Escrito por: César Addario Soljancic | VP Regional de EXOR Latam para Centroamericana y El Caribe

En la última década, América Latina y el Caribe han experimentado un bajo crecimiento económico, con una tasa promedio de apenas 0.9% entre 2015 y 2024, según datos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este bajo desempeño ha sido descrito por la CEPAL como una «trampa de bajo crecimiento», caracterizada por un entorno de incertidumbre y limitaciones en las políticas fiscales y monetarias.

El informe anual de la CEPAL, publicado en agosto, destaca varios factores que han contribuido a este estancamiento, entre ellos, un débil desempeño de la inversión y una baja productividad laboral, sumados a las tensiones geopolíticas y las disrupciones en las cadenas de suministro globales. Estos desafíos han afectado a todas las subregiones de América Latina, con un crecimiento estimado para 2024 de solo 1.8%, y una proyección para 2025 que apenas alcanzaría el 2.3%.

Un panorama desafiante

El panorama económico que presenta América Latina es complejo. A nivel subregional, las proyecciones de crecimiento para 2024 varían, con América del Sur proyectando un crecimiento de 1.5%, Centroamérica y México un 2.2%, y el Caribe (excluyendo a Guyana) un 2.6%. Aunque estos números muestran una ligera mejora, todavía son insuficientes para abordar los problemas estructurales que han frenado el desarrollo en la región.

A pesar de este panorama complicado, César Addario Soljancic, vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros, ve oportunidades significativas para revertir esta tendencia. «La inversión en infraestructura es fundamental para desbloquear el potencial de crecimiento de América Latina», afirma Addario Soljancic. Según él, enfocarse en mejorar el transporte, la energía, las telecomunicaciones y el acceso al agua no solo generará empleo, sino que también aumentará la productividad y conectará mejor a las economías de la región con el resto del mundo.

Apostar a la infraestructura es a la vez una necesidad y una oportunidad, agregó, que permitirá a América Latina transformarse en una región más competitiva y resiliente. Mejorar las infraestructuras de transporte, por ejemplo, podría reducir significativamente los costos logísticos, facilitando el comercio intrarregional y extrarregional. Esto es crucial en un contexto donde las cadenas de suministro globales están cada vez más fragmentadas y donde la capacidad de adaptación de una economía es clave para su éxito.

El papel de los mercados de capitales

Para financiar los ambiciosos proyectos de infraestructura que necesita la región, los mercados de capitales juegan un papel fundamental. «Aprovechar los mercados de capitales para financiar proyectos de infraestructura es una solución efectiva para superar las limitaciones presupuestarias que enfrentan muchos gobiernos en la región», explica Addario Soljancic. Los bonos soberanos, por ejemplo, permiten a los países acceder a los recursos necesarios para financiar proyectos a gran escala, que son vitales para el desarrollo económico y social.

La emisión de bonos soberanos no solo ofrece una fuente de financiamiento, sino que también puede fortalecer la credibilidad de un país en los mercados internacionales. Sin embargo, para que estos instrumentos sean efectivos, es crucial que los gobiernos mantengan políticas macroeconómicas estables y transparentes, que inspiren confianza entre los inversores. Además, la colaboración entre el sector público y privado es esencial para desarrollar proyectos de infraestructura que no solo respondan a las necesidades actuales, sino que también anticipen las futuras demandas de una región en crecimiento.

Desafíos adicionales: El consumo y el empleo informal

El informe de la CEPAL también subraya la importancia de enfrentar el debilitamiento del consumo y la formación bruta de capital fijo, ambos reflejos del deterioro del poder adquisitivo de los salarios reales y del bajo nivel de creación de empleo. Las políticas monetarias restrictivas, que han mantenido altas las tasas de interés, han contribuido aún más a la desaceleración económica. Esto ha llevado a una disminución en la inversión privada, lo que a su vez ha afectado la capacidad de las economías de la región para crecer de manera sostenida.

