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Gestión moderna del riesgo de LA/FT en El Salvador

Por: Nadia Marcela Mira Rosa | Gerente de Cumplimiento en BITCAPITAL SOLUTIONS

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“Este marco legal actualiza la legislación nacional para la prevención de delitos financieros, siguiendo los estándares internacionales de GAFI y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La entrada en vigor de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva marcó la evolución de un nuevo régimen para El Salvador en términos de prevención de delitos financieros. 

La Ley Especial deroga expresamente la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos contenida en el Decreto Legislativo No. 498, de fecha 2 de diciembre de 1998, así como cualquier regulación que la contradiga. Pero el legislador incluye una disposición transitoria práctica especial: el Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos (promulgado por el Decreto Ejecutivo No. 2 del 21 de enero de 2000) y la Instrucción para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva continuarán en vigor hasta que se proporcione la regulación e instrucción adecuada (bajo la nueva ley).

De cumplimiento a gestión de riesgos.

Uno de los principios fundamentales de la Ley Especial es la integración obligatoria de una lógica basada en riesgos como eje transversal del sistema. Bajo la legislación anterior, el cumplimiento se centraba en reportes estandarizados y respuestas automáticas, mientras que el nuevo marco demanda una metodología dinámica para identificar, analizar y mitigar riesgos, considerando el perfil del cliente, productos, canales, jurisdicciones y comportamiento transaccional.

Las organizaciones deben abandonar los sistemas estáticos y adoptar procedimientos documentados y adaptables a sus operaciones. La gestión de riesgos se convierte en una estrategia a largo plazo y un requisito que las entidades supervisoras deben justificar e implementar. La función de cumplimiento se consolida como parte estratégica de la gobernanza corporativa, influyendo directamente en la toma de decisiones.

Desafíos estructurales y de gobernanza.

La creación del Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Dinero y el Comité Interinstitucional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Dinero (CIPLAFT) responde a la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional y armonizar la política pública en este ámbito. La inclusión de actores como el Banco Central de Reserva y la Comisión Nacional de Activos Digitales evidencia la ampliación del sistema hacia los sectores financieros y tecnológicos emergentes.

No obstante, el éxito de esta arquitectura depende de la coherencia técnica en los criterios y directrices aplicados. La falta de claridad o la interpretación variable de las normas puede generar confusión y transferir la carga regulatoria a los sujetos obligados.

Expansión del delito de lavado y su aplicabilidad.

La Ley Especial amplía la definición penal del lavado de dinero, abarcando nuevas conductas y recalibrando los delitos precedentes, reemplazando listas cerradas por elementos vinculados a la gravedad de las penas. Este enfoque, alineado con estándares internacionales, añade complejidad al análisis del riesgo criminal y exige a las entidades revisar sus métodos de evaluación, evitando una interpretación excesivamente amplia que derive en un cumplimiento defensivo y poco eficiente. La clave es evitar leer las cosas de manera demasiado amplia y resultar en un cumplimiento excesivo defensivo que podría socavar la capacidad preventiva del sistema o caer en el de-risking .

Sujetos obligados: exclusiones, nuevas inclusiones y retos

Uno de los cambios más relevantes respecto de la ley anterior es la redefinición del universo de sujetos obligados, que ahora se articula bajo un sistema nacional ampliado y coherente con la realidad financiera y tecnológica del país. La ley agrupa y actualiza sectores tradicionales, pero al mismo tiempo incorpora nuevos actores que antes no estaban expresamente comprendidos, elevando la cobertura preventiva del sistema antilavado.​

En sentido contrario, la lógica de la nueva ley permite una mejor delimitación de quiénes no deben ser tratados como sujetos obligados, reduciendo la tentación de aplicar regímenes de cumplimiento a actores que, por su naturaleza o exposición, no generan un riesgo proporcional. Para las entidades supervisadas, identificar correctamente qué actividades propias y de terceros quedan dentro o fuera del perímetro regulatorio se vuelve un ejercicio clave para evitar tanto omisiones sancionables como cargas desproporcionadas de cumplimiento.

