Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores judiciales encargados de la vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo el “taller de actualización sobre estándares nacionales e internacionales en Derecho Penitenciario”. 

Esta iniciativa fue coordinada por la Escuela de Capacitación Judicial (ECJ), con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El taller estuvo dirigido a secretarios y colaboradores judiciales de cámaras y juzgados competentes en materia de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, quienes tuvieron la oportunidad de actualizar y ampliar sus conocimientos sobre los más recientes enfoques y estándares en la materia.

El principal objetivo de esta actividad académica fue proporcionar a los participantes herramientas y enfoques diferenciados en el control de penas y medidas restrictivas para personas privadas de libertad. 

En un contexto donde la justicia penal y la administración penitenciaria son cruciales para el respeto de los derechos humanos, este taller destacó la importancia de implementar un sistema más eficiente y humano en el manejo de los reclusos, alineado con los estándares nacionales e internacionales.

Durante las sesiones, se abordaron temas clave relacionados con las mejores prácticas y normas internacionales en Derecho Penitenciario, incluyendo los derechos de las personas privadas de libertad, el trato digno y la rehabilitación en el sistema penitenciario. Además, se promovió la reflexión sobre el papel de los funcionarios judiciales en el seguimiento y control de las penas, con un enfoque en la protección de los derechos humanos.

El apoyo del CICR fue fundamental para el éxito de esta capacitación, ya que brindó su experiencia y conocimientos en la implementación de estándares internacionales, reforzando así la relevancia de este tipo de talleres en el fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario.

Este taller se enmarca dentro de un esfuerzo continuo por mejorar las competencias de los profesionales del derecho, promoviendo una justicia más equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales de todas las personas, incluso aquellas privadas de libertad.

Fortalecimiento de la Justicia Juvenil Restaurativa en los Países Miembros del SICA”. El evento, presidido por la procuradora adjunta de la República, Cándida Parada de Acevedo, congregó a titulares y equipos técnicos de diversas instituciones estatales, con el objetivo de presentar y consolidar este proyecto que busca transformar el enfoque de la justicia juvenil en la región.
Este proyecto, que cuenta con la coordinación de la Dirección de Seguridad Democrática de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y con el financiamiento de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS) y el apoyo del Istituto Italo-Latino Americano (IILA), tiene como principales objetivos abordar la rehabilitación, reintegración y reparación de los jóvenes en conflicto con la ley, promoviendo a su vez una cultura de paz en las comunidades.
Durante su intervención, la procuradora adjunta destacó la importancia de este proyecto no solo en términos de reinserción social de los jóvenes, sino también en la creación de un entorno que fomente la resolución pacífica de conflictos.
“Nuestro objetivo es que, a través de la justicia restaurativa, los jóvenes puedan reparar el daño causado y se les brinden las herramientas necesarias para una reintegración efectiva en sus comunidades”, expresó.
El encuentro sirvió para la conformación del Grupo Técnico Nacional de Justicia Juvenil, encargado de impulsar las actividades en el país y definir el mecanismo de funcionamiento del proyecto en El Salvador.
Además, se elaboró una agenda de trabajo nacional inicial, que guiará los esfuerzos para abordar los resultados previstos por la iniciativa.
En el evento participaron importantes figuras del ámbito judicial y gubernamental, tales como el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Miguel Ángel Calero; el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Martínez; representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia, y la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), entre otros.
Este encuentro se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el SICA.

