Andrew Steven Biggs ​ es un abogado y político estadounidense que representa el 5.º distrito congresional de Arizona en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Republicano.

El respeto y cumplimiento de las leyes en El Salvador ha sido un factor determinante en el éxito de las políticas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele, reconoció el legislador estadounidense Andy Biggs, representante por Arizona, durante una sesión del Comité Judicial del Congreso de Estados Unidos.

En su intervención, Biggs destacó que uno de los pilares del Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas ha sido la efectiva aplicación de la ley, en particular contra los grupos criminales. Según el congresista, el funcionamiento coordinado de policías, militares, jueces, fiscales y custodios en centros penales ha sido fundamental para desarticular a las pandillas que durante décadas sembraron el terror en El Salvador.

«Acabamos de estar en El Salvador. Vimos cómo funcionan las leyes. Arrestaron a 70,000 pandilleros y ahora tienen el país más seguro del hemisferio occidental. Es interesante ver a El Salvador cuando se trata de hacer cumplir las leyes», afirmó Biggs ante el Comité Judicial, el cual examina cómo los crímenes violentos están afectando a los negocios en Estados Unidos, especialmente en aquellos estados con leyes más permisivas.

El cumplimiento estricto de las leyes en El Salvador contrasta con las décadas anteriores, cuando las pandillas se fortalecieron bajo un sistema judicial que, influenciado por agendas internacionales, a menudo favorecía la impunidad.
Durante los años 90, organizaciones no gubernamentales y algunos gobiernos promovieron leyes que se alejaban de la realidad salvadoreña, en lo que muchos críticos llamaron “leyes para suizos”, porque su aplicación contrastaba con las necesidades coyunturales.

Este contexto permitió que las pandillas reclutaran a menores de edad para cometer crímenes atroces. Muchos jueces, influenciados por abogados defensores, justificaban la liberación de delincuentes mediante interpretaciones ambiguas de la ley o aprovechando vacíos legales, lo que prolongaba el clima de inseguridad.

La aplicación de la ley y las reformas institucionales en El Salvador han resultado en la captura de miles de pandilleros y la reducción significativa de la violencia, posicionando al país como uno de los más seguros del hemisferio, de acuerdo al gobierno.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunirá con su homólogo argentino, Javier Milei, a finales de septiembre, de acuerdo a información despachada desde el país sudamericano.
La visita de Bukele está prevista para el 29 de este mes, con el objetivo de continuar el diálogo iniciado durante un breve encuentro que ambos mandatarios sostuvieron en junio en San Salvador.

La reunión busca consolidar la cooperación entre los 2 gobiernos, especialmente en el área de seguridad.
En meses recientes, El Salvador y Argentina han firmado convenios en esta materia, luego de que Bukele ofreciera asistencia para los planes antiviolencia del gobierno argentino.
Durante la visita, es probable que Bukele esté acompañado por miembros de su gabinete de seguridad, interesados en compartir experiencias sobre el llamado «modelo Bukele», el cual incluye una política de mano dura contra pandillas y el crimen organizado.

Fuentes argentinas confirmaron la llegada de Bukele el 29 de septiembre, aunque el gobierno salvadoreño aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto. Se espera que la agenda formal comience el día 30.
Tanto Milei como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han mostrado interés en adaptar algunas de las medidas aplicadas en El Salvador, como el Plan Control Territorial, que ha permitido la captura de más de 81,000 pandilleros y ha reducido drásticamente los índices de violencia en el país centroamericano.

A pesar del éxito que ha posicionado a Bukele como uno de los presidentes más populares de América Latina, su estrategia de seguridad ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos.
Estos han denunciado la muerte de al menos 300 prisioneros bajo el régimen de excepción, atribuyéndolas a torturas y negligencia médica, acusaciones que el gobierno salvadoreño ha negado categóricamente.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, devolvió con observaciones a la Asamblea Legislativa la nueva Ley del Registro del Estado Familiar.
Bukele propone que se limite a un solo registrador por cada uno de los 44 municipios del país, en lugar de permitir que los concejos municipales determinen su número.

En su observación, Bukele sugiere la eliminación de la cláusula que permitía a los alcaldes y concejos municipales decidir el número de registradores.
En su lugar, el presidente aboga por que cada municipio tenga un único registrador, quien podrá contar con personal auxiliar para el funcionamiento de las oficinas de registro en los distritos.

Los 44 registradores propuestos serán responsables de registrar, conservar y certificar información relacionada con hechos y actos jurídicos del estado familiar, tales como nacimientos, matrimonios, defunciones, nacionalizaciones y naturalizaciones.
Bukele también propone la eliminación de la posibilidad de que los directores municipales de distritos puedan ejercer como registradores del estado familiar sin ser abogados, a pesar de estar “debidamente capacitados”.