Sujetos obligados en el ecosistema de activos digitales.

La ley reconoce explícitamente a los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin como sujetos obligados, reflejando la realidad económica local. Sin embargo, la implementación de esquemas de prevención en entornos digitales, móviles y blockchain plantea retos técnicos, como la identificación del cliente final, el rastreo de transacciones y la detección de actividades inusuales, requiriendo conocimientos especializados y un marco regulatorio preciso. Sin estos elementos, existe el riesgo de aplicar criterios rígidos sin métricas operativas adecuadas.

Debida diligencia, exclusión de clientes y enfoque en inclusión financiera

Otro quiebre respecto del marco anterior es el énfasis explícito en evitar la exclusión automática de clientes o sectores como respuesta defensiva al riesgo LA/FT, integrando principios de proporcionalidad e inclusión financiera. La ley deja claro que no es aceptable negar, restringir o cancelar servicios solo porque el cliente pertenece a cierto sector, tiene condición migratoria determinada, realiza actividades informales o ha sido objeto de señalamientos genéricos, sin un análisis de riesgo individual, objetivo y documentado.​

Desde una perspectiva operativa, esto obliga a los sujetos obligados a:

Diseñar y aplicar matrices de riesgo que permitan clasificar clientes en bajo, medio y alto riesgo, sustentando la decisión de aplicar debida diligencia simplificada, estándar o intensificada en criterios objetivos.​

Documentar de forma robusta las razones por las que se mantiene o cierra una relación, especialmente cuando se trata de sectores históricamente excluidos (por ejemplo, comercio informal, organizaciones de la sociedad civil o ciertas actividades en efectivo), evitando que el “de-risking” se convierta en la respuesta por defecto.​

Formar a oficiales de cumplimiento y áreas comerciales para que comprendan que la gestión de riesgo no es sinónimo de rechazo masivo, sino de analizar caso por caso y aplicar controles adecuados (monitoreo reforzado, límites transaccionales, revisiones periódicas, etc.).​

En este marco, la debida diligencia se articula en tres niveles: simplificada para clientes de bajo riesgo; estándar, que implica una identificación completa del cliente, beneficiario final, propósito de la relación y origen de fondos; e intensificada, dirigida a perfiles de alto riesgo, incluidos PEP, donde se exige análisis de fuente de riqueza, monitoreo permanente y mayor escrutinio de transacciones. Esta gradación permite, en teoría, equilibrar prevención y acceso, pero en la práctica exige inversión en sistemas, capacitación y metodologías de evaluación robustas

El desarrollo adicional de la Ley Especial es su posición sobre la reducción de riesgos. “La regulación establece expresamente que excluir automáticamente a clientes, sectores o actividades no es una práctica aceptable a menos que esté acompañada de una evaluación de riesgo individual, objetiva y documentada y debe seguir las reglas. Este enfoque reafirma el principio de proporcionalidad y apunta a un enfoque contra el lavado de dinero así como a la inclusión financiera. Su uso adecuado, sin embargo, requiere tanto madurez técnica de la parte obligada (es decir, las partes involucradas) como de supervisión (es decir, las contrapartes) para prevenir la supervisión de la exclusión defensiva.

Personas Políticamente Expuestas y regulación más estricta.

El tratamiento de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) es una mejora con respecto a la legislación anterior. Para extender definiciones, alargar el período de exposición y proteger a familiares cercanos y asociados, la ley exige altos estándares de diligencia debida y monitoreo 24/7. Ya sea una regulación basada en evidencia o no, el contenido y la calidad de tales leyes estarán determinados por la disponibilidad de fuentes, la capacidad de actualizar los sistemas de filtrado o la capacidad de las entidades para analizar los datos. Un enfoque más formal puede sumar en el contexto de una carga operativa sustancial sin ahorros significativos en la mitigación de riesgos.

