El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, presentó una propuesta de reforma al Código Penal que establece penas de prisión para conductores que infrinjan las normas de tránsito y pongan en riesgo vidas humanas.

La iniciativa plantea castigos de dos a cinco años de cárcel por conducir con alcohol, drogas o competir ilegalmente en las vías. También incluye a quienes manejen sin autorización o con una licencia inadecuada.

Penas más altas para conductores profesionales

La propuesta eleva las sanciones a entre cinco y diez años de prisión cuando las infracciones involucren vehículos de transporte público de pasajeros o de carga.

Además, plantea aumentar las penas cuando la conducción peligrosa provoque homicidios o lesiones. En esos casos, los conductores de vehículos particulares podrían recibir hasta diez años de cárcel, mientras que para los de transporte público o de carga la pena llegaría a 15 años.

Propietarios también enfrentarían prisión

El proyecto contempla penas de cinco a diez años de cárcel para propietarios, poseedores o encargados de vehículos de transporte colectivo o de carga de ocho toneladas o más que permitan conducirlos a personas sin la licencia correspondiente.

La sanción aumentaría una tercera parte si el hecho ocasiona homicidio culposo o lesiones. Asimismo, los propietarios y conductores tendrían que responder civilmente por los daños causados.

Buscan impedir acuerdos para cerrar procesos

Las reformas también proponen prohibir la conciliación y la mediación en estos delitos, así como la reparación integral del daño como mecanismo para extinguir la acción penal en los casos previstos.

El proyecto ingresó este miércoles a la Asamblea Legislativa y pasó a la Comisión de Seguridad Nacional, que prevé reunirse el martes por la tarde.

El Gobierno también presentó cambios al Código Procesal Penal para impedir la conciliación en casos de lesiones culposas, homicidios culposos por conducción peligrosa y facilitación de vehículos a conductores no autorizados.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, visitará El Salvador del viernes 16 al domingo 18 de octubre para reunirse con Nayib Bukele y conocer el funcionamiento de la megacárcel para pandilleros.

La agenda incluye un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde la mandataria costarricense espera conocer los procedimientos operativos del sistema penitenciario salvadoreño.

Fernández anunció el viaje este miércoles durante la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión construida en Costa Rica con capacidad para 5,100 reclusos considerados de alta peligrosidad.

Reunión abordará la cooperación en seguridad

La gobernante costarricense explicó que aceptó una invitación de Bukele para conversar sobre asuntos estratégicos de interés bilateral y regional, especialmente en materia de seguridad.

Fernández también agradeció la asistencia técnica de El Salvador para desarrollar el nuevo centro penitenciario costarricense. Según afirmó, ahora busca conocer la experiencia salvadoreña para aplicar los procedimientos operativos en las instalaciones recién inauguradas.

“Ya tenemos la infraestructura, pero quiero aprender todo lo que se pueda del modelo operativo penitenciario”, declaró la presidenta.

Asimismo, destacó el respaldo recibido de las administraciones salvadoreñas para avanzar en el proyecto carcelario.

Dos países estrechan vínculos penitenciarios

El CACCO comenzó a construirse en enero pasado, durante un acto en el que participaron el entonces presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y Bukele. El complejo se encuentra a unos 25 kilómetros de San José.

La visita de Fernández dará continuidad a los acercamientos entre ambos gobiernos. En diciembre pasado, Chaves viajó a El Salvador y recorrió el CECOT.

Anteriormente, el 12 de noviembre de 2024, Bukele visitó Costa Rica e inspeccionó la principal cárcel del país. Durante ese viaje, advirtió sobre señales de criminalidad similares a las que enfrentó El Salvador por la presencia de pandillas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno estudia un plan de libertad anticipada y condicional para cerca de la mitad de los presos que colaboraron con las pandillas. La propuesta contempla evaluar cada caso de forma individual y establecer condiciones para quienes puedan acceder al beneficio.

Bukele presentó la iniciativa durante una conferencia de prensa en la Casa Presidencial. Según explicó, el programa permitiría liberar a personas que cometieron delitos, pero cuya colaboración con estos grupos criminales ocurrió en un contexto de amenazas y control territorial.

“Es culpable, pero liberarlo condicionalmente”, afirmó el mandatario al explicar el alcance de la propuesta.

La evaluación individual determinará quién puede salir de prisión

El plan busca distinguir entre los integrantes de las pandillas que ejercían violencia contra la población y las personas que colaboraron con estas estructuras bajo presión.

Bukele sostuvo que las autoridades deben considerar las circunstancias en las que vivían los salvadoreños antes de las medidas de seguridad impulsadas por su Gobierno. En ese contexto, señaló que no todas las personas relacionadas con las pandillas desempeñaban el mismo papel.

El presidente explicó que su administración analiza los expedientes para determinar quiénes podrían recibir una liberación anticipada condicional. Sin embargo, no detalló cuándo comenzaría el programa ni qué requisitos concretos exigiría.

La propuesta tampoco supone una declaración de inocencia para los posibles beneficiarios. Según las explicaciones del mandatario, se trataría de personas culpables que podrían abandonar la cárcel bajo condiciones especiales.

Más de 90,000 encarceladas desde 2022

El anuncio se produce en el marco de la política de seguridad que Bukele impulsa desde marzo de 2022, cuando su Gobierno estableció un régimen de excepción para combatir a las pandillas.

Desde entonces, las autoridades han encarcelado a más de 90,000 señalados como integrantes de estos grupos o colaboradoras de sus actividades.

Las medidas de seguridad coincidieron con una fuerte reducción de los homicidios y otros delitos en el país. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado presuntas detenciones arbitrarias y abusos contra personas privadas de libertad.

