Los precios de referencia de los combustibles tendrán una ligera disminución, de hasta $0.03 por galón desde este 24 de diciembre, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
La DGEHM, que actualiza cada quincena los precios de las gasolinas y el diésel, reportó que desde este martes los combustibles registrarán una disminución de $0.02 a $0.03 en todo el país. Estos precios se mantendrán vigentes hasta el 6 de enero de 2025.

Precios detallados por región
La gasolina regular costará $3.65, $3.66 y $3.69 en las zonas central, occidental y oriental, respectivamente, tras una reducción general de $0.02 por galón.
Además, el galón de gasolina regular tendrá una baja específica de $0.02 en el centro y occidente, con precios de referencia de $3.54 y $3.55, mientras que en oriente el descenso será de $0.03, fijándose en $3.58.
En cuanto al diésel, el precio también disminuirá $0.02 por galón a nivel nacional, con un costo que oscilará entre $3.40 y $3.44, dependiendo de la región.

Tendencias recientes
Según los datos de la DGEHM, esta es la cuarta quincena consecutiva en que la gasolina regular registra una baja en su precio.
Por otro lado, la gasolina superior verá su primer descenso tras un incremento de hasta y $0.02 ocurrido entre el 10 y el 23 de diciembre.
En el caso del diésel, la reducción se produce después de un leve aumento en la quincena anterior.
La DGEHM explicó que esta disminución en los precios de los combustibles está relacionada con una mayor disponibilidad de productos en el mercado. Informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) destacan un incremento en las reservas de gasolina y diésel desde la segunda quincena de noviembre, tendencia que se ha mantenido durante los primeros 15 días de diciembre.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa daprobó este lunes la Ley General de Minería Metálica, derogando la prohibición vigente desde 2017. La decisión generó protestas dentro y fuera del recinto, con fuertes acusaciones por parte de opositores al gobierno y el rechazo de sectores de la sociedad civil, incluidos líderes religiosos.
La nueva normativa fue discutida en comisión legislativa durante el fin de semana y presentada a votación en sesión plenaria este 23 de diciembre.
Diputados de la bancada oficialista Nuevas Ideas y aliados del PCN y PDC respaldaron la ley, mientras que los partidos Arena y Vamos votaron en contra, calificando la decisión como un retroceso ambiental y social.
A las afueras de la Asamblea, grupos opositores manifestaron su rechazo. Dentro del recinto, diputados de partidos minoritarios alzaron rótulos con mensajes como “No a la minería”, destacando la creciente preocupación por el impacto ambiental y en la salud pública que podría traer la reactivación de esta industria en el país.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, defendió la medida argumentando que la ley busca proteger los recursos naturales y el bienestar del país a largo plazo. Según explicó, la normativa incluye estudios técnicos para identificar áreas donde la minería puede desarrollarse sin comprometer el medio ambiente ni los recursos hídricos.
Sin embargo, diputadas como Cesia Rivas, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron estas afirmaciones.
Rivas aseguró que la ley prioriza intereses económicos y políticos sobre la salud y el bienestar de los salvadoreños. Por su parte, Villatoro acusó al oficialismo de aprobar una normativa que, según ella, «envenenará el agua y afectará gravemente a la población».
William Soriano, diputado oficialista, argumentó que la minería podría generar beneficios económicos significativos, citando estimaciones del Banco Mundial que sugieren que cada dólar invertido en minería produce entre tres y cuatro dólares en retorno. Soriano destacó que los ingresos derivados de esta actividad podrían destinarse a proyectos de infraestructura, educación y salud.
Reynaldo Carballo, del PDC, añadió que los metales son esenciales para el avance tecnológico y que los procesos actuales de extracción pueden realizarse con menos impacto ambiental. Aseguró que la ley es necesaria para garantizar el acceso a recursos indispensables para la vida moderna.
Por su parte, la diputada Dania González insistió en que esta ley representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de las economías locales y prometió que el gobierno no repetirá los errores del pasado, asegurando un equilibrio entre explotación minera y cuidado ambiental.
Finalmente, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió la ley a votación, la cual fue aprobada con los 57 votos de la bancada oficialista y sus aliados. Los diputados celebraron con aplausos, mientras persisten las críticas y el rechazo por parte de la oposición, organizaciones civiles y sectores religiosos, que consideran que esta decisión compromete el futuro ambiental y social del país.

