El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, defendió las propuestas de reforma que buscan endurecer las penas y sanciones para conductores peligrosos, en lo que dijo es un intento por garantizar mayor seguridad vial en el país. 

Durante su intervención ante la Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea Legislativa, Villatoro fue tajante al asegurar que el Estado salvadoreño no tolerará la presencia de alcohol o drogas en los conductores, eliminando cualquier tipo de tolerancia.

“Con esta propuesta el mensaje está claro: el Estado salvadoreño no va a tolerar el alcohol o drogas en conducción, sin medias tintas”, declaró el ministro al justificar las reformas a los artículos 147-E del Código Penal y 38 del Código Procesal Penal. 

Además, insistió en que estas medidas son necesarias para corregir errores del pasado, cuando gobiernos anteriores subestimaron la gravedad del consumo de drogas y su conexión con actividades delictivas.

El Gobierno ha propuesto que la conducción peligrosa sea considerada delito por cualquier concentración de alcohol en sangre, eliminando la actual tolerancia que permite hasta 100 miligramos por decilitro. También plantea endurecer las penas, incrementando la condena de 2-4 años de prisión a un rango de 2-5 años, y estableciendo sanciones más severas para conductores de transporte público y de carga, cuyas penas podrán alcanzar entre 5 y 10 años de prisión.

El ministro también defendió el aumento de las penas para casos de homicidio culposo relacionados con conducción peligrosa. Actualmente, estas condenas pueden ser de hasta 5 años y cuatro meses de prisión, pero bajo la nueva reforma podrían elevarse a 10 años, y hasta 15 años si involucran vehículos de transporte público o de carga.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, también respaldó la iniciativa y respondió a las dudas frecuentes de los ciudadanos respecto a cuánto alcohol podrían consumir sin infringir la ley. “La respuesta ahora será clara: nada, no se puede consumir alcohol si se va a conducir un vehículo”, afirmó.

Actualmente, las multas por conducir bajo los efectos del alcohol oscilan entre $57.14 para niveles de 50 a 99 miligramos por decilitro de sangre, mientras que niveles inferiores a 50 miligramos son tolerados. Las nuevas reformas buscan eliminar esta tolerancia y establecer controles más estrictos mediante pruebas de alcoholemia, alcotest y antidoping, cuyas evidencias tendrán valor probatorio suficiente en los procesos judiciales.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio la bienvenida a 125 nuevos abogados que se comprometieron a cumplir con los principios fundamentales de la profesión, como la justicia, la igualdad, la honradez y la paz, tal como lo establece la Constitución de la República.
El acto, realizado al cierre de este año, fue encabezado por magistrados de la CSJ, quienes destacaron la importancia del compromiso ético y profesional que implica la práctica del derecho.
El magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Fernando Marroquín, quien representó al presidente de la Corte, dirigió un mensaje a los juramentados.

«Nosotros, abogados y abogadas, sabemos que el derecho es una profesión práctica, viva y socialmente útil, pero es necesario que actuemos con integridad, ajustándonos a los estándares de la profesión y a los valores éticos que la misma exige», expresó Marroquín.
Asimismo, recordó a los nuevos profesionales que la carrera que ahora inician es, ante todo, un camino personal lleno de desafíos.

“Les deseamos un feliz viaje en esta nueva etapa de sus vidas profesionales», agregó, alentándolos a mantenerse firmes en sus principios.
Como parte de su formación, los nuevos abogados recibieron el Manual para la Prevención de Lavado de Activos, un recurso que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en este ámbito, así como información sobre el proceso de registro ante la Unidad de Investigación Financiera.
En lo que va del año, la Corte ha autorizado a más de 2,000 abogados en todo el país a ejercer su profesión con ética, diligencia y veracidad.
A la ceremonia asistieron los magistrados de la Comisión de Abogacía y Notariado: Luis Javier Suárez y Héctor Nahun Martínez, de la Sala de lo Constitucional; y Vicente Alexander Rivas y Miguel Elías Martínez, de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

El Gobierno ha propuesto una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que incluiría 23 nuevas infracciones de tránsito, además de modificar las ya existentes, con incrementos significativos en las sanciones económicas. El proyecto fue presentado ante la Asamblea Legislativa y busca ajustar las normativas para mejorar la seguridad vial y el orden en las calles.
Entre las nuevas infracciones propuestas se encuentran varias que afectan comportamientos cotidianos en las vías.
Por ejemplo, se sancionaría con una multa de $50 a quienes no enciendan las luces direccionales al cruzar o cambiar de carril.
También se incluye una multa de $100 para quienes no muevan los vehículos tras un accidente leve o no respeten el paso de ciclistas en la vía pública. En los casos más graves, como negarse a realizar pruebas de alcohol o drogas, la sanción podría alcanzar los $150.
Una de las modificaciones más destacadas es la extensión de la obligación del uso del cinturón de seguridad: bajo la nueva propuesta, todos los ocupantes de un vehículo, no solo los pasajeros delanteros, deberán usar este dispositivo de seguridad. Asimismo, aquellos que no reduzcan la velocidad en zonas con límite de 30 km/h podrían ser multados con $100.
Además, algunas regulaciones se flexibilizan, como el uso de faros halógenos, que ya no estarán prohibidos en la ciudad, pero sí deberán estar instalados a una altura superior a los 75 centímetros desde el suelo.

