La Procuraduría General de la República (FGR) participó en la inauguración de la Semana Ética, un evento centrado en promover la integridad pública y combatir la corrupción.

Durante el primer día, se llevó a cabo un “Conversatorio de sociedad civil”, donde el Gerente de Integridad de la FGR subrayó el compromiso de la institución con la ética a través de la implementación de nuevos procesos de quejas y denuncias, asegurando un servicio integral y gratuito para la ciudadanía.

La FGR busca consolidarse como un referente en la promoción de la integridad pública.
En este sentido, está en marcha un sistema de integridad y antisoborno, diseñado para reforzar la confianza de los ciudadanos mediante la transparencia y el compromiso en sus canales de comunicación y procesos operativos.

La unidad de servicios de la Procuraduría General de la República llevó a cabo una actividad de concientización en el Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas (INJECAR), donde más de 900 estudiantes de bachillerato se reunieron para conocer sobre temas de gran de interés para la comunidad educativa, como la Ley Penal Juvenil y los delitos cibernéticos, así como el uso consciente de las redes sociales.

Luis Ticas, representante de la Unidad Penal Juvenil, destacó que estas iniciativas son parte de un programa de prevención que la Procuraduría implementa en coordinación con centros educativos de todo el país.

“Es fundamental que los jóvenes comprendan los riesgos asociados con un uso irresponsable de las redes sociales y los delitos en los que podrían verse involucrados”, afirmó Ticas durante su intervención.
Además de las charlas sobre temas legales, el personal de la Unidad de Niñez y Adolescencia de San Miguel aprovechó la ocasión para instar a los estudiantes a revisar sus documentos de identidad.

Se les ofreció orientación sobre cómo gestionar posibles inconvenientes relacionados con su documentación, asegurando que la Procuraduría está dispuesta a brindar el apoyo necesario.

La actividad no sólo proporcionó información útil para los jóvenes, sino que también fomentó un espacio para el diálogo y la reflexión sobre la responsabilidad que conlleva el uso de las tecnologías en la actualidad.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una conferencia sobre «Estándares internacionales de protección de la infancia y el mandato del Comité de los Derechos del Niño», con la participación de representantes del pleno del organismo.

El evento tuvo como objetivo profundizar en los compromisos y responsabilidades de los estados en materia de derechos infantiles.

El vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera, fue el encargado de impartir la conferencia, donde compartió conocimientos esenciales sobre el papel del Comité en la supervisión de la implementación de la Convención de los Derechos del Niño, la cual ha sido ratificada por nuestro país.

Durante su intervención, Pedernera destacó la importancia de adoptar y aplicar estándares internacionales para garantizar la protección efectiva de la infancia.

El evento reunió a jueces y magistrados de diversas competencias, quienes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre las implicaciones de estos estándares en su labor diaria y en la promoción de los derechos de los niños y niñas.

Esta conferencia se enmarca dentro de los esfuerzos del CNJ por fortalecer la capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la infancia.

Guatemala concluyó este jueves el proceso de elección de los 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, después de turbulentas semanas en las que diferentes sectores de la sociedad, incluido el presidente Bernardo Arévalo, insistieron en la importancia de la selección de los representantes idóneos para los cargos.

Y como observador en el proceso, formando parte de un equipo de expertos internacionales, un abogado salvadoreño: Sidney Blanco.

Exmagistrado de la Sala de lo Constitucional (2009-2018) y también exfiscal especial en el sonado caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas cometido el 16 de noviembre de 1989 (el juicio concluyó en enero de 1992), insistió con frecuencia que la justicia guatemalteca requería profesionales capaces, pero además apegados a la defensa de la democracia, el rescate del sistema judicial (que según el gobierno está cooptado por la corrupción) porque sobre la base de su trabajo recaerá de defensa del Estado.

Apenas el lunes pasado, el panel de expertos internacionales hizo un llamado al Congreso de Guatemala para que asegurara la transparencia en la elección de magistrados del poder judicial.

En este contexto, Sidney Blanco, pidió a los legisladores “depurar” el listado y excluir a postulantes cuestionados.

“El Congreso debe abstenerse de elegir a aquellos funcionarios que han sido utilizados para criminalizar a personas, jueces, fiscales, periodistas y pueblos indígenas”, advirtió Blanco, subrayando que este sería el “peor perfil” que podría elegir el Parlamento.

Aseguró en junio pasado en una entrevista con un periódico guatemalteco que “elegir magistrados para la Corte Suprema es tan importante como elegir un Presidente de la República”, afirmó.

Su rol dentro del panel de expertos fue supervisar el proceso de postulación, garantizando la independencia judicial, un tema crítico para la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos.

En ese mismo equipo estaba la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, y Ana Lorena Delgadillo, abogada del grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas.
Blanco explicó que el objetivo del panel fue ser la voz de diversas organizaciones internacionales interesadas en monitorear el proceso y hacer recomendaciones para asegurar su transparencia y legitimidad.

“El impacto de no contar con jueces independientes es grave; afecta la política, desestabiliza instituciones y puede llevar a la corrupción”, advirtió en su momento.
En su análisis sobre la situación del sistema judicial guatemalteco, el exmagistrado dijo que, al igual que en otros países de América Latina, la falta de independencia de los poderes judiciales es un problema recurrente.

Esto se traduce en un déficit de confianza por parte de la ciudadanía y en condiciones desfavorables para el ejercicio de derechos fundamentales.

Blanco también abordó las implicaciones que tiene para la población la elección de autoridades judiciales, enfatizando que un sistema judicial débil puede resultar en la proliferación de la impunidad y una disminución en el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. “Los más afectados son siempre los sectores más vulnerables”, añadió.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2025 presentado por el Ministerio de Hacienda presenta importantes recortes a las asignaciones de las instituciones ligadas al sistema judicial o que tienen mucha relación con éste, a excepción del Órgano Judicial, que tiene un significativo incremento en relación al de este año.

De acuerdo al documento entregado por el ministro Jerson Posada al presidente de la Asamblea Legislativa, para el este asignarán $485,725,285, un 9.63 % más que lo de este año ($443,069,655).
En cambio la Fiscalía General de la República tendrá un drástico recorte de un 37.8 %. Para el ejercicio 2025 la asignación será de $88,568,541, cuando en este 2024 tuvo $142,315,472.

La Procuraduría General también sufrirá una reducción en la asignación. De $38229,098 asignados en este año, para el próximo pasaría a recibir $34,411,037, un 9.9 % menos.

El Consejo Nacional de la Judicatura no escapa de la reducción: su asignación para el año venidero será de $6,005,213 cuando este 2024 tuvo $7,368,634 (la disminución será de un 18.5 %).

El ministerio de Justicia también tendrá menos presupuesto: de $604,536,149 que le dieron en este año, el próximo tendrá $589,033,13, lo que representa un 2.6 % menos.

Las cifras correspondientes a 2024 se refieren a lo asignado en la aprobación del Presupuesto General y no incluye algún refuerzo en la asignación, si es que lo hubo.

De acuerdo al gobierno, este presupuesto no incurrirá en deuda adicional. El monto total de la propuesta es de $9,663,000.