Esta propuesta se dirige a modificar el artículo 10 del proyecto de ley aprobado previamente por la Asamblea Legislativa.
Adicionalmente, el presidente sugiere suprimir las atribuciones del jefe del Registro del Estado Familiar para conocer recursos de apelación y capacitar a los directores municipales.
Estas responsabilidades serían asumidas por los 44 registradores municipales.

También se propone eliminar la función del jefe del Registro de verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos y jurídicos emitidos por el RNPN para las inscripciones.
En caso de que las observaciones sean aprobadas, los registradores tendrán la facultad de imponer una multa de $25 al encargado del Sistema Nacional Integrado de Salud si no ingresan los datos de los nacimientos en el sistema correspondiente.

Las observaciones del presidente han sido remitidas a la Comisión de la Niñez y la Integración Social de la Asamblea Legislativa, que ha convocado una reunión para discutir el asunto el jueves a las 11:30 de la mañana.

La Asamblea Legislativa, a solicitud y con el respaldo de la bancada mayoritaria de Nuevas Ideas, aprobó cambiar las ternas de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) propuestas por el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
La decisión se fundamenta en que, según la mayoría legislativa, los candidatos no cumplen con los requisitos legales establecidos.

Desde el 31 de julio de 2024, el TSE se encuentra acéfalo después de que el dictamen de la Comisión Política sobre la elección de los magistrados fuera devuelto a estudio, a petición de Nuevas Ideas. Desde entonces, el tema no ha sido retomado.

De acuerdo con la Constitución de la República, los tres partidos con mayor votación en la última elección presidencial (Nuevas Ideas, FMLN y ARENA) tienen derecho a proponer ternas de candidatos para el TSE.

Además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe proponer dos ternas adicionales para completar el organismo electoral de cinco magistraturas propietarias y cinco suplentes.
Durante la sesión plenaria de este martes, el diputado Caleb Navarro propuso modificar la agenda para incluir el dictamen de la comisión, pero no se presentó una propuesta de elección.

En cambio, se aprobó retirar la terna de ARENA y solicitar nuevas propuestas. Navarro argumentó que los candidatos evaluados no cumplían con los requisitos legales.
La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, cuestionó las razones detrás de esta decisión, destacando que los candidatos merecen respeto y pidiendo que se acate la representación establecida en la Constitución.

Villatoro también expresó preocupación por posibles maniobras legislativas que podrían afectar la representación proporcional en el TSE.

La diputada Dania González, por su parte, se basó en los requisitos del artículo 177 de la Constitución para cuestionar la idoneidad de los candidatos propuestos.
La falta de magistrados en el TSE ha generado preocupación sobre la administración de temas electorales y jurisdiccionales.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, había prometido que la institución no quedaría acéfala, pero hasta el momento no se ha resuelto la situación.

Este vacío en el organismo electoral podría estar relacionado con la posible ratificación de una reforma constitucional que permitiría cambiar la forma de elección de los magistrados, lo cual ha sido motivo de especulación y debate entre los legisladores.

La Asamblea Legislativa de El Salvador dio un paso clave hacia la renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al aprobar el dictamen favorable que permitirá la elección de nuevos magistrados para el período 2024-2033. Tras finalizar las entrevistas a 30 candidatos, la Comisión Política emitió el documento que será presentado ante el pleno legislativo para su votación definitiva en los próximos días.

Las entrevistas, que se llevaron a cabo durante las últimas semanas, buscaron evaluar las competencias y la idoneidad de los aspirantes a ocupar los cargos en la Sala de lo Constitucional y otras áreas del máximo tribunal del país, incluida la presidencia del máximo órgano de justicia. Los legisladores analizaron aspectos como la experiencia judicial, el conocimiento en derecho constitucional y la independencia de criterio de cada candidato.

Según miembros de la Comisión Política, se priorizó la transparencia en el proceso de selección y se subrayó la importancia de contar con magistrados que garanticen el respeto a los principios constitucionales y el Estado de derecho en El Salvador. El dictamen aprobado refleja el consenso alcanzado tras las evaluaciones de los candidatos.

Este proceso de elección de magistrados es crucial, dado el papel fundamental que juega la Corte Suprema en la interpretación y aplicación de la Constitución, así como en la resolución de controversias entre los diferentes poderes del Estado. La renovación de la CSJ llega en un momento de gran relevancia política y social para el país, lo que añade un componente de expectativa tanto en los círculos judiciales como en la sociedad civil. El dictamen aprobado por la Comisión será discutido en los próximos días en el pleno de la Asamblea Legislativa, donde se espera una votación que defina el futuro de la justicia en el país para los próximos nueve años.