El Gobierno busca una nueva reforma penal para endurecer las penas aplicables al delito de conducción peligrosa y llevarlas hasta 10 años de prisión en algunos casos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, propuso una nueva reforma al artículo 147-E del Código Penal con la que buscan fortalecer la legislación existente y aumentar las sanciones contra quienes pongan en riesgo la seguridad vial mediante disputas de vías, competencias sin autorización o la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

Incremento en las penas
En 2 ocasiones durante el 2021 el artículo 147-E del Código Penal fue modificado en dos ocasiones durante 2021 y este impone una pena de entre 2 y 4 años de prisión por conducción peligrosa de vehículos de motor, una reducción que se realizó en noviembre de 2021 después de que la reforma de septiembre del mismo año la elevara a entre 4 y 6 años.
La nueva propuesta contempla aumentar el rango a entre 2 y 5 años de prisión.

En cuanto a la conducción peligrosa en vehículos de transporte público o de carga, la propuesta elevaría las penas a entre 5 y 10 años de prisión.
Esto representa un cambio significativo respecto a las reformas de 2021, cuando inicialmente se establecieron penas de entre 5 y 8 años en septiembre, para luego reducirlas a entre 3 y 6 años en noviembre.

Sanciones más estrictas por homicidio culposo
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es el endurecimiento de las penas en casos donde la conducción peligrosa resulte en homicidio culposo o lesiones muy graves.
Actualmente, el Código Penal incrementa la pena hasta un tercio del máximo, lo que equivale a 8 años de prisión. Con la reforma, la pena podría alcanzar hasta 10 años en casos relacionados con vehículos de motor y hasta 15 años si el delito involucra transporte público o de carga.

Medidas complementarias
La propuesta también incluye disposiciones adicionales para combatir la conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas. Según el texto, las pruebas realizadas en controles vehiculares serán consideradas prueba suficiente en flagrancia para determinar el delito.
La iniciativa del gobierno busca responder al creciente número de incidentes de tránsito relacionados con conductas irresponsables, así como a las demandas de mayor seguridad vial por parte de la ciudadanía.
Con esta propuesta, el Ejecutivo pretende disuadir a los conductores de incurrir en comportamientos peligrosos y garantizar un entorno más seguro para los usuarios de las vías.
El pleno legislativo conoció el martes 17 de diciembre la iniciativa, que ahora se encuentra en proceso de análisis para su eventual aprobación.

La Procuraduría General de la República (PGR) suscribió una carta de entendimiento con el Proyecto Justicia, iniciativa implementada por Dexis Consulting Group y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de investigación de la defensa pública penal y mejorar los servicios institucionales, en una alianza estratégica que promete optimizar el acceso a la justicia y el trato hacia las víctimas.

El Proyecto Justicia, que ya ha demostrado ser un motor de cambio en el ámbito judicial, busca implementar soluciones efectivas para garantizar que las víctimas tengan acceso a una justicia más pronta y eficiente. 

Entre los objetivos clave del proyecto destaca la ampliación y fortalecimiento de los servicios de asistencia y trato para las personas afectadas por el sistema judicial.

En su intervención, el procurador general René Escobar subrayó las áreas de intervención del memorándum de entendimiento, que incluyen el fortalecimiento de la investigación en la defensa pública penal, la ampliación del acceso a la justicia para las víctimas y la optimización de las capacidades institucionales para brindar servicios de calidad.

Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de ambas instituciones de mejorar de manera continua la calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. «Nuestro deber es con la población usuaria, y estamos comprometidos a seguir trabajando para garantizar que sus derechos sean respetados y sus necesidades atendidas de manera humana y cercana», afirmó Escobar.

