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Nueva ley impone multas de hasta $100,000 por abusos en venta de gas y combustibles en El Salvador

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La Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley transitoria que endurece las sanciones contra los abusos en la venta de gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles. Con 57 votos a favor, se dio luz verde a la “Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la cadena de comercialización de productos derivados del petróleo”, que estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

La normativa establece multas desde $500 hasta $100,000 para distribuidores y estaciones de servicio que incumplan regulaciones sobre precios, cantidades o inspecciones. La ley sustituye a una similar que venció el pasado 30 de junio, y responde a una nueva coyuntura internacional: el conflicto entre Israel e Irán, que ha provocado, según el gobierno, un aumento en los precios internacionales del petróleo.

Las sanciones se dividirán según la gravedad de la infracción

Multas de $500 a $10,000 para quienes obstaculicen inspecciones o vendan cilindros de GLP a precios superiores a los autorizados.

Multas de $10,001 a $100,000 para distribuidores que nieguen información, impidan interrupciones en la salida de vehículos durante inspecciones, no respeten la cantidad de gas en los cilindros, o cobren cargos no autorizados.

Uno de los puntos más relevantes es que la nueva ley prohíbe cobrar los recargos del FEFE ($0.16 por galón) y Cotrans ($0.10 por galón), incluso aunque hayan sido reactivados en 2022. Si una estación los aplica, podrá recibir la sanción máxima.

El decreto original fue aprobado en 2022 en respuesta a los efectos económicos de la guerra entre Ucrania y Rusia. Desde entonces fue prorrogado en varias ocasiones. La última vez, en diciembre de 2024, se justificó con la misma guerra. Ahora, el nuevo conflicto en Medio Oriente ha motivado una ley renovada.

El gobierno justifica la medida como una herramienta para controlar los precios al consumidor final y evitar abusos por parte de empresas distribuidoras, en un contexto internacional inestable.

La medida busca proteger el bolsillo de los salvadoreños ante alzas del crudo, aunque, con una vigencia definida, seguirá sujeta a la evolución de la geopolítica mundial.