El doctor Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro recibió la medalla al mérito cívico de parte de la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES), en reconocimiento a su labor como jurista destacado.
Por décadas, como abogado, ha figurado en el ámbito jurídico y político y sus aportes han contribuido al desarrollo del país en diferentes momentos y coyunturas históricas. Por ello, es reconocido por su contribución a la sociedad.
La medalla al mérito cívico fue entregada en durante el convivio navideño de AMJUES, durante el fin de semana, en donde decenas de colegas de Gutiérrez Castro se fundieron en aplausos y felicitaciones para el profesional y al que muchos consideran su maestro y mentor.

El hombre y el funcionario
Nacido el 18 de marzo de 1942 en Santa Ana, Mauricio Gutiérrez Castro se ha destacado como una de las figuras más relevantes en el ámbito jurídico y político de El Salvador.
Es licenciado en derecho y profesor de derecho público de la Universidad de El Salvador y ha dedicado su vida al servicio público y al fortalecimiento de las instituciones democráticas y judiciales del país.

Su carrera política comenzó en la década de 1970, cuando en 1973 fue designado gobernador del departamento de Santa Ana. Posteriormente, de 1974 a 1977, fue miembro de la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde su trabajo sentó bases para reformas significativas.
En el ámbito ejecutivo, Mauricio Gutiérrez Castro ocupó el cargo de segundo vicepresidente de El Salvador entre el 2 de mayo de 1982 y el 1 de junio de 1984, durante la administración del presidente Álvaro Magaña.
Este periodo estuvo marcado por un contexto político complejo, en medio del conflicto armado que afectaba al país, lo que dio mayor relevancia a su papel en la toma de decisiones nacionales.
En 1989, Gutiérrez Castro fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ocupó hasta 1994. Su gestión estuvo orientada a la modernización del sistema judicial y a garantizar la independencia de los jueces en un periodo crítico para la institucionalidad del país.

Contribuciones y reconocimientos
Además de su labor jurídica y política, Mauricio Gutiérrez Castro fue presidente de la Comisión Nacional de Turismo, donde impulsó iniciativas para promover a El Salvador como un destino turístico internacional.
Su visión integradora y su capacidad de liderazgo le valieron el reconocimiento tanto dentro como fuera del país.
La vida y obra de Mauricio Gutiérrez Castro son un testimonio de compromiso y dedicación al bienestar de El Salvador.
Desde las aulas universitarias hasta los más altos cargos del poder judicial y ejecutivo, su influencia ha sido clave en momentos decisivos para la historia del país.
Su capacidad de combinar el conocimiento jurídico con el liderazgo político lo convierten en un ejemplo para las generaciones futuras de juristas y servidores públicos.

En una rápida sesión, la comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este sábado el dictamen favorable para la Ley General de Minería Metálica, un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca regular la minería en el país.
La minería, prohibida en 2017, será discutida en el pleno el próximo lunes, con posibilidad de ser ratificada.
El dictamen fue aprobado en un encuentro marcado por intensos intercambios de opiniones.
Durante la reunión, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y actual director de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, presentó el anteproyecto y defendió sus aspectos clave.
En su intervención, destacó que la nueva ley garantizaría una minería “responsable y amigable con el medio ambiente”, y subrayó la prohibición del uso de mercurio, uno de los elementos más contaminantes en las prácticas mineras.
«Esta ley establece los estándares más altos para proteger el medio ambiente y evitar el uso de metales pesados», insistió Álvarez, quien también señaló que el objetivo principal de la normativa es regular la minería de manera que minimice sus impactos negativos.