Otro desafío significativo es el mercado laboral. En la última década, la informalidad ha prevalecido en América Latina, especialmente en sectores de baja productividad como la construcción, el comercio y el turismo. Según la CEPAL, el crecimiento del empleo en la última década se ha debido principalmente al aumento del trabajo informal, lo que subraya la necesidad de crear empleos en sectores que ofrezcan mayores incrementos de productividad. Este es un reto crítico para la región, ya que la informalidad no solo limita el acceso a beneficios laborales y protección social, sino que también restringe el crecimiento de la productividad y, en última instancia, del PIB

América Latina es, además, particularmente vulnerable a este fenómeno, que podría tener efectos devastadores sobre la economía y el empleo si no se toman medidas de adaptación y mitigación. La CEPAL advierte que, sin estas políticas, la región podría perder hasta 43 millones de empleos para 2050, con sectores como la agricultura y el turismo siendo los más afectados.

Sin embargo, también debemos ver esto como una oportunidad. La inversión en infraestructura resiliente y en tecnologías verdes puede no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también convertirse en un motor de crecimiento económico. América Latina tiene la capacidad de liderar en este campo, aprovechando su riqueza natural y su diversidad para desarrollar soluciones innovadoras que impulsen un crecimiento sostenible.

Addario Soljancic destaca que, aunque los desafíos son grandes, las oportunidades para América Latina de crecer y prosperar son aún mayores. «Es fundamental que la región apueste por una combinación de políticas que promuevan la inversión en infraestructura y la adaptación al cambio climático, utilizando los mercados de capitales como una herramienta clave para financiar este desarrollo», concluye.

Escrito por: Gabriela Sánchez Torres | Fundadora GST Lawyers 

Las nuevas tendencias de gobierno corporativo están promoviendo que las empresas adopten prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Este artículo estará enfocado en la participación femenina en puestos directivos, abordaremos algunos de los beneficios económicos para las empresas, con el objetivo de dar a conocer las ventajas que la inclusión aporta al mundo empresarial y cómo esto se traduce en un aumento económico para los países. 

Cuando hablamos de diversidad nos referimos al género, edades, etnias, capacidades y antecedentes. La diversidad en los directorios es, además de un deber de equidad, una estrategia empresarial para poder tener un mejor entendimiento del consumidor, tener perspectiva desde diferentes ángulos, desarrollando estrategias y tomando decisiones más integrales e innovadoras, evitando así el pensamiento grupal.

Mediante diversos estudios se ha comprobado y cuantificado robustamente que hay una correlación entre un directorio con mujeres y mejor rentabilidad y desempeño organizacional; es decir, mayores utilidades, subir el valor de las acciones, identificar mejores oportunidades y minimizar riesgos. Asimismo, cuando las mujeres están en posiciones altas de liderazgo ejecutan políticas de inclusión, por tanto, hay más participación femenina en puestos tomadores de decisión. 

Así, el reporte de The Credit Suisse reveló una interrelación entre el número de mujeres en posiciones de alta gerencia y el retorno anual promedio de las compañías. Las empresas con un 25 % de participación femenina tuvieron un retorno anualizado de 22.8 % durante cinco años, mientras que aquellas que tenían un tercio de mujeres en posiciones de gerenciales tuvieron un 25.6 % anual de retorno. Esto comparado con un 11.7 % de retorno promedio durante ese periodo. 

Estudios de la consultora McKinsey and Co. en participación con Women’s Forum for the Economy and Society notaron que las compañías con un porcentaje más alto de mujeres en la alta gerencia tenían un mejor rendimiento financiero. Según el grupo sin fines de lucro Catalyst, en una revisión de 353 empresas Fortune 500 mostró que empresas con alta representación de mujeres en equipos de liderazgo tenían un 35 % más de retorno sobre el capital y un 34 % de retorno total para los accionistas. 

