Representantes del Instituto de Medicina Legal de El Salvador participaron en la IV Reunión Ordinaria de la Red de Servicios de Ciencias Forenses de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, un espacio enfocado en fortalecer la cooperación técnica y los sistemas de justicia de la región.

El director del Instituto de Medicina Legal, Pedro Hernán Martínez Vásquez, asistió al encuentro en representación de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. También participó Miguel Enrique Velásquez, jefe técnico normativo del Departamento Académico y Estadístico.

La Red de Servicios de Ciencias Forenses funciona como una instancia regional de coordinación y cooperación entre países centroamericanos.

Programa impulsa intercambio de conocimientos especializados

Durante la reunión, los participantes presentaron avances del Programa Regional de Pasantías Forenses.

La iniciativa busca fortalecer capacidades técnicas y unificar criterios utilizados en evaluaciones y análisis especializados dentro de la región.

Además, las autoridades revisaron mecanismos orientados a mejorar la formación y el intercambio de experiencias entre instituciones participantes.

Países revisan herramientas de formación y seguimiento

Los asistentes también abordaron temas relacionados con la implementación de mallas curriculares y el seguimiento de acciones de cooperación regional.

Estos procesos buscan fortalecer herramientas académicas y técnicas para apoyar el trabajo de instituciones vinculadas con la justicia y la seguridad.

Encuentro reúne delegaciones de varios países

La actividad contó con la participación de representantes y autoridades de servicios de ciencias forenses de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

La red desarrolla estudios, propuestas y recomendaciones que buscan fortalecer los sistemas de justicia penal de los Estados miembros según sus marcos legales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recorrió la nueva terminal de atención a pasajeros en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. La obra busca reducir los tiempos de atención y ampliar la capacidad operativa de la terminal aérea.

Las autoridades informaron que el tiempo promedio de despacho de viajeros es de 45 minutos. Sin embargo, con la nueva infraestructura esperan disminuir ese tiempo a 30 minutos desde el desembarque hasta la salida del pasajero.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, explicó que la nueva área requirió una inversión de 50 millones de dólares.

Obras forman parte de un plan de expansión

La nueva terminal integra un programa de inversión de 320 millones de dólares destinado a varias mejoras dentro del aeropuerto salvadoreño.

Además, el plan contempla ampliar el área de registro de pasajeros, construir seis nuevas salas de abordaje y habilitar una nueva banda de equipaje.

Asimismo, el proyecto incluye un estacionamiento de cuatro niveles para aumentar la capacidad de atención.

Autoridades proyectan mayor capacidad operativa

Anliker indicó que la terminal se construyó en ocho meses y aseguró que no utilizaron fondos provenientes de endeudamiento.

Las autoridades estiman que el aeropuerto recibe al menos 6,000 personas por día. Además, los puntos migratorios tienen capacidad para procesar hasta 4,500 personas por hora.

Nuevos espacios incorporan servicios para viajeros

El aeropuerto pasó de 82 a 112 puntos de registro para equipaje y documentación de pasajeros.

Además, la nueva infraestructura incorpora una banda especial para tablas de surf destinada a turistas que visitan las costas salvadoreñas.

Las autoridades también señalaron que la terminal incorpora espacios adaptados para facilitar procesos familiares durante el registro de pasajeros.

El Salvador completó la implementación nacional del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con la incorporación del departamento de Cuscatlán, una medida que busca ampliar el acceso a la justicia y fortalecer el vínculo entre las comunidades y el sistema judicial.

La oficialización se realizó durante un acto inaugural en San Rafael Cedros, Cuscatlán Sur. Con esta incorporación, el programa alcanza presencia en los 14 departamentos del país.

Las autoridades señalaron que los facilitadores judiciales desempeñan funciones de apoyo comunitario y sirven como enlace entre la población y las instituciones judiciales. Además, el sistema busca acercar los servicios de justicia a zonas con menos acceso a orientación legal.

Expansión nacional cierra cobertura pendiente

La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, afirmó que la incorporación de Cuscatlán marca un paso relevante dentro del proceso de expansión nacional.

Durante su intervención, explicó que ese departamento era el único del país que aún no contaba con el servicio.

“Con esta incorporación se alcanza una meta trascendental para la Corte Suprema de Justicia y para El Salvador, ya que Cuscatlán era el único departamento que aún no contaba con este valioso servicio”, expresó la funcionaria.

Además, indicó que la iniciativa busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y promover una cultura de paz en las comunidades.

Nuevos participantes reciben funciones y herramientas

Como parte de la actividad, las autoridades juramentaron a nuevos facilitadores judiciales que asumirán tareas de acompañamiento comunitario y orientación ciudadana.

Asimismo, entregaron equipo destinado a apoyar el desarrollo de sus funciones en distintas localidades.

Las autoridades esperan que estos recursos permitan fortalecer el trabajo territorial y mejorar la comunicación entre la población y el sistema judicial.

Modelo busca ampliar el vínculo con la población

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales opera como un mecanismo de apoyo comunitario que acerca información y orientación a la ciudadanía.

