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Costa Rica investigará posibles nexos del narcotráfico con el financiamiento de partidos políticos
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la creación de una comisión especial para investigar posibles vínculos entre el narcotráfico, el crimen organizado y el financiamiento de partidos políticos.
La iniciativa recibió 52 votos favorables e incluirá las campañas electorales de 2022 y 2026. La decisión llegó después de que los diputados rechazaran dos propuestas anteriores del Partido Liberación Nacional (PLN).
Empresarios bajo investigación generan controversia
El debate incluyó señalamientos sobre Guobin Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam, empresario detenido a solicitud de autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con el lavado de dinero.
También surgió el caso Éxodo, una investigación judicial por presunta legitimación de capitales que involucra a los productores de conciertos Don Stockwell y Hugo Benavides Barboza.
Diputados opositores cuestionaron los posibles vínculos de empresarios investigados con figuras políticas. Sin embargo, esos señalamientos no constituyen por sí mismos pruebas de financiamiento ilícito.
Oficialismo y oposición discrepan sobre el alcance
El jefe de la bancada oficialista Pueblo Soberano, Nogui Acosta, defendió investigar ambas campañas y sostuvo que las pesquisas no deben concentrarse en una sola agrupación.
Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, reclamó esclarecer posibles relaciones que comprometan la transparencia electoral. La oposición había propuesto investigar específicamente los vínculos del empresario Tam Zhang.
La tercera iniciativa, impulsada por el oficialismo, amplió el período de análisis para abarcar las elecciones de 2022 y 2026.
Nueve diputados integrarán la comisión
El órgano investigador tendrá nueve integrantes: cinco de Pueblo Soberano, dos del PLN, uno del Frente Amplio y otro en representación de las fracciones unipersonales.
La comisión dispondrá de seis meses, prorrogables, para presentar sus conclusiones al pleno legislativo.
Además, podrá examinar posibles irregularidades en las contribuciones electorales, convocar comparecencias y formular recomendaciones para fortalecer los controles sobre el financiamiento político.