Mary Barra en 2014 asumió el cargo de CEO de General Motors, cuando esta estaba emergiendo de la declaración de quiebra en 2009. Bajo su liderazgo, en 2020 pese a la pandemia COVID-19, GM reportó un aumento en los ingresos netos del 16 % respecto al año anterior, equivalente a $6.4 mil millones de dólares. Ella ha tomado decisiones estratégicas de reestructuración, incluyendo la salida de mercados no rentables, mejorando la eficiencia operativa y utilidad. 

Pese a que diversos estudios han comprobado la conexión entre mejor rendimiento financiero y el número de mujeres en alta gerencia y directorio, a enero de 2023 solo el 10 % de mujeres son CEO de empresas Fortune 500 y el 7 % de compañías S&P 500.

Varias son las razones por las que mujeres al día de ahora son una minoría en puestos directivos y alta gerencia; una de ellas es ‘’el escalón roto’’, este se refiere al peldaño de ser promovido entre un trabajo de primer nivel a una gerencia. 

El estudio ‘’Women in the workplace’’ de 2023 de McKinsey & Company, reveló que por cada 100 hombres promovidos a gerentes, solo 87 mujeres lo fueron, esta cifra desciende cuando el muestreo recae sobre mujeres latinas a 76 y aún más cuando son mujeres de color, a 54. Aunado a lo anterior, las mujeres son contratadas y promovidas con base en sus logros pasados, mientras que los hombres sobre la base del potencial futuro. Esto es conocido por los científicos sociales como «sesgo de desempeño’’, lo cual afecta al progreso laboral en las mujeres, pues las mujeres deben probar más su rendimiento.

Por otra parte, las microagresiones causan un impacto negativo en la carrera laboral de las mujeres. Así por ejemplo, las mujeres en promedio se enfrentan a que otros reciban el crédito por sus ideas en un 21 % frente a un 14 % de los hombres, el porcentaje asciende si nos enfocamos en mujeres de la comunidad LGTBQ+ o con capacidades especiales, un 26 % y 32 % respectivamente. Lo mismo ocurre cuando su opinión es cuestionada o son interrumpidas al hablar; como consecuencia de ello, el 78 % de las mujeres que enfrenta microagresiones, decide verse y comportarse de una forma distinta y optan por no hablar o compartir sus opiniones, nuevas ideas ni tomar riesgos. De ahí que, las mujeres que experimentan microagresiones son 4.2 veces más propensas a sentirse fatigadas, 3.3 veces más a considerar dejar su trabajo; 2.6 veces más a no recomendar la compañía; y, 3.8 veces más a sentir que no tienen iguales oportunidades para avanzar. 

A fin de apegarse a las tendencias de los gobiernos corporativos, se señalan algunas prácticas que pueden ser de utilidad y que empresas han aplicado: a) Monitorear los resultados y experiencias para mejorar el progreso de las mujeres. Las empresas deben rastrear los factores que impulsan el avance de ellas y visibilizar las métricas que influyen en el progreso de carrera, tal como la participación en programas desarrolladores de carreras, calificación de rendimiento, nivel de satisfacción e inclusión en el trabajo, y usar esta data para ejecutar cambios organizacionales. b) Involucrar al personal. Compartir las metas internas y métricas con los empleados se convierte en una herramienta de conciencia para generar cambio. Cuando los empleados ven oportunidades y desafíos, están más involucrados en ser parte de la solución. Y, c) Ampliar plazos de licencia de paternidad. Extender el plazo para los hombres representa una oportunidad para la equidad de género, fomentando que se involucren más en la vida de sus hijos y en las tareas de cuidado del hogar. Ayuda a reducir el sesgo de género en la vida laboral, pues ambos en edad reproductiva tendrán el mismo derecho y co responsabilidad; ayudando así a cerrar la brecha salarial, ya que las mujeres no serán percibidas como únicas responsables del cuidado, dando paso a avanzar a posiciones de liderazgo y negociar salarios competitivos. 

