Camarasal busca convertir al país en centro regional de arbitraje internacional

El Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador impulsa cambios normativos, herramientas tecnológicas y formación especializada para fortalecer la resolución de conflictos comerciales. Su agenda 2026-2028 incluye la meta de posicionar al país como referente regional y atraer controversias empresariales internacionales. En una entrevista exclusiva con Derecho y Negocios, Alex López, presidente del Consejo Directivo del CMA, explica la visión y el alcance de los planes del organismo.

¿Cuáles son los principales resultados del Centro de Mediación y Arbitraje de Camarasal y cuántos casos ha atendido en los últimos años? ¿Qué tipos de conflictos empresariales son los más frecuentes?

Con 23 años de trayectoria, el Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) de CAMARASAL ha contribuido al fortalecimiento del arbitraje institucional en El Salvador, administrando casos locales e internacionales, ofreciendo a las empresas mecanismos especializados y confiables para la resolución de controversias.

Uno de nuestros principales aportes ha sido consolidar un espacio institucional que permite gestionar diferencias bajo reglas claras y con garantías de independencia, imparcialidad y respeto al debido proceso. Nuestro papel es administrar los procedimientos y brindar las condiciones necesarias para que las partes y los tribunales arbitrales desarrollen sus actuaciones de manera adecuada.

A lo largo de estos años hemos atendido controversias relacionadas con obligaciones contractuales, ejecución de proyectos, prestación de servicios y diversas relaciones comerciales. La mayor parte de los arbitrajes que recibimos son de carácter nacional, y también promovemos la mediación como una alternativa que permite a las partes alcanzar soluciones consensuadas.

Más allá del número de casos, nuestro mayor aporte es contribuir a que las empresas cuenten con alternativas confiables para resolver sus diferencias, proteger sus relaciones comerciales y favorecer la continuidad de sus negocios. Todo ello con el respaldo institucional de CAMARASAL, una gremial empresarial con 110 años de trayectoria y más de 2,300 empresas socias a nivel nacional.

¿Cuáles son los proyectos prioritarios del Centro para lo que resta de 2026 y 2027, y qué metas concretas se han fijado para ampliar el uso de la mediación y el arbitraje en El Salvador?

Tenemos una visión de transformación institucional para el período 2026–2028, articulada alrededor de cuatro prioridades: modernización de nuestro reglamento, incorporación de tecnología, fortalecimiento del talento especializado y promoción de la actualización del marco normativo de mediación y arbitraje.

En primer lugar, buscamos modernizar nuestras reglas y procedimientos para responder a las necesidades actuales de las empresas, procurando mayor eficiencia, claridad y calidad en la administración de los casos. En segundo lugar, queremos avanzar en la transformación tecnológica del Centro, fortaleciendo la gestión de expedientes, las comunicaciones y la trazabilidad de los procedimientos, con especial atención a la seguridad de la información.

Una tercera prioridad es la formación y actualización continua de árbitros, mediadores y demás profesionales vinculados con la resolución de controversias, promoviendo altos estándares técnicos, éticos e institucionales.Finalmente, estamos impulsando espacios de análisis y cooperación para contribuir a la evolución del marco jurídico salvadoreño, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales.

Todo ello responde a una visión más amplia: construir un CMA cada vez más moderno, eficiente y cercano a las necesidades del sector empresarial, y contribuir a que El Salvador se posicione como un referente regional en arbitraje.

También queremos fortalecer la cultura de prevención de controversias, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, para que estos mecanismos se consideren desde la negociación de los contratos y no únicamente cuando ya existe un conflicto.

¿Cuáles son los principales obstáculos para que más empresas salvadoreñas recurran al arbitraje, ya sea por desconocimiento, costos, cultura jurídica o falta de confianza en estos mecanismos?

Uno de los principales desafíos es el conocimiento y la comprensión de estos mecanismos. Todavía existe la percepción de que el arbitraje está reservado para grandes empresas, contratos complejos o controversias de elevada cuantía. También debemos fortalecer una cultura de prevención. Muchas empresas comienzan a preguntarse cómo resolver una diferencia cuando esta ya se ha presentado, cuando lo ideal es establecer mecanismos claros desde el inicio de la relación comercial.

Por ejemplo, incorporar una cláusula arbitral adecuadamente formulada permite que las partes conozcan anticipadamente cómo se gestionaría una eventual controversia, qué reglas serían aplicables y cuál institución administraría el procedimiento. Por supuesto, también es importante atender las inquietudes sobre costos, tiempos y confianza. El arbitraje debe evolucionar con las necesidades de sus usuarios, ofreciendo procedimientos claros, eficientes, especializados y respaldados por instituciones sólidas.

Desde el CMA de CAMARASAL tenemos una oportunidad importante para acercar estos mecanismos al sector productivo, aprovechando nuestra presencia nacional y la relación que mantenemos con empresas de distintos tamaños y sectores.

