La Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general del Estado para 2025, de $9,662,997,142, incluyendo una medida que restablece de forma parcial los escalafones salariales en los sectores de Salud y Educación.
Esta decisión fue respaldada por 57 votos, mientras que la modificación al artículo 4, que permite esta aplicación parcial, obtuvo 60 votos a favor.

Asignaciones presupuestarias para escalafones
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, propuso cambiar el artículo 4 del presupuesto, que inicialmente congelaba los escalafones salariales.
Según el cambio aprobado, en el sector Salud los escalafones se aplicarán exclusivamente a empleados con salarios menores a $1,500 mensuales, con un refuerzo presupuestario de $8 millones.
En Educación, se asignaron $2 millones para financiar el escalafón conforme a las leyes General de Educación y de la Carrera Docente.

El texto del cambio indica: “Para el presente ejercicio fiscal, del escalafón salarial correspondiente al ramo de Salud se otorgará únicamente a empleados y funcionarios públicos cuyos salarios mensuales sean menores a $1,500 y su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder al techo máximo antes establecido. Adiciónase la suma de $8 millones para financiar la aplicación de dicho escalafón. Adiciónese a Educación, Ciencia y Tecnología, $2 millones para financiar la aplicación de su escalafón conforme a lo establecido en la Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente”.

Críticas y debate en el pleno
La aprobación del presupuesto ocurrió en un ambiente de fuerte debate. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó las reducciones presupuestarias en Salud y Educación, así como el aumento al Ministerio de Defensa Nacional.
Ortiz propuso incluir en el artículo 19 una disposición que blinde los fondos destinados a programas sociales, la Ley Crecer Juntos y la inversión pública, declarándolos intransferibles. Su propuesta sólo obtuvo tres votos.
Por su parte, el diputado William Soriano (Nuevas Ideas) celebró el restablecimiento parcial de los escalafones y aseguró que se mantiene el enfoque en seguridad. “Misión cumplida, estamos listos para arrancar un año más de trabajo y continuar con la estrategia y la promesa del presidente Nayib Bukele del milagro económico”, declaró.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, también reconoció el restablecimiento de los escalafones, pero criticó la reducción del presupuesto en sectores clave. Cuestionó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sufrió un recorte del 45 % ($6 millones), mientras el presupuesto de Defensa aumentó en un 22 % ($48 millones).
La diputada oficialista Suecy Callejas desestimó las críticas de la oposición, asegurando que los subsidios no han sido eliminados y que los paquetes agrícolas contarán con $23 millones en 2025.
También destacó que el presupuesto de Educación alcanzará $1,537 millones.
“Por primera vez vamos a aprobar un presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria. Arena, cuyo sueño dorado era la privatización de salud, sigue mintiendo”, afirmó.
“Aprobamos el Presupuesto General de 2025, el primero de nuestra historia en estar completamente financiado, es decir, que no necesitará de deuda para su ejecución”, dijo el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, del partido Nuevas Ideas.

La Procuraduría General de la República (PGR) suscribió una carta de entendimiento con el Proyecto Justicia, iniciativa implementada por Dexis Consulting Group y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de investigación de la defensa pública penal y mejorar los servicios institucionales, en una alianza estratégica que promete optimizar el acceso a la justicia y el trato hacia las víctimas.

El Proyecto Justicia, que ya ha demostrado ser un motor de cambio en el ámbito judicial, busca implementar soluciones efectivas para garantizar que las víctimas tengan acceso a una justicia más pronta y eficiente. 

Entre los objetivos clave del proyecto destaca la ampliación y fortalecimiento de los servicios de asistencia y trato para las personas afectadas por el sistema judicial.

En su intervención, el procurador general René Escobar subrayó las áreas de intervención del memorándum de entendimiento, que incluyen el fortalecimiento de la investigación en la defensa pública penal, la ampliación del acceso a la justicia para las víctimas y la optimización de las capacidades institucionales para brindar servicios de calidad.

Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de ambas instituciones de mejorar de manera continua la calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. «Nuestro deber es con la población usuaria, y estamos comprometidos a seguir trabajando para garantizar que sus derechos sean respetados y sus necesidades atendidas de manera humana y cercana», afirmó Escobar.