Con la participación de destacados representantes del sector justicia y organismos internacionales, se inauguró el “II Congreso Regional para la Prevención y Combate de las Violencias Contra las Mujeres” en El Salvador.
El evento, convocado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tiene como objetivo crear un espacio para el análisis y la coordinación interinstitucional en la lucha contra la violencia de género.
La inauguración del congreso contó con la presencia del Embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, quienes se unieron al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura para dar inicio a las actividades.
El congreso, que reúne a expertos y autoridades del ámbito judicial, fue organizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en colaboración con la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La alianza entre estas instituciones busca fortalecer las acciones encaminadas a erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, un tema prioritario para los gobiernos y organizaciones internacionales.
Este evento resalta el compromiso de El Salvador y sus socios internacionales para avanzar en la prevención de la violencia de género, un fenómeno que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.
A través de conferencias, paneles y mesas de trabajo, el congreso pretende generar propuestas y estrategias que contribuyan a mejorar la respuesta de las instituciones ante este flagelo y a crear un entorno más seguro para las mujeres y niñas.
El encuentro también busca hacer un llamado a la unidad y al compromiso de todos los actores sociales, desde las instituciones gubernamentales hasta la sociedad civil, para combatir la violencia de género de manera integral y eficaz.
La realización de este congreso es un paso más en la construcción de un futuro libre de violencia para todas las mujeres.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Procuraduría General de la República (PGR) organizó el panel fórum titulado “Abordaje y atención inclusiva a personas con discapacidad», con el propósito de sensibilizar y fortalecer los mecanismos de atención a este grupo vulnerable.
El evento, realizado por la Procuraduría Especializada en Atención a la Población en Situación de Vulnerabilidad, reunió a expertos y activistas en temas relacionados con la inclusión y la accesibilidad.
La Procuraduría destacó su compromiso con el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de aquellas que viven con alguna discapacidad, y subrayó las diversas iniciativas que se implementan para garantizar el acceso a la justicia y otros servicios esenciales.
Uno de los aspectos más destacados de la PGR es su oferta de atención en el Sistema de Localización y Evaluación de Servicios Sociales (LESSA), una plataforma que facilita la conexión entre los usuarios y los servicios jurídicos, sociales y de atención que la institución ofrece.

Además, la Procuraduría cuenta con Servicios Itinerantes, que permiten acercarse a la población que no puede desplazarse hasta las instalaciones, llevando el apoyo directo a los rincones más alejados del país.
La inclusión y accesibilidad son principios fundamentales en la estrategia de la PGR, cuyo objetivo es que todas las personas, sin importar su condición, puedan ejercer plenamente sus derechos.
Esta jornada fue una oportunidad para reflexionar sobre los avances en la atención a personas con discapacidad y sobre los desafíos que aún persisten para garantizar una inclusión efectiva en todos los ámbitos.
La Procuraduría reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera incansable para crear una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad reciban la atención y el respeto que merecen, independientemente de su ubicación geográfica o situación personal.

El Viceministerio de Transporte (VMT) prepara una propuesta que busca implementar una política de “cero tolerancia” hacia los conductores que circulan bajo los efectos del alcohol o las drogas. 

El objetivo es reducir el número de accidentes de tránsito, que este año ya han cobrado la vida de 1,188 personas en el país.

Nelson Reyes, titular del VMT, detalló en una entrevista radial que la medida consiste en prohibir cualquier cantidad de alcohol en la sangre de los conductores. “Estamos trabajando una propuesta para que haya cero tolerancia al alcohol al volante, es decir, que los conductores no deben presentar un solo grado de alcohol en sangre al conducir”, señaló Reyes.

Actualmente, la legislación salvadoreña permite que los conductores tengan hasta 50 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre; arriba de esa cantidad y abajo de 100 miligramos, hay multa. Si la cantidad es superior, hay arresto. 

Sin embargo, el viceministro explicó que la reforma busca eliminar esta tolerancia, con el fin de evitar cualquier duda sobre qué cantidad de alcohol es aceptable para conducir de manera segura.

Además de la propuesta de cero tolerancia al alcohol, el VMT planea implementar medidas más estrictas contra la conducción peligrosa. 

Reyes adelantó que las sanciones se endurecerán para aquellos que cometan homicidios culposos al conducir bajo los efectos del alcohol, con el fin de castigar con mayor severidad estos delitos. También se prevé un aumento en las multas para los infractores.

“Dentro de esas iniciativas está el tema de la conducción peligrosa, tener cero tolerancia por ahí, ver si incluso se pueden intensificar o endurecer un poco más las penas establecidas en el Código Penal y Procesal Penal, sobre todo para las personas que cometan homicidio culposo bajo los efectos del alcohol mientras conducen”, explicó Reyes.

Con estas reformas, el gobierno busca frenar la creciente ola de accidentes y víctimas fatales en las carreteras del país, y garantizar una mayor seguridad vial para todos los ciudadanos.