Nuestro propósito es que las empresas comprendan que prevenir y gestionar adecuadamente una controversia no es únicamente una decisión jurídica, sino también una herramienta de gestión empresarial.

Camarasal y la Procuraduría General de la República acordaron evaluar el marco legal vigente. ¿Qué aspectos de la legislación necesitan cambios y cuáles serían los beneficios concretos de una nueva ley o una reforma integral?

El Salvador tiene una oportunidad importante para evaluar y modernizar su marco normativo en materia de mediación y arbitraje, considerando la evolución de las relaciones comerciales, las nuevas tecnologías y las mejores prácticas internacionales. El trabajo conjunto con la Procuraduría General de la República representa un paso valioso para desarrollar un análisis técnico del marco vigente, identificar oportunidades de mejora y determinar cuáles podrían ser las reformas más convenientes.

Entre los aspectos que consideramos relevantes para esa revisión están la claridad y eficiencia de los procedimientos, las garantías de independencia e imparcialidad, la incorporación de herramientas tecnológicas y la adecuada articulación entre el arbitraje y la jurisdicción ordinaria, respetando las competencias de cada una.

También es importante estudiar las condiciones jurídicas necesarias para facilitar los arbitrajes internacionales y fortalecer la confianza de empresas e inversionistas que mantienen relaciones comerciales transfronterizas. No se trata simplemente de promover una nueva ley, sino de procurar que El Salvador cuente con un marco normativo moderno, confiable y alineado con estándares internacionales, que responda a las necesidades reales de las empresas y contribuya a fortalecer los mecanismos de resolución de controversias.

Desde el CMA vemos este esfuerzo como parte de una visión de largo plazo: desarrollar mejores condiciones institucionales y jurídicas para generar confianza, facilitar los negocios y contribuir al posicionamiento de El Salvador como una sede atractiva para el arbitraje regional e internacional.

¿Qué herramientas tecnológicas busca incorporar el Centro en sus procedimientos y cómo se aplicarán en la práctica? ¿Contemplan expedientes digitales, audiencias virtuales, firma electrónica o inteligencia artificial, y qué garantías ofrecerán para proteger la confidencialidad?

La modernización tecnológica es uno de los ejes prioritarios de nuestra agenda institucional para el período 2026–2028. Queremos avanzar hacia una administración de procedimientos cada vez más eficiente, accesible, segura y adaptada a las necesidades de sus usuarios.

Entre las herramientas que buscamos evaluar e incorporar progresivamente se encuentran la gestión digital de expedientes, las comunicaciones electrónicas, la trazabilidad de las actuaciones y soluciones que faciliten la participación de las partes, incluyendo audiencias virtuales y mecanismos de firma electrónica, cuando resulten legal y técnicamente aplicables.

La inteligencia artificial también abre oportunidades interesantes para optimizar determinadas tareas administrativas, organizar información y apoyar la gestión institucional. Sin embargo, su utilización exige criterios claros, especialmente en materia de protección de datos, confidencialidad, seguridad de la información y supervisión humana. La innovación tecnológica debe estar al servicio de la confianza, no comprometerla. Por eso, cualquier herramienta que incorporemos deberá responder a las garantías propias de los procedimientos y a las exigencias de seguridad y confidencialidad aplicables.

Nuestra aspiración es que la tecnología nos permita mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer la calidad del servicio, manteniendo siempre como prioridad la integridad de los procedimientos.

¿En qué casos la mediación o el arbitraje pueden resultar más convenientes que acudir a los tribunales ordinarios? ¿Qué plazos y costos puede esperar una empresa, y cómo se garantiza la imparcialidad de los árbitros?

La mediación y el arbitraje son mecanismos que complementan la función judicial y amplían las alternativas disponibles para resolver controversias, pero tienen características diferentes y su conveniencia depende de cada caso.

La mediación es especialmente valiosa cuando las partes desean mantener una relación comercial y existe disposición para encontrar una solución consensuada. Con el acompañamiento de un tercero neutral, pueden construir acuerdos que respondan a sus intereses y necesidades.

El arbitraje, por su parte, permite someter una controversia legalmente arbitrable a uno o varios árbitros que emitirán una decisión obligatoria. Es particularmente útil cuando se requiere una solución especializada para diferencias contractuales o comerciales.

Una de las fortalezas del arbitraje institucional es que las partes cuentan con reglas previamente establecidas, procedimientos para la designación de árbitros y el respaldo administrativo de un centro especializado.

En cuanto a tiempos y costos, es importante evaluar factores como la cuantía, la complejidad del caso y las actuaciones necesarias. No sería responsable establecer plazos o costos generales aplicables a todas las controversias; cada procedimiento requiere una valoración particular.

