción de la democracia y el desarrollo de El Salvador, expresamos en unidad colectiva nuestra preocupación por la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, presentada por el órgano Ejecutivo, enfatizando la afectación que representa para miles de salvadoreñas y salvadoreños que viven en situaciones de vulnerabilidad y que se benefician del trabajo de la sociedad civil organizada», se lee en el comunicado.

Según las organizaciones en su labor normal cumplen con los mecanismos de fiscalización y de contraloría social de cada cooperante, así como toda la normativa nacional, que incluye la Ley de Lavado de Dinero, la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro regulada por el Ministerio de Gobernación, y las obligaciones tributarias establecidas por el Ministerio de Hacienda.

El comunicado es firmado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la organización Viva El Salvador, Plataforma por la Seguridad Ciudadana, Asociación colectiva de mujeres emprendedoras y solidarias de Tonacatepeque (Acomest), Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDDH), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre otras.

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Economía

Realizan primer Congreso de Movilidad Eléctrica en El Salvador con apoyo internacional

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La Asociación de Movilidad Eléctrica de El Salvador (ASOMOVES) llevó a cabo el primer Congreso de Movilidad Eléctrica, respaldado por la Iniciativa Mipymes Verdes II del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Alemania a través del KfW. El evento tenía como objetivo fomentar la educación, promoción y difusión de la movilidad eléctrica y sostenible en el país.

El congreso contó con la participación de expositores de Costa Rica, Colombia y México, quienes compartieron experiencias sobre legislación, normativas y prácticas exitosas en el impulso de la movilidad eléctrica, la gestión del transporte urbano sostenible y la adopción de la micro movilidad eléctrica en áreas urbanas.

Más de 150 actores clave del sector, incluyendo mipymes, emprendimientos, académicos, técnicos y autoridades gubernamentales, tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas sobre las oportunidades que ofrece la movilidad eléctrica, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación.

Además, el congreso ofreció un espacio para la exhibición de vehículos eléctricos, en respuesta al aumento de la demanda en el país, con el propósito de facilitar alianzas entre los participantes.

Miguel Varela, Jefe de Cooperación de la Unión Europea en El Salvador, subrayó la importancia de la transición hacia un modelo de transporte sostenible y destacó el apoyo de la UE a través del Global Gateway para promover la electrificación del transporte en Centroamérica.

Por su parte, Raúl Castaneda, Representante País del BCIE en El Salvador, resaltó el compromiso de la Iniciativa Mipymes Verdes II en apoyar a las mipymes que invierten en movilidad sostenible, enfatizando la importancia del respeto al medio ambiente y la calidad de vida de la población en el desarrollo regional.

La Iniciativa Mipymes Verdes II, como esfuerzo tripartito del BCIE, el Gobierno de Alemania y la UE, tiene como objetivo proteger el clima y el medio ambiente a través de inversiones en energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia, con un impacto significativo en la región.

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Economía

BCR reporta crecimiento económico del 3.5% durante el 2023

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El Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador cerró el año 2023 con un crecimiento del 3.5%, superando las expectativas nacionales. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el valor nominal del PIB alcanzó los US$34,015.62 millones, reflejando un aumento de US$2,026.7 millones en comparación con el año anterior.

Douglas Rodríguez, presidente del BCR, destacó que este crecimiento superó las proyecciones iniciales del 2.7%, atribuyéndolo a un «fuerte aumento» en la actividad económica durante el cuarto trimestre, con una tasa del 4.5%.

El crecimiento se vio reflejado en 17 de las 19 actividades que componen el PIB, destacándose sectores como Construcción (17.9%), Electricidad (14.6%), Servicios Profesionales y Técnicos (11.1%), y Turismo.

Para el año 2024, el BCR proyecta un crecimiento económico que oscilará entre el 3% y el 3.5%, impulsado principalmente por la inversión pública y privada, el turismo y la recuperación de la demanda externa de las exportaciones de bienes.

Rodríguez también señaló que se espera una inflación entre el 0.5% y el 1%, influenciada por el precio internacional del petróleo y sus derivados, así como la diversificación de la matriz energética con fuentes renovables, que contribuirá a mantener bajos los precios de la electricidad.

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Noticias

Cancillería presenta iniciativa para ratificar Acuerdo con Instituto Global para el Crecimiento Verde

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La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, ha presentado una iniciativa para ratificar el Acuerdo entre la República de El Salvador y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) sobre el Estatus Legal y Privilegios e Inmunidades del Instituto.

