La Asamblea Legislativa avanzó hacia la disolución de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia. El Gobierno sostiene que la institución ya no cumple una función necesaria.

La Comisión de Seguridad aprobó el dictamen para cerrar la UTE y la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. El proyecto plantea concluir la liquidación el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, el argumento oficial abre un debate sobre qué funciones desaparecerán y cuáles simplemente cambiarán de responsable.

El gobierno cuestiona resultados

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó que no tiene evidencia de que el programa de protección de víctimas y testigos haya funcionado.

También cuestionó el modelo penal vigente desde 1998 y atribuyó a ese sistema parte de las fallas históricas en la protección de víctimas.

Ese planteamiento contrasta con las funciones legales de la UTE. La institución recibe solicitudes de protección, evalúa casos y define medidas para víctimas y testigos.

Además, coordina estas acciones con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General. También administra recursos destinados a determinadas medidas de protección.

La protección continuará, pero bajo otra estructura

El proyecto no elimina el programa de protección. Traslada su administración al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

La cartera deberá incorporar los recursos necesarios para mantener las medidas y coordinar su ejecución. Por tanto, el cambio supone una reorganización institucional, no la desaparición de esa función.

Villatoro plantea redefinir el programa y adaptarlo al modelo de seguridad actual. No obstante, su principal argumento contra la UTE se apoya en la falta de evidencia sobre sus resultados.

El proyecto tampoco presenta en la información legislativa disponible una evaluación detallada que permita medir esos resultados antes del cierre.

El ahorro y las indemnizaciones también forman parte del cambio

La UTE cuenta con 43 empleados. El personal que no continúe en el Ministerio recibirá indemnizaciones bajo límites establecidos en el proyecto.

La propuesta fija hasta 24 salarios para quienes ganen entre $408.80 y $900. Para salarios de $901 o más, establece un máximo de 12 remuneraciones.

Los pagos se realizarían durante los primeros tres meses de 2027. Mientras tanto, la institución deberá completar inventarios, archivos, bienes y obligaciones pendientes.

La discusión, por tanto, no se limita al costo de mantener la UTE. También implica determinar si la nueva estructura conservará las capacidades técnicas acumuladas durante años y cómo medirá sus resultados.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió dictamen favorable para continuar con la elección de los integrantesdel Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Los diputados entrevistaron a 41 candidatos durante siete jornadas, iniciadas el 31 de agosto. El proceso contemplaba inicialmente 42 aspirantes, pero uno de los postulantes propuestos por el Ministerio Público retiró su candidatura.

Los candidatos presentaron su trayectoria, formación académica y propuestas para fortalecer las Asamblea Legislativa elegirá siete consejeros propietarios y siete suplentes para el período 2026-2031.

Ahora, los diputados deberán proponer al pleno legislativo los perfiles que consideren idóneos.

La Asamblea Legislativa elegirá siete consejeros propietarios y siete suplentes para el período 2026-2031. Tres propietarios y sus suplentes surgirán de las ternas de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador.

Los cuatro cargos restantes corresponden a representantes de la Universidad de El Salvador, universidades privadas, el Ministerio Público y el sector judicial.

Última terna incluyó seis entrevistas

Antes del dictamen, la Comisión Política entrevistó a los seis aspirantes de la tercera y última terna presentada por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador.

Entre los candidatos propietarios figuraron Alexander Efraín Ticas Navarro, Edwing Armando Zeledón Hernández y Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza.

Ticas propuso ampliar la capacitación judicial y usar análisis de datos para reducir la mora judicial. Zeledón planteó transparentar la selección de jueces y magistrados mediante información pública.

Aguirre propuso incorporar tecnología e inteligencia artificial para verificar requisitos yantecedentes de aspirantes a cargos judiciales.

Prpuestas para capacitación y evaluación judicial

Entre las candidatas suplentes estuvo Doris Deysi Castillo de Escobar, actual consejera propietaria del CNJ. Destacó los procesos de selección, capacitación y evaluación judicial implementados por la institución.

Castillo señaló que entre 2021 y 2025 el CNJ realizó 7,248 evaluaciones a funcionarios judiciales.

Manuel Alexander Guevara Hernándezpropuso crear un centro de investigaciónsobre el sistema de justicia.

Fátima Mercedes Martínez de Méndez planteó ampliar las capacitaciones a abogados en libre ejercicio.

Las propuestas también incluyeron herramientas tecnológicas, seguimiento de capacitaciones ymedidas para reducir la carga laboral judicial

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa concluirá este 16 de septiembre las entrevistas de los candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura.

Luego, el pleno legislativo tiene previsto elegir el 17 de septiembre a los siete consejeros propietarios y siete suplentes.

El proceso comenzó con 42 aspirantes distribuidos en 14 ternas. Sin embargo, una renuncia redujo a 41 el número de candidatos evaluados.

La elección

Los candidatos proceden del gremio de abogados, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y universidades.

La elección busca renovar la conducción del organismo encargado de participar en la selección de jueces y magistrados.

Los nuevos consejeros ejercerán durante cinco años, entre el 22 de septiembre de 2026 y el 21 de septiembre de 2031.

