El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de El Salvador realizará una videoconferencia sobre los efectos legales de la tokenización de activos y los retos que plantea esta tecnología.

La actividad se desarrollará el 28 de agosto de 2026, de 10:00 de la mañana al mediodía.

La conferencia forma parte de las actividades de regulación digital impulsadas por el organismo encargado de apoyar la formación de funcionarios judiciales.

La sesión abordará el marco legal de los activos digitales

La videoconferencia se denomina “Implicaciones jurídicas de la tokenización de activos”.

Durante la jornada, los participantes analizarán el marco legal establecido por la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador.

Además, la actividad abordará la relación entre los activos tokenizados y los derechos de propiedad.

Otro de los temas será el uso de smart contracts, o contratos inteligentes, y su validez dentro del derecho civil.

La sesión busca analizar los desafíos jurídicos que surgen cuando bienes o derechos se representan mediante tokens digitales.

Especialista de la Escuela de Capacitación Judicial dirigirá la actividad

La ponencia estará a cargo de la doctora Reyna Verónica Jaime Bermúdez, capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”.

La actividad está dirigida a analizar los cambios que introduce la tecnología digital en las relaciones jurídicas.

Además, permitirá revisar los posibles efectos de la tokenización sobre la propiedad y los derechos reales.

La inscripción continúa abierta

El Consejo Nacional de la Judicatura habilitó un proceso de inscripción para participar en la videoconferencia.

La actividad se realizará en línea y forma parte de la agenda de formación relacionada con regulación digital (para inscripción: https://tinyurl.com/2y94r4h2)

El encuentro permitirá abordar cómo el marco jurídico salvadoreño responde a nuevas formas de representar activos y ejecutar acuerdos mediante tecnología digital.

Guatemala debe mantener reglas claras y certidumbre jurídica para sostener la inversión en telecomunicaciones y ampliar el acceso a internet móvil, según la GSMA.

La asociación global de la industria móvil presentó el informe “Guatemala 2030: Políticas para la (r)evolución digital”, que analiza los avances del país y plantea recomendaciones para los próximos años.

Según el reporte, los operadores invirtieron unos $3,000 millones en infraestructura durante la última década.

Como resultado, Guatemala alcanzó 95% de cobertura poblacional de redes móviles y 11,4 millones de suscriptores móviles únicos.

Además, el país se convirtió en el primero de Centroamérica en ofrecer servicios comerciales 5G, en 2022. Actualmente, esta tecnología cubre cerca del 40% de la población y suma más de cuatro millones de usuarios activos.

La GSMA también destacó las subastas de espectro de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz realizadas en 2023.

La organización advirtió que cuestionar esos procesos podría generar incertidumbre jurídica y afectar las inversiones de largo plazo.

Brecha de uso limita el acceso a interne

El informe señala que el principal desafío ya no se concentra únicamente en ampliar la cobertura.

Aunque 95 % de la población cuenta con cobertura móvil, 49 % vive en zonas cubiertas pero no utiliza internet móvil.

La GSMA atribuye esta brecha a factores como el costo de los dispositivos y la falta de habilidades digitales.

Además, persiste una diferencia de género. Las mujeres guatemaltecas tienen 9 % menos probabilidades que los hombres de utilizar internet móvil.

GSMA plantea 10 medidas para Guatemala

Ante estos retos, la organización propone 10 recomendaciones agrupadas en dos áreas.

Entre ellas figuran ampliar la conectividad con metas medibles, impulsar la educación digital y considerar las necesidades de las mujeres.

También plantea una hoja de ruta para el espectro, facilitar permisos para antenas, eliminar regulaciones obsoletas y fortalecer la infraestructura.

La GSMA sostiene que preservar condiciones previsibles permitirá mantener la inversión y avanzar hacia una mayor inclusión digital en Guatemala.

La Asamblea Legislativa de El Salvador continuó este lunes las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

La jornada comenzó con la lectura de una carta de la abogada Marcela Beatriz Iraheta Alfaro. En el documento, la aspirante informó que retiraba su candidatura.

Con esta decisión, el proceso de selección pasó de 18 a 17 candidatos. La Comisión Política prevé concluir las entrevistas este martes.

Por compromisos próximos

Iraheta Alfaro dirigió su carta a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. El documento tiene fecha del 18 de agosto de 2026.

La abogada explicó que tomó la decisión por compromisos y responsabilidades profesionales que asumirá próximamente.

Según la carta, esas actividades requieren su dedicación exclusiva. Por ello, decidió desistir de su postulación a una de las magistraturas.

