La Corte Suprema de Justicia recordó a los abogados y a los ciudadanos en general que por medio su Departamento de Documentación Judicial se pueden realizar diferentes búsquedas en línea, con el objetivo de facilitar el acceso a información relevante sobre jurisprudencia y leyes.

Este departamento se convierte en un recurso importante para abogados, estudiantes de derecho y cualquier ciudadano que busque entender mejor el marco legal del país.
A través de una amplia base de datos, los usuarios pueden acceder a documentos legales sobre jurisprudencia, legislación, instrumentos internacionales y doctrina legal.

Por medio de jurisprudencia.gob.sv el interesado puede realizar sus búsquedas desde cualquier computadora o dispositivo.
La búsqueda es sencilla y en el apartado de “Legislación” se encuentras leyes, acuerdos, decretos institucionales, decretos ejecutivos y legislativos, entre otros.

En los “instrumentos internacionales» están los tratos y textos suscritos entre El Salvador y otros estados. En “Jurisprudencia”, resoluciones de Corte Plena, las diferentes salas, cáaras, tribunales d Sentencia y Juzgados.

Mientras que en “Doctrina”, están los artículos jurídicos escritos por diferentes juristas nacionales e internacionales.
Este esfuerzo busca, además, mejorar la transparencia y el acceso a la justicia, que se alinea con las iniciativas globales para modernizar los sistemas judiciales.

La Corte Suprema espera que, mediante la consulta y el uso de esta herramienta, se fomente una mayor comprensión de los derechos y deberes legales, así como una participación activa de la ciudadanía en el ámbito jurídico.

Los tenedores de bonos salvadoreños presentaron ofertas para recomprar $1,756 millones al gobierno, dentro de un proceso que abarca un total de $7,199.5 millones en deuda con vencimientos entre 2027 y 2052.

El 4 de octubre, el gobierno salvadoreño lanzó una nueva invitación para que los inversionistas participaran en este proceso, el cual cerró el jueves a las 5:00 de la tarde (hora de Nueva York, 3:00 de la tarde de El Salvador).

Al finalizar la invitación, los inversionistas mostraron un interés notable, ofreciendo el 23.3 % del total pendiente en las nueve emisiones incluidas en la convocatoria, con una mayor demanda para los títulos con vencimientos próximos.

A través de un comunicado, el gobierno anunció que revelará el monto aceptado para cada serie de bonos después del cierre de la invitación el 15 de octubre de 2024, y la liquidación de las operaciones está programada para el 16 de octubre.

Para la emisión con vencimiento en 2027, los inversionistas ofrecieron $245.6 millones, lo que representa el 38.8 % de los $633.06 millones pendientes. Asimismo, se ofrecieron $172.9 millones, un 31.66 % de los $529.5 millones que vencen en 2029, y $354.66 millones de los $1,000 millones de la emisión de 2030, equivalente al 35.4 %.

En una nota de paso, el gobierno había ofrecido $1,000 millones, de los cuales los inversionistas mostraron interés por $182.6 millones, un 18.2 %. En cuanto a la emisión de 2034, se ofrecieron $38.7 millones de los $286.4 millones pendientes, un 13.36 %, mientras que para los bonos con vencimiento en 2035 hubo ofertas por $166.5 millones, un 16.6 %.

Para el vencimiento de 2041, los tenedores presentaron ofertas por $137.6 millones de una deuda total de $653.5 millones, lo que representa un 21.06 %. Además, se recibió interés del 30.41 % para los títulos que vencen en 2050, con $333.6 millones ofrecidos de un total de $1,097 millones.

En contraste, para los bonos con vencimiento en 2051 sólo se ofrecieron $124.4 millones, un 12.4 % de los $1,000 millones. Esta es la cuarta oferta de recompra lanzada por el gobierno de Nayib Bukele, un mecanismo utilizado por primera vez en 2022 durante una crisis de liquidez, ante el temor de no contar con los recursos suficientes para cumplir con un vencimiento en enero de 2023.

Desde entonces, se han realizado dos ofertas en 2022 y una tercera en abril de 2024 para títulos entre 2025 y 2029.

El vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros habló sobre los bonos soberanos de Paraguay y las oportunidades que abre el grado de inversión para dicho país.

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El ministro de Hacienda, Jerson Posada, aseguró este viernes ante la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa que la propuesta de presupuesto general 2025 garantiza la continuidad de la inversión social del Estado y negó que haya planes de incrementar impuestos o crear nuevos.

El funcionario acudió para iniciar el análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025, que asciende a $9,663 millones.
Durante la reunión, Posada destacó que el presupuesto para el próximo año asegura la continuidad de diversos programas sociales, incluyendo subsidios para el gas, el transporte público y la energía eléctrica.

También se mantendrá el programa de Paquetes Agrícolas y los proyectos destinados a la primera infancia.
Posada aclaró que el proyecto no contempla aumentos en impuestos, como el predial o el IVA, buscando así aliviar la carga fiscal sobre la población.

“El presupuesto incorpora las proyecciones de crecimiento para el próximo año, el buen desempeño de varios sectores económicos y los esfuerzos de nuestra institución para aumentar la recaudación de ingresos”, afirmó el Ministro.

Además, se ha previsto un incremento en los fondos destinados a proyectos de inversión pública, incluyendo iniciativas desarrolladas por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

La Comisión de Hacienda también acordó invitar a representantes de todas las carteras de Estado para que expongan cómo utilizarán los fondos asignados en el Presupuesto 2025, asegurando así un uso transparente y efectivo de los recursos públicos.

La propuesta fue presentada ante la Asamblea el 30 de septiembre pasado y de acuerdo a lo expuesto por el gobierno este será autofinanciado y no requerirá de nuevos endeudamientos.

Representantes del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) asistieron al evento “Presentación sobre la definición de liderazgo e integridad en la toma de decisiones de la alta gerencia pública, con énfasis en el Sistema de Gestión Anticorrupción (SGA)”.

Esta actividad es parte del “Proyecto por la Transparencia e Integridad”, organizado por Counterpart International en colaboración con Wellington Page International (WPI), y cuenta con el respaldo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El proyecto busca fortalecer la capacidad del CNJ en su proceso de certificación bajo la norma ISO 37001, enfocándose en la identificación y mitigación de riesgos de soborno y corrupción.
Esto es considerado crucial para fomentar prácticas más seguras y transparentes dentro del sistema judicial.

Durante la presentación, se abordaron aspectos clave sobre la importancia del liderazgo ético y la integridad en la toma de decisiones en el ámbito público, resaltando la necesidad de implementar políticas efectivas que promuevan la transparencia en la gestión pública.

El CNJ mantiene particular interés en la lucha contra la corrupción y su dedicación a mejorar la confianza pública en el sistema judicial, alineándose con los estándares internacionales de integridad y transparencia.

Counterpart International es una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos que se dedica a promover el desarrollo sostenible y la justicia social a través de programas que fortalecen la gobernanza, la economía y la capacidad de las comunidades. Trabaja en colaboración con gobiernos, organizaciones locales y otros actores para implementar proyectos que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas y el empoderamiento de la sociedad civil.

Wellington Page International (WPI) es una consultora que se especializa en asesorar a organizaciones y gobiernos en la implementación de estándares internacionales, especialmente en áreas como la gobernanza, la gestión de riesgos y la lucha contra la corrupción. Su enfoque incluye el desarrollo de sistemas de gestión y capacitaciones que ayudan a las instituciones a mejorar su efectividad y transparencia.

Ambas organizaciones colaboran en proyectos que buscan fortalecer las capacidades institucionales y promover prácticas de buena gobernanza en diversas regiones