La Asamblea deberá completar la votación antes del vencimiento del periodo de los actuales integrantes.

Los aspirantes plantearon cambios para el sistema judicial

Durante las entrevistas, los candidatos expusieron propuestas relacionadas con la evaluación y formación de jueces.

También plantearon medidas para reducir la mora judicial y mejorar los procesos de selección mediante criterios de mérito.

La digitalización, la capacitación y el uso responsable de inteligencia artificial también aparecieron entre las propuestas.

Además, varios aspirantes señalaron la necesidad de fortalecer los controles de integridad y los mecanismos de evaluación judicial.

El proceso concluirá con la votación plenaria

La Comisión Política ha desarrollado las entrevistas como parte de la fase previa a la elección de los nuevos consejeros.

Este 16 de septiembre finalizará la evaluación de los perfiles pendientes.

Después, la Asamblea Legislativa llevará la decisión a la Sesión Plenaria programada para el 17 de septiembre.

Seis de los 7 consejeros titulares actuales buscan su reelección.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa adelantó para el 16 de septiembre las entrevistas de seis candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura.

La jornada estaba prevista inicialmente para el 17 de septiembre. El cambio corresponde a la tercera terna propuesta por el sector de abogados.

Candidatos del sector de abogados

La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador presentó seis aspirantes para tres cargos propietarios y tres suplentes.

Los candidatos propietarios son Alexander Efraín Ticas Navarro, Edwing Armando Zeledón Hernández y Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza.

Para los cargos suplentes compiten Doris Deysi Castillo de Escobar, Manuel Alexander Guevara Hernández y Fátima Mercedes Martínez de Méndez.

Con esta jornada, los diputados concluirán el proceso de entrevistas a los aspirantes al Consejo Nacional de la Judicatura.

La selección incluye a 41 aspirantes

La Asamblea Legislativa redujo de 42 a 41 el número de candidatos entrevistados tras la renuncia de uno de los postulantes.

Los diputados también entrevistarán el 14 de septiembre a seis candidatos provenientes del sector de jueces y magistrados.

El Consejo Nacional de la Judicatura está integrado por siete miembros propietarios. La institución selecciona, evalúa y capacita a jueces y magistrados.

Tres consejeros representan al sector de abogados. Los demás provienen del Ministerio Público, jueces y magistrados y facultades de Derecho.

Uno representa a la Universidad de El Salvador y otro a universidades privadas.

Seis consejeros buscan continuar

De los siete consejeros que deben elegirse, seis actuales buscan la reelección.

Cuatro aspiran nuevamente a cargos propietarios y dos, vinculados al sector de abogados, buscan puestos suplentes.

Solo el representante actual del sector de jueces y magistrados no participa en el proceso de reelección.

La Comisión Política finalizará las entrevistas el 16 de septiembre, con las dos ternas del sector de abogados.

Los nuevos magistrados deberán asumir sus cargos el 22 de septiembre para el período 2026-2031.

El Congreso de Guatemala aprobó una ley que establece precios máximos para la gasolina y el diésel hasta finales de 2026, con el objetivo de contener el impacto del encarecimiento internacional del petróleo sobre los consumidores.

La medida incluye un fondo de compensación de $325 millones para respaldar a las empresas importadoras de combustibles cuando los costos internacionales superen los límites establecidos por la normativa.

Fondo estatal compensará a los importadores

Los recursos serán financiados mediante readecuaciones del presupuesto estatal y permitirán al Gobierno compensar a los importadores por la diferencia entre sus costos y los precios máximos fijados.

La vigencia de la medida está prevista hasta el final de 2026. Sin embargo, podría concluir antes si se agotan los fondos asignados para aplicar el mecanismo de compensación.

Protestas aumentan la presión sobre el Congreso

La aprobación ocurrió en medio de protestas de organizaciones indígenas y gremios de transportistas, que reclamaban medidas para contener el incremento de los combustibles.

La presión aumentó después de que el precio del diésel superara los $5.98 por galón en algunas estaciones de servicio. Ante este escenario, los diputados aprobaron la iniciativa mediante una moción de urgencia nacional, con 134 votos a favor.

Buscan contener el impacto en los hogares

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el Ejecutivo aplicará la medida de forma inmediata. El Gobierno sostiene que el control temporal de los precios busca reducir el impacto que el encarecimiento de los combustibles tiene sobre el transporte y el costo de los alimentos.

La iniciativa forma parte de las respuestas planteadas ante el aumento de los precios internacionales del petróleo y su efecto sobre la economía de los hogares guatemaltecos.

Congreso analiza otras medidas

Además de los topes a los combustibles, el Congreso mantiene en discusión otras propuestas destinadas a reducir el impacto de los precios del petróleo.

Entre ellas figura la posibilidad de suspender temporalmente impuestos aplicados a las gasolinas. La discusión podría definir nuevas medidas para contener los costos de los combustibles durante los próximos meses.

La aplicación de los precios máximos dependerá ahora de la ejecución del mecanismo de compensación y de la disponibilidad de los recursos establecidos en la nueva legislación.