Cultura de cumplimiento y el papel del Oficial de Cumplimiento.

La Ley Especial también solidifica la figura del Oficial de Cumplimiento ya que su independencia funcional y vínculos directos se establecen con los organismos reguladores superiores. Este marco regulatorio se construye alrededor del principio de que el cumplimiento no puede ocurrir en un vacío, ni puede sacrificarse a una consideración comercial a corto plazo. Pero la regla no es garantía de una cultura de cumplimiento por sí sola. Esto requiere liderazgo, suficientes recursos y una comprensión institucional de que la prevención del lavado de dinero es imperativa para la sostenibilidad organizacional.

Régimen sancionatorio: mayor presión y necesidad de evidencia

La nueva Ley Especial introduce un régimen sancionatorio más robusto y graduado, que refuerza el carácter vinculante de las obligaciones de prevención y gestión del riesgo. Para las personas jurídicas, las infracciones graves y muy graves pueden conllevar multas que oscilan desde varias decenas hasta más de mil salarios mínimos, lo que en la práctica puede representar montos capaces de afectar de forma seria la solvencia y continuidad operativa de una entidad.​

Además de las multas, la ley habilita sanciones estructurales como la suspensión de operaciones, la inhabilitación de funcionarios, la cancelación de licencias e incluso la disolución de la entidad, medidas que antes estaban menos sistematizadas o se aplicaban de forma más restringida. En el ámbito penal, se mantiene y refuerza la severidad del delito de lavado de activos, con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión, acompañadas de la ampliación de las conductas típicas y de los delitos precedentes en un marco más abierto y alineado con estándares internacionales.​

En el día a día de los sujetos obligados, esto significa que ya no basta con tener políticas “en papel”; es imprescindible demostrar cómo estas se ejecutan, cómo se documentan los análisis de riesgo y cómo se justifican las decisiones de no reportar, de mantener o de cerrar relaciones comerciales. Cada omisión relevante (por ejemplo, no reportar una operación sospechosa dentro de los plazos, no implementar debida diligencia intensificada en clientes de alto riesgo o no conservar registros durante 15 años) puede desencadenar sanciones significativas, tanto económicas como reputacionales.

Al final, tanto el incumplimiento como un cumplimiento meramente defensivo o exagerado terminan debilitando el sistema: el primero por abrir brechas, el segundo por generar fricciones innecesarias y afectar la inclusión financiera. El verdadero desafío para los sujetos obligados en El Salvador es encontrar ese punto de equilibrio en el que cumplir la ley y gestionar bien el riesgo vayan de la mano y contribuyan a un sistema más íntegro, transparente y resiliente.

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Kash redefine el uso cotidiano del dinero digital en El Salvador

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El uso de herramientas digitales para gestionar dinero ha cambiado la relación de las personas con los servicios financieros. En ese proceso, Kash, como producto de BAC, ha ampliado su alcance en el país y en la región, incorporando nuevas funciones y aumentando su base de usuarios durante el último año.

Durante 2025, la plataforma registró un crecimiento superior al 76 % en número de usuarios en El Salvador. Este avance estuvo acompañado por una evolución en su propuesta, que pasó de ser una aplicación para transferencias a una solución que integra distintas funciones de pago en un solo entorno digital.

José Manuel Ayala, gerente de Kash en El Salvador, explica que este cambio responde a una visión más amplia del servicio. “Pasamos de ser una solución de transferencias a un ecosistema integral de pagos, respaldado por la infraestructura y visión estratégica de BAC”, señala.

Entre las nuevas funcionalidades destaca el pago de facturas desde la aplicación, lo que permite gestionar servicios básicos sin necesidad de desplazamientos físicos.

Cambios en el acceso a servicios financieros

La adopción de Kash ha tenido impacto en la forma en que los usuarios interactúan con el sistema financiero. Desde su lanzamiento, la plataforma ha facilitado el acceso a servicios digitales para más de 250,000 personas en El Salvador y más de un millón a nivel regional.

