Rodolfo Delgado fue reelecto como fiscal general para el período 2025-2028 con 57 votos de diputados del oficialismo de Nuevas Ideas y sus aliados.
En la votación en la sesión plenaria, la número 36 de esta legislatura, hubo un voto en contra y 2 abstenciones.
En una decisión que se daba por sentada, el abogado, en el cargo desde mayo de 2021, era el más fuerte aspirante al cargo en una competencia en la que su rival fue Gonzalo Octavio Ayala López.
Delgado, que larga data en la Fiscalía, ha sido un actor clave en la política estatal de seguridad, marcada por un régimen de excepción que ha permitido el arresto, desde marzo de 2022, de casi 84,000 pandilleros.
El funcionario cuenta con una amplia experiencia en la investigación de delitos complejos, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado.
Sus colaboradores más cercanos sostienen que su enfoque es pragmático y esto le permite una toma de decisiones “ágiles”.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa daprobó este lunes la Ley General de Minería Metálica, derogando la prohibición vigente desde 2017. La decisión generó protestas dentro y fuera del recinto, con fuertes acusaciones por parte de opositores al gobierno y el rechazo de sectores de la sociedad civil, incluidos líderes religiosos.
La nueva normativa fue discutida en comisión legislativa durante el fin de semana y presentada a votación en sesión plenaria este 23 de diciembre.
Diputados de la bancada oficialista Nuevas Ideas y aliados del PCN y PDC respaldaron la ley, mientras que los partidos Arena y Vamos votaron en contra, calificando la decisión como un retroceso ambiental y social.
A las afueras de la Asamblea, grupos opositores manifestaron su rechazo. Dentro del recinto, diputados de partidos minoritarios alzaron rótulos con mensajes como “No a la minería”, destacando la creciente preocupación por el impacto ambiental y en la salud pública que podría traer la reactivación de esta industria en el país.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, defendió la medida argumentando que la ley busca proteger los recursos naturales y el bienestar del país a largo plazo. Según explicó, la normativa incluye estudios técnicos para identificar áreas donde la minería puede desarrollarse sin comprometer el medio ambiente ni los recursos hídricos.
Sin embargo, diputadas como Cesia Rivas, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron estas afirmaciones.
Rivas aseguró que la ley prioriza intereses económicos y políticos sobre la salud y el bienestar de los salvadoreños. Por su parte, Villatoro acusó al oficialismo de aprobar una normativa que, según ella, «envenenará el agua y afectará gravemente a la población».
William Soriano, diputado oficialista, argumentó que la minería podría generar beneficios económicos significativos, citando estimaciones del Banco Mundial que sugieren que cada dólar invertido en minería produce entre tres y cuatro dólares en retorno. Soriano destacó que los ingresos derivados de esta actividad podrían destinarse a proyectos de infraestructura, educación y salud.
Reynaldo Carballo, del PDC, añadió que los metales son esenciales para el avance tecnológico y que los procesos actuales de extracción pueden realizarse con menos impacto ambiental. Aseguró que la ley es necesaria para garantizar el acceso a recursos indispensables para la vida moderna.
Por su parte, la diputada Dania González insistió en que esta ley representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de las economías locales y prometió que el gobierno no repetirá los errores del pasado, asegurando un equilibrio entre explotación minera y cuidado ambiental.
Finalmente, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió la ley a votación, la cual fue aprobada con los 57 votos de la bancada oficialista y sus aliados. Los diputados celebraron con aplausos, mientras persisten las críticas y el rechazo por parte de la oposición, organizaciones civiles y sectores religiosos, que consideran que esta decisión compromete el futuro ambiental y social del país.

En una rápida sesión, la comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este sábado el dictamen favorable para la Ley General de Minería Metálica, un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca regular la minería en el país.
La minería, prohibida en 2017, será discutida en el pleno el próximo lunes, con posibilidad de ser ratificada.
El dictamen fue aprobado en un encuentro marcado por intensos intercambios de opiniones.
Durante la reunión, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y actual director de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, presentó el anteproyecto y defendió sus aspectos clave.
En su intervención, destacó que la nueva ley garantizaría una minería “responsable y amigable con el medio ambiente”, y subrayó la prohibición del uso de mercurio, uno de los elementos más contaminantes en las prácticas mineras.
«Esta ley establece los estándares más altos para proteger el medio ambiente y evitar el uso de metales pesados», insistió Álvarez, quien también señaló que el objetivo principal de la normativa es regular la minería de manera que minimice sus impactos negativos.

Oposición cuestiona falta de estudios previos
Pese a las afirmaciones del funcionario, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, fue crítica sobre la falta de estudios técnicos, ambientales y económicos que respaldaran la reforma.
Ortiz recordó que El Salvador cuenta desde 2017 con una ley que prohíbe la minería metálica, y cuestionó la rapidez con que se está proponiendo un cambio sin la evidencia necesaria.
Aunque Álvarez reconoció que aún no se han realizado dichos estudios, justificó la medida señalando que la nueva ley permitiría al Estado realizar las investigaciones correspondientes a través de organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, también expresó su preocupación por los impactos ambientales de la minería.
Recordó la contaminación sufrida por el río San Sebastián en La Unión durante gobiernos anteriores, pero reconoció que la propuesta de la ley actual busca evitar que se repitan estos errores.

