La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro confirmó la sentencia contra tres militares de alto rango retirados por el asesinato de periodistas holandeses en 1982.

El tribunal ratificó la pena de 30 años de prisión contra Mario Adalberto Reyes Mena, Francisco Antonio Morán y José Guillermo García.

Además, los magistrados rechazaron los argumentos de la defensa. Con ello, validaron la resolución emitida en primera instancia por el juzgado de Chalatenango.

Defensa alegó contexto del conflicto armado

Durante la apelación, la defensa sostuvo que el país vivía un conflicto armado. Por tanto, argumentó que no existía delito de asesinato

También afirmó que los periodistas se expusieron al peligro. Según los abogados, ellos acompañaban a miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Asimismo, la defensa cuestionó la validez del veredicto. Indicó que el jurado pudo haber sido influenciado por la proyección de un documental antes del fallo.

Magistrados concluyen que hubo emboscada planificada

Sin embargo, la Cámara revisó las pruebas del juicio en una resolución extensa. Los magistrados concluyeron que el crimen fue planificado.

Según el fallo, existieron acciones previas de persecución contra los periodistas. Estas buscaban impedir la difusión de información sobre la guerrilla.

Además, el tribunal destacó que una nota con datos de uno de los periodistas inició el seguimiento. Posteriormente, los comunicadores fueron interrogados por autoridades.

Los magistrados también valoraron testimonios clave. Entre ellos, el de un periodista extranjero que habló de una emboscada confirmada por un militar.

Otro testimonio describió una persecución el día del crimen. Esto reforzó la hipótesis de una operación coordinada.

En consecuencia, la Cámara determinó que la emboscada fue autorizada por altos mandos militares.

Detalles de la condena por crimen de guerra

El caso corresponde al asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido el 17 de marzo de 1982 en Chalatenango.

El juzgado condenó inicialmente a los acusados a 60 años. No obstante, aplicó el límite de 30 años por la legislación vigente en ese momento.

El fallo surgió tras la decisión de un jurado de conciencia. Este declaró culpables a los tres militares retirados.

Además, el tribunal ordenó que dos de los condenados cumplan la pena en un hospital, según su estado de salud.

Por su parte, Mario Adalberto Reyes Mena permanece fuera del país. La Corte Suprema de Justicia inició su proceso de extradición desde Estados Unidos.

Precedente en justicia salvadoreña

Este proceso se convirtió en el primer juicio por crimen de guerra que llega a vista pública en más de cuatro décadas.

Con la confirmación de la sentencia, el caso avanza como un referente en la investigación de violaciones graves durante el conflicto armado.

Lead: La Fiscalía General de la República aseguró que abogados, familiares y custodios colaboraban con líderes de la MS-13 para enviar órdenes criminales desde centros penales.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas sobre presuntas redes de apoyo que permitían a líderes de la MS-13 comunicarse desde prisión para ordenar delitos en El Salvador.

Según la acusación fiscal, abogados y custodios penitenciarios colaboraban con cabecillas de la pandilla para trasladar mensajes cifrados hacia mandos medios y estructuras externas.

El señalamiento surgió durante el juicio masivo contra 486 pandilleros, proceso que desarrolla el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado.

Fiscalía detalla uso de “willas” para enviar órdenes criminales

De acuerdo con el resumen difundido por Centros Judiciales El Salvador, los líderes recluidos en distintos penales usaban un sistema llamado “willas”.

Ese método consistía en mensajes escritos con códigos internos. Luego, esos documentos servían para enviar instrucciones, permisos o decisiones dentro de la estructura criminal.

La Fiscalía sostuvo que cuando la ranfla histórica o la ranfla de penales debía autorizar acciones, la orden salía mediante esas comunicaciones.

Después, abogados, familiares o custodios trasladaban los mensajes hacia otros miembros de la pandilla.

Custodios y abogados ya fueron procesados en otros casos

Centros Judiciales indicó que algunas personas señaladas como colaboradoras ya enfrentaron procesos judiciales y condenas en expedientes anteriores.

La acusación afirma que esos apoyos facilitaron la operación criminal desde las cárceles durante varios años.

Además, el ministerio público sostiene que la red permitía mantener control interno y ejecutar decisiones fuera de prisión.

