El Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) desarrollan de manera virtual el evento “Transformación económica de El Salvador: perspectivas y oportunidades de inversión”, un espacio de análisis sobre los cambios económicos que atraviesa El Salvador y las oportunidades que se abren para la inversión tanto local como extranjera.

En los últimos años, El Salvador ha experimentado una transformación económica impulsada por un clima político favorable y cambios estratégicos en la política interna. Estos esfuerzos han captado la atención de empresas extranjeras, que ven al país centroamericano como un destino de inversión con un panorama prometedor. A su vez, las empresas locales desempeñan un papel fundamental en el dinamismo económico, ayudando a fortalecer la posición de El Salvador en la región.

El evento, que se llevará a cabo de manera online, reunirá a destacados líderes de los sectores público y privado para discutir cómo las experiencias de inversión tanto de empresas locales como internacionales han influido en el desarrollo económico de El Salvador. 

Además, se profundizará en los sectores emergentes con mayor potencial para impulsar el crecimiento económico y se abordarán oportunidades para fortalecer la relación comercial entre El Salvador y Estados Unidos, un aspecto clave en el contexto de la creciente competencia global.

La jornada comenzará con un mensaje de apertura de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, y Miguel Kattan, secretario de Comercio e Inversión de la República de El Salvador, quienes ofrecerán una visión general sobre el contexto económico del país y las principales reformas que han contribuido a mejorar el entorno de negocios.

Uno de los momentos clave del evento será la intervención de María Luisa Hayem, ministra de Economía, quien ofrecerá una perspectiva sobre la relación económica entre El Salvador y Estados Unidos, explorando los avances alcanzados hasta la fecha y las oportunidades futuras de colaboración bilateral en el ámbito comercial y de inversión. 

La conversación será moderada por Jason Marczak, vicepresidente y director senior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council.

La segunda parte del evento se centrará en el análisis de las experiencias de inversión de empresas internacionales y locales que han apostado por El Salvador. En esta mesa redonda participarán: Shawn Sullivan, director general y jefe de Asuntos Gubernamentales para América Latina y el Caribe de Citi.

Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia Promotora de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest in El Salvador) y Karim Lesina, vicepresidente ejecutivo y director de Asuntos Externos de Millicom discutirán las lecciones aprendidas, los retos enfrentados y las oportunidades que han encontrado en el país. 

La mesa será moderada por Mark Lopes, ex director para Estados Unidos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El evento también pondrá de relieve sectores emergentes que están mostrando un crecimiento notable y que podrían representar áreas clave para la inversión, como las tecnologías digitales, la sostenibilidad, la infraestructura y la energía renovable. 

Estos sectores son vistos como pilares fundamentales para fortalecer la economía de El Salvador y mejorar su competitividad regional.

En este contexto, María Fernanda Bozmoski, directora adjunta del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, destacará cómo El Salvador está posicionando sus reformas y políticas públicas para aprovechar estas oportunidades en el futuro cercano.

Este evento no solo busca ofrecer una visión panorámica sobre el clima de inversión en El Salvador, sino también abrir espacios para el diálogo entre sectores clave, lo que puede ser crucial para fomentar aún más la cooperación internacional. 

En un momento en que la economía global enfrenta desafíos complejos, El Salvador está mostrando cómo una combinación de reformas internas, políticas de apertura y el interés de inversionistas globales pueden convertirse en una fórmula exitosa para el crecimiento económico.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes un decreto que condona los intereses moratorios y los recargos por el impago de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 

Con 58 votos a favor, el decreto también reprograma planes de pago existentes y exime a los usuarios de pagar saldos de viviendas usurpadas por la delincuencia, en un esfuerzo por aliviar la carga económica de muchas familias. 

La medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y estará activa hasta el 30 de diciembre de 2024, según el artículo 19 del decreto.

Condonación para viviendas en zonas recuperadas
El «Decreto transitorio para la condonación de intereses e incumplimientos por impago en los servicios de acueducto y alcantarillado», aprobado por la Asamblea, establece un «borrasaldo» total en las cuentas de viviendas ubicadas en zonas consideradas de alto riesgo, que han sido recuperadas bajo el Plan Control Territorial. 