El impacto económico para los países que trae la participación laboral de las mujeres es alto.  McKinsey Global Institute realizó un estudio denominado ‘‘El poder de la paridad: Cómo el avance de igualdad de mujeres podría incrementar $12 billones al crecimiento mundial.’’ (La traducción es propia). En este, determinaron que si para 2025 en Latinoamérica se llegara a la participación laboral idéntica entre hombres y mujeres, la economía podría incrementarse en $2.6 billones de dólares estadounidenses, o adicionar un aumento del 34 % en el PIB. Según este mismo estudio cuatro áreas son necesarias para acelerar el progreso: 1) Incrementar el acceso a educación; 2) Acceso a servicios financieros y digitales, tal como el internet; 3) Más protección legal; y 4) Reducir la cantidad de tiempo que las mujeres realizan por trabajo no pagado. 

Podemos concluir que hay un beneficio colectivo en incorporar más a las mujeres en puestos tomadores de decisión y que, aun cuando es responsabilidad del Estado regular y emitir políticas sobre la igualdad de género, el sector privado debe tomar acción, no solo por un claro beneficio económico que la paridad trae aparejada, sino también, por un deber moral de involucrar a todos los sectores de la población y ser representados. Finalmente, es imperante que se reconozca que no hay mujeres que no trabajan, solo trabajo no remunerado. 

Escrito por: Tatiana de Jesús Chacón | Abogada de LT Asociados, especialista en legaltech y fintech

En el transcurso de los años, la tecnología legal ha experimentado una evolución sin precedentes, marcando el comienzo de una nueva era en la práctica legal. Y es que, las tecnologías innovadoras han transformado sustancialmente la vida de las personas,creando un impacto en el tejido de la sociedad. Sectores como el financiero, salud, legal entre otros, se han visto directamente afectados por el uso de las nuevas tecnologías.

Para el caso del sector jurídico, se presentan algunas herramientas judiciales emergentes basadas en la tecnología, que incluyen la inteligencia artificial en la administración de la justicia, la creación de tribunales virtuales y el potencial de los algoritmos que podrían utilizarse en la resolución de los litigios en línea. Significa entonces que, para el caso de la tecnología innovadora en los sistemas de justicia pueden mejorar la eficiencia administrativa en los tribunales y ayudar en los procesos de la toma de decisiones a los abogados, jueces y litigantes. Pero esto permitiría abordar los retos legales y éticos críticos que surgen a este respecto.

Por otra parte, la integración de herramientas avanzadas como el Blockchain, los sistemas de gestión documental automatizados han venido transformando fundamentalmente el cómo se realizan las tareas legales, desde la investigación de casos, hasta la gestión de contratos y la protección de datos. Estas tecnologías, no solo mejoran la eficiencia y precisión en el trabajo legal sino también democratizan el acceso a servicios jurídicos,haciéndolos más accesibles a un público más amplio.

Entre las tecnologías emergentes más significativas, se destaca el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para el análisis predictivo y la automatización de tareas repetitivas. Esta tecnología permite a los profesionales legales centrar sus esfuerzos en aspectos más estratégicos y analíticos de su trabajo. Esta optimización no solo reduce los costos operativos, sino que también disminuye la probabilidad de errores humanos en tareas repetitivas, mejorando la calidad del servicio ofrecido a los clientes. Por ello, se redefine la eficacia con la que se llevan a cabo las investigaciones legales, la gestión de documentos y el análisis de datos dentro de la práctica jurídica. Con la IA, los profesionales del derecho pueden analizar grandes volúmenes de información a una velocidad y precisión que superan ampliamente las capacidades humanas. Tenemos el caso de Ross Intelligence,que ofrece respuestas a preguntas legales complejas, basándose en jurisprudencia y legislación relevante, facilitando de esta manera la investigación legal. Por otro lado,tenemos a Kira Systems, que emplea el aprendizaje automático para identificar, analizar y extraer información de contratos y otros documentos legales, optimizando la gestión documental y la preparación de casos.