Además, se destacó el enfoque del Proyecto Justicia y la PGR por una justicia centrada en la persona, priorizando la calidad, cercanía y humanidad en la atención a los usuarios. Este enfoque no solo busca mejorar los procedimientos judiciales, sino también hacer que las víctimas se sientan respaldadas y escuchadas durante todo el proceso judicial.

El grupo turco Yilport Holding inició oficialmente las operaciones en los puertos de Acajutla y La Unión, con una inversión prevista de $1,615 millones que se ejecutará a lo largo de los próximos 50 años. 

El acuerdo fue formalizado este lunes, cuando se activó la sociedad de economía mixta que incluye, además de Yilport, a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

A través de sus redes sociales, CEPA celebró el traspaso de las terminales marítimas, que forman parte de un ambicioso proyecto de modernización de Acajutla, en Sonsonate, y la puesta en marcha del puerto de La Unión. 

“Hoy damos inicio a las operaciones de la Unión Portuaria del Pacífico, un avance clave que nos permitirá contar con un sistema portuario eficiente, sostenible y competitivo a nivel global», indicó la institución en su publicación.

El gobierno de El Salvador, por su parte, reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con Yilport para asegurar el buen funcionamiento de ambas terminales y garantizar el crecimiento y la sostenibilidad del sistema portuario del país. 

La CEPA confía en que este esfuerzo contribuirá significativamente a mejorar la competitividad económica y a posicionar a El Salvador como un actor clave en el comercio internacional.

Inversión y desarrollo en infraestructura 

La sociedad de economía mixta, que no pasó por licitación debido a su estructura particular, se enmarca dentro de la estrategia de la Unión Portuaria del Pacífico, que incluye los puertos de Acajutla y La Unión. 

En este modelo, tanto CEPA como Yilport tendrán voz y voto en las decisiones estratégicas de la operación.

En agosto de este año, el presidente de la CEPA, Federico Anliker, explicó que la entidad gubernamental mantendrá un 20 % de participación en la junta directiva, lo que le otorgará derechos de voto y supervisión en las principales decisiones operativas, con el fin de evitar posibles abusos y garantizar la transparencia.

La inversión total de $1,615 millones se dividirá en varias fases. En la primera, se destinarán $50 millones a la rehabilitación de la infraestructura más urgente en Acajutla, como el frente de atraque del muelle y la compra de equipos de carga. En la segunda fase, se invertirán $659 millones en la construcción de un nuevo muelle y mejoras adicionales en la infraestructura de Acajutla, mientras que $75 millones serán dirigidos a la modernización del puerto de La Unión, con proyectos como el dragado del puerto y la adquisición de grúas.

Finalmente, en la tercera fase se prevé una inversión de $906 millones para la construcción de un segundo muelle en Acajutla, la compra de nuevos equipos, la creación de un nuevo patio de contenedores, y el desarrollo de tecnología, almacenes y bodegas.

Este ambicioso plan de modernización y expansión se perfila como un factor clave para el desarrollo económico de El Salvador, mejorando su conectividad y competitividad en el comercio internacional.

El Salvador se perfila como un destino clave para las inversiones en 2025, gracias a un entorno económico más abierto y favorable, impulsado por nuevas negociaciones comerciales y un enfoque en sectores estratégicos como la tecnología y la construcción.
Según la ministra de Economía, María Luisa Hayem, el país está dando pasos firmes hacia un desarrollo económico más robusto, con el objetivo de fortalecer su comercio exterior y atraer inversión internacional.