Aumento de las multas
Una de las modificaciones más notorias será el aumento de las multas, que pasarán de montos como los $11.43, $34.29 y $57.14 a nuevas tarifas de $50, $100 y $150.
Las infracciones leves, como virar en «U» en lugares no permitidos o conducir con luces altas en la ciudad, ahora implicarán sanciones de $50, en lugar de los $11.43 previos.
Las infracciones graves, como conducir en zig-zag o no ceder el paso a vehículos de emergencia, serán penalizadas con $100, en vez de los $34.29 anteriores. Por último, las infracciones más graves, como usar el teléfono móvil al volante, serán castigadas con una multa de $150, un aumento considerable respecto a los $57.14 actuales.

Nuevas infracciones propuestas
La propuesta introduce 23 nuevas faltas, algunas de las cuales buscan regular conductas ya comunes, como la circulación sin la tarjeta de circulación vigente o el no uso de chalecos reflectantes por parte de los motociclistas durante la noche.
A continuación, se destacan algunas de las infracciones más relevantes que se incluirían en el nuevo marco legal:

• Multas de $50:
  • Circular sin la tarjeta de circulación al día.
  • Conducir sin carnet de instructor de manejo o con carnet vencido.
  • No encender las luces direccionales al cambiar de carril.
  • Obstruir el paso con vehículos accidentados que solo impliquen daños materiales leves.
• Multas de $100:
  • Utilizar la vía de emergencia mientras las sirenas están activadas.
  • No conceder el paso a ciclistas en la vía pública.
  • No respetar las zonas destinadas para la circulación de bicicletas o estacionarse en lugares prohibidos.
  • No reducir la velocidad en zonas de riesgo como colegios y hospitales, o en zonas donde el límite de velocidad es de 30 km/h.
• Multas de $150:
  • Circular sobre aceras, ciclovías o en lugares no permitidos.
  • Negarse a realizar pruebas de alcohol o drogas.
  • Conducir sin los elementos de seguridad obligatorios, como el casco certificado en motocicletas o el uso de sillas para niños menores de cinco años.

El proyecto también propone ajustar varias infracciones preexistentes, como el uso de llantas lisas o en mal estado, que será sancionado con una multa de $50, en lugar de los $11.43 actuales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador llegaron a un acuerdo a nivel técnico para la implementación de un programa financiero en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por $1,400 millones.
Este acuerdo, que asciende está destinado a apoyar las reformas económicas del país y ya sólo dependen de la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.
El programa tiene como objetivo principal reforzar la sostenibilidad fiscal y externa mediante un ambicioso plan de consolidación fiscal que impulse el crecimiento económico.
Entre sus pilares, también se incluyen medidas para fortalecer las reservas internacionales y mejorar la gobernanza, la transparencia y la resiliencia institucional, elementos considerados clave para aumentar la confianza y el potencial de crecimiento del país.

Foco en estabilidad fiscal y apoyo internacional
El acuerdo contempla la reducción del déficit fiscal a través de un incremento del balance primario equivalente al 3,5% del PIB en 3 años.

Entre las medidas previstas para 2025 se encuentran reducciones en la masa salarial, el gasto en bienes y servicios y las transferencias municipales.
Además, se espera que el programa catalice apoyo adicional de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos regionales, acumulando un paquete de financiación global superior a los $3,500 millones durante el período del programa.
El FMI también destaca la necesidad de fortalecer las finanzas públicas de forma que se protejan a las poblaciones más vulnerables y se priorice la inversión pública esencial.

Mejoras en transparencia y gobernanza
La transparencia fiscal ocupará un lugar central en el programa. Esto incluirá esfuerzos iniciales para mejorar la información sobre la deuda pública, las pensiones, las empresas estatales y los contratos públicos.
También se implementarán reformas para establecer un marco sólido contra la corrupción y mejorar los mecanismos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Estas iniciativas se complementan con proyectos dirigidos a modernizar infraestructuras, reducir la burocracia y fomentar la adaptación al cambio climático.

Bitcoin y activos digitales
En lo que respecta a bitcoin, el FMI señala que se han tomado medidas para mitigar riesgos potenciales. La aceptación de bitcoin por el sector privado será voluntaria, mientras que la participación del sector público en actividades relacionadas con esta criptomoneda estará limitada.
Asimismo, se reforzarán los marcos regulatorios para salvaguardar la estabilidad financiera y proteger a los consumidores.
Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Raphael Espinoza, jefe de la misión para El Salvador, destacaron el compromiso del gobierno salvadoreño en la implementación de este programa.
“Agradecemos la colaboración de las autoridades y el diálogo constructivo en el desarrollo de estas reformas. Este programa contribuirá a consolidar la prosperidad económica de El Salvador y de su población”, dijeron.
El Directorio Ejecutivo del FMI considerará la aprobación del programa a principios de febrero, una vez que se hayan implementado las acciones previas acordadas.