Ahora bien, respecto a la tecnología disruptiva denominada blockchain, la misma es utilizada para garantizar la seguridad y la transparencia de los documentos legales. Así como de la ejecución de los contratos inteligentes, quienes, al ofrecer un registro distribuido e inmutable, garantiza la transparencia en la gestión de los documentos,reduciendo considerablemente las posibilidades de fraude y manipulación. La notoriedad que provoca el uso de los contratos inteligentes es que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen con condiciones preestablecidas, transformando las transacciones legales al eliminar la necesidad de los intermediarios y validar la agilización de los procesos.

Por otra parte, ethereum, es una plataforma que facilita la implementación de dichos contratos en una variedad de contextos legales, como los de gestión de propiedad intelectual, hasta la ejecución de acuerdos comerciales. Todas estas tecnologías emergentes, están redefiniendo lo que es posible en el campo legal, ofreciendo nuevas formas de abordar desafíos tradicionales y abrir caminos hacia prácticas más eficientes y justas. De ahí el aforismo que dice: JUSTICIA RETARDADA, JUSTICIA DENEGADA.

No cabe duda, que las tecnologías emergentes, están marcando un antes y después del sector legal, transformando así, la dinámica del trabajo dentro de las firmas legales y departamentos jurídicos. Gracias a estas tecnologías se incrementa significativamente la eficiencia y precisión de las diversas tareas que día a día realiza el profesional del derecho,pues al centrar sus esfuerzos en aspectos más analíticos y estratégicos, minimiza el tiempo dedicado a la revisión documental y en análisis de casos, por lo que dirige al sector legal en un entorno más flexible y accesible.

No obstante, la adopción de estas nuevas tecnologías, no están exentas de los desafíos que conllevan a la seguridad y privacidad de los datos, dada a la naturaleza sensible de la información manejada. Por ende, las firmas legales y departamentos jurídicos deben asegurarse de que las soluciones tecnológicas cumplan con estrictas regulaciones de protección de datos, confidencialidad, ciberseguridad. Donde es importante establecer de una forma clara los derechos al consumidor financiero.

Escrito: Mario Ernesto Avalos | Docente y capacitador judicial en Derecho de Nuevas Tecnologías

La creación de ENIAC en los años 50´s como la primera computadora y el posterior surgimiento de ARPANET a finales de los años 60´s dieron paso al surgimiento del INTERNET y al Sistema de Nombres de Dominio (DNS). 

Cada dispositivo existente, tales como las computadoras, los celulares o las tablets poseen una IP (Internet Protocol) que les permite conectarse entre sí para poder navegar por el Internet, revisar el correo, entre otras acciones. Las IP´s consisten en números y caracteres que resultan complicados de recordar para la mente humana, por lo que la tarea se haría casi imposible de realizar si tuviéramos que buscar en algún directorio todas las IP´s de los sitios web que deseamos visitar.

El Sistema de Nombres de Dominio resolvió la problemática recién planteada, ya que a inicios de los años 80´s permitió traducir estas IP´s a palabras fáciles de recordar, elegidas previamente por los usuarios, lo que ahora en día ha brindado gran practicidad en la interconexión masiva de dispositivos, permitiendo el crecimiento exponencial del Internet. Para ilustrar lo anterior, escribimos en nuestro navegador la dirección web https://derechoynegocios.net/ y no la numeración 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888.

La elección de la palabra utilizada para ingresar un sitio web, o dicho de forma más técnica, la selección de un nombre de dominio de segundo nivel, actualmente no solamente es una cuestión de facilidad, sino que se ha convertido en un tema de trascendencia jurídica, ya que dicho acto selectivo supone en la mayoría de los casos la coincidencia con una marca que ha sido registrada de manera previa por nosotros mismos o por un tercero. 