Ante las críticas, Bukele aseguró que su Gobierno no pretende mantener en prisión a personas inocentes. Para explicar su postura, mencionó que los sistemas judiciales deben revisar las pruebas y retirar los cargos cuando no existan elementos suficientes para sostenerlos.

El Gobierno mantiene el régimen de excepción

Además de la posible liberación de presos, Bukele se refirió a la continuidad del régimen de excepción, vigente desde hace más de cuatro años.

El mandatario afirmó que le gustaría eliminar esta medida en el futuro, aunque considera que todavía resulta necesaria para mantener los resultados de la política de seguridad.

Para explicar su posición, comparó el régimen con un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. Según dijo, la violencia ha disminuido, pero todavía quedan estructuras criminales que requieren atención.

“Lo vamos a hacer en algún momento”, señaló al referirse al eventual levantamiento del régimen de excepción.

Sin embargo, el presidente no anunció una fecha para poner fin a estas medidas extraordinarias.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó este martes con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para reafirmar la alianza bilateral en seguridad, desarrollo económico y tecnología, según informó el Departamento de Estado.

Durante la llamada, ambos funcionarios destacaron la importancia de proteger la infraestructura crítica y evitar influencias extranjeras consideradas perjudiciales. 

Además, Rubio instó al Gobierno salvadoreño a coordinar esfuerzos con Washington y otros socios internacionales para impulsar prioridades compartidas.

Seguridad portuaria y protección de infraestructura estratégica

Uno de los temas centrales de la conversación fue la protección de instalaciones estratégicas, incluidos los puertos. El Departamento de Estado señaló que ambos gobiernos buscan mantener esta infraestructura segura y libre de influencias extranjeras que consideren perjudiciales.

La declaración también destacó la cooperación entre Washington y San Salvador en materia de soberanía hemisférica. Este enfoque busca reforzar la seguridad regional y proteger infraestructuras esenciales para el funcionamiento de las economías y el comercio.

Sin embargo, el comunicado no identificó países, empresas ni proyectos específicos vinculados con las preocupaciones sobre la influencia extranjera.

Washington busca coordinar posiciones en las Naciones Unidas

Además de los asuntos de seguridad, Rubio pidió a El Salvador que se una a Estados Unidos y a otros países con prioridades similares para promover objetivos comunes en las Naciones Unidas.

Esta iniciativa apunta a fortalecer la coordinación diplomática entre ambos gobiernos en el ámbito multilateral. No obstante, el Departamento de Estado no detalló qué propuestas o medidas concretas esperan impulsar durante las próximas sesiones del organismo internacional.

Cuba también estuvo presente en la conversación

El secretario de Estado abordó la situación política de Cuba y cuestionó la disposición de su Gobierno para implementar reformas.

Según el comunicado oficial, Rubio sostuvo que el régimen cubano no realizará los cambios que merece la población mientras considere que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional.

La declaración no especificó qué medidas espera Washington de El Salvador respecto a Cuba ni si ambos gobiernos acordaron alguna acción diplomática concreta sobre este asunto.

Una alianza centrada en seguridad, economía y tecnología

El anuncio del Departamento de Estado reafirma la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador en áreas estratégicas. 

Entre ellas figuran la seguridad regional, el desarrollo económico, la tecnología y la protección de infraestructura crítica.

El mensaje difundido por la institución estadounidense también destacó el objetivo de construir un hemisferio más seguro mediante la colaboración con gobiernos aliados.

Por ahora, el comunicado no anunció nuevos acuerdos, inversiones ni compromisos financieros derivados de la conversación.

La Asamblea Legislativa de El Salvador declaró este miércoles estado de emergencia nacional por seis meses ante la sequía asociada al fenómeno de El Niño.

La medida recibió 59 de los 60 votos del pleno y contempla una posible prórroga si persisten las condiciones climáticas adversas.

La declaratoria, solicitada por el presidente Nayib Bukele, responde al déficit de lluvias, los períodos secos y las altas temperaturas.

Estas condiciones ya afectan actividades agrícolas y ganaderas, además de aumentar los riesgos para la seguridad alimentaria.

Gobierno activa respuesta nacional

El estado de emergencia permitirá activar una estructura nacional para atender los efectos de la sequía meteorológica y agrícola.

Protección Civil coordinará el plan nacional de respuesta y activará las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará la cooperación internacional necesaria durante la emergencia.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería vigilará la seguridad alimentaria y el almacenamiento de granos básicos.

El Ministerio de Defensa tendrá a su cargo la logística para apoyar la atención de la población afectada.

Medida busca proteger producción y alimentos

Entre las acciones previstas figura la protección alimentaria y nutricional de la población.

También se busca reducir los efectos sobre la agricultura, la agroindustria y la ganadería.

El diputado Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista Nuevas Ideas, dijo que la medida busca anticipar mayores daños.

“Lo que se busca es prevenir daños a la agricultura, a la agroindustria y a la seguridad alimentaria”, afirmó.

La declaratoria se fundamenta en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Esa norma permite declarar emergencia cuando un desastre amenaza a las personas, sus bienes, los servicios públicos o los ecosistemas.

Alerta roja permanece vigente

La Dirección General de Protección Civil declaró alerta roja el 25 de agosto de 2026.

La medida concentra especial atención en municipios expuestos al déficit hídrico y al estrés agrícola.

Además, considera posibles daños sobre los medios de vida de las comunidades afectadas.

Según la perspectiva climática del Ministerio de Medio Ambiente, El Niño continúa fortaleciéndose.

El fenómeno podría alcanzar una intensidad fuerte a muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

El diputado Caleb Navarro señaló que la emergencia responde a afectaciones progresivas y acumulativas vinculadas con la situación climática.
El Gobierno priorizará la protección de agricultores y ganaderos, junto con el abastecimiento de alimentos durante el período de emergencia.