El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a Ángel Oseas García Martínez a 12 años de prisión.

La jueza lo declaró responsable de los delitos de conducción peligrosa de vehículos automotores y lesiones culposas.

La decisión destaca por la valoración conjunta del estado de ebriedad, la conducta al volante y las lesiones causadas.

La prueba de alcohol tuvo un papel clave

Uno de los elementos relevantes para el tribunal fue el resultado del alcotest practicado al conductor.

La prueba registró 249 grados de alcohol en aire espirado. Los agentes realizaron el examen después de detectar aparentes signos de ebriedad.

En El Salvador, la conducción bajo efectos del alcohol, independiente de la cantidad consumida, está prohibida. Es parte de la ley “cero tolerancia”.

Sin embargo, el razonamiento judicial no se basó únicamente en la presencia de alcohol. La jueza también valoró la conducta concreta del procesado.

La gravedad de las lesiones y las consecuencias penales

El tribunal tomó en cuenta la entidad de los daños provocados. Una de las víctimas sufrió múltiples lesiones, fracturas y luxaciones. 

Además, presentó deformidad en los dedos de una mano.

Las otras dos personas también sufrieron lesiones derivadas del accidente.

Por estas últimas afectaciones, la jueza impuso dos años de prisión adicionales. Sin embargo, sustituyó esa pena por trabajo de utilidad pública.

La medida deberá cumplirse después de los 12 años de prisión.

El fallo refuerza la responsabilidad por conducir ebrio

La resolución también adquiere relevancia dentro del enfoque de cero tolerancia frente a la conducción bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades buscan evitar que conductores alcoholizados pongan en riesgo a otros usuarios de las carreteras.

Cuando esa conducta produce lesiones, el caso puede pasar del ámbito preventivo al penal.

Un precedente judicial

La valoración conjunta de la jueza sienta un precedente jurídico en casos de conducción peligrosa .

El tribunal consideró el resultado del alcotest, la conducta atribuida al conductor y las lesiones sufridas por las víctimas, en el marco legal y las sanciones establecidas.

El fallo muestra, además, que las consecuencias penales pueden extenderse cuando una conducta riesgosa provoca daños a varias personas.

El Salvador instalará una planta solar fotovoltaica en San Matías, La Libertad, con un financiamiento de aproximadamente $9.7 millones de Kuwait.

El Gobierno salvadoreño formalizó el convenio con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe. El proyecto busca fortalecer la generación eléctrica mediante fuentes renovables.

Las obras incluirán la preparación del terreno, accesos, módulos fotovoltaicos y estaciones de transformación. Además, contemplan infraestructura para conectar la planta a la red eléctrica nacional.

El acuerdo representa el primer proyecto de esta naturaleza entre El Salvador y el organismo kuwaití.

Proyecto busca reforzar seguridad energética

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, señaló que la planta forma parte de la estrategia para fortalecer la seguridad energética.

Asimismo, explicó que el proyecto permitirá diversificar la matriz de generación eléctrica. La iniciativa también busca acompañar las necesidades energéticas vinculadas al crecimiento económico.

El funcionario destacó que la transición hacia energías limpias permitirá aumentar la capacidad productiva y preparar al país para futuras demandas de electricidad.

Kuwait amplía cooperación con El Salvador

El director general interino del Fondo Kuwaití, Rashaid Al-Bader, afirmó que el proyecto inicia una nueva etapa de cooperación para el desarrollo entre ambas partes.

La firma también contó con la participación de autoridades de energía, representantes diplomáticos de Kuwait y funcionarios salvadoreños.

Durante el acto, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, destacó la importancia del financiamiento para las prioridades de desarrollo del país.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de El Salvador realizará una videoconferencia sobre los efectos legales de la tokenización de activos y los retos que plantea esta tecnología.

La actividad se desarrollará el 28 de agosto de 2026, de 10:00 de la mañana al mediodía.

La conferencia forma parte de las actividades de regulación digital impulsadas por el organismo encargado de apoyar la formación de funcionarios judiciales.

La sesión abordará el marco legal de los activos digitales

La videoconferencia se denomina “Implicaciones jurídicas de la tokenización de activos”.

Durante la jornada, los participantes analizarán el marco legal establecido por la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador.

Además, la actividad abordará la relación entre los activos tokenizados y los derechos de propiedad.

Otro de los temas será el uso de smart contracts, o contratos inteligentes, y su validez dentro del derecho civil.

La sesión busca analizar los desafíos jurídicos que surgen cuando bienes o derechos se representan mediante tokens digitales.