Nuevas oportunidades en el mercado internacional
Una de las principales apuestas del gobierno salvadoreño es expandir su presencia en mercados clave a través de acuerdos comerciales.
Hayem destacó este martes en una entrevista televisiva que en el primer trimestre de 2025, El Salvador iniciará negociaciones para promover la exportación de productos nacionales hacia el mercado de Mercosur, una de las economías más dinámicas de América Latina.
“El plan que tenemos es que en el primer trimestre del próximo año tener negociaciones para nuestras empresas, oportunidades de exportación de productos salvadoreños al mercado de Mercosur», afirmó la ministra.
Estos esfuerzos están dirigidos a abrir nuevas puertas para las empresas salvadoreñas, especialmente en países como Perú, donde ya se han dado los primeros pasos para establecer una agenda de cooperación con el sector empresarial. «Ahora podemos generar este ambiente de negociación con varios países como, por ejemplo, Perú», añadió Hayem.

Fortalecimiento de tratados y facilitación de libre comercio
El Salvador ha mantenido una política de apertura económica, que ha sido clave para atraer inversiones extranjeras. La ministra destacó que, aunque el país ya contaba con acuerdos comerciales con la Unión Europea, el objetivo es ir más allá, convirtiendo estos tratados en verdaderos motores de desarrollo económico.
“La idea es que se convierta en un desarrollo económico. Es una herramienta importante para facilitar el comercio», explicó.
Además, Hayem subrayó que los Tratados de Libre Comercio (TLC) son esenciales, pero el éxito de la política económica del país también depende de otros factores, como la facilitación de procesos comerciales.
“Lo que estamos haciendo en paralelo, como la facilitación del comercio, también es crucial para que los inversionistas puedan operar de manera eficiente y sin barreras burocráticas», detalló.
El entorno económico de El Salvador ha experimentado una transformación notable en los últimos años, convirtiéndose en un destino cada vez más atractivo para los inversionistas. Aparte de la apertura comercial, el país ha trabajado para mejorar su seguridad y estabilidad, aspectos fundamentales para fomentar la inversión.
“Cada día tenemos más inversionistas interesados en El Salvador, ya que ahora es un país seguro», indicó la ministra.
Destacó, además, que sector de la tecnología es otro de los pilares en los que El Salvador está poniendo énfasis para su crecimiento en 2025.
Según la ministra, este sector proyecta un gran potencial de crecimiento y demanda de empleo en los próximos años.
“Estamos impulsando el sector de tecnología porque se proyecta que tendrá una gran demanda de empleo», señaló Hayem.
Con iniciativas para atraer empresas tecnológicas y fomentar la innovación, El Salvador busca diversificar su economía y posicionarse como un centro regional para la industria digital.

Este martes 17 de diciembre, la Asamblea Legislativa elegiría en la sesión plenaria al fiscal general para el periodo 2025-2028 y todo apunta a que Rodolfo Delgado será reelecto para un nuevo mandato.
El otro aspirante al cargo es Gonzalo Octavio Ayala López, actual oficial de información de la Corte de Cuentas de la República.
Los candidatos fueron entrevistados por los diputados de la Comisión Política la tarde del 16 de diciembre.
Esta aprobó un dictamen favorable para someter la elección al pleno legislativo. La propuesta se basa en un proceso de elección para un cargo que será asumido el 6 de enero de 2025 y concluirá el 5 de enero de 2028.
Delgado asumió el puesto de fiscal general el 2 de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Ernesto Melara, quien fue removido por la legislatura 2021-2024 con mayoría de Nuevas Ideas.
En esa ocasión, la elección se dio por un periodo interino de 8 meses y 3 días, hasta el 5 de enero de 2022. En diciembre de 2022, el fiscal fue reelecto para un primer periodo de 3 años que finalizará el próximo 5 de enero.
Ahora, a punto de concluir ese mandato, todo parece indicar que el funcionario continuará al frente del Ministerio Público durante un nuevo ciclo.
Según el presidente de la Comisión, diputado Ernesto Castro, el dictamen será presentado ante el pleno legislativo para su ratificación en la sesión convocada para las 9:30 de la mañana.
“Propongo que se presente al pleno legislativo el dictamen favorable a efecto de que se proceda a la elección del fiscal general de la República para el periodo de tres años que inicia el 6 de enero de 2025 y concluye el 5 de enero de 2028”, expresó Castro tras la votación.
La propuesta fue aprobada con una abstención y 8 votos a favor.
El dictamen aprobado no contiene una propuesta concreta de nombre para el cargo.