Además, se destacó el enfoque del Proyecto Justicia y la PGR por una justicia centrada en la persona, priorizando la calidad, cercanía y humanidad en la atención a los usuarios. Este enfoque no solo busca mejorar los procedimientos judiciales, sino también hacer que las víctimas se sientan respaldadas y escuchadas durante todo el proceso judicial.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, anunció que durante la temporada de Navidad y Fin de Año se han intensificado los operativos antidoping en las calles y carreteras del país, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito causados por conductores bajo los efectos del alcohol.
Reyes destacó que, a lo largo de todo el año, un total de 2,202 personas han sido detenidas por conducción peligrosa.
“Estamos llevando a cabo controles continuos, pero en esta época los hemos reforzado para capturar a aquellas personas que, de manera imprudente, conducen bajo los efectos del alcohol”, señaló Reyes.
En comparación con el mismo período del año pasado, cuando se detuvieron a 1,700 personas, se ha registrado un aumento de aproximadamente un 30%, lo que refleja una mayor efectividad en la detección de infractores.
El funcionario también se refirió al servicio de grúa gratuito “MOPT de Asiste”, que se mantiene activo durante estas fechas.
Sin embargo, recalcó que para poder hacer uso de este servicio, los conductores deben tener al día sus documentos de tránsito y no estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
“Si se dan esas condiciones, la grúa podrá trasladar el vehículo, pero de una manera diferente”, explicó.
Hasta la fecha, el programa ha brindado 307 asistencias viales, garantizando la atención a los conductores que necesiten apoyo en situaciones de emergencia.
Reyes también hizo hincapié en que, además de los operativos antidoping, se implementarán controles de velocidad en diversas carreteras del país, especialmente en zonas con alta siniestralidad, como las rutas hacia Comalapa, la Troncal del Norte, Usulután y Sonsonate. “En estas áreas, donde se han registrado accidentes debido a la velocidad excesiva, se redoblarán los esfuerzos para garantizar la seguridad vial”, concluyó el viceministro.
La conducción peligrosa se refiere a la guiar un vehículo de forma que representa un riesgo para la seguridad de los ocupantes del vehículo, otros conductores, peatones y la infraestructura vial.
Esta conducta puede implicar varias infracciones y comportamientos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas.
Entre estas, manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes o drogas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó una de las causas más importantes para solicitar el divorcio: la “vida intolerable”. Este concepto, en el contexto del derecho familiar salvadoreño, reconoce que la salud y el bienestar de las personas deben prevalecer por encima de cualquier otro factor en una relación de pareja, permitiendo que una persona pueda solicitar el divorcio si su convivencia está afectando gravemente su salud física o emocional.

La ley como apoyo al bienestar personal

El divorcio es el proceso legal que pone fin a un matrimonio y en El Salvador, se puede tramitar por diversas causas. Entre ellas, la más relevante en este contexto es el divorcio por vida intolerable, un motivo que se activa cuando las condiciones de convivencia se vuelven insostenibles para uno de los cónyuges, afectando su bienestar integral. 

En este sentido, la Corte explicó, por medio de sus redes sociales, que el bienestar físico y emocional de las personas es una prioridad para el sistema judicial, que ofrece respaldo legal en situaciones donde la relación se vuelve insoportable.

¿Qué constituye una “vida intolerable”?

El concepto de “vida intolerable” está relacionado con situaciones que incluyen pero no se limitan a las siguientes causas:

Incumplimiento grave de los deberes matrimoniales: Esto incluye la violación de los principios fundamentales del matrimonio, tales como el respeto mutuo, la fidelidad, y la asistencia en momentos de necesidad. Si uno de los cónyuges incumple de manera reiterada sus responsabilidades, afectando así la estabilidad emocional y la salud del otro, se puede considerar una causa válida para el divorcio.

1. Mala conducta notoria: Se refiere a comportamientos de uno de los cónyuges que afectan gravemente la salud emocional o física del otro. Esta mala conducta puede ser, por ejemplo, violencia psicológica, abuso físico o conductas que generen un ambiente tóxico e insostenible para la persona afectada.
2. Hechos graves semejantes: Además de los puntos anteriores, cualquier otro comportamiento grave que implique un daño emocional o físico evidente puede ser motivo para solicitar el divorcio bajo la figura de vida intolerable.