Con la ampliación de cobertura, el programa busca fortalecer la relación entre las comunidades y las instituciones encargadas de la administración de justicia en todo el territorio salvadoreño.

La organización considera que los cambios pueden fortalecer la seguridad alimentaria, ampliar la competitividad y mantener el abastecimiento ante riesgos climáticos.

La Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche (ASILECHE) expresó su postura favorable a las reformas orientadas a actualizar el marco regulatorio del sector lácteo en El Salvador.

La organización afirmó que las modificaciones pueden fortalecer la cadena de producción nacional, mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la capacidad competitiva de la industria.

ASILECHE es una entidad que agrupa a productores ganaderos y empresas procesadoras de leche en El Salvador. Su función incluye representar intereses de la cadena láctea y promover acciones relacionadas con producción, calidad, inversión y desarrollo del sector.

Según la asociación, las medidas también buscan responder a posibles efectos del fenómeno climático de El Niño sobre la disponibilidad de materia prima.

Cambio elimina una restricción aplicada únicamente en el país

La organización señaló que El Salvador mantenía una prohibición específica sobre la comercialización de productos elaborados mediante reconstitución de leche en polvo.

ASILECHE indicó que este procedimiento opera en distintos mercados internacionales y cuenta con regulación mediante normas técnicas centroamericanas.

Además, explicó que la modificación elimina una restricción que, según el sector, limitaba inversiones y reducía condiciones de competencia frente a productos importados.

La asociación sostuvo que la medida busca generar condiciones similares a las existentes en otros países de la región.

Industria asegura continuidad en compras a productores nacionales

La entidad afirmó que la leche fluida producida en el país continuará siendo la principal materia prima utilizada por la industria.

Además, indicó que las empresas asociadas mantendrán la compra de leche grado A proveniente de productores nacionales que cumplan estándares de calidad.

La asociación también aseguró que continuará impulsando acciones relacionadas con capacitación, tecnificación y mejoras productivas para el sector ganadero.

Según el comunicado, productores e industriales forman parte de una misma cadena económica y mantienen intereses compartidos.

Medidas buscan responder a riesgos climáticos y abastecimiento

ASILECHE indicó que la leche en polvo funciona como una herramienta complementaria y no como un reemplazo de la producción local.

La organización señaló que este recurso puede ayudar a enfrentar posibles reducciones de materia prima durante períodos de afectación climática.

Además, afirmó que una mayor capacidad de abastecimiento podría mantener la disponibilidad de productos como leche, queso, crema y yogur.

La entidad agregó que una cadena productiva con mayores niveles de inversión y modernización puede abrir oportunidades para nuevos mercados y nuevas líneas de productos.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, junto con el Comité Electoral Judicial, abrió la convocatoria para jueces, juezas, magistradas y magistrados propietarios interesados en participar en la elección de candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura para el período 2026-2031.

La institución informó que el período de inscripción estará vigente del 22 al 29 de junio de 2026. Durante ese plazo, los aspirantes deberán presentar su solicitud ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Además, los participantes deberán entregar documentación que respalde el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales.

Aspirantes deberán acreditar requisitos y presentar declaración jurada

Las autoridades detallaron que podrán participar jueces y magistrados propietarios interesados en integrar el proceso.

Los postulantes deberán cumplir requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura.

Asimismo, cada participante deberá presentar una declaración jurada que confirme que no posee impedimentos legales o inhabilidades para optar al cargo.

La convocatoria también establece la entrega de una fotografía reciente en formato digital.

El Comité Electoral Judicial verificará el cumplimiento de cada requisito y podrá emitir observaciones si encuentra información pendiente.

Causales de rechazo incluyen expedientes incompletos y suspensión del cargo

Las autoridades indicaron que el proceso contempla motivos específicos para rechazar solicitudes.

Entre las causas figura la presentación de documentación incompleta que no sea corregida dentro del plazo establecido.

Además, el comité podrá denegar la inscripción a personas suspendidas para ejercer funciones judiciales.

La Corte también pidió a los participantes mantenerse atentos a los canales oficiales relacionados con el proceso electoral.

Calendario fija actividades hasta mediados de julio

La agenda electoral establece varias etapas antes de la elección final.

El 30 de junio será la fecha límite para revisar los expedientes recibidos. Posteriormente, el 1 y 2 de julio, los aspirantes podrán corregir observaciones o responder impugnaciones.

Entre el 4 y el 10 de julio se desarrollará el período de proselitismo electoral. Paralelamente, las autoridades efectuarán validaciones de datos, auditorías y pruebas técnicas de la plataforma electrónica.

La Asamblea General de juezas, jueces, magistradas y magistrados se celebrará el 11 de julio. Durante esa jornada se realizará la elección, el escrutinio final y la comunicación de resultados.

Después, el proceso incluirá un período para presentar y resolver impugnaciones.

Finalmente, el Comité Electoral Judicial certificará los resultados el 17 de julio y enviará las ternas a la Corte Suprema de Justicia para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa.