Asamblea Legislativa elimina piso constitucional del 6 % para el presupuesto del Órgano Judicial

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una segunda reforma constitucional que suprime de la Constitución el porcentaje mínimo del 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto estatal destinado al Órgano Judicial. Con la modificación, el financiamiento del sistema judicial quedará sujeto a una asignación anual basada en “necesidades razonables”, según el nuevo texto.

La reforma modifica el artículo 172 de la Carta Magna, cuyo inciso cuarto establecerá ahora que el Órgano Judicial dispondrá cada año de recursos conforme a las necesidades que presente, sin un monto fijo garantizado. La iniciativa fue presentada por la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, incorporada a la agenda con 56 votos y aprobada con dispensa de trámite con 57. Los tres diputados de oposición votaron en contra.

Para que la reforma entre en vigor, deberá ser ratificada por la misma legislatura con al menos 45 votos. La ratificación se prevé para este mismo día, luego de que el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, cerrara la sesión plenaria y convocara a una nueva para las 4:30 de la tarde.

Al defender la iniciativa, Rivas argumentó que el cambio responde a la necesidad de un Estado más eficiente y moderno.

“Un Estado pequeño necesita ser eficiente y responder a las distintas necesidades de los salvadoreños”, sostuvo, al señalar que existen instituciones que, por su naturaleza, requieren más recursos que otras.

Los argumentos

El proyecto fue leído en el pleno por la diputada Elisa Rosales, quien expuso que las constituciones no son inmutables y que el Estado debe asignar recursos conforme a prioridades actuales. En ese marco, se mencionaron áreas como salud, seguridad pública y educación como sectores de alta relevancia para la inversión pública.

Desde la oposición, la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, advirtió que la reforma compromete la independencia de poderes. “Con el presupuesto van a venir a condicionar procesos y justicia”, afirmó, y añadió que tribunales de familia y laborales ya operan con sobrecarga. También cuestionó que, bajo el argumento del ahorro, se hayan eliminado otros mecanismos de financiamiento como el Fodes, afectando —según dijo— a la población.

Los diputados de Nuevas Ideas rechazaron que la medida implique recortes automáticos. Rosales aseguró que el cambio promueve una gestión pública moderna, basada en resultados y necesidades reales, y no en asignaciones rígidas. En la misma línea, el diputado Walter Coto afirmó que la reforma busca un equilibrio en la planificación estatal y una asignación no automatizada de recursos, sin reducir ni aumentar de forma arbitraria el presupuesto judicial.

Coto sostuvo además que el Legislativo está avanzando en la revisión de disposiciones constitucionales históricas. A ello respondió Cesia Rivas, quien cuestionó si el criterio de homologación presupuestaria se aplicará a todos los órganos del Estado, recordando que la Asamblea Legislativa define su propio presupuesto sin intervención del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, subrayó que el 6 % asignado al Órgano Judicial surgió tras los Acuerdos de Paz de 1992 como un mecanismo para garantizar una independencia real de la CSJ frente a los otros poderes del Estado.

Actualmente, la Constitución establecía que el Órgano Judicial debía recibir anualmente una asignación no inferior al 6 % de los ingresos corrientes del Estado. Para 2025, el presupuesto judicial fue de $492.3 millones, mientras que para 2026 se proyectó en $533.4 millones. Con la reforma, esos montos quedarán sujetos a la decisión presupuestaria anual del Ejecutivo y el Legislativo.