Ajustes al proyecto
Luego del debate, Álvarez propuso una serie de modificaciones al proyecto original, buscando fortalecer las sanciones para quienes realicen actividades mineras ilegales.
Las multas por faltas graves se incrementaron de 10 a 100 salarios mínimos, mientras que las faltas muy graves podrían acarrear sanciones de entre 500 y 1,000 salarios mínimos. Además, se incluyó en el proyecto la posibilidad de participación de las sociedades de economía mixta en la explotación minera.
Antes de que se sometiera el dictamen a votación, la diputada propuso escuchar la opinión de expertos y organizaciones ambientalistas para enriquecer el debate. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada por los legisladores oficialistas.
Ortiz calificó el proceso de aprobación como «exprés», acusando a sus colegas de evitar un debate adecuado sobre el tema.
La presidenta de la comisión, Dania González, respondió que las observaciones de Ortiz serían incluidas en el acta de la sesión, pero subrayó que el proceso seguiría adelante sin modificaciones significativas.
A las 1:03 p.m. de ese sábado, el dictamen fue aprobado por unanimidad por los diputados de la bancada oficialista.
Ahora, será presentado en el pleno de la Asamblea Legislativa el próximo lunes 23 de diciembre para su ratificación.

La comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa comienza a discutir este sábado la propuesta del gobierno central de aprobar la minería metálica en el país, que está vetada por ley desde 2017.

El ministerio de Economía presentó la solicitud ante el legislativo y los diputados que tendrán a su cargo el análisis de esta están convocados para este 21 de diciembre. 

En una sesión plenaria del viernes, el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, además convocó a los diputados a discutir el tema el próximo lunes 23 de diciembre.

La propuesta al pleno fue introducida por Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas y con dispensa de trámite, fue avalada por 56 votos a favor, todos provenientes del bloque oficialista. 

Los únicos tres votos en contra provinieron de la oposición.

De acuerdo con Ernesto Castro, la medida busca establecer un marco legal para la exploración y explotación de metales en el país. 

“La iniciativa del presidente de la República, por medio de la ministra de Economía, busca la creación de la Ley General de Minería Metálica para permitir la exploración y explotación de recursos naturales en nuestro país”, declaró Castro durante la sesión.

El anuncio ha generado un intenso debate en la sociedad salvadoreña, ya que la prohibición de la minería metálica en 2017 fue considerada un hito en la protección ambiental y de la salud pública. 

Diversos sectores sociales han expresado su rechazo a la reactivación de esta industria, calificándola de “absurda” y advirtiendo sobre los potenciales daños ambientales y sociales.

Por su parte, el gobierno ha defendido la propuesta, argumentando que una regulación adecuada y el uso de tecnologías modernas permitirían que la minería se convierta en una fuente significativa de ingresos y desarrollo para El Salvador.

La Conferencia Episcopal también ha manifestado su oposición a las intenciones del gobierno, sumándose a las voces críticas que advierten sobre las posibles consecuencias negativas de esta medida.

Después de varios retrasos en la aplicación, las fotomultas de tránsito fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, con una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, misma que permite un aumento significativo en los montos de las infracciones viales. La medida fue respaldada por 55 votos a favor y una abstención, marcando un cambio importante en el sistema de control de tránsito.
La reforma introduce la posibilidad de que el Viceministerio de Transporte utilice dispositivos electrónicos y cámaras de videovigilancia para detectar y sancionar a los conductores que infrinjan las normativas viales. Este enfoque tecnológico busca mejorar la eficiencia en la detección de infracciones y garantizar una mayor seguridad en las vías del país.
Una de las disposiciones más relevantes es que las multas electrónicas serán impuestas directamente a la licencia de conducir si las imágenes captadas permiten identificar al conductor. En caso contrario, la sanción se cargará a la tarjeta de circulación del vehículo.
Las autoridades tendrán un plazo de un mes para notificar al infractor de forma electrónica, y este contará con 5 días para apelar la medida si considera que fue injustamente sancionado.

Aumento de sanciones y prohibiciones adicionales

Además de legalizar las fotomultas, la reforma contempla un aumento en los montos de las multas, aunque no se especificaron los nuevos valores en el comunicado inicial. Esta medida pretende disuadir a los conductores de cometer infracciones y fomentar un comportamiento más responsable en las carreteras.
Otro aspecto crucial de la reforma es la prohibición absoluta del consumo de alcohol, drogas o medicamentos que puedan alterar la capacidad de conducción.
En el caso del alcohol, la legislación establece tolerancia cero, prohibiendo cualquier concentración de alcohol por litro de sangre o aire aspirado.
La implementación de las fotomultas representa un paso hacia la modernización de las herramientas de gestión vial, pero también subraya la importancia de que los conductores sean conscientes de sus responsabilidades y cumplan con las normativas establecidas para evitar sanciones y contribuir a una mayor seguridad en las carreteras del país.