Este alcance ha permitido que usuarios que antes no utilizaban banca digital comiencen a realizar transferencias y pagos desde sus dispositivos móviles. La facilidad de uso ha sido un factor clave para ampliar la adopción.

“Kash permitió que en menos de tres minutos una persona pueda crear su usuario y comenzar a realizar transferencias digitales”, explica Ayala.

El desarrollo de la plataforma también ha incorporado herramientas de inteligencia artificial en procesos como la validación de identidad. Estas tecnologías permiten agilizar el registro de usuarios y mejorar los controles de seguridad.

Además, la empresa ha comenzado a utilizar analítica avanzada para entender el comportamiento de sus usuarios y diseñar nuevos productos financieros en función de sus necesidades.

Expansión regional y nuevas capacidades

El crecimiento de Kash se apoya en la infraestructura regional de BAC y en alianzas con redes como Visa y Mastercard, que permiten realizar transacciones entre distintos bancos y países.

Estas capacidades han facilitado la expansión de la plataforma hacia otros mercados de Centroamérica, manteniendo un mismo estándar de operación y experiencia para los usuarios.

“La tecnología debe ser un habilitador de oportunidades, acercando soluciones financieras simples y accesibles para todos”, afirma Ayala.

En paralelo, la empresa proyecta ampliar su oferta con nuevos productos digitales como microcréditos, cuentas de ahorro y tarjetas de débito. Estas soluciones buscan responder a la demanda de servicios financieros más completos dentro de un entorno digital.

Para Kash, el desarrollo tecnológico no se limita a digitalizar procesos existentes, sino a transformar la forma en que las personas gestionan su dinero. La evolución de la plataforma apunta a consolidar un modelo donde los servicios financieros sean accesibles desde un mismo canal y adaptados a distintos perfiles de usuarios.

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Weris apuesta por una super app para ampliar el comercio digital en El Salvador

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La empresa salvadoreña Weris App ha enfocado su evolución tecnológica en construir una plataforma que conecte a usuarios, comercios y conductores dentro de un mismo ecosistema digital. Ha comprendido que el desarrollo de plataformas digitales de última milla está redefiniendo la forma en que comercios y consumidores interactúan en la economía urbana. 

Durante 2025 la compañía consolidó las bases de su plataforma y lanzó sus primeras aplicaciones al mercado. Ese primer despliegue permitió al equipo comprender el comportamiento de usuarios y negocios locales, así como identificar los ajustes necesarios para mejorar la operación.

Christian Wright, CEO de Weris, explica que ese proceso fue clave para la siguiente etapa de la empresa. “En junio del año pasado lanzamos nuestras primeras apps al mercado y ese aprendizaje fue la materia prima de algo mucho más grande”, señala.

El resultado fue el relanzamiento de la plataforma en el segundo trimestre de 2026, cuando la empresa presentó una nueva versión concebida como una super app. El cambio implicó una migración completa de su infraestructura tecnológica y el rediseño de la experiencia para los tres actores que integran el sistema: clientes, comercios y conductores.

“No fue una actualización, fue una reinvención”, afirma Wright.

Un modelo digital para comercios y logística

La propuesta tecnológica de Weris busca facilitar la participación de pequeños negocios en la economía digital. A través de la plataforma, restaurantes, tiendas y emprendedores pueden vender y distribuir sus productos sin necesidad de desarrollar su propia infraestructura tecnológica o logística.

El modelo también incorpora un enfoque que busca equilibrar la relación entre comercios, usuarios y conductores dentro de la plataforma. La empresa señala que su objetivo es construir un sistema donde la eficiencia operativa no implique condiciones desfavorables para los actores que participan en la cadena de valor.

“Nuestro diferencial no es solo la logística, sino el compromiso con una relación justa entre comercio, driver y usuario”, explica Wright.