Esto incluye viviendas o servicios que fueron usurpados por delincuentes. Además, los usuarios de estas viviendas estarán exentos del pago por reconexión del servicio de agua potable, siempre y cuando puedan probar la usurpación mediante una denuncia ante la autoridad competente o una declaración jurada ante notario.
La validación de las zonas de alto riesgo se llevará a cabo a través de un sistema de «códigos de no lectura» que la ANDA utilizará para identificar áreas en las que no tenía acceso anteriormente. Esta medida permitirá confirmar la ubicación de los hogares que califican para los beneficios del decreto y facilitará la depuración de cuentas para aquellos usuarios que vivan en territorios recuperados y hayan sido afectados por la delincuencia.
El decreto también contempla a los usuarios morosos de viviendas fuera de las zonas de alto riesgo, quienes podrán saldar sus deudas sin intereses ni recargos. En este caso, la ANDA ofrecerá planes de pago de hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. 

Según el artículo 4 del decreto, el pago se realizará con una prima inicial equivalente al 10 % de la deuda. Si los usuarios incumplen con los pagos establecidos en el plan, la ANDA podrá exigir el pago total de la deuda restante.

Reconexión de servicios y adquisición de medidor
Los usuarios que se beneficien del decreto pero cuyas cuentas se encuentren suspendidas o desconectadas deberán pagar el cargo por reconexión y adquirir un nuevo medidor. 

El artículo 6 del decreto establece que, si ANDA no dispone de medidores, el usuario deberá proporcionar uno, cumpliendo con los estándares técnicos y de calidad requeridos por la institución. En este caso, solo se aplicará el costo por la instalación del medidor, sin ningún cargo adicional.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada académica enfocada en el estudio y análisis de la Observación General 24 (2019) y su relación con la Observación General 10 (2007) del Comité de los Derechos del Niño, en un esfuerzo por actualizar y profundizar el conocimiento en torno a los derechos de la niñez en el contexto de la justicia penal.

La actividad, dirigida a secretarios, colaboradores de la Sala de lo Penal y miembros de equipos multidisciplinarios, tuvo como objetivo analizar las diferencias y las implicaciones de estas observaciones, fundamentales para garantizar la protección de los derechos de los menores en el sistema de justicia. 

La jornada permitió un intercambio enriquecedor de ideas, en el que se discutieron los cambios significativos desde la emisión de la Observación General 10 en 2007, en particular los avances derivados de las normas internacionales y regionales, así como la evolución de la jurisprudencia del Comité.

Uno de los aspectos centrales de la actividad fue el análisis de la Observación General N.º 24 (2019), la cual pone un énfasis particular en los derechos de los niños involucrados en el sistema de justicia juvenil. 

La Observación N.º 24 proporciona directrices clave sobre cómo los sistemas judiciales deben abordar la situación de los niños que son reclutados por grupos armados, así como aquellos involucrados en sistemas de justicia no estatal.

A través de estas orientaciones, se busca asegurar que los menores no sean objeto de violaciones de derechos humanos y reciban un trato adecuado, acorde con su condición de vulnerabilidad.

El CNJ destaca que estas jornadas académicas son parte de un esfuerzo continuo por fortalecer la formación de los operadores de justicia, promoviendo una mayor comprensión de los estándares internacionales en la protección de los derechos de la niñez. 

Con ello, se busca asegurar que el sistema judicial pueda responder de manera más efectiva y humanitaria frente a las situaciones que afectan a los menores en conflicto con la ley.

Este tipo de actividades refuerzan el compromiso del Consejo Nacional de la Judicatura con la protección de los derechos fundamentales de los niños y la mejora constante del sistema de justicia penal, alineándose con los principios establecidos por organismos internacionales y con los estándares nacionales en materia de derechos humanos.