Especialista de la Escuela de Capacitación Judicial dirigirá la actividad

La ponencia estará a cargo de la doctora Reyna Verónica Jaime Bermúdez, capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”.

La actividad está dirigida a analizar los cambios que introduce la tecnología digital en las relaciones jurídicas.

Además, permitirá revisar los posibles efectos de la tokenización sobre la propiedad y los derechos reales.

La inscripción continúa abierta

El Consejo Nacional de la Judicatura habilitó un proceso de inscripción para participar en la videoconferencia.

La actividad se realizará en línea y forma parte de la agenda de formación relacionada con regulación digital (para inscripción: https://tinyurl.com/2y94r4h2)

El encuentro permitirá abordar cómo el marco jurídico salvadoreño responde a nuevas formas de representar activos y ejecutar acuerdos mediante tecnología digital.

Guatemala debe mantener reglas claras y certidumbre jurídica para sostener la inversión en telecomunicaciones y ampliar el acceso a internet móvil, según la GSMA.

La asociación global de la industria móvil presentó el informe “Guatemala 2030: Políticas para la (r)evolución digital”, que analiza los avances del país y plantea recomendaciones para los próximos años.

Según el reporte, los operadores invirtieron unos $3,000 millones en infraestructura durante la última década.

Como resultado, Guatemala alcanzó 95% de cobertura poblacional de redes móviles y 11,4 millones de suscriptores móviles únicos.

Además, el país se convirtió en el primero de Centroamérica en ofrecer servicios comerciales 5G, en 2022. Actualmente, esta tecnología cubre cerca del 40% de la población y suma más de cuatro millones de usuarios activos.

La GSMA también destacó las subastas de espectro de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz realizadas en 2023.

La organización advirtió que cuestionar esos procesos podría generar incertidumbre jurídica y afectar las inversiones de largo plazo.

Brecha de uso limita el acceso a interne

El informe señala que el principal desafío ya no se concentra únicamente en ampliar la cobertura.

Aunque 95 % de la población cuenta con cobertura móvil, 49 % vive en zonas cubiertas pero no utiliza internet móvil.

La GSMA atribuye esta brecha a factores como el costo de los dispositivos y la falta de habilidades digitales.

Además, persiste una diferencia de género. Las mujeres guatemaltecas tienen 9 % menos probabilidades que los hombres de utilizar internet móvil.

GSMA plantea 10 medidas para Guatemala

Ante estos retos, la organización propone 10 recomendaciones agrupadas en dos áreas.

Entre ellas figuran ampliar la conectividad con metas medibles, impulsar la educación digital y considerar las necesidades de las mujeres.

También plantea una hoja de ruta para el espectro, facilitar permisos para antenas, eliminar regulaciones obsoletas y fortalecer la infraestructura.

La GSMA sostiene que preservar condiciones previsibles permitirá mantener la inversión y avanzar hacia una mayor inclusión digital en Guatemala.

La Asamblea Legislativa de El Salvador continuó este lunes las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

La jornada comenzó con la lectura de una carta de la abogada Marcela Beatriz Iraheta Alfaro. En el documento, la aspirante informó que retiraba su candidatura.

Con esta decisión, el proceso de selección pasó de 18 a 17 candidatos. La Comisión Política prevé concluir las entrevistas este martes.

Por compromisos próximos

Iraheta Alfaro dirigió su carta a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. El documento tiene fecha del 18 de agosto de 2026.

La abogada explicó que tomó la decisión por compromisos y responsabilidades profesionales que asumirá próximamente.

Según la carta, esas actividades requieren su dedicación exclusiva. Por ello, decidió desistir de su postulación a una de las magistraturas.

Iraheta Alfaro integró la Secretaría Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana.

Cuatro candidatos participaron en la jornada

Tras conocer la renuncia, los diputados continuaron con las entrevistas previstas para este lunes.

La Comisión Política recibió a cuatro aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

Los candidatos entrevistados fueron Gonzalo Octavio Ayala López, Boris Romeo García Alvarado, Luis Humberto Santos Guardado y Raúl Pareja Méndez.

Los diputados utilizaron las entrevistas para conocer el perfil y las propuestas de los aspirantes al cargo.

El proceso queda con 17 aspirantes

La salida de Iraheta Alfaro reduce a 17 el número de candidatos que continúan en la elección de magistrados.

La Comisión Política deberá completar las entrevistas antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso legislativo.

La Corte de Cuentas de la República es el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos en El Salvador.

Por tanto, la elección de sus magistrados forma parte de las decisiones de la Asamblea Legislativa relacionadas con el control de los fondos estatales.