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Justicia hondureña afronta complicada prueba con el regreso del indultado expresidente Juan Orlando Hernández
El retorno del expresidente Juan Orlando Hernández, tras recibir un indulto en Estados Unidos por su condena por narcotráfico, abre una nueva etapa judicial en Honduras. Analistas y organizaciones anticorrupción coinciden en que el proceso medirá la independencia y credibilidad del sistema de justicia hondureño.
Hernández regresó el domingo a Honduras y recibió un baño de multitudes. A millares se les olvidó que él fue extraditado, enjuiciado por narcotráfico y condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión. Donald Trumple indultó la condena, en una cuestionada decisión.
El exmandatario, quien gobernó entre 2014 y 2022, comparecerá el próximo 3 de agosto ante un juez por el caso Pandora II, un expediente en el que la Fiscalía lo acusa de presunto fraude y lavado de activos.
Su regreso fue posible luego de que un juez suspendiera de forma provisional la orden de captura y la alerta roja internacional en su contra para permitir su presentación voluntaria ante la justicia.
La independencia judicial queda bajo escrutinio
El retorno de Hernández trasladó el foco desde los tribunales estadounidenses hacia el sistema judicial hondureño. Ahora, la atención se concentra en la capacidad de jueces y fiscales para conducir un proceso contra quien concentró el poder político durante ocho años.
El analista Kenneth Madrid le dijo a EFE que el caso es como una “prueba de fuego” para el Poder Judicial y el Ministerio Público. A su juicio, ambas instituciones deberán demostrar independencia, imparcialidad y transparencia durante todo el proceso.
En la misma línea, el analista Miguel Cálix advirtió que la justicia hondureña ha enfrentado dificultades para procesar a altos funcionarios. Según explicó, la credibilidad del caso dependerá de la fortaleza de las pruebas que presente la Fiscalía.
Consejo Anticorrupción eleva la presión sobre los tribunales
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, Gabriela Castellanos, reforzó ese debate este lunes con un mensaje titulado “El acusado no está solo”.
La abogada afirmó que el regreso de Hernández representa un examen para las instituciones del país. Además, sostuvo que el indulto concedido en Estados Unidos no elimina las posibles responsabilidades penales que puedan investigarse en Honduras.
Castellanos planteó que el Poder Judicial enfrenta dos escenarios. El primero consiste en archivar las investigaciones pendientes. El segundo implica permitir que los procesos avancen conforme a la ley y demostrar que ninguna figura política está por encima de la justicia.
El caso tendrá impacto más allá del ámbito político
La acusación del caso Pandora II sostiene que Hernández y otros implicados habrían integrado una red que desvió más de 288 millones de lempiras, equivalentes a unos $10.7 millones de dólares, entre 2010 y 2013.
Mientras tanto, el expresidente pidió que el proceso no sea politizado y solicitó que se aplique la ley “como corresponde”.
Más allá del desenlace judicial, el caso ya se convirtió en un nuevo examen para las instituciones hondureñas. La actuación de jueces y fiscales será observada tanto dentro del país como por la comunidad internacional, debido al peso político del exmandatario y al impacto que el proceso tendrá sobre la confianza en el Estado de derecho.