La Asamblea Legislativa de aprobó 2 nuevas leyes que modifican la regulación de los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y crédito, con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera y fortalecer la supervisión del sistema.
Ambas leyes, que derogan la legislación vigente, incluyen cambios significativos en áreas como la gestión de insolvencias, límites de riesgo, restricciones a créditos para directivos y la fiscalización de las filiales en el extranjero.
Nuevas normativas para bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito
La Ley de Bancos Cooperativos regula las cooperativas que reciben aportes de socios y captan fondos del público, mientras que la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito se aplica a las entidades que captan fondos y otorgan créditos para impulsar actividades económicas.
Ambas leyes fueron aprobadas con el respaldo de la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas, sus aliados y algunos de Arena.
Con esta reforma, se deroga la antigua ley que solo regulaba bancos cooperativos con depósitos y aportaciones superiores a $68 millones, y se establece un nuevo umbral de $25 millones para la captación de fondos del público.
El Banco Central de Reserva (BCR) tendrá 90 días tras la promulgación de las leyes para actualizar las normativas relacionadas con transparencia, gobierno corporativo, gestión de riesgos y otros aspectos clave para el funcionamiento de estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos mantiene la posibilidad de intervención por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en caso de insolvencia. Si un banco cooperativo o una cooperativa que capta fondos del público presenta un fondo patrimonial insuficiente, la SSF podrá intervenir y aplicar el proceso de reestructuración previsto en la Ley de Bancos, lo que incluye la transferencia de activos y pasivos y la constitución de un fideicomiso para asegurar la estabilidad financiera.
Las cooperativas deberán suspender los préstamos nuevos y presentar un plan de reestructuración en un plazo de 15 días.

Límite de riesgo en créditos y cambios en la normativa
Uno de los cambios más relevantes es el aumento en el límite de riesgo para la concesión de créditos a una misma persona o entidad. Anteriormente, el límite era del 10 % del fondo patrimonial de la cooperativa o sociedad de ahorro y crédito; con la nueva ley, este límite se incrementa al 15 %.
Esto permitirá a las entidades asumir mayores riesgos con clientes individuales o jurídicos, aunque se mantiene una multa del 10 % del monto del exceso crediticio en caso de incumplir la norma.

Restricciones a créditos a directivos y empleados
La nueva legislación también impone restricciones más estrictas sobre los créditos a directivos y empleados. En el caso de los bancos cooperativos, se mantiene la prohibición de otorgar créditos por más del 5 % del fondo patrimonial a gerentes, directores y miembros de la administración, con una multa del 20 % por el exceso.
En las sociedades de ahorro y crédito, se permiten préstamos a directores y funcionarios bajo las mismas condiciones que al público, pero con ciertos límites. Por ejemplo, los créditos a personas relacionadas con la administración no podrán exceder el 5 % del capital social y las reservas, y deberán ser ratificados por la directiva.

Filiales en el extranjero y supervisión
Con las nuevas leyes, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito podrán establecer filiales en el extranjero, una opción prohibida en la legislación anterior. Las filiales en otros países estarán sujetas a la fiscalización de la SSF y deberán cumplir con las mismas normativas que las entidades locales. Las filiales podrán incluir casas de cambio, agencias de corretaje de valores, emisoras de tarjetas de crédito, y otros servicios financieros. Para los bancos cooperativos, se requerirá la autorización de la Superintendencia para constituir estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos establece tres tramos para el uso de la reserva de liquidez: un 25 % deberá estar compuesto por depósitos a la vista en el Banco Central, otro 25 % en depósitos a la vista o títulos valores con acceso automático, y el 50 % restante podrá ser utilizado solo con autorización de la SSF. Además, se habilita al Banco Central para realizar operaciones de reporto para prevenir crisis de liquidez.

Requisitos para las sociedades de ahorro y crédito
Las sociedades de ahorro y crédito deberán mantener al menos el 51 % de sus acciones en manos de salvadoreños o centroamericanos. Además, se impone un límite del 1 % sobre la participación de cualquier accionista individual, a menos que cuente con la aprobación de la SSF. El capital mínimo requerido para estas entidades será de $4 millones, monto que será revisado cada dos años.
Con la aprobación de estas leyes, el gobierno busca fortalecer el marco regulatorio y la transparencia en el sector financiero, al tiempo que se crean mecanismos para la reestructuración de instituciones en dificultades y se amplían las oportunidades de crecimiento internacional para los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito.