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Aprueban reforma a la Ley de Zonas Francas

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La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 25 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. Según los considerandos de la reforma actualmente dicho artículo está siendo interpretado de manera que se adiciona un requisito no establecido en la norma para obtener los beneficios de la ley. Con anterioridad la Asamblea Legislativa había aprobado una interpretación auténtica de la normativa, pero esta fue vetada por el Presidencia.

El artículo 25 de dicha ley, actualmente establece, que la venta de bienes y servicios que sean necesarios para la actividad autorizada están afectas a una tasa del cero por ciento del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servidos; sin embargo, considera la Asamblea, dicho artículo está siendo interpretado condicionando su aplicación no solo a que el bien o servicio sea necesario para la actividad autorizada, sino, además, que estos incorporen o se adhieran al producto que será exportado o formen parte de su proceso de elaboración.

El presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, explicó “lo que se está interpretando es que, están exonerados los procesos de elaboración de productos para la confección, como la fabricación del hilo, obviamente son productos para exportar, no se consumen en el país; igual que la materia prima que utilizan las maquilas para exportar esos productos y las mejoras o ampliación de la infraestructura para maquilar todo lo que se exporta”.

En ese sentido, la reforma estipula: “”Las ventas o transferencias de bienes y servicios que sean necesarios para la actividad autorizada, realizadas por personas naturales o jurídicas establecidas en el territorio aduanero nacional, a un beneficiario de esta ley, estarán afectas a una tasa del cero por ciento del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y además, les serán aplicables los artículos 76 y 77 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y se deberá cumplir con los requisitos establecidos en dicha ley, el Código Tributario y demás normativa tributaria aplicable”.

“Se consideran necesarios para la actividad incentivada las adquisiciones de aquellos bienes y servicios que cumplan con los requisitos de deducibilidad establecidos en el artículo 65 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servidos, asl como la adquisición de materiales para la construcción, mejora, remodelación o modificación de las edificaciones propiedad de los beneficiarios o la adquisición de servicios para el mismo fin. En ningún caso serán considerados como necesarios para su actividad autorizada, los bienes y servicios referidos en los incisos últimos de los artículos 17 y 19 de la presente ley, salvo la excepción establecida en dichas disposiciones. En consecuencia, dichos bienes o servicios estarán afectos a la tasa establecida en el artículo 54 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios”.

La Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, tiene por objeto regular el funcionamiento de Zonas Francas y Depósitos para Perfeccionamiento Activo, así como los beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollen, administren o usen las mismas.

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Ministro de Justicia y Seguridad solicita aprobación de ley para fortalecer la ciberseguridad en instituciones públicas

Según Gustavo Villatoro, la ley busca proteger información estatal de ciberataques.

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El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una “Ley de ciberseguridad y seguridad de la información”. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio para vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad en las instituciones públicas.

El proyecto, presentado el 15 de octubre, fue recibido por el pleno de la Asamblea el 30 de octubre y ha sido asignado a la Comisión de Seguridad Nacional, que se reunirá el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.

La ley propone la creación de una Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director general será nombrado por el presidente de la República.

La propuesta tiene como objetivo establecer principios y políticas que regulen la protección de la información estatal, ante el creciente riesgo de compromisos a la confidencialidad e integridad de los sistemas informáticos de las entidades gubernamentales.

Villatoro advirtió sobre la «amenaza de ciertos comportamientos» que ponen en peligro el bienestar de la ciudadanía y la continuidad de las funciones del Estado. Entre las atribuciones de la nueva agencia se incluyen la facultad de requerir información a las entidades estatales en caso de incidentes de ciberseguridad y la creación de un Registro

Nacional de Amenazas e Incidentes. Asimismo, se prevé la posibilidad de sancionar a empleados o funcionarios por infracciones, que pueden ir desde despidos hasta multas que oscilan entre uno y 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta.

La ley también contempla sanciones severas para quienes obstaculicen las medidas de ciberseguridad o presenten información incorrecta a la agencia.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Gobierno para mitigar los riesgos cibernéticos y garantizar la seguridad de la información en el sector público.

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La Defensoría del Consumidor ha recuperado este año $30 millones

De acuerdo a información oficial, la recuperación de este dinero ha beneficiado a 31,000 consumidores en 2024.

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Hasta el 20 de octubre en este año, la Defensoría del Consumidor (DC) logró recuperar $30 millones a favor de más de 31,000 consumidores que presentaron denuncias sobre irregularidades en el ámbito comercial.

El presidente de la DC, Ricardo Salazar, destacó que estas recuperaciones reflejan el compromiso de la institución en proteger los derechos de los consumidores salvadoreños.

Los sectores más denunciados en lo que va del año incluyen inmobiliarias, servicios financieros, turismo y servicios generales. Según Salazar, la mayoría de las devoluciones se ha dado en el sector inmobiliario, con más de $18 millones destinados a 2,417 personas.

En el sector financiero, se recuperaron más de $8.1 millones para 11,527 consumidores, mientras que en turismo se devolvieron $877,000 a 476 personas y en servicios generales, $755,000 a 13,281 ciudadanos.

De los $30 millones recuperados, el 63% se procesó a través de casos colectivos, que equivalen a más de $19 millones, y el 37% corresponde a casos individuales, sumando más de $10.9 millones.

Este enfoque ha permitido a la Defensoría atender de manera más efectiva las demandas de los consumidores, que han aumentado significativamente.
Salazar también subrayó que la confianza de la población en la Defensoría se refleja en el registro de más de 24,000 denuncias hasta la fecha, cifra que ya supera el total de denuncias recibidas en todo 2023.

“Este incremento indica una mayor confianza de los consumidores en nuestra institución y nuestro compromiso por ofrecer un servicio efectivo y oportuno», afirmó.