Oposición cuestiona falta de estudios previos
Pese a las afirmaciones del funcionario, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, fue crítica sobre la falta de estudios técnicos, ambientales y económicos que respaldaran la reforma.
Ortiz recordó que El Salvador cuenta desde 2017 con una ley que prohíbe la minería metálica, y cuestionó la rapidez con que se está proponiendo un cambio sin la evidencia necesaria.
Aunque Álvarez reconoció que aún no se han realizado dichos estudios, justificó la medida señalando que la nueva ley permitiría al Estado realizar las investigaciones correspondientes a través de organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, también expresó su preocupación por los impactos ambientales de la minería.
Recordó la contaminación sufrida por el río San Sebastián en La Unión durante gobiernos anteriores, pero reconoció que la propuesta de la ley actual busca evitar que se repitan estos errores.

Ajustes al proyecto
Luego del debate, Álvarez propuso una serie de modificaciones al proyecto original, buscando fortalecer las sanciones para quienes realicen actividades mineras ilegales.
Las multas por faltas graves se incrementaron de 10 a 100 salarios mínimos, mientras que las faltas muy graves podrían acarrear sanciones de entre 500 y 1,000 salarios mínimos. Además, se incluyó en el proyecto la posibilidad de participación de las sociedades de economía mixta en la explotación minera.
Antes de que se sometiera el dictamen a votación, la diputada propuso escuchar la opinión de expertos y organizaciones ambientalistas para enriquecer el debate. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada por los legisladores oficialistas.
Ortiz calificó el proceso de aprobación como «exprés», acusando a sus colegas de evitar un debate adecuado sobre el tema.
La presidenta de la comisión, Dania González, respondió que las observaciones de Ortiz serían incluidas en el acta de la sesión, pero subrayó que el proceso seguiría adelante sin modificaciones significativas.
A las 1:03 p.m. de ese sábado, el dictamen fue aprobado por unanimidad por los diputados de la bancada oficialista.
Ahora, será presentado en el pleno de la Asamblea Legislativa el próximo lunes 23 de diciembre para su ratificación.

La comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa comienza a discutir este sábado la propuesta del gobierno central de aprobar la minería metálica en el país, que está vetada por ley desde 2017.

El ministerio de Economía presentó la solicitud ante el legislativo y los diputados que tendrán a su cargo el análisis de esta están convocados para este 21 de diciembre. 

En una sesión plenaria del viernes, el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, además convocó a los diputados a discutir el tema el próximo lunes 23 de diciembre.

La propuesta al pleno fue introducida por Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas y con dispensa de trámite, fue avalada por 56 votos a favor, todos provenientes del bloque oficialista. 

Los únicos tres votos en contra provinieron de la oposición.

De acuerdo con Ernesto Castro, la medida busca establecer un marco legal para la exploración y explotación de metales en el país. 

“La iniciativa del presidente de la República, por medio de la ministra de Economía, busca la creación de la Ley General de Minería Metálica para permitir la exploración y explotación de recursos naturales en nuestro país”, declaró Castro durante la sesión.

El anuncio ha generado un intenso debate en la sociedad salvadoreña, ya que la prohibición de la minería metálica en 2017 fue considerada un hito en la protección ambiental y de la salud pública. 

Diversos sectores sociales han expresado su rechazo a la reactivación de esta industria, calificándola de “absurda” y advirtiendo sobre los potenciales daños ambientales y sociales.

Por su parte, el gobierno ha defendido la propuesta, argumentando que una regulación adecuada y el uso de tecnologías modernas permitirían que la minería se convierta en una fuente significativa de ingresos y desarrollo para El Salvador.

La Conferencia Episcopal también ha manifestado su oposición a las intenciones del gobierno, sumándose a las voces críticas que advierten sobre las posibles consecuencias negativas de esta medida.