La Asamblea Legislativa aceptó las observaciones realizadas por Presidencia a las reformas a la «Ley de Fomento e Incentivos para la Importación y Uso de Medios de Transporte Eléctricos e Híbridos». Las reformas fueron publicas en el Diario Oficial del siete de mayo

La principal reforma amplía la antigüedad permitida para la importación de vehículos eléctricos usados de tres a siete años, eliminando además la exigencia de que los vehículos usados deban tener una batería nueva.

Además, las reformas incluyen incentivos fiscales para la importación de centros de recarga. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte asumirá la responsabilidad de desarrollar e implementar la infraestructura de recarga en el sector público y privado, eliminando la restricción de que la comercialización de recarga sea exclusivamente para distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica.

La ley actual establece un arancel del 0% para la importación de vehículos eléctricos e híbridos nuevos, eximiéndolos del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (IVA) y del Impuesto Especial a la Primera Matrícula de Bienes. Para los vehículos eléctricos usados, la exención será del 25%, mientras que las bicicletas eléctricas estarán completamente exentas.

Además, las personas naturales o jurídicas que presten servicios de recarga eléctrica en centros correspondientes gozarán de una exención total del pago del Impuesto sobre la Renta durante diez años desde la fecha en que se generen dichos ingresos. Estas medidas buscan incentivar la infraestructura necesaria para apoyar la creciente adopción de vehículos eléctricos en el país.

En el Diario Oficial del siete de mayo fueron publicadas las reformas a la Ley de Notariado que establecen la obligación a los notarios de entregar documentos electrónicos, suscritos con firma electrónica certificada, de los libros de protocolo agotados o vencidos.

Según el considerandos de motivos, este cambio permitirá una conservación más eficiente y segura de los registros notariales, reduciendo significativamente los costos administrativos y el desgaste institucional asociados con el mantenimiento de archivos físicos.

Aunque los documentos electrónicos serán la norma, los notarios deberán conservar los libros físicos de protocolo durante 15 años.

Los documentos anexos que forman parte del protocolo físico también deberán ser digitalizados y presentados electrónicamente. Además, los notarios que no cumplan con las nuevas obligaciones no recibirán autorización para nuevas hojas de protocolo, y la Corte Suprema de Justicia tomará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento.

Los testimonios serán extendidos en documentos electrónicos con firma electrónica certificada, y se implementará un sistema de verificación tecnológica para validar la autenticidad de los documentos.

La Corte Suprema de Justicia establecerá los aranceles correspondientes a los servicios notariales, cuyos ingresos serán consignados en el Fondo General de la Nación. Las reformas serán implementadas de manera progresiva y se espera que su cumplimiento sea obligatorio en seis meses.

Además, se derogan ciertas atribuciones de los Jueces de Primera Instancia en lo Civil relacionadas con la Ley de Notariado, adaptándose a las nuevas disposiciones tecnológicas.

Con 58 votos, la Asamblea Legislativa aprobó eximir de tributos la importación de un helicóptero destinado a la atención prehospitalaria y emergencias médicas, así como un donativo de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas.

La exoneración de impuestos para el Ministerio de Salud incluye la importación y adquisición de una aeronave que funcionará como ambulancia aérea, facilitando el traslado rápido de pacientes en estado crítico al hospital más cercano.

Además, 59 legisladores votaron a favor de eximir de tributos y derechos arancelarios a la Importación un donativo de medicamentos de la Fundación MaxAid, que incluye 900 cajas de Glivec fct de 400 mg y 500 cajas de Glivec fct de 100 mg. Estos medicamentos beneficiarán a pacientes del Hospital Nacional Rosales con leucemia mieloide crónica o tumores de estroma gastrointestinales.

Con 56 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó que el Gobierno suscriba un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de hasta $75 millones. Este financiamiento está destinado a la implementación del “Programa de Apoyo a la Movilidad Urbana Baja en Emisiones”.

El proyecto tiene como objetivo promover las acciones medioambientales del Gobierno orientadas hacia la movilidad urbana sustentable, segura, inclusiva y de bajas emisiones. Además, busca fomentar la sostenibilidad ambiental, minimizar los impactos de las fuentes móviles y contribuir al cumplimiento de las metas ambientales del país en foros internacionales.

El proyecto tiene como objetivo principal fomentar la electromovilidad, en línea con la prioridad del país de promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer las instituciones en el sector para aumentar su eficiencia.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos, una reforma a la Ley de Presupuesto 2024 para asignar $5,800,000 a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Estos fondos serán utilizados para la adquisición de un inmueble donde se desarrollará un proyecto de nueva estructura de telecomunicaciones y tecnologías relacionadas.

Mauricio Ortiz, legislador, señaló que la SIGET es responsable del cumplimiento de normas y regulaciones del sector de electricidad y telecomunicaciones, además de su promoción. Ortiz destacó varios proyectos de la SIGET, como la provisión de conectividad en escuelas públicas, que contribuyen al desarrollo económico del país. «Estos proyectos estratégicos de innovación digital coadyuvan al desarrollo económico del país. Para seguir fortaleciendo esto, se necesita construir estructuras y otras tecnologías que continúen fortaleciendo el sector de electricidad y telecomunicaciones», afirmó Ortiz.

Los fondos destinados a la SIGET provienen de excedentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).