De cara al cierre del año, la DC dijo que mantendrá una vigilancia activa sobre la actividad comercial, especialmente durante eventos como el Viernes Negro y las festividades de Navidad y Año Nuevo.

«Continuaremos con los esfuerzos de verificación para asegurar que las ofertas y promociones sean justas y se respeten las garantías», concluyó Salazar.

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La amnistía fiscal vence el 2 de diciembre, ¿qué ocurre si no pago mi deuda con el Estado?

La amnistía decretada por la Asamblea Legislativa permite ponerse al día con el pago de impuestos sin enfrentar multas por los retrasos. En el país, evadir el fisco es un delito.

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La amnistía fiscal de 3 meses decretada por la Asamblea Legislativa, que permite a los contribuyentes saldar sus deudas con el Ministerio de Hacienda sin enfrentar multas ni recargos, continúa vigente y es la oportunidad para saldar esas inquietantes deudas con el fisco.

El decreto vence el 2 de diciembre de 2024 y otorga a los deudores la posibilidad de establecer planes de pago de hasta nueve meses. Durante este período, cualquier contribuyente puede solicitar un plan a la Dirección de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas o la administración pública. La primera cuota del plan debe ser el 10% de la deuda, a partir de la resolución de la solicitud.

Esta amnistía es especialmente relevante para aquellos con procesos pendientes en varias fases, incluyendo la jurisdicción contenciosa administrativa y la Fiscalía General de la República. Además, pueden beneficiarse aquellos que hayan declarado saldos a favor o que hayan presentado declaraciones fuera de plazo antes del 31 de julio de 2024.

Pero, ¿qué ocurre si alguien no salda esa deuda con el Estado? Es fundamental recordar que no cumplir con las obligaciones tributarias puede acarrear serias consecuencias legales.

En El Salvador, la evasión de impuestos se clasifica como un delito, lo que puede resultar en penas de prisión que van de cuatro a ocho años, dependiendo del monto evadido. Las autoridades fiscales están facultadas para iniciar acciones penales contra quienes no cumplan con sus deberes tributarios, incluso si han sido sujetos de fiscalización.

Por tanto, aquellos que opten por no pagar sus impuestos podrían enfrentarse a procesos judiciales que no sólo comprometen su libertad, sino que también pueden afectar su situación económica y social.

Asimismo, la falta de cumplimiento tributario no sólo tiene repercusiones legales, sino que también puede perjudicar la reputación del contribuyente. Las sanciones impuestas pueden incluir multas significativas, que agravan la carga financiera de los deudores y dificultan su capacidad para regularizar sus deudas en el futuro.

En un contexto donde la amnistía fiscal ofrece una vía de escape, la decisión de ignorar estas obligaciones podría resultar en consecuencias duraderas que impacten en la vida personal y profesional de los ciudadanos salvadoreños.

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El Salvador fue sede de curso regional anticorrupción en la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley

Con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la ILEA capacitó a 43 representantes de 6 países en técnicas y estrategias anticorrupción y en métodos para la recuperación de activos.

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En un esfuerzo por combatir la corrupción en la región, se llevó a cabo esta semana un curso intensivo sobre anticorrupción y recuperación de activos en las instalaciones de Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés).

Este programa fue posible gracias al apoyo de la Oficina del Departamento de Justicia (OPDAT) de los Estados Unidos, que se comprometió a fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de la ley.

Fueron 43 de cuerpos de seguridad de Aruba, Belice, Curazao, Guyana, República Dominicana y El Salvador participaron activamente en esta capacitación, la cual se desarrolló a lo largo de 5 días.

El curso tuvo como objetivo mejorar las técnicas de los funcionarios para enfrentar la corrupción pública y facilitar la recuperación de los recursos que han sido desviados por este tipo de delitos.

La ceremonia de clausura, que se celebró el viernes, fue presidida por autoridades de ILEA, quienes hicieron entrega de las certificaciones a los participantes. Durante el evento, se resaltó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades de los funcionarios en la región.

La participación de delegaciones de Aruba, Belice, Curazao, Guyana, República Dominicana, San Martín y El Salvador demuestra el compromiso colectivo de estos países en la erradicación de la corrupción y en la promoción de una gobernanza más transparente.
Este curso no solo representa un avance en la capacitación de los funcionarios, sino que también subraya la urgencia de una acción coordinada y efectiva en la lucha contra la corrupción, un fenómeno que afecta gravemente el desarrollo y la estabilidad de las naciones.

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Corte Suprema invita a reponer tarjeta de abogacía con proceso seguro

La reposición de la tarjeta de identificación en caso de daño o deterioro de esta debe hacerse en la Sección de Investigación Profesional.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó a los abogados salvadoreños el procedimiento para la reposición de la tarjeta de identificación profesional en caso de deterioro o daño.

Los profesionales del derecho que necesiten reponer su identificación deben presentar un escrito dirigido a la Sección de Investigación Profesional, el cual puede entregarse en las oficinas de San Salvador o en las oficinas regionales de Santa Ana y San Miguel.

Además, se deberá adjuntar una copia simple de la tarjeta dañada para respaldar la solicitud.
Una vez que la nueva tarjeta esté lista, los solicitantes recibirán una notificación a través de los medios indicados en su escrito.

La entrega de las tarjetas se llevará a cabo en el Área de Carnetización de la Sección de Investigación Profesional, ubicada en el cuarto nivel de las Oficinas Administrativas y Jurídicas en San Salvador.

La CSJ ha instado a los profesionales del derecho a realizar este proceso de manera rápida y segura para asegurar la continuidad de sus funciones legales.

Para más información o consultas, los abogados pueden comunicarse a través del correo electrónico proporcionado por la CSJ.

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