Respecto a la imparcialidad, esta se protege mediante mecanismos de designación, deberes de independencia y revelación de posibles conflictos de interés, así como las garantías y procedimientos establecidos en las normas aplicables.

Lo importante es que las empresas conozcan las opciones disponibles y puedan elegir el mecanismo más adecuado para resolver sus diferencias de manera confiable y especializada.

¿Qué objetivos persigue El Salvador Arbitration Week, que se celebra del 26 al 28 de octubre, y cuáles serán los principales temas de la Convención Centroamericana y del Caribe y del Congreso Internacional de Arbitraje? ¿Qué resultados concretos esperan obtener del encuentro?

El Salvador Arbitration Week nace con la visión de convertir a nuestro país en un punto de encuentro internacional para el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre instituciones arbitrales, especialistas, profesionales del derecho y representantes del sector empresarial.

Queremos que sea una plataforma para compartir experiencias, conocer las mejores prácticas internacionales y reflexionar sobre cómo debe evolucionar el arbitraje para responder a las necesidades de un entorno empresarial cada vez más dinámico y especializado.

Esta primera edición reunirá a más de 49 destacados ponentes internacionales y combinará dos encuentros complementarios. Los días 26 y 27 de octubre, desde el CMA de CAMARASAL desarrollaremos la XVI Convención Centroamericana y del Caribe de Centros de Arbitraje, bajo el lema «Confianza en evolución: fortaleciendo el arbitraje institucional para un entorno de negocios en constante transformación». Abordaremos temas como ética, eficiencia, calidad institucional, buenas prácticas y las expectativas de las empresas frente a los mecanismos de resolución de controversias.

Además, en esta primera edición hemos establecido una alianza con el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA), Capítulo Salvadoreño, que desarrollará el 28 de octubre su II Congreso Internacional de Arbitraje, bajo el concepto «Arbitraje 360°: Construcción – Tecnología – Energía». Su enfoque sectorial complementará la dimensión institucional de la Convención, permitiendo profundizar en controversias y desafíos vinculados con actividades estratégicas para la inversión y el desarrollo económico.

Pero nuestra aspiración va más allá de estas tres jornadas. Queremos contribuir a posicionar a El Salvador como un hub regional de arbitraje en Centroamérica, fortaleciendo las conexiones internacionales, el intercambio de buenas prácticas y las capacidades de nuestras instituciones y profesionales.

Esperamos que este encuentro genere nuevos espacios de cooperación, aprendizajes aplicables y relaciones que trasciendan el evento. Sobre todo, queremos que contribuya a fortalecer la confianza en el arbitraje como una herramienta que favorece las relaciones comerciales, la seguridad jurídica y la competitividad.

¿Qué necesita El Salvador para convertirse en una sede regional de resolución de controversias comerciales internacionales? ¿Qué cambios legales, institucionales y técnicos serían indispensables para atraer casos de empresas de otros países?

Nuestra aspiración es clara: contribuir a posicionar a El Salvador como un hub centroamericano de arbitraje, reconocido por la calidad de sus instituciones, la especialización de sus profesionales y la confianza que ofrece a las empresas para resolver sus controversias.

Pero alcanzar esta visión requiere un esfuerzo sostenido y articulado. Consideramos que existen cuatro elementos fundamentales. El primero es contar con un marco jurídico moderno, claro y alineado con las mejores prácticas internacionales, que brinde previsibilidad a las partes y condiciones adecuadas para la administración de controversias comerciales nacionales e internacionales. El segundo es fortalecer nuestras instituciones arbitrales. Para que una empresa considere a El Salvador como sede de un arbitraje, necesita confiar en la independencia, imparcialidad, calidad y eficiencia de las instituciones que administran los procedimientos.

El tercero es desarrollar capacidades especializadas. Esto implica formación continua de árbitros, mediadores, abogados, peritos y otros profesionales, así como la incorporación de tecnología y herramientas que permitan gestionar controversias cada vez más complejas. Y el cuarto elemento es la proyección y cooperación internacional. Necesitamos fortalecer las relaciones con centros de arbitraje, organizaciones especializadas y comunidades profesionales de otros países, intercambiar buenas prácticas y dar mayor visibilidad a las capacidades que estamos construyendo.

En este esfuerzo, CAMARASAL y su Centro de Mediación y Arbitraje tienen un papel importante. Contamos con 23 años de experiencia especializada y el respaldo de una gremial empresarial que celebra 110 años de trayectoria.Iniciativas como El Salvador Arbitration Week forman parte de esta visión, porque nos permiten reunir conocimiento, desarrollar relaciones internacionales y fortalecer la proyección de nuestro país.

Convertir a El Salvador en un referente regional del arbitraje no depende únicamente de atraer casos internacionales. Implica construir un ecosistema jurídico e institucional sólido, moderno y confiable, que genere condiciones favorables para resolver controversias y, con ello, fortalezca la confianza para hacer negocios e invertir en nuestro país.