La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un recordatorio sobre la importancia de conocer y ejercer los derechos laborales dentro de los plazos establecidos.

La entidad enfatizó que, si los ciudadanos no reclaman sus derechos dentro del tiempo legal, estos pueden prescribir, lo que significa que se pierde la posibilidad de demandar.

Entre los plazos importantes que los trabajadores deben tener en cuenta se destacan:

Despido injustificado: Los trabajadores tienen 60 días, contados a partir de la notificación del despido, para presentar una demanda.

Vacaciones: se dispone de 180 días a partir de la fecha en que debieron ser pagadas para reclamar este derecho.

La PGR aclaró que la prescripción es la pérdida del derecho a demandar por no haber ejercido el reclamo dentro del plazo estipulado, un aspecto crucial que puede afectar a muchos trabajadores.

Para quienes necesiten apoyo, asesoría o acompañamiento en procesos laborales, la Procuraduría invita a acercarse a sus sedes a nivel nacional, donde se brinda orientación sobre cómo hacer valer estos derechos de manera efectiva.

El libro “Judicialización de la violencia sexual” ha comenzado a ser socializado por la magistrada Elsy Dueñas Lovos, miembro de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), y jueces de Paz.

En un evento, realizado en colaboración con la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y El Caribe (FEDACC), reunió a jueces de paz que participan en la implementación del servicio.
Dueñas subrayó la importancia del texto como una herramienta valiosa para los jueces de paz, quienes colaboran estrechamente con los facilitadores judiciales para acercar la justicia a las comunidades.

“Este libro es indispensable para fortalecer nuestro trabajo”, afirmó.
Thietmar Bachmann, embajador en funciones de la República Federal Alemana, destacó que la publicación busca mejorar la justicia para las víctimas de violencia sexual, promoviendo procesos penales que sean diligentes y respetuosos de la dignidad humana, además de implementar medidas que prevengan la revictimización y la discriminación.

El evento incluyó un seminario con jueces, fiscales y defensores, donde se compartieron experiencias y se discutieron temas relacionados con la justicia penal, estableciendo las bases para la publicación.

La abogada colombiana Gloria Bernal presentó el contenido del libro, que se estructura en 5 capítulos clave, abordando aspectos como el contexto del consentimiento en delitos de violencia sexual, perspectivas de género, la tipificación de delitos de violencia sexual en El Salvador y enfoques victimológicos.

Durante la actividad, se reconoció a los directores de las escuelas de formación encargados de la difusión del libro: Bessy Aguirre, Elsy Amaya, Jesenia Martínez y Jorge Olmedo. También estuvieron presentes Benjamín Chicas Guevara, jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, así como representantes de organismos nacionales e internacionales y del Consejo Nacional de la Judicatura.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrá un incremento del 9 % respecto al de 2024 y este contempla inversión en nueva infraestructura. Este aumento incluye proyectos que deberían finalizar en diciembre de 2025.

Sin embargo, esto ha sido objeto de críticas, ya que a pesar de la disponibilidad de fondos, algunos proyectos que estaban programados para completarse este año no han avanzado.
La asignación presupuestaria proyectada para el Órgano Judicial es de $485,725,285 (este año fue de $43,069,655).

Entre los proyectos incluidos están la construcción de un Centro Judicial en Chalatenango, que figuró en el presupuesto de 2024 y que tendría un costo de $5.6 millones. Figura también la construcción del Centro Judicial en Materia Penal de Santa Ana, con un monto de 10.3 millones.

La CSJ enfrenta otros desafíos, ya que las áreas de administración de justicia también están experimentando un crecimiento significativo en su asignación, que pasará de $24,3 millones a $27,5 millones en 2025.

Por otro lado, el área de asuntos jurídicos verá una reducción en su presupuesto.
La expectativa es que el nuevo presidente de la CSJ, Henry Mejía, ofrezca claridad sobre el uso de estos recursos y las estrategias para garantizar que los proyectos de construcción se realicen de manera efectiva.

Con el incremento del presupuesto y la inclusión de nuevos proyectos de construcción, la CSJ busca mejorar la infraestructura del sistema judicial, aunque el éxito de estas iniciativas dependerá de una ejecución eficiente y de la supervisión adecuada de los

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido recordatorio a través de su cuenta en la red social X sobre los casos en los que los ciudadanos pueden solicitar un testimonio.

Esta iniciativa forma parte de una campaña informativa que busca aclarar diversos temas legales para la población en general y como recordatorio para los abogados.
La CSJ ha detallado varias situaciones en las que un ciudadano podría necesitar un testimonio.

Pérdida de escrituras de propiedad: Si el interesado ha extraviado las escrituras de su casa y no recuerda la información pertinente, puede acudir a la sección del notariado para solicitar la revisión del libro de protocolo. Para ello, es necesario proporcionar el nombre del notario y el año aproximado en que se realizó la escritura.

Extravío de documentos matrimoniales: en caso de haber perdido la escritura de su matrimonio y necesita una copia del original, puede gestionar un testimonio en la misma sección del notariado.

Otros tipos de testimonios: si desea obtener un testimonio relacionado con un mutuo hipotecario, contrato de arrendamiento o promesa de venta, deberás presentar una solicitud de extensión de testimonio junto con los documentos que respalden tu derecho, ya sea en original o copia certificada por un notario.

Esto es importante ya que este tipo de escrituras no están amparadas por la ley. La CSJ continúa promoviendo el conocimiento de los derechos y procedimientos.

La Procuraduría General de la República, a través de su Procuraduría Especializada de Derechos Laborales, en colaboración con la ONG Ormusa, llevó a cabo un taller formativo sobre “Técnicas de ligitación oral” dirigido a defensores públicos laborales.

Este proceso de capacitación tiene como objetivo principal fortalecer las competencias técnicas de los defensores en el ámbito laboral, permitiéndoles utilizar herramientas efectivas en las audiencias orales. Con esta iniciativa, se busca garantizar y proteger los derechos de los trabajadores en el país.

La presentación oral es un método en el que las partes involucradas plantean sus argumentos, pruebas y testimonios de manera verbal ante un juez o tribunal.

Este enfoque permite una interacción directa y dinámica, facilitando el debate y la aclaración de puntos en tiempo real.

Se utiliza comúnmente en juicios, audiencias y otros procedimientos, promoviendo la transparencia y la inmediatez en la administración de justicia.

Además, puede contribuir a una resolución más ágil de los casos, al permitir que el juez escuche y evalúe las posiciones de las partes de manera más directa.