Fiscalía reproduce audios de la MS-13

Esta semana, la FGR inició la reproducción de audios atribuidos a integrantes de la MS-13.

Según la institución, en esos registros los acusados coordinaban delitos y reportaban hechos ocurridos en clicas y colonias.

La Fiscalía pidió presentar una muestra de 125 audios como parte de la prueba judicial.

Miles de delitos atribuidos a 486 pandilleros

El juicio incluye a 486 acusados, entre ellos supuestos miembros de la Ranfla Nacional, señalada como máxima dirección de la Mara Salvatrucha.

Las autoridades les atribuyen 9,043 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Entre los cargos figuran homicidios, extorsión y violaciones, según la acusación presentada ante el tribunal.

Reportan 525 empleados públicos asesinados

Durante la audiencia, las autoridades también señalaron que entre 2012 y 2022 fueron asesinados al menos 525 empleados públicos.

La mayoría de víctimas eran miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador.

Según la Fiscalía, varios de esos crímenes requerían autorización previa de cabecillas encarcelados.

La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a los abogados recién juramentados para que consulten su acuerdo de autorización profesional dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de juramentación.

La institución indicó que el trámite debe realizarse por medio del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados, disponible en la plataforma oficial de servicios judiciales.

El pasado 24 de abril, la Corte juramentó a 116 nuevos abogados.

Pide consultar acuerdo de abogados en línea

Según el aviso oficial, los nuevos profesionales del derecho deben ingresar al sistema con su número de DUI y la contraseña del Sistema de Notificación Electrónica.

Luego, deben seleccionar la pestaña “Acuerdos” para visualizar el documento firmado electrónicamente por la autoridad competente.

Después, cada usuario deberá descargar el archivo y guardarlo en una memoria USB para presentarlo en el Diario Oficial.

La Corte Suprema recordó que el acuerdo no debe imprimirse.

Plazo de 20 días hábiles

La institución reiteró que el plazo para realizar la consulta corre desde la fecha de juramentación.

Por ello, pidió a los abogados recién autorizados revisar el sistema dentro del tiempo establecido para evitar retrasos en el proceso.

Además, aclaró que quienes ingresen por primera vez a la plataforma deberán actualizar sus datos personales antes de continuar.

Sistema digital agiliza trámites legales

El uso del expediente electrónico busca agilizar trámites legales y facilitar el acceso a documentos oficiales para abogados y abogadas.

Con este sistema, la Corte Suprema fortalece la gestión digital y reduce procesos presenciales.

También permite consultar acuerdos de manera más rápida y segura.

Corte Suprema habilita canal de información

Para resolver dudas, la institución puso a disposición el número 2271-8888, extensión 1202.

De esta forma, los abogados recién juramentados pueden recibir orientación sobre acceso al sistema, consulta del acuerdo y pasos pendientes.

El proceso judicial masivo contra 486 presuntos cabecillas de la pandilla MS-13 avanzó este lunes a su segunda semana de audiencias, mientras la Fiscalía General afirmó que cuenta con abundante evidencia documental, pericial y testimonial para sustentar los cargos contra los acusados.

La causa es considerada una de las más relevantes impulsadas por las autoridades salvadoreñas contra estructuras criminales de alto mando. Según la acusación fiscal, los procesados habrían ordenado y coordinado delitos cometidos en distintos puntos del país entre 2012 y 2022.

Entre los hechos atribuidos figuran más de 47,000 crímenes, incluyendo más de 29,000 homicidios, además de extorsiones, desapariciones y otros ilícitos vinculados al crimen organizado.

Fiscalía presenta nuevos peritajes en la audiencia

Durante la jornada, especialistas de la División Élite contra el Crimen Organizado expusieron análisis técnicos orientados a vincular a los imputados con las operaciones internas de la pandilla

Los peritajes describieron presuntos mecanismos de coordinación territorial, distribución de funciones y control de zonas estratégicas. Para la Fiscalía, esos elementos ayudan a demostrar que la estructura actuaba bajo una organización jerárquica y con capacidad nacional.

Los fiscales sostienen que las decisiones criminales no respondían a hechos aislados, sino a órdenes emitidas desde niveles superiores de mando.