El registro de un nombre de dominio realizado de manera dolosa e incluso de forma culposa, puede facilitar la confusión de algunos signos distintivos tales como las marcas, desprotegiendo a los titulares de éstas últimas, quienes pueden verse limitados el ejercicio de sus derechos o ser objeto de actos de competencia desleal.

Los nombres de dominio han dado lugar al estudio acerca de las teorías relativas a su naturaleza jurídica, su clasificación, formas de transferencia, maneras de identificar a sus registrantes, ciberocupación, normas que regulan tanto las entidades como las formas de solución de conflictos frente a los signos distintivos; y, en general, el tratamiento legal que se traduzca en tutela eficaz, tanto administrativa como judicial.

En El Salvador, en el año 2006 con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (TLC), nuestro país se obligó a regular la protección de las marcas frente a los nombres de dominio, contando con procedimientos para resolver controversias relativas al dominio de primer nivel de código de país “.sv” basados en los principios contenidos en la Política de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de ICANN y ejecutada por la OMPI desde el año 1999 y a proporcionar acceso público en línea a una base de datos confiable de los registrantes de nombres de dominio, cuidando de su privacidad. 

Como materialización de lo anterior, por medio de Decreto Legislativo 913, de fecha 14 de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 8, tomo 370, de fecha 12 de enero de 2006, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de nuestro país fue reformada en distintos aspectos, incorporándose el Art. 113-A, el cual reguló de manera prácticamente idéntica a lo dispuesto en el TLC los aspectos descritos en el párrafo supra.

En el mes de julio del presente año 2024, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitió dictamen favorable para la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, la cual al momento de escribir este artículo, aún no ha sido sometida y aprobada por el Pleno Legislativo. La futura normativa contempla entre otros aspectos en su libro IV, un capítulo denominado “Protección Jurídica de la Propiedad Intelectual en los Entornos Digitales”, compuesto de 8 artículos a partir del número 316, que regulan de una manera más completa el tema objeto de estudio en este artículo. 

Entre algunos aspectos que se consideran novedosos destacan el que todo aquel que pretenda registrar un signo distintivo en el cual se incluya un nombre de dominio, debe de adjuntar la documentación pertinente que justifique su uso. 

Otro aspecto importante es que SvNet, como entidad nacional administradora del nombre de dominio de código de país “.sv”, tendrá un papel oficioso y protagónico en denegar o, en su caso, cancelar, aquellos nombres de dominio que de manera evidente se constituyan como un medio infractor de la propiedad intelectual de otros. La misma tarea tendrá el Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (entidad  dependiente del Centro Nacional de Registros que la nueva ley crea) en el momento de proceder al análisis de renovación de marcas.

Tal y como anteriormente se expresó, producto del TLC, ley de Marcas y Otros Signos Distintivos vigente reguló la resolución de conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos mediante la Política Uniforme de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de SvNet; sin embargo, mediante la creación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, se introduce un mecanismo amistoso adicional de resolución de este tipo de conflicto a través del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual, el cual debe ser desarrollado por mandato del legislador secundario de manera más amplia en el reglamento de la nueva ley.

Asimismo, la futura Ley de Propiedad Intelectual regula de forma expresa el reconocimiento de acción judicial contra infractores que pretendan realizar actos de competencia desleal mediante el registro de un signo distintivo que contemple la denominación de un nombre de dominio previamente registrado, confiriendo incluso un plazo de prescripción de 5 años para el ejercicio de esa acción.

Finalmente, la futura norma dispone acerca de aspectos relativos a la ciberocupación o registro infractor de nombres de dominio que contengan títulos de obras protegidas y de seudónimos de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, otorgando especial atención y vigilancia de esta clase de registros a SvNet, como entidad administradora de los nombres de dominio sv.