La plataforma utiliza algoritmos de asignación de pedidos y optimización de rutas para mejorar los tiempos de entrega y reducir costos operativos. Esta analítica en tiempo real también permite a la empresa ajustar la capacidad del sistema según la demanda y mejorar la experiencia del usuario.

Además de su operación logística, la compañía ha desarrollado herramientas tecnológicas que amplían su oferta dentro del ecosistema digital. Entre ellas se encuentra Cuscansense IA, un centro de contacto basado en inteligencia artificial que permite gestionar comunicaciones a gran escala.

A partir de esa tecnología también surgió Wetalks, una plataforma que la empresa decidió ofrecer a otras compañías y emprendedores que necesitan gestionar campañas masivas o procesos de atención a clientes.

Escalabilidad y expansión

El relanzamiento tecnológico de Weris también responde a una estrategia de crecimiento regional. La nueva arquitectura fue diseñada para permitir que la plataforma pueda abrir operaciones en nuevas ciudades o países sin necesidad de reconstruir su infraestructura.

“La escalabilidad siempre fue una prioridad de diseño y hoy tenemos la capacidad de abrir operación en cualquier ciudad o país de forma ágil”, señala Wright.

Para la empresa, el mercado salvadoreño ha funcionado como un laboratorio para probar el modelo antes de expandirlo a otros territorios. El desarrollo de la super app también forma parte de una visión más amplia sobre el rol de la tecnología en el país.

“En Weris decidimos desde el primer día construir algo que importara, no solo una app que funcionara”, afirma Wright.

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Infraestructura, datos y cobertura: la evolución operativa de DELSUR

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Mover energía no es solo una operación técnica. También implica anticipar demanda, adaptar infraestructura y tomar decisiones en tiempo real. En ese proceso, DELSUR ha venido ajustando su modelo operativo con inversiones en tecnología, expansión de red y fortalecimiento financiero, como parte de su hoja de ruta hacia 2030.

Durante 2025, la compañía avanzó en tres líneas de trabajo: transformación digital, modernización de infraestructura y sostenibilidad financiera. En el ámbito tecnológico, se contrataron iniciativas por más de 40 millones de dólares que incluyen la implementación de un nuevo sistema ERP, redes inteligentes de medición y herramientas de analítica de datos.

“La transformación no es solo de infraestructura, es también cultural, orientada a que cada área tome decisiones basadas en datos”, explica Carolina Quintero Gil, presidente ejecutiva de DELSUR.

En paralelo, la empresa amplió la capacidad de subestaciones, desarrolló nuevas redes en zonas de crecimiento turístico y fortaleció el respaldo energético en puntos estratégicos como el aeropuerto internacional.

Red eléctrica, impacto social y cobertura

El alcance de la operación se refleja en los territorios donde el servicio eléctrico genera cambios en la vida cotidiana. Durante el último año, 262 familias en zonas rurales accedieron por primera vez a energía eléctrica, lo que incide en condiciones de educación, seguridad y desarrollo local.

Además, cerca de 46,400 personas participaron en talleres sobre uso seguro de la energía, mientras que 8,000 estudiantes fueron parte del programa Electroguardianes.

Uno de los programas con mayor impacto es el Semillero de Linieros, desarrollado junto al INCAF (Instituto Nacional de Capacitación y Formación). A través de esta iniciativa, 93 jóvenes han sido formados como técnicos en redes eléctricas, varios de ellos incorporados a la operación del sector.

“El impacto se refleja en cada comunidad donde la energía llega por primera vez y transforma la vida cotidiana de las personas”, señala Quintero.

En términos operativos, la empresa distribuye energía con una matriz 71% renovable y mantiene indicadores financieros en crecimiento, lo que respalda la sostenibilidad de su modelo.

Innovación, talento y sostenibilidad

La modernización de la red también ha incorporado herramientas tecnológicas aplicadas a la operación. Entre ellas, sistemas de optimización de rutas mediante algoritmos, gemelos digitales en subestaciones y monitoreo con drones y sensores para detectar fallas de forma preventiva.

En la relación con clientes, la empresa ha actualizado sus agencias comerciales con sistemas inteligentes de atención y ha incorporado soluciones digitales para facilitar pagos y gestiones.

“El servicio eléctrico debe evolucionar al ritmo de la tecnología y de las necesidades de los usuarios”, afirma la ejecutiva.

En el plano interno, DELSUR ha invertido más de 25,700 horas en formación técnica, liderazgo e innovación, incorporando programas de inclusión como IP Women Immersion para fortalecer la participación de mujeres en el sector.

La sostenibilidad se gestiona con métricas claras y reportes bajo estándares internacionales, mientras que en el ámbito ambiental la empresa impulsa proyectos de restauración de ecosistemas y monitoreo climático.

A través de alianzas con universidades, organismos internacionales y organizaciones sociales, la compañía ha ampliado el alcance de sus iniciativas en formación, transición energética e impacto comunitario.

De cara a los próximos años, DELSUR continuará desarrollando su red con un enfoque en digitalización, calidad del servicio y transición energética, con el objetivo de consolidar su rol dentro del sistema eléctrico nacional.

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AES, energía que impulsa futuro: digitalización, impacto y visión de país

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La energía no solamente mueve la economía de un país; también abre caminos, genera confianza y transforma comunidades. En un entorno donde la innovación y la sostenibilidad marcan la diferencia, AES El Salvador acelera su transformación estratégica y redefine cómo la electricidad puede convertirse en motor de desarrollo económico y social.

En el último año, la compañía culminó la primera fase de su Plan de Digitalización Tecnológica 2021-2025, respaldado por una inversión superior a US$67 millones para adquirir y poner en operación nuevas plataformas. Este avance marca un punto de inflexión en la operación de sus redes y en la relación con más de 1.6 millones de clientes. El lanzamiento de su ecosistema digital de autogestión —una aplicación móvil y un portal web— permite gestionar facturas, pagos, consumos y reclamos en tiempo real, reduce trámites presenciales y eleva los estándares de servicio.

A esta evolución se suman plataformas de gestión y medición inteligente que integran monitoreo en tiempo real y automatizan la red eléctrica. El resultado es una operación que optimiza y responde con mayor agilidad a las demandas del país. Más que digitalización, AES apuesta por fortalecer la continuidad y calidad del suministro eléctrico, un factor clave para la productividad nacional.

Impacto que transforma

La estrategia también genera oportunidades que amplían el desarrollo de las comunidades. Una de las iniciativas más representativas es el programa Mujeres Electricistas, desarrollado en alianza con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Desde 2016, ha acreditado a más de mil mujeres en instalaciones eléctricas residenciales, abriendo oportunidades de empleo y emprendimiento.

En paralelo, durante el último año la empresa educó a más de 65,000 niños en el uso seguro y eficiente de la energía, capacitó a más de 14,000 personas en comunidades rurales a través del programa Energía Mágica y llevó electricidad a 219 familias mediante el programa Luz para Todos, con una inversión superior a US$375 mil. Estas acciones reflejan un modelo de sostenibilidad con impacto directo en la calidad de vida.

Gobernanza y talento como motor

El fortalecimiento institucional es otro pilar. AES reforzó su programa de ética y cumplimiento mediante capacitaciones, espacios de diálogo interno y mecanismos de reporte que consolidan una cultura organizacional basada en la transparencia.

La inversión en talento también se mantiene constante. A través de su Centro de Entrenamiento Técnico y programas de formación interna, los colaboradores reciben capacitación en áreas clave como analítica de datos, inteligencia artificial, sistemas fotovoltaicos y automatización de redes. Esta apuesta fortalece el empleo de calidad y prepara a la organización para la incorporación de más energías renovables en la matriz energética.

Una visión país

De cara a los próximos años, AES El Salvador continuará articulando su estrategia en cuatro pilares: impacto ambiental, bienestar social, experiencia del cliente y ética y gobernanza, con el objetivo de generar valor sostenible.