Teléfono incautado aporta información clave

Uno de los elementos destacados en la audiencia fue el examen forense de un teléfono celular decomisado a un integrante de la organización

De acuerdo con la acusación, la información extraída del dispositivo permitió reconstruir canales de comunicación interna, instrucciones operativas y contactos entre miembros de diferentes sectores.

Las autoridades consideran que ese contenido digital refuerza la tesis de una red coordinada con procedimientos definidos para ejecutar acciones ilícitas.

Testigo relata cómo se autorizaban asesinatos

La audiencia también incluyó la declaración de un testigo que explicó supuestos códigos internos utilizados por la pandilla.

Según su relato, empleaban el término “válvula” para autorizar homicidios, especialmente contra agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada.

El testigo aseguró que, antes de atacar, los pandilleros identificaban a la víctima, tomaban fotografías y enviaban la información a grupos internos. Posteriormente, afirmó, los llamados “ranfleros” evaluaban la solicitud y emitían una aprobación conjunta.

Para la Fiscalía, ese testimonio evidencia la existencia de una cadena de mando y un sistema interno para ordenar asesinatos.

Proceso continúa bajo atención pública

El juicio se desarrolla bajo fuerte atención pública por la magnitud del caso y el número de imputados. Mientras sectores oficialistas destacan el avance de las acciones contra pandillas, organizaciones críticas mantienen observaciones sobre el desarrollo de procesos masivos

Las audiencias continuarán en los próximos días con la incorporación de más peritos, testigos y pruebas documentales.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 también abre un frente legal clave: la propiedad intelectual. Expertos señalan que el uso no autorizado de marcas, eslóganes, personajes y símbolos vinculados al torneo puede generar multas, sanciones administrativas e incluso procesos penales.

Carlos Castillo, socio y director de Propiedad Intelectual en Romero Pineda, explicó en una entrevista radial con La Tribu que la protección legal de estos activos comienza varios años antes del evento.

La firma Romero Pineda tiene la representación legal de la FIFA para El Salvador.

Protección legal inicia antes del Mundial 2026

Castillo indicó que los organizadores definen con anticipación qué marcas comerciales, frases promocionales y elementos visuales utilizarán durante la Copa del Mundo.

Añadió que el proceso será particular en esta edición, ya que el torneo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Esto empieza años antes del evento del Mundial de fútbol, para saber qué marcas van a utilizar, eslogan y personajes”, señaló.

Evento privado con alta exposición pública

El abogado y socio de la firma explicó que el torneo tiene enorme visibilidad global, pero mantiene derechos privados sobre sus elementos comerciales.

“Se trata de un evento privado de conocimiento público, pero eso no significa que cualquiera se pueda apropiar de cualquier elemento del evento”, afirmó.

Esto incluye nombres oficiales, logotipos, mascotas, campañas promocionales y material gráfico protegido.

Riesgos legales por uso indebido

Castillo advirtió que una empresa o persona no puede usar referencias del Mundial 2026 para atraer clientes sin autorización.

Según explicó, esa práctica puede constituir competencia desleal e infracción marcaria.

“Atraer clientela por medio de eventos como este es competencia desleal”, sostuvo.

También señaló que las autoridades pueden aplicar distintas sanciones según cada caso.

Multas y posibles consecuencias penales

El abogado indicó que existen infracciones administrativas con multas de alto valor económico.

“También hay infracciones administrativas, pero con multas de cientos de miles de dólares”, detalló.

Además, afirmó que algunos casos pueden escalar al ámbito penal.

“Hemos tenido contacto con la Fiscalía General de la República. Dependiendo de la perspectiva también puede haber una implicación penal”, agregó.

Uso periodístico sí tiene límites claros

Castillo diferenció el uso comercial del uso informativo. Explicó que los medios pueden mencionar el evento dentro de criterios legítimos.

“Bajo términos periodísticos sí hay una utilización leal”, señaló.

Sin embargo, recordó que el desconocimiento de la ley no exime responsabilidad cuando existe una infracción.

Propiedad intelectual gana peso económico

El especialista destacó que la propiedad intelectual protege creaciones humanas tangibles e intangibles.

También indicó que en El Salvador esta materia ha ganado importancia en las últimas décadas por su impacto económico.

Agregó que la seguridad jurídica fortalece la confianza para inversiones, negocios y protección de derechos.