La protección legal en momentos de crisis

Para la Corte Suprema de Justicia, es fundamental que las personas que se encuentren en situaciones donde su salud se vea comprometida por una convivencia insostenible, sepan que cuentan con un respaldo legal que les permite tomar la decisión de poner fin a su matrimonio de manera formal. 

El derecho a vivir una vida libre de sufrimiento y violencia es esencial y está garantizado por la legislación salvadoreña.

El mensaje de la Corte también enfatiza que el bienestar emocional y físico de las personas debe ser siempre una prioridad, y que la ley no solo permite el divorcio, sino que también lo facilita en situaciones extremas que ponen en peligro la salud de uno de los cónyuges.

Un llamado a la reflexión y la acción

La Corte invita a las personas que estén atravesando una situación de «vida intolerable» a no dudar en recurrir a la justicia, ya que existen mecanismos legales para proteger sus derechos y su salud. 

El divorcio por vida intolerable no solo es un derecho de quien lo solicita, sino una herramienta que permite restablecer su bienestar y calidad de vida.

El mensaje final de la Corte es claro: Tu salud y bienestar son lo más importante y la ley está de tu lado. No hay razón para permanecer en una relación que atente contra tu integridad, y la justicia salvadoreña te ofrece el respaldo necesario para tomar las decisiones que mejor te convengan.

En conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y con el respaldo técnico del Gobierno de Canadá, llevó a cabo el Seminario Anticorrupción. Este evento forma parte de un esfuerzo continuo para fortalecer los cimientos éticos del sistema judicial y avanzar en la lucha contra la corrupción.
Durante la apertura, Héctor Nahun Martínez, magistrado de la Sala de lo Constitucional y coordinador de la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos, destacó la importancia del evento.
“Esperamos que este primer paso no solo fomente la conciencia sobre los desafíos que enfrentamos con la corrupción, sino que también trace una hoja de ruta para identificar los elementos que los funcionarios judiciales deben desarrollar y manifestar a diario en sus actividades dentro de la Administración de Justicia”, señaló Martínez.
Por su parte, Cristina San Juan, oficial de Prevención del Crimen y Justicia Penal de la UNODC, subrayó el enfoque estratégico de su organización: “La lucha contra la corrupción está en el centro de nuestras prioridades. Sabemos que un desarrollo sostenible y una paz duradera sólo son posibles cuando las instituciones públicas, incluidas las judiciales, son transparentes, responsables y merecedoras de confianza”.
El seminario contó con la participación de destacados especialistas internacionales como Franco Gatti y Cristina San Juan, quienes profundizaron en temas clave durante sus ponencias, como “La ética de los jueces” y “La integridad judicial como pilar para la prevención y combate a la corrupción: compliance judicial”.
Estas exposiciones proporcionaron valiosas ideas y reflexiones basadas en sus experiencias, abordando los desafíos emergentes que enfrentan los operadores de justicia.
Además, se desarrolló el foro “Ética e integridad judicial”, que analizó temas cruciales como el uso ético de las redes sociales por parte de los jueces y los conflictos de intereses en los sistemas judiciales.
El objetivo fue enfatizar la importancia de mantener la integridad y la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Al evento asistieron magistrados de distintas salas de la CSJ, incluidos José Ángel Pérez de la Sala de lo Constitucional, Lidia Patricia Castillo de la Sala de lo Civil, Sandra Luz Chicas de Fuentes de la Sala de lo Penal, y José Fernando Marroquín de la Sala de lo Contencioso Administrativo. También estuvieron presentes los magistrados Luis Javier Suárez de la Sala de lo Constitucional y Roberto Carlos Calderón de la Sala de lo Penal, junto con jueces, directores, jefaturas de la CSJ y funcionarios de diversas instituciones gubernamentales.