La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos de la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados, el “Informe sobre la cuenta del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal de 2024”, un documento que el Ministerio de Hacienda debía presentar conforme al artículo 168 de la Constitución de la República.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se pronunció en contra del informe, mientras que los legisladores de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) optaron por la abstención.

Según el informe, las 140 instituciones del Estado habían proyectado un total de $17,650.9 millones en ingresos, pero sólo se recaudaron $16,678 millones, lo que representa un cumplimiento del 94.4%. 

En cuanto a los egresos, de los $17,650.9 millones presupuestados, se ejecutaron $15,379.4 millones, equivalente a un 87.1% de lo previsto.

El documento también revela que el Estado, incluyendo al gobierno central, las descentralizadas no empresariales y las empresas públicas, posee activos por un total de $25,056.2 millones, cifra que contempla tanto el patrimonio estatal como los pasivos, es decir, las deudas.

Entre los detalles que se incluyen en el informe, se destacan los siguientes gastos:

• El Gobierno Central destinó $2,695 millones a remuneraciones, ejecutando $2,685 millones. De esta cantidad, $1,718 millones estaban destinados a remuneraciones permanentes, con una ejecución de $1,715 millones.
• El sistema penitenciario ejecutó $165.4 millones, cantidad cercana a la prevista.
• En pasajes y viáticos se gastaron $14.1 millones, por debajo de los $15.1 millones que se habían programado.
• La Corte Suprema de Justicia asignó $38.4 millones a infraestructura, pero solo ejecutó $22.3 millones.
• La Secretaría de Innovación de la Presidencia proyectó $37.2 millones, de los cuales se ejecutaron $14.7 millones.

El artículo 168 de la Constitución establece que el presidente de la República debe presentar, dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada año, un informe sobre la labor de la Administración Pública durante el período. 

Además, el ministro de Hacienda tiene la obligación de presentar la cuenta general del último presupuesto y el estado financiero del Tesoro Público y el patrimonio fiscal en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. 

La Constitución también advierte que el incumplimiento de estas obligaciones provocará la destitución automática del ministro responsable, quien deberá ser reemplazado por el presidente.

Los procuradores auxiliares en El Salvador destinan la mayor parte de su tiempo a audiencias judiciales, dejando poco espacio para la preparación técnica de los casos y la atención a familiares de los privados de libertad. Así lo reveló la procuradora general adjunta, Cándida Parada de Acevedo, durante su comparecencia ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa el pasado lunes.

Parada de Acevedo, quien aspira a dirigir la Procuraduría General de la República (PGR) en el período 2025-2028, presentó los hallazgos de un estudio reciente. Según los datos expuestos, un defensor público penal emplea un 60 % de su tiempo en audiencias, un 20 % en atender a los familiares de los imputados y solo otro 20 % en la preparación técnica de los casos.

Ante esta situación, la funcionaria propuso la implementación de un sistema de atención virtual que permitiría a los defensores públicos brindar información a los familiares de los reclusos y facilitar mediaciones en línea. Esta medida busca optimizar el trabajo de los abogados que asisten a las audiencias diariamente.

Una apuesta por la justicia digital

En su intervención, Parada de Acevedo planteó el programa “Justicia digital al alcance de todos y todas”, basado en datos recientes del Censo de Población y Vivienda 2024. 

Según el estudio, el 80 % de la población salvadoreña usa internet, el 77 % posee un teléfono inteligente y el 53 % de las mujeres hacen uso de la tecnología, lo que facilitaría la implementación de herramientas digitales en la PGR.

Además, destacó que actualmente el 56 % de los casos atendidos por la PGR se resuelven por la vía administrativa, principalmente a través de mediación, mientras que el 40 % siguen un proceso judicial. 

No obstante, la funcionaria sugirió que la proporción ideal sería un 70 % de resoluciones administrativas y un 30 % judiciales, con el fin de agilizar los procesos y descongestionar el sistema de justicia.

Con estas propuestas, la candidata busca modernizar la PGR y mejorar la eficiencia del servicio de defensa pública, adaptándolo a las nuevas tecnologías y a las necesidades de la población.

