El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada formativa enfocada en los “Criterios de especialización para una eficiente administración de justicia”, en colaboración con la Oficina de Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT).

La actividad, que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del funcionariado judicial, se centró en áreas clave del derecho penal, civil y mercantil.

La capacitación estuvo dirigida a un amplio sector del sistema de justicia, incluyendo al personal de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), y defensores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

De igual forma, se destacó la participación de funcionarios con competencia en diversas ramas del derecho, como los encargados de la administración de justicia en el ámbito civil, mercantil y penal.

El CNJ anunció que esta formación se replicará próximamente con profesionales encargados de funciones de secretarías y colaboración judicial en los juzgados de Paz y Primera Instancia, tribunales y juzgados de Sentencia, así como en las Cámaras de Segunda Instancia.

Esta ampliación permitirá alcanzar una mayor cobertura entre los servidores judiciales, fortaleciendo la especialización en las distintas áreas del derecho.

Con este tipo de iniciativas, el CNJ reafirma su compromiso con la mejora continua del sistema judicial y el acceso a la justicia, promoviendo la profesionalización y la eficiencia en la administración de justicia en el país.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), quienes fueron encontrados culpables de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y otros delitos relacionados. Las penas varían entre 3 y 13 años de prisión, en el marco del caso conocido como Saqueo público.

La exprimera dama de El Salvador, Vanda Pignato, fue condenada a 3 años de prisión por el delito de simulación de delito, aunque su pena será sustituida por trabajos comunitarios.

Pignato fue absuelta del cargo de lavado de dinero, pero hallada culpable de simular delitos relacionados con la gestión de fondos públicos.

Otros exfuncionarios de alto rango en el gobierno de Funes también fueron condenados. José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé», expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), recibió una pena de 6 años de cárcel por defraudación fiscal, además de una multa de más de $180,000.

Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, fue sentenciado a 8 años de prisión por peculado y a cinco años adicionales por lavado de dinero.

David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, y Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Funes, fueron ambos condenados a 8 años de prisión por lavado de dinero.

Las sentencias son el resultado de un juicio que había sido pospuesto en ocho ocasiones y que concluyó el 7 de noviembre de 2023. El caso involucra el desvío de más de $351 millones de fondos públicos durante la administración de Funes (2009-2014), quien se encuentra prófugo en Nicaragua y disfruta de asilo político.

Según la Fiscalía General de la República, los acusados abrieron cuentas bancarias en el Banco Hipotecario con el objetivo de desviar fondos públicos mediante cheques.

Al menos $270 millones fueron transferidos a cuentas personales del expresidente Funes, quien fue excluido del juicio por no comparecer ni nombrar un abogado defensor. Funes, quien enfrenta cargos relacionados con el desvío de fondos, fue declarado rebelde por el tribunal. El expresidente vive asilado en Nicaragua, para evadir la justicia salvadoreña.

El proceso judicial comenzó en 2022, cuando los imputados fueron enviados a juicio tras una serie de investigaciones que incluyeron más de 25 peritajes financieros y testimonios. Estos elementos probaron cómo los exfuncionarios aprovecharon sus cargos en el gobierno para realizar transferencias ilegales y desviar recursos para su beneficio personal.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades judiciales del país, destacando que iniciativas como la desarrollada este miércoles en Santa Ana, “Incidencia del recurso de casación civil y mercantil en la función judicial”, impulsan mejores desarrollos judiciales.

El propósito de la actividad, según las autoridades, es mejorar el acceso a la justicia y garantizar un sistema judicial más eficiente y transparente en beneficio de toda la ciudadanía.

El CNJ, en este caso, contó con la participación de su oficina regional en Santa Ana.
Las charlas forman parte de una serie de acciones que buscan mejorar la capacitación y el desarrollo dentro del sector judicial, con el fin de responder de manera más efectiva a las necesidades de los ciudadanos.

“Este espacio reunió a profesionales con funciones de secretarios y colaboradores de cámaras y juzgados con competencias en el área Civil, Mercantil, Laboral, Medio Ambiente y de Paz, de la zona occidental de nuestro país”, informó el Consejo Nacional de la Judicatura.

Con estas, el CNJ pretende además fortalecer la confianza de la población en el sistema judicial, asegurando que todos los ciudadanos, sin importar su estatus social, tengan acceso a una justicia pronta, imparcial y transparente.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una serie de capacitaciones sobre el sistema de gestión anti soborno ISO 37001, que busca fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.

Estas son impartidas por la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos.
La inauguración de las jornadas estuvo a cargo del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez, quien también coordina la mencionada comisión.

El curso, dirigido a servidores públicos de diversas dependencias de la Corte, tiene como propósito dotar a los participantes de herramientas efectivas para detectar, prevenir y combatir las prácticas corruptas.

Durante su intervención, el magistrado Martínez destacó la importancia de este proceso formativo, invitando a los participantes a convertirse en agentes multiplicadores de una cultura de cumplimiento normativo.

“Les invitamos a aprovechar esta experiencia y fomentar una cultura de cumplimiento, cerrando las puertas a cualquier forma de corrupción que atente contra el patrimonio del país”, expresó.

Por su parte, Claudia Orozco, directora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, enfatizó la relevancia de la norma ISO 37001 como un marco robusto para implementar un sistema de gestión antisoborno. Orozco subrayó que, a lo largo de las jornadas, se abordarán los principios fundamentales, las herramientas y las estrategias necesarias para prevenir, detectar y abordar el soborno en las actividades cotidianas de los servidores públicos.

Las jornadas de capacitación, que se extenderán a lo largo de 5 sesiones de 4 horas cada una, son organizadas por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Unidad de Recursos Humanos de la CSJ.

La inauguración del evento también contó con la presencia de Julio Alberto Chávez, gerente general de Administración y Finanzas de la Corte, quien expresó su respaldo a esta iniciativa en pro de la transparencia y la integridad institucional.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, anunció que hasta la noche del viernes las fuerzas del orden realizaron 34 detenciones en el cerco de seguridad montado en la populosa colonia 10 de Octubre, en el distrito de San Marcos, en San Salvador Sur. De estas, 13 están vinculadas a pandillas.

El funcionario aseguró en una entrevista televisiva que durante estas operaciones han incautado armas y droga, y se han utilizado agentes caninos (K9).

El lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele anunció una operación especial de seguridad con 2,000 militares y 500 policías para capturar a remanentes de las peligrosas pandillas que según los servicios de inteligencia del Estado se encontraban escondidos ahí.

Villatoro insistió en la importancia de transmitir confianza y tranquilidad a los más de 6 millones de salvadoreños, resaltando que el país ha avanzado significativamente en su lucha contra el crimen organizado.

“Hemos desmantelado ese Estado criminal paralelo. Nuestra estrategia avanza tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y cada día estamos más cerca de capturar a estos asesinos seriales”, agregó.

Villatoro también mencionó que El Salvador se ha convertido en un referente mundial en materia de seguridad, destacando que ha pasado de ser la capital del crimen a ser uno de los países más seguros del continente americano y del mundo.

“Cerrar octubre con sólo 4 homicidios intencionales es un logro significativo. A pesar de que esto pueda incomodar a algunos globalistas, contamos con el respaldo de la población salvadoreña, que apoya nuestro trabajo”, afirmó.

El Ministro explicó que, en el pasado, la impunidad en el país alcanzaba el 97%, lo que significaba que solo se resolvía el 3% de los homicidios. Sin embargo, la tasa de impunidad se redujo al 5% el año pasado. “Estamos destruyendo la rentabilidad del crimen”, concluyó Villatoro.