El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó al excomisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Herson Flores Sandoval, por solicitar sobornos a empresarios.

La sentencia establece que el exfuncionario pidió más de $200,000 a cambio de supuestos beneficios en licitaciones públicas. Además, ofrecía acceso a influencias políticas que nunca se concretaron.

Junto a él, también fue condenado su asistente, José Ángel Quintanilla Rosales, por el mismo delito de cohecho impropio.

Detalles del esquema de sobornos

Según la resolución judicial, los acusados exigían dinero bajo presión, engaños y abuso de poder. Las víctimas entregaron los pagos con la expectativa de obtener ventajas en proyectos estatales.

Uno de los casos ocurrió en diciembre de 2021. En ese momento, una víctima entregó $50,000 en efectivo al asistente. El dinero había sido solicitado por el excomisionado para facilitar proyectos de infraestructura educativa y portuaria.

Asimismo, otro testigo declaró que entregó $123,170, además de $25,000 y $29,567.58. Estos pagos se realizaron entre agosto y noviembre de ese mismo año. Los acusados prometieron beneficios mediante supuestas consultorías.

Penas impuestas por el tribunal

Como resultado del juicio, Flores Sandoval recibió una condena de cuatro años de prisión.

Además, el tribunal lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.

Por su parte, Quintanilla Rosales fue condenado a dos años de cárcel. Sin embargo, la pena fue sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública.

Restitución del dinero y resolución final

El tribunal también resolvió absolver a ambos de responsabilidad civil. Esta decisión se tomó porque restituyeron el dinero a las víctimas antes de la sentencia.

Las autoridades confirmaron que el excomisionado había sido capturado en abril de 2024.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió el juicio masivo contra 486 cabecillas de pandillas.

El mandatario aseguró que los acusados son jefes identificados dentro de estructuras criminales. Además, indicó que muchos ya enfrentaron condenas por delitos graves.

Entre esos delitos mencionó asesinato, violación, extorsión y secuestro. Según explicó, estos hechos reflejan el nivel de violencia atribuido a las pandillas.
Bukele afirmó que el juicio no se limita a delitos individuales. En cambio, se centra en los crímenes que estos líderes habrían ordenado.

Proceso se enfoca en crímenes ordenados por estructuras

De acuerdo con sus declaraciones, el proceso incluye alrededor de 47,000 hechos delictivos. Entre ellos, destacó más de 29,000 asesinatos atribuidos a estas estructuras.

El mandatario sostuvo que las investigaciones buscan establecer responsabilidad en la dirección de las pandillas. Por ello, el enfoque apunta a quienes daban órdenes dentro de estas organizaciones.

Ejecutivo invoca responsabilidad de mando

El presidente señaló que el juicio aplica el principio de responsabilidad de mando. Este criterio permite responsabilizar a líderes por acciones ejecutadas por sus subordinados

Asimismo, comparó este enfoque con antecedentes internacionales como los Juicios de Núremberg. Según afirmó, ese principio ya forma parte del derecho internacional.

Respuesta a cuestionamientos

El pronunciamiento de Bukele fue en respuesta a las críticas de Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, quien señaló que el procedimiento podría afectar garantías judiciales

También lo calificó como un juicio colectivo.

Estas críticas surgen en el contexto de las medidas de seguridad aplicadas por el Gobierno contra pandillas.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó que este miércoles 22 de abril de 2026 vence el plazo para completar el formulario en materia de prevención de lavado de activos. El período fue prorrogado; inicialmente vencía el 19 de abril.

La convocatoria está dirigida a abogados y notarios en todo el país. La institución busca medir el nivel de cumplimiento de medidas preventivas.

Además, el proceso permitirá segmentar a los profesionales del derecho que pasarán a la órbita de supervisión.

Objetivo: medir cumplimiento y fortalecer controles

El formulario recopila información sobre la aplicación de normas de prevención de lavado de dinero y activos.

También incluye aspectos vinculados al financiamiento del terrorismo.
Asimismo, incorpora datos sobre medidas contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

Con esta información, la autoridad pretende fortalecer los controles y mejorar la supervisión del sector legal.

Modalidades del formulario para abogados y notarios

El sistema ofrece tres modalidades para completar el formulario. Cada profesional debe elegir la opción que mejor se ajuste a su situación

Las categorías incluyen abogados y notarios con dependencia laboral. También abarca a profesionales independientes.

Además, contempla a quienes no ejercen actualmente la profesión.