Iraheta Alfaro integró la Secretaría Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana.

Cuatro candidatos participaron en la jornada

Tras conocer la renuncia, los diputados continuaron con las entrevistas previstas para este lunes.

La Comisión Política recibió a cuatro aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

Los candidatos entrevistados fueron Gonzalo Octavio Ayala López, Boris Romeo García Alvarado, Luis Humberto Santos Guardado y Raúl Pareja Méndez.

Los diputados utilizaron las entrevistas para conocer el perfil y las propuestas de los aspirantes al cargo.

El proceso queda con 17 aspirantes

La salida de Iraheta Alfaro reduce a 17 el número de candidatos que continúan en la elección de magistrados.

La Comisión Política deberá completar las entrevistas antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso legislativo.

La Corte de Cuentas de la República es el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos en El Salvador.

Por tanto, la elección de sus magistrados forma parte de las decisiones de la Asamblea Legislativa relacionadas con el control de los fondos estatales.

La Fiscalía General de la República de El Salvador mantiene una campaña en redes sociales para prevenir y rechazar actos de soborno dentro de la institución.

La entidad señala que la ética y la transparencia forman parte de sus principios. Además, reafirma su compromiso de prevenir prácticas de corrupción en sus procesos internos.

Canal para reportar posibles irregularidades

Como parte de la campaña antisobornos, la Fiscalía invita a informar sobre cualquier intento o acto de soborno relacionado con los procesos de compras públicas.

La institución habilitó el correo avisoantisoborno@fgr.gob.sv para recibir estos reportes. Según el mensaje difundido, la Fiscalía garantiza el anonimato de las personas que presenten una denuncia.

De esta forma, el mecanismo busca facilitar la comunicación de posibles irregularidades sin exponer la identidad de quienes proporcionen información.

Compras públicas bajo vigilancia

La campaña pone especial atención en los procesos de compras públicas, un área en la que pueden surgir intentos de soborno o prácticas contrarias a las normas de transparencia.

La Fiscalía pide a quienes conozcan un caso que utilicen el canal habilitado para comunicarlo. El llamado forma parte de las acciones institucionales para prevenir actos de corrupción.

Además, la entidad mantiene información sobre su política antisoborno en su sitio web oficial.

La Fiscalía promueve la denuncia

Con esta campaña, la Fiscalía busca reforzar el conocimiento de sus mecanismos para reportar posibles actos de soborno. La institución también destaca la importancia de la participación ciudadana para detectar irregularidades.

El mensaje difundido en redes sociales pregunta a los usuarios si conocen algún caso y los remite al correo habilitado.

Su campaña se enfoca en promover controles y canales de denuncia frente a posibles prácticas de corrupción.

Andrés Fernando Ríos Giraldo asumió la presidencia ejecutiva de DELSUR, empresa distribuidora de energía eléctrica en El Salvador. 

Ríos tendrá a su cargo la estrategia de la compañía y el desarrollo de iniciativas relacionadas con su operación, transformación y crecimiento.

El nuevo presidente ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético y trayectoria dentro de Grupo EPM.

Ríos ingresó a DELSUR en 2025 como gerente de Distribución. Posteriormente, también asumió la Gerencia Comercial de la empresa.

Durante ese periodo participó en proyectos relacionados con la operación, la modernización tecnológica y la atención a los clientes.

Ahora, desde la Presidencia Ejecutiva, encabezará las operaciones de la distribuidora y sus planes estratégicos.

DELSUR atiende a más de 470,000 clientes

DELSUR presta el servicio de distribución eléctrica a más de 470,000 clientes en la zona centro-sur de El Salvador.

Entre sus áreas de gestión figuran la continuidad del servicio, la calidad, la innovación y la transformación digital.

La compañía también desarrolla acciones relacionadas con sostenibilidad y mantiene vínculos con comunidades, autoridades, proveedores y otros sectores.

Nuevos retos para la distribuidora

Grupo EPM señaló que el nombramiento responde a su estrategia de largo plazo para DELSUR.

La empresa indicó que continuará con sus planes de inversión y transformación para enfrentar los desafíos del sector energético.

Ríos afirmó que buscará mantener una gestión enfocada en los clientes y en las necesidades de los territorios donde opera DELSUR.

El ejecutivo también señaló que la compañía continuará trabajando con sus distintos grupos relacionados para desarrollar soluciones vinculadas con el servicio eléctrico.

Con el cambio en su Presidencia Ejecutiva, DELSUR continuará bajo el control de Grupo EPM, que mantiene su estrategia para la operación de la filial en El Salvador.