No existe duda que desde la creación del Sistema de Nombres de Dominio, la evolución jurídica se ha encaminado a regular distintos aspectos relativos a su relación de conflicto con los signos distintivos, produciéndose en la actualidad a nivel internacional abundante doctrina y resolución de casos tanto de manera administrativa como judicial. El Salvador poseerá un marco legal más robusto en la temática que permitirá dilucidar con mayores herramientas las controversias que a futuro sean sometidas en torno a este apasionante tema.

Escrito por: Alejandro Solano Meardi, Doctor en Derecho especializado en Derecho Digital

En noviembre de 2022, nació una nueva era digital. OpenAI lanzó gratuitamente ChatGPT versión 3.5, y como efecto dominó, consumidores en todo el mundo tuvieron una experiencia surrealista: extraña por su aparente simplicidad y asombrosa por su palpable potencial. Como una ráfaga de viento, en cuestión de 5 días, más de 1 millón de usuarios alrededor del mundo habían experimentado esta tecnología. Para poner esto en perspectiva, mientras que el primer iPhone tardó 74 días en vender un millón de unidades, ChatGPT alcanzó este hito en solo cinco días, destacando la velocidad extraordinaria con la que se integró en la vida cotidiana. 

En efecto, OpenAI democratizó el uso masivo del aprendizaje automático, lo que coloquialmente llamamos inteligencia artificial (IA). En poco tiempo, Google lanzó su versión Bard, ahora llamada Gemini, y Amazon, por su parte, invirtió en Anthropic y su producto equiparable llamado “Claude.”

Los sectores financiero y bancario en diferentes latitudes han reconocido el potencial de la IA. Jamie Dimon, presidente de JPMorgan Chase, el banco más grande en Estados Unidos, mencionó en su carta a los accionistas del 2024 que con el tiempo la IA será posiblemente tan transformacional como la electricidad, y a su vez, reconoció que dicho boom conllevará riesgos. 

La región latinoamericana ha mostrado una favorable aceptación a innovaciones financieras, demostrado por el fuerte crecimiento de compañías Fintech en la región. De hecho, el ecosistema Fintech en América Latina ha visto una expansión tremenda, con un crecimiento en la adopción de neobancos y pagos digitales. Ahora, la integración de la IA en este ámbito podría catapultar la innovación financiera regional y sus beneficios a nuevas alturas y dimensiones. En consecuencia, este artículo evaluará de manera general las aplicaciones prácticas que pueden derivar de esta simbiosis, incorporando consideraciones legales y regulatorias específicas para El Salvador.

Una de las aplicaciones prácticas de la IA en servicios financieros es su integración en el acceso a crédito y la evaluación crediticia. Es decir, utilizar IA para facilitar el acceso a préstamos y optimizar la precisión y rapidez de las decisiones crediticias. Por ejemplo, en el contexto latinoamericano, en 2023 más de 3 millones de personas aplicaron a un préstamo con Finvero, una Fintech de México. Finvero evalúa la solvencia crediticia mediante IA, utilizando datos alternativos y patrones de compras para decidir en tiempo real las solicitudes de crédito, muchas provenientes de consumidores menos servidos por el sistema financiero en su país, promoviendo así la inclusión financiera. 

Sin embargo, es importante reconocer los riesgos en este contexto, como el sesgo en los algoritmos de IA que pueden discriminar erróneamente a ciertos grupos de solicitantes de crédito. Por ello, la implementación adecuada de estas innovaciones y una supervisión humana balanceada son igualmente vitales. En el contexto de El Salvador, sería importante considerar la relevancia de leyes como la Ley de Protección al Consumidor y otras más específicas al sector financiero, y evaluar cómo el marco normativo local puede modificarse para garantizar la equidad en decisiones crediticias que deriven del apoyo de tecnologías emergentes como la IA. 

Otra oportunidad de sinergia entre la IA y las tecnologías emergentes en servicios financieros es la mejora en la detección de fraudes. Esta puede aumentar significativamente la capacidad y precisión para detectar patrones sospechosos en transacciones, reduciendo así el fraude. 