Ser reconocida como una empresa de impacto es, para AES, una responsabilidad. Confirma que el crecimiento empresarial puede ir de la mano con el compromiso social y la transparencia.

Como lo resume su presidente ejecutivo, Abraham Bichara: “En AES El Salvador entendemos el liderazgo como la responsabilidad de anticiparnos a los desafíos del país y actuar con visión de largo plazo. Continuaremos trabajando para fortalecer un servicio eléctrico cada vez más confiable y moderno, impulsando la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestra gente y de las comunidades a las que servimos”.

En un sector estratégico para la economía, la energía no solo mueve industrias. También impulsa oportunidades, construye confianza y acelera el desarrollo. Ese es el estándar que AES El Salvador busca consolidar.

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ADOC impulsa su expansión regional con retail, datos y experiencia de cliente

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La evolución de Empresas ADOC se ha construido sobre ajustes concretos en su forma de operar, en cómo se relaciona con el cliente y en la integración de canales físicos y digitales. Ese proceso ha llevado a la compañía a reorganizar su modelo hacia una estructura más ágil, con presencia regional y una oferta que combina retail, mayoreo y manufactura.

En el último año, la empresa ha consolidado su operación en más de siete países de Centroamérica, apoyada en un portafolio diversificado de marcas y formatos de negocio. Parte de ese crecimiento se explica por la expansión de su red comercial, con la apertura de más de 95 tiendas en los últimos años y el desarrollo de 30 plataformas de comercio electrónico.

“Hemos evolucionado de una operación tradicional hacia un modelo más ágil, omnicanal y centrado en el cliente”, explica Javier Castillo, CEO de Empresas ADOC.

Este cambio ha implicado pasar de un enfoque transaccional a uno basado en relaciones de valor, donde la experiencia del cliente se convierte en un eje de decisión.

Expansión comercial y modelo digital

La compañía ha fortalecido su ecosistema digital con herramientas que integran distintos puntos de contacto. Entre ellos, la aplicación de lealtad Puntos ADOC, canales de atención en WhatsApp, redes sociales y un centro de servicio al cliente que permite una interacción continua.

Este sistema se complementa con un modelo de escucha activa que recoge información tanto de clientes como de colaboradores, lo que permite ajustar decisiones operativas y comerciales con base en datos.

“La innovación en ADOC se centra en mejorar la experiencia del cliente y fortalecer nuestra competitividad regional”, señala Castillo.

En el plano de producto, la empresa ha incorporado marcas internacionales y desarrollado propuestas que combinan diseño y funcionalidad, con el objetivo de competir en mercados más amplios.

El impacto de esta operación se refleja también en indicadores económicos y sociales. La empresa ha generado más de 2,300 empleos directos en la región y ha donado más de 30,000 pares de calzado a través de su programa Calzando Sonrisas.

Cultura organizacional y sostenibilidad

El desarrollo interno de la empresa se apoya en una cultura organizacional que prioriza la ejecución, la agilidad y el enfoque en resultados. Bajo el concepto de cultura ADOCKER, la compañía promueve principios como servicio al cliente, innovación y trabajo en equipo.

“El talento es uno de nuestros pilares estratégicos, con una cultura enfocada en entender y resolver las necesidades reales del cliente”, afirma el CEO.

Este enfoque se traduce en programas de formación y oportunidades de crecimiento interno que buscan fortalecer las capacidades del equipo y sostener la evolución del negocio.

En paralelo, la empresa ha incorporado criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su toma de decisiones. Esto incluye reportes de sostenibilidad bajo estándares internacionales y una estructura de gobierno corporativo que permite gestionar riesgos y asegurar cumplimiento.

Para los próximos años, ADOC proyecta profundizar su ecosistema digital, expandir su presencia en nuevos mercados y fortalecer su operación de manufactura.

“Creemos que el liderazgo empresarial se construye a partir de la confianza, la coherencia y la generación de valor compartido”, concluye Castillo.

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