Cómo completar el formulario en línea

Los usuarios deben ingresar al Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados a través del portal oficial.
Dentro del sistema, deben seleccionar la opción “Iniciar formulario” y completar los datos solicitados.

Luego, deben aceptar una declaración jurada para enviar la información.

Canales de consulta habilitados

La Corte Suprema de Justicia habilitó canales de atención para resolver dudas. Los interesados pueden comunicarse vía telefónica o correo electrónico

Estas herramientas buscan facilitar el cumplimiento del proceso antes del cierre del plazo.

Supervisión y siguientes pasos

El levantamiento de información permitirá identificar el nivel de implementación de medidas antilavado en el sector

Posteriormente, la autoridad podrá definir mecanismos de supervisión más específicos para abogados y notarios.

Con ello, de acuerdo a la Corte Suprema, el país avanza en el cumplimiento de estándares internacionales en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La Corte Suprema de Justicia anunció la ampliación del plazo para completar el formulario electrónico de prevención de lavado de activos. La nueva fecha límite será el miércoles 22 de abril de 2026.

La institución comunicó la medida a través de su Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción. Además, explicó que la prórroga busca garantizar mayor participación.

¿Quiénes deben cumplir con el formulario?

La Corte indicó que el requisito aplica a todos los abogados y notarios del país. Esto incluye profesionales del sector público, privado y del libre ejercicio.

También abarca a quienes actualmente no ejercen la profesión. La institución reiteró que el cumplimiento de este trámite es obligatorio.

Detalles del formulario electrónico

El documento se denomina “Formulario electrónico para la determinación del índice de madurez de los sistemas de prevención de lavado de activos”. Su objetivo es medir el nivel de cumplimiento en materia de prevención.

Además, forma parte de las acciones para fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Exhorto a cumplir con el requisito

La Corte exhortó a los profesionales que aún no han completado el formulario a hacerlo lo antes posible. Señaló que este requisito es indispensable dentro del marco legal vigente.

Asimismo, la institución pidió atender la prórroga antes del nuevo plazo establecido.

Fortalecimiento del sistema de justicia

Finalmente, la Corte reafirmó su compromiso con la modernización institucional. Indicó que trabaja junto al gremio jurídico para fortalecer el sistema de justicia.

Según el comunicado, estas acciones buscan consolidar una institución más sólida y confiable para la población salvadoreña.

Jueces, fiscales, procuradores y otros operadores de justicia participaron en una capacitación sobre prueba pericial en el proceso penal, enfocada en mejorar la valoración y el uso de la prueba estomatológica en los tribunales.

El panel foro, desarrollado por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó por título “El valor probatorio de la estomatología en el proceso penal, caso México”. La jornada contó con la participación de expertos en la materia.

Experto internacional expone criterios clave

El Dr. Hazael Escobar M., especialista mexicano en estomatología legal y forense, impartió la capacitación.

Durante su intervención, explicó cómo los tribunales deben analizar este tipo de prueba. También detalló criterios técnicos para su correcta interpretación.

Asimismo, el experto señaló errores frecuentes en la aplicación de la prueba pericial. Por ello, instó a reforzar el conocimiento técnico en los operadores de justicia.

Análisis técnico sobre la prueba estomatológica

En el foro, los participantes revisaron la valoración judicial de la prueba estomatológica. También identificaron fallas comunes en su uso dentro del proceso penal.

Además, se discutieron los niveles de tolerancia permisibles en cada etapa probatoria. Este punto resulta clave para garantizar decisiones fundamentadas.

Por otra parte, los asistentes analizaron casos prácticos. Esto permitió comprender mejor la aplicación de los criterios expuestos.

Participación de instituciones del sistema de justicia

En la capacitación participaron magistrados y jueces de Cámara con competencia en materia penal. También asistieron colaboradores jurídicos de la Sala de lo Penal.

Además, se sumó personal de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal.

La consejera propietaria Doris Deysi Castillo de Escobar también formó parte de la actividad.

Fortalecimiento del proceso penal

La capacitación buscó mejorar la calidad de las decisiones judiciales. Para ello, promovió el uso adecuado de la prueba pericial.

Asimismo, reforzó el conocimiento técnico en áreas especializadas como la estomatología forense. Esto contribuye a procesos penales más sólidos.

Finalmente, los organizadores destacaron la importancia de este tipo de espacios. Según indicaron, permiten actualizar criterios y mejorar la administración de justicia.