Según la “Encuesta de Fraude y Control de Pagos de la Asociación de Profesionales Financieros en Estados Unidos” de 2024, el 80% de las empresas fueron víctimas de fraude en 2023, con un 30% incapaz de recuperar sus pérdidas. Para combatir esto, como ejemplo ilustrativo, Mastercard utiliza IA para completar números de tarjetas robadas en la web oscura, mientras que JPMorgan Chase en Estados Unidos y el Commonwealth Bank de Australia emplean IA y registros distribuidos para combatir fraudes y errores. Sin embargo, es crucial equilibrar estos avances con supervisión humana para evitar falsos positivos y diseñar protocolos de verificación eficientes. 

En el contexto local, esto puede fomentarse mediante un régimen jurídico comprensivo que fomente la incorporación de la IA en el sector privado de una manera ética y sostenible, regulando las obligaciones de las empresas que utilicen IA, así como los derechos y recursos de los consumidores de estos servicios. Para ello, primero se pueden estudiar leyes innovadoras en la materia, y sus “travaux préparatoires” como la Ley de IA de la Unión Europea, y después adecuar la ley de manera que sea acorde a la cultura legal doméstica, recursos del país y la práctica local.

Otra área de gran oportunidad para aplicar la IA dentro del contexto Fintech y otros servicios financieros es en la atención al cliente. Las compañías pueden mejorar significativamente este aspecto utilizando chatbots y asistentes virtuales impulsados por IA que mantengan conversaciones que parezcan humanas, ya sean escritas o habladas, y resuelvan las necesidades del cliente. Esta tecnología puede simplificar procesos como la apertura de cuentas. 

Sin embargo, es crucial manejar adecuadamente los datos personales que se colecten, procesen y almacenen en estos procesos, para evitar riesgos legales y operacionales. Para proteger la privacidad del consumidor y mitigar riesgos relacionados, es importante diseñar una ley especial enfocada en la protección de datos personales que (i) defina términos legales clave; (ii) detalle obligaciones de las entidades involucradas; (iii) otorgue derechos y recursos a los consumidores; y (iv) establezca autoridades especializadas para supervisar estas actividades. 

La Unión Europea es un referente mundial en regulaciones de protección de datos, y países como Kenia y Sudáfrica han adaptado estas leyes a sus culturas legales, proporcionando ejemplos valiosos para El Salvador.

Por último, otra área de gran potencial para la IA en los servicios financieros concierne el asesoramiento financiero personalizado. La IA facilitaría democratizar recomendaciones financieras personalizadas a más personas, basándose en los hábitos de gasto y niveles de ingresos de los individuos. Un ejemplo de esto es el Royal Bank of Canada, que trabaja con la plataforma de gestión patrimonial TIFIN AG para equipar a sus asesores con una herramienta de IA que identifica potenciales clientes. Al igual que otras aplicaciones mencionadas anteriormente, esta aplicación debe de ser balanceada con análisis y verificación humana. En El Salvador, sería valioso estudiar marcos regulatorios sobre “Robo-Advisors” posibles aplicaciones de IA en este contexto y posteriormente evaluar modernizar las regulaciones aplicables. 

En conclusión, la IA tiene un inmenso potencial para mejorar los servicios financieros, en áreas como (i) el acceso a crédito; (ii) detección de fraude; (iii) asesoramiento financiero personalizado; y (iv) servicio al cliente, entre otros. Es esencial equilibrar esta tecnología con la debida atención humana y edificar un entramado de leyes que regulen en armonía la IA, las innovaciones en servicios financieros, la ciberseguridad y la privacidad de datos. En El Salvador, esto oportunamente maximizaría las ventajas de la IA, fomentando un desarrollo financiero sostenible y equitativo. Integrar la IA con responsabilidad es el camino hacia un futuro financiero más inclusivo y sostenible.