El objetivo principal del Acuerdo es establecer, de acuerdo con la legislación salvadoreña, los privilegios e inmunidades que el GGGI disfrutará en el país para llevar a cabo sus funciones.

La firma del Acuerdo tuvo lugar el 6 de octubre de 2023, representando a El Salvador la ministra Juma Alexandra Hill Tinoco, y al GGGI el director general, Frank Rijsberman, el 23 de octubre del mismo año. Este acuerdo internacional consta de una parte considerativa y diecisiete artículos.

Entre los beneficios que se esperan del Acuerdo, se destaca la ejecución de dos proyectos en 2024 financiados por la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) otorgada por el Gobierno de Corea.

El primero es el proyecto «Generación de Capacidades Digitales para Mujeres y Jóvenes Vulnerables para Apoyar la Implementación de Agricultura Climática Inteligente en El Salvador», con un financiamiento de US$6 millones para el periodo 2023-2025, con el apoyo del GGGI, el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Corea, y contraparte el Ministerio de Agricultura de El Salvador.

El segundo proyecto es la «Cooperación Multilateral para el Fortalecimiento y Restauración de Tierras Forestales en Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras», con un financiamiento de US$1 millón para los tres países, con apoyo de KOICA, AMEXCID, GGGI y contraparte el Ministerio de Agricultura de El Salvador.

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Legal

Asamblea prorroga espera para la vigencia de Ley de Superintendencia de Regulación Sanitaria

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La Asamblea Legislativa ha aprobado extender la espera para la entreda en vigencia de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria hasta el nueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Esta decisión se fundamenta en la necesidad de una efectiva transición y preparación para la transferencia de actividades, competencias, funciones y atribuciones hacia la Superintendencia, así como en la optimización de su conformación para ejercer plenamente la regulación prevista.

La normativa establece la creación de la Superintendencia Sanitaria como una entidad con autonomía financiera y administrativa. Su principal objetivo será gestionar el registro sanitario de productos, autorizar su comercialización y garantizar su seguridad y calidad.

La Superintendencia contará con diversas intendencias especializadas, como la de Productos Farmacéuticos y Afines, la de Alimentos, Bebidas y Productos Afines, y la Agropecuaria y de Vigilancia, encargadas de supervisar aspectos específicos relacionados con la regulación sanitaria.

Esta nueva legislación incluye la transferencia de activos desde instituciones como la Dirección Nacional de Medicamentos, el Consejo Superior de Salud Pública, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería hacia la Superintendencia. Esto se hace con el fin de asegurar una transición efectiva en la supervisión y regulación de los productos sanitarios.

Asimismo, la normativa deroga ciertos artículos de la Ley de Medicamentos relacionados con la creación, atribuciones y estructura de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM). La Superintendencia asumirá las funciones previamente desempeñadas por la DNM y otras entidades competentes en el ámbito de la regulación sanitaria.

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Legal

Reforma al Código de Comercio moderniza el procesamiento de cheques

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La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al Código de Comercio con el objetivo de transformar el proceso de intercambio de cheques físicos por registros electrónicos.

La propuesta busca introducir el concepto de «truncamiento de cheque», que permitiría la sustitución del intercambio físico de cheques por registros electrónicos que contienen imágenes de los mismos. Este enfoque aceleraría la compensación y liberación de fondos, supervisado y regulado por el Banco Central de Reserva.

El Banco Central de Reserva sería designado para supervisar y regular este sistema, promoviendo la adopción de tecnologías electrónicas y estableciendo normas de seguridad tanto para cheques físicos como para registros electrónicos.

En virtud de esta reforma, el truncamiento de cheques se define como un procedimiento que reduce o elimina el intercambio físico de cheques, sustituyéndolo por registros electrónicos que contienen la imagen del cheque para su procesamiento o transmisión automática.

La compensación de cheques, proceso que implica el intercambio entre bancos y su liquidación basada en los resultados netos de los montos presentados a cobro, sería administrada y reglamentada por el Banco Central de Reserva. La presentación de cheques mediante imágenes electrónicas tendría los mismos efectos que la presentación física.

Además, la propuesta establece un plazo de noventa días para que el Banco Central de Reserva, a través de su Consejo Directivo, emita normas que reglamenten el proceso de compensación de cheques, abordando las características y medidas de seguridad de los cheques físicos y registros electrónicos con imágenes.

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