Judicial
Extinción de dominio permite al Estado recuperar bienes por $9.6 millones vinculados al expresidente Elías Antonio Saca
La Fiscalía General logró que 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Elías Antonio Saca pasen al Estado. Los bienes están valorados en aproximadamente $9.6 millones y se relacionan con una red de corrupción que desvió fondos públicos.
La resolución fue emitida por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de El Salvador. Además, el tribunal ordenó la disolución de las sociedades utilizadas para canalizar los recursos.
Bienes vinculados a red de corrupción
Según la investigación fiscal, el exmandatario utilizó al menos siete sociedades fachada. A través de estas estructuras se desviaron fondos públicos durante su administración.
Posteriormente, el dinero fue utilizado para adquirir propiedades y activos financieros. Entre ellos figuran inmuebles ubicados en zonas exclusivas de San Salvador y en departamentos como La Libertad, El Salvador, La Paz, El Salvador y San Vicente, El Salvador.
Como resultado del proceso de extinción de dominio, estos bienes pasan ahora al control del Estado. La medida busca recuperar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Tribunal ordena disolver sociedades utilizadas en el esquema
Además de los inmuebles y productos financieros, el tribunal ordenó la disolución de las sociedades vinculadas al caso. De acuerdo con la Fiscalía, estas empresas sirvieron para ocultar el origen de los fondos.
Las autoridades señalaron que la decisión permite recuperar patrimonio público. También busca evitar que estas estructuras vuelvan a operar.
El caso del expresidente Saca
Elías Antonio Saca gobernó El Salvador entre 2004 y 2009. Tras dejar el cargo, la Fiscalía inició varias investigaciones por presunto desvío de fondos públicos.
Las pesquisas señalaron que durante su administración se habrían utilizado cuentas y empresas para transferir recursos estatales hacia estructuras privadas.
En 2018, Saca fue condenado tras admitir cargos en un proceso judicial. El tribunal lo sentenció por delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero.
Las autoridades determinaron que el esquema permitió desviar millones de dólares del Estado. Parte de esos recursos se utilizó para adquirir bienes y financiar operaciones privadas.