Con información de diario El Mundo

El gobierno de Donald Trump reconoció que la deportación de Kilmar Armando Ábrego García, un padre hispano de Maryland, a El Salvador se debió a un «error administrativo». Este incidente, ocurrido el 15 de marzo, ha generado controversia, ya que Ábrego García había recibido en 2019 un estatus de protección contra la deportación, lo que le impedía ser expulsado a su país de origen.

Ábrego, ciudadano salvadoreño, fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debido a presuntos vínculos con la pandilla MS-13, acusación que sus abogados niegan, asegurando que nunca ha sido miembro de esa organización. 

Aunque no tenía antecedentes penales en Estados Unidos, el gobierno argumentó que su deportación fue un error basado en una supuesta orden final de expulsión y la acusación de ser parte de la pandilla.

Este caso ha llamado la atención porque es la primera vez que el gobierno de Trump reconoce un error en los vuelos de deportación a El Salvador, los cuales han estado en el centro de una batalla legal. 

A pesar de admitir el error, ICE explicó que la deportación fue realizada «de buena fe», basándose en la existencia de una orden final de deportación y en la supuesta relación de Ábrego con la MS-13.

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, señaló que nunca había visto un caso similar y ha solicitado que se ordene el regreso de su cliente a Estados Unidos. 

Además, la familia de Ábrego García, que incluye a su esposa y un hijo discapacitado, teme por su seguridad en El Salvador, país al que fue deportado. 

El gobierno, por su parte, sostiene que no puede revertir la situación, ya que el salvadoreño está bajo custodia de las autoridades de ese país.

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Agustín Martínez, abordó los factores clave que requiere El Salvador para seguir impulsando la inversión extranjera directa, luego de los avances en seguridad pública.
Según Martínez, es conveniente fortalecer marco jurídico adecuado para garantizar estabilidad a los inversionistas.
Martínez aseguró que el principal incentivo para los empresarios es contar con una perspectiva de certidumbre, especialmente en lo que respecta a la estabilidad de las leyes.
“El mejor incentivo para un empresario es saber que las leyes no cambiarán de un día para otro. Este tipo de cambios imprevistos afectan negativamente la inversión”, comentó.
El líder empresarial también destacó que, si bien El Salvador ha enfrentado retos similares a los de sus países vecinos, como crisis políticas y desastres naturales, la diferencia clave radica en la educación.
“La educación, desde la base, es un factor fundamental para el desarrollo. Necesitamos acelerar los esfuerzos para mejorar la calidad educativa”, enfatizó, haciendo referencia a la necesidad de fortalecer la educación primaria y secundaria, más allá de los programas de carreras técnicas impulsados por las universidades privadas.
Este lunes, la ANEP organiza el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) 2025, que se llevará a cabo en un hotel capitalino bajo el lema “Empresas del futuro, innovación y financiamiento”.
Uno de los conferencistas internacionales, José Medina Mora, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), destacó que, para atraer inversión extranjera, México ha logrado captar 38,000 millones de dólares de un potencial de 65,000 millones, al garantizar cinco elementos clave: seguridad, certeza jurídica, energía limpia, infraestructura adecuada y talento disponible.
Medina Mora también subrayó que el éxito de los países radica en la colaboración entre el Gobierno y el sector privado.
“Ambos sectores tienen roles distintos pero complementarios. La colaboración entre el Estado y la iniciativa privada es lo que permite a los países ganar ventaja competitiva”, concluyó.

Las autoridades del gobierno inauguraron la ampliación del área de check-in en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, con el objetivo de mejorar la atención a los pasajeros nacionales e internacionales.
El proyecto, que tuvo una inversión superior a los $11.4 millones, incluye la adición de 122 puntos de atención para viajeros.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, destacó que la nueva infraestructura está diseñada para ofrecer un servicio de calidad y mejorar la eficiencia del proceso de embarque. Según Anliker, los nuevos puntos de check-in tienen la capacidad de atender a más de 1,400 pasajeros por hora.
Con miras a las vacaciones de Semana Santa, CEPA proyecta que el aeropuerto atenderá a más de 233,000 pasajeros, entre llegadas, salidas y conexiones, lo que representa un promedio de más de 15,000 viajeros diarios.
Esta cifra refleja un incremento del 3% en comparación con el mismo período del año pasado.
La ampliación de esta área busca hacer frente al aumento constante del flujo de pasajeros en el aeropuerto, que se ha consolidado como